En principio las organizaciones indígenas son capaces de tomar sus propias decisiones, léase de autogobernarse , de controlar su territorio y la libertad para decidir su propio destino; sin embargo, aunque suene a perogrullada decirlo, existen problemas estructurales que los avasallan y que solo tendrán solución a través de un accionar conjunto con las instituciones del Estado y la sociedad civil. Así, tal como se señala en el texto de García Hierro, “para una gobernanza exitosa exige en el caso de los Pueblos Indígenas, poder controlar las decisiones territoriales sobre la base de un reconocimiento de derechos respetado por un ordenamiento jurídico y político estable, ecuánime y respetuoso”, lo cual no se condice con la realidad nacional. La gobernanza se ve trastocada con el accionar del Estado de la explotación de los recursos naturales dentro de sus territorios, puesto que, más allá que la Constitución Política en el Art. 69° promueva el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada y a nivel supranacional se haya ratificado el Convenio 169° y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en los hechos el modelo extractivo y porque no decirlo, depredador de los bienes que se encuentran en la Amazonia, son realizados en muchas ocasiones sin tomar en cuenta la posturas de las organizaciones indígenas y en caso se opte por el diálogo, se trata en ocasiones de algo procedimental puesto que el Estado tiene muchos intereses económicos en juego, donde el Ministerio de Economía y el de Energía y Minas se desempeñan en muchos casos como lobbystas. Las organizaciones indígenas asumen el no reconocimiento de sus derechos como su lucha principal (caso Bagua) lo cual se conecta con la permanente invisibilizacion, ninguneo, la discriminación y el racismo de las que son víctimas. Las alianzas con los privados se dan a través del trabajo conjunto con las organizaciones no gubernamentales mediante un dialogo igualitario, mientras que no podría realizarse con el Estado, puesto que “alianza” no es la palabra adecuada, sino el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, dejando de lado, tal como señalo el autor mencionado, la aceptación resignada de los programas asistenciales. Así, estas deben dar paso a un auténtico dialogo intercultural en donde se respeten los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo esto es bastante difícil por la cosmovisión que tiene estos con respecto al Estado. Se tratan de dos formas distintas de ver el mundo, de aprehender la realidad, donde la visión estatal se impone en base a intereses económicos.
La “intervención” del Estado se traduce en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, en el reconocimiento a gobernarse a sí mismos y decidir sobre sus territorios así como, citando a García Hierro, destruir el mantenimiento de actitudes coloniales, racistas y discriminatorias que siguen planteando las relaciones entre Estados y pueblos indígenas en términos de subordinación, siendo estos los obstáculos para una adecuada actuación –más que intervención-del Estado. Desde la sociedad civil, la promoción de los derechos de los pueblos indígenas pasa por el compromiso y la empatía. Desde una cómoda posición centralista y/o del limeño promedio se tiende a ver los problemas de los pueblos indígenas como algo lejano, como algo ajeno, lo cual se encuentra conectado al ninguneo, la discriminación y el racismo hacia “el otro”, hacia el diferente que se toma como sinónimo de desigual. Por tanto la promoción pasa por involucrarse en los problemas de nuestros compatriotas, problemas que competen a todos los ciudadanos, los cuales deben investigar, denunciar, protestar y utilizar las herramientas legales que brinda la Carta Magna y las leyes en general para ejecutar lo que ellas propugnan.
La coexistencia con los “diferentes” sobre la base del respeto es lo ideal dentro de una sociedad pluricultural, sin embargo esto se da en muy raras ocasiones y no solo para el caso de los pueblos indígenas, sino también en las grandes ciudades como Lima, donde a pesar de los discursos homogeneizadores de respeto, tolerancia y aceptación, la discriminación hacia “los otros” continúa sobre la base de prejuicios raciales, económicos, sociales, culturales, religiosos y demás. Los integrantes de las organizaciones indígenas sufren el ninguneo, la discriminación y la subestimación de la ciudadanía “oficial”, del Estado y mantienen conflictos históricos con colonos y mestizos, con quienes, a pesar de las diferencias, pueden dialogar y hasta aliarse en un caso concreto. Así, recordemos la lectura del profesor Reagan quien se sitúa en el contexto de la aplicación de los decretos legislativos que disponían de la propiedad de la tierra de los pueblos amazónicos en 2009: “El paro awajún y wampís En este pueblo funciona un tipo de organización segmentaria en cuanto a agresiones de afuera (véase Larson, 1977). A causa de la ausencia de un poder centralizado, frente a una amenaza de grupos de otra localidad, se unían los segmentos o familias que antes habían estado enfrentadas. Según el tamaño del conflicto, se reunían mayores segmentos de la población. Así cuando había un conflicto entre los awajún y los wampís se reunían todos los awajún contra todos los wampís, dejando de lado los problemas internos. Pero estas dos etnias se juntaban al sufrir una agresión de parte de los colonos. En el caso del paro reciente, la lucha ha sido contra el Estado donde se reunieron los awajún, wampís y achuar, que también contaron con la solidaridad de los colonos, porque los decretos legislativos afectaban a todos”. Ahora bien, así como la empatía y el respeto se concretiza ante una agresión externa; en tiempos menos tumultuosos, el marco normativo estatal debe servir para asegurar la convivencia pacífica entre los diferentes actores sociales. El autogobierno, es algo propio a los pueblos indígenas, basado en el concepto de territorio, el cual tiene una vocación política de autonomía, lo cual se ajusta a la realidad de los pueblos que descienden de las poblaciones que habitaban lo que ahora es el territorio de la República del Perú. El conocimiento y reconocimiento de su propio territorio por los pueblos indígenas es una cuestión de hecho, lo cual va asociado a la costumbre y de derecho y este último punto es el que el Estado debería a tender a través de la seguridad jurídica. En esta línea de hechos, tenemos que la anterior Comisión Multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encargó una consultoría al antropólogo Alberto Chirif sobre el diagnóstico social estratégico de las cuencas del Pastaza, Marañón, Corrientes y Tigris de noviembre de 2013, informe que presenta el cuadro resumen de la situación legal de las federaciones y de las comunidades que la integran donde gran parte de ellas no están inscritas ni tituladas, por ejemplo la Federación de Acodecospat donde faltan 22 comunidades por inscribir y 40 por titular. El reconocimiento legal por parte del Estado de una situación de hecho, brindará armas legales a los pueblos indígenas a fin de defenderse de las amenazas a sus territorios, situándose, al menos en principio, en una situación de equidad frente al derecho estatal, derecho del cual pueden servirse para contrarrestar los abusos cometidos en nombre de este.
La empatía es bastante difícil pues los pueblos indígenas históricamente han sido ninguneados no solo por el Estado, sino también por la población urbana, quienes tienen o han aprehendido un modelo de desarrollo basado en el capital y el individualismo, modelo en el cual no encajan aquellos, quienes, tal como quedó demostrado en el Caso Bagua, son percibidos como atrasados, premodernos, salvajes y violentistas. Recordemos las palabras del ex presidente García quien señalo textualmente: “Esas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir, 400 mil nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho a venir por aquí; de ninguna manera eso es un error gravísimo, quien piensa de esa manera quiere llevarnos a lo irracional y al retroceso primitivo”. Discriminación étnica y de clase, equiparación de quienes piensan distinto con lo primitivo, como la antítesis del desarrollo, como seres carentes de raciocinio y racionalidad, ninguneo e invisibilidad de quienes no concuerdan con el discurso oficial o no encajan en el mismo. Durante los sucesos de Bagua y en general respecto de los conflictos que afrontan los pueblos indígenas, la empatía o siquiera la curiosidad del ciudadano de a pie es casi nula, alentado ello por los medios de comunicación masivos que toman poca importancia a estos temas. Al ejercer la gobernanza, los indígenas marcan su propia agenda, lo cual no implica aislarse o tener al Estado como enemigo- a pesar que este muchas veces lo parezca-sino en demandar el respeto de la Constitución, los tratados celebrados y las normas legales aplicables, en vista que la situación de aquellos pasa casi siempre por una de enfrentamiento con las empresas transnacionales y los agentes estatales por la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.