Aquella noche el tío Sebastián lucia mas demacrado desde la última vez que lo vi. En sí, por lo que me dijeron, su deterioro físico y psicológico empezó desde 1987, producto no sólo de los drásticos cambios en la economía del país, sino también porque como líder sindical se sentía permanentemente acorralado entre “dos fuegos”, es decir entre el Estado y sus financiados grupos paramilitares y la organización terrorista Sendero Luminoso. Esa noche particularmente fría, no desentonaba en lo absoluto con la expresión de incertidumbre de quienes acompañaban a mi casi ignoto familiar, los mismos que sentados frente a un enorme televisor en blanco y negro, observaban como dos personas pugnaban por ser el salvador del destino. Justamente, el más popular de ellos, enunció:

“Queridos compatriotas, por primera vez en el curso de la historia humana, hoy día los países pueden elegir ser pobres o ser ricos, ser modernos o atrasados, ser civilizados o barbaros. Hoy en día, en nuestra época, gracias a la internalización de las ideas, de las técnicas, de los mercados, de los capitales, de la vida en general, cualquier país, aun el más pequeñito, el más desvalido de recursos, puede ser un país moderno y una gran potencia industrial. El Perú hasta ahora no ha aprovechado esa posibilidad extraordinaria de la modernidad y yo estoy haciendo política porque quiero que mi país aproveche esas posibilidades para convertirse en lo que ya fue alguna vez. (…) Para eso hay que modernizarse. Hay que crear una economía de mercado. Hay que privatizar el sector público. Hay que acabar con el mercantilismo y con las formas intervencionistas y socialistas que solo traen pobreza y fracaso, para que todos los peruanos tengan acceso al mercado a producir, a crear riqueza y sean protegidos por una ley que no se case con nadie y estén gobernados por gentes honradas, eficientes y que están allí para servir a los demás”.

El enunciado anterior forma parte de las palabras finales pronunciadas un 3 de junio de 1990 por el autor de “La Casa Verde” y entonces candidato Mario Vargas Llosa, poco antes de darse por concluido el intenso debate que sostuviera con Alberto Fujimori Fujimori por la presidencia de la Republica. En el mismo, el ahora nobel de literatura, dejaba firmemente sentado lo que deseaba para un país que se caía a pedazos: la modernidad, la cual se traducía en la concretización de los postulados del Consenso de Washington, los mismos que se verían tipificados legalmente en la Constitución Económica de 1993.

Para aquel debate presidencial, el defensor del mal llamado arte de las corridas de toros señalaría una serie de argumentos en el sexto tema referido al “Rol del Estado”:

“El Estado en el Perú no cumple las funciones que debe cumplir un Estado. Proveer seguridad, servicios esenciales y crear un sistema en el que los peruanos podamos aprovechar los inmensos recursos de que la Providencia ha dotado a nuestro suelo y a nuestro pueblo.

Tenemos un Estado grande, un Estado que hace muchas cosas, cosas que no deben hacer los Estados modernos, porque los hacen mucho mejor los ciudadanos independientes y privados

(…)

Hay que moralizar al Estado. Hay que desburocratizarlo mediante una racionalización (…) tenemos que convertir al Estado peruano en un Estado eficiente, privatizando el sector público, esas empresas públicas que son una fuente de la crisis económica nacional.

(…)

Esta es una idea que ha entrado en la época moderna y es uno de los motores de la modernidad. Hay que transferir esas empresas al sector privado. Y esa es la gran propuesta del Frente Democrático, privatizar el sector público para conseguir dos cosas: que esas empresas sean eficientes, modernas, capaces verdaderamente de dar los servicios que se esperan de ellas y, sobre todo, para, a través de esta privatización, aumentar masivamente el numero de propietarios y de empresarios en el Perú

(…)

Se calcula que en la primera etapa de la privatización, se crearían 40 mil nuevos empleos, gracias a ese dinero fresco que vendría para la reconversión de muchas de estas empresas públicas que pasarían a convertirse en grandes empresas privadas, empresas que competirían en un mercado libre, desaparecían a su vez todos los monopolios, de tal manera que esas empresas carezcan de privilegios y se vean obligadas a ser eficientes y a competir en un mercado que de esta manera, gracias a la libertad y a la competencia, será un mercado sano y un mercado además, gracias a la liberalización, íntimamente en contacto a los mercados de todo el mundo. Esta será una de las maneras con las que el Frente Democrático insertara al Perú en la vida internacional.

(…)

La privatización se hará de la manera más absolutamente transparente mediante una oferta pública, dando a todo el mundo la información máxima al respecto, de tal manera que sea el mercado el que determine esa transparencia.

(…)

En todos los casos, sin ninguna excepción, la empresa privada ha demostrado ser más eficiente, prestar mejores servicios, producir mejor que la empresa pública. Esa es la razón por la que se privatiza hoy día hasta en la Unión soviética. Esa es una manera de salir del subdesarrollo, del atraso y de alcanzar la modernidad.

Al negarse a esto, al seguir manteniendo esas tesis con unos argumentos de nacionalismo económico, que tampoco son los de nuestra época, el Ingeniero Fujimori le pide al Perú que se quede atascado en esta pobreza, en este subdesarrollo, en este atraso. Nosotros vamos a privatizar el sector publico si nos dan un mandato para ello.”

Como podemos apreciar, el autor de “Los Cuadernos de Don Rigoberto” proponía el Programa de Ajuste Estructural, el cual se caracterizaba por la liberalización de la economía, la privatización de las empresas públicas, la desregulación en pro de la eficiencia económica, el fomento, la disciplina en el presupuesto público (léase reordenamiento de sus prioridades), una reforma tributaria integral y la eliminación de barreras burocráticas.

Para 1990 el panorama del Perú era desolador; a Sendero Luminoso parecía no pararlo nadie, agrupación que ya había dado muestras de su ferocidad a través de la enorme cantidad de crímenes cometidos principalmente en la Sierra Central-Lucanamarca es un caso “símbolo”-durante la década anterior, el cual según los entendidos estaba llegando al llamado “equilibrio estratégico”; la generalizada y sistemática violación a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado, los grupos paramilitares-particularmente el denominado “Rodrigo Franco”- que asesinaban a sospechosos de pertenecer a la insurgencia así como a la izquierda democrática, la delincuencia que llegaba a índices alarmantes, la agobiante hiperinflación y la posibilidad de un golpe de Estado, eran factores que llevaban a que muchos científicos sociales señalaran que se estaba produciendo una progresiva “libanizacion” del país.

Pero vayamos unos años antes, específicamente al 28 de julio de 1987. Para aquella fecha el presidente García, como parte de su discurso por Fiestas Patrias, anunció la estatización de la banca privada, el cierre de las casas de cambio de moneda extranjera y fuertes sanciones para el mercado callejero de dólares. Días después se realizaría en la plaza central de Lima el mitin central contra aquel “giro a la izquierda” del gobierno, estrenándose como político-en el sentido tradicional del término-Mario Vargas Llosa y el movimiento Libertad el cual estaba conformado por  partidos, políticos y tecnócratas predominantemente de derecha . Las palabras del escritor serian bastante gráficas respecto del momento vivido y como era analizado no sólo por él, sino por las clases medias y altas, especialmente de Lima: “No creo que el mayor peligro para la democracia en estos momentos venga de Sendero Luminoso, yo creo que viene fundamentalmente de una tendencia autoritaria, de una tendencia semitotalitaria que ha aparecido en el seno del propio gobierno democrático, eso es lo que a mí me inquieta muchísimo más”.

Apreciamos aquí la percepción de una parte de la población peruana respecto de que el neoliberalismo económico seria la doctrina que salvaría al Perú. Sin embargo, los sectores sociales medio y alto no eran los únicos que creían esto, pues había otro que jugaría un importante papel en esta historia: los militares.

Para la segunda mitad del gobierno de García se hablaba recurrentemente de un golpe militar-incluso el Jefe de Estado no dormía en Palacio ante la posibilidad de concretarse- y aunque los altos mandos militares lo negaban, ya para 1988, se pensaba en una acción militar contra el presidente, contenida en un documento elaborado por civiles y militares, el mismo que tenía tres objetivos: 1.Preservar la integridad territorial de la patria, 2. Incremental el Poder Nacional y 3. Ampliar e impulsar los niveles de bienestar, empleo y oportunidades al conjunto de la población. Así, en el primer tomo del documento se señalaba: “El presente Plan de Gobierno ha sido preparado por el Equipo de Trabajo dentro de una perspectiva de Estado Mayor, en el marco de un Proyecto Nacional necesario para llevar al país al siglo XXI con opción de alcanzar un nivel de país desarrollado”.

Este plan es bastante importante pues brinda un análisis no sólo sobre la espiral de violencia que sufría el país, sino también proposiciones económicas, como las contenidas en el primer capítulo donde se señalaba: “Concentrar los esfuerzos en los impulsos para canalizar recursos y atraer capitales extranjeros para desarrollar esas potencialidades y concurrir a los mercados mundiales”. Así pues, tal como señala Fernando Rospigliosi en su magistral obra “Montesinos y las Fuerzas Armadas”, en el “Plan del Golpe” se criticaba también la intervención del Estado en la vida económica porque “se ha constituido en un obstáculo en el Desarrollo Nacional, por lo que debe ser reestructurado para que sus funciones sean coherentes y compatibles con los objetivos nacionales de largo plazo”.

Vemos en consecuencia que la aplicación del ajuste estructural se venía cocinando no sólo desde el espectro político de derecha sino también por parte de los militares-tratando quizá de imitar la experiencia chilena con Pinochet- ajuste que vendría a aplicarse el 8 de agosto de 1990, donde la ya tristemente célebre y mediática frase “Que Dios nos ayude” se tradujo en el llamado “Fujishock” (o “paquetazo” usando la terminología aprista) donde un medroso Hurtado Miller señalaba en términos micros: “La lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120 mil intis, costara a partir de mañana 330 mil intis, el kilo de azúcar blanca que solo se conseguía a 150 mil intis costara a partir de mañana 300 mil intis, el pan francés que esta tarde costaba 9 mil intis, costara a partir de mañana 25 mil intis (…)”. Sin embargo, los cambios a nivel macro fueron mayores y mucho más drásticos y aquí hay una palabra clave que dominaría el accionar no sólo de los ministros de economía desde ese momento en adelante, sino también de gran parte de lo que algunos llaman la “clase política” y cuyo sesgado significado correría como reguero de pólvora por casi todas las facultades de economía y de administración de las principales universidades del país: El Fomento y este mismo equiparado solo a su vertiente económica.

Tal como señalamos, el Perú se encontraba en una de las peores etapas de su historia republicana; uno de los ámbitos en lo cual ello se manifestaba de forma notoria era el económico ya que la terrible hiperinflación hizo que el vivir se convierta en un sobrevivir para el ciudadano común y que el país sea visto como un paria internacional, inelegible para las inversiones extranjeras. El ajuste estructural justamente buscaba cambiar el panorama económico lo cual se realizó a través de una serie de leyes como las que citamos a continuación:

El Decreto Legislativo 757 publicado el 13 de noviembre de 1991 cuyos considerandos viene a reforzar la creencia de equiparar el fomento sólo con lo económico:

“El Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Constitución Política del Perú, mediante Ley Nº 25327, delegó en el Poder Ejecutivo, entre otras la facultad de dictar Decretos Legislativos orientados a crear las condiciones necesarias para la inversión privada de los diferentes sectores productivos;

 Que es necesario consolidar el programa de Reformas Estructurales de la economía que ha emprendido el Gobierno, motivo por el cual resulta pertinente expedir una Ley Marco que contenga las disposiciones requeridas para el crecimiento de la inversión privada en todos los sectores de la economía;

Que para cumplir con dicha finalidad resulta indispensable eliminar todas las trabas y distorsiones legales y administrativas que entorpecen el desarrollo de las actividades económicas y restringen la libre iniciativa privada, restando competitividad a las empresas privadas, la que es esencial para una exitosa inserción en el mercado internacional” (subrayado nuestro)

Otro ejemplo de lo señalado, es el Decreto Legislativo 662 de 2 de setiembre de 1991, el mismo que aprueba el Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera, en cuyos considerandos se señala:

“El Congreso de la República de conformidad con lo previsto en el artículo 188 de la Constitución Política del Perú, por Ley Nº 25327 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de crecimiento de la inversión privada;

Que, el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa Nº 25312 ha ratificado el Convenio Constitutivo de la Agencia Multilateral de Garantía a las Inversiones Extranjeras (MIGA) con el objeto de crear un clima favorable a las inversiones extranjeras que contribuyan a la expansión de la economía de la libre empresa en el país;

Que, la inversión extranjera y la transferencia de tecnología son vitales para el dinamismo económico que se requiere imprimir al desarrollo del país como necesario complemento en la inversión nacional, tal como lo dispone el artículo 137 de la Constitución Política del Perú;

Que, es objetivo del Gobierno remover los obstáculos y restricciones a la inversión extranjera a fin de garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre inversionistas extranjeros y nacionales;

Que, el Gobierno debe otorgar un régimen de estabilidad jurídica a los inversionistas extranjeros mediante el reconocimiento de ciertas garantías que les aseguren la continuidad de las reglas establecidas” (subrayado nuestro)

Por otro lado tenemos los Contratos Ley Sectoriales –en su modalidad de Contratos de Garantías-cuyo ejemplo encontramos en el Art.2 del Decreto Ley Nº 25570:

“De acuerdo a lo señalado en el artículo 1357 del Código Civil, el Estado queda autorizado para otorgar mediante contrato, a las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que realicen inversiones en las empresas y entidades del Estado, incluidas en el proceso a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 674, bajo cualquiera de las modalidades previstas por el artículo 2 de dicha norma, las seguridades y garantías que mediante Decreto Supremo, en cada caso, se consideren necesarias para proteger sus adquisiciones e inversiones, de acuerdo a la legislación vigente. (Texto según la modificación dispuesta por el artículo 6 de la Ley Nº 26438)”

Tenemos también los Contratos Ley de Concesión, los cuales existen sólo para el sector Telecomunicaciones e Hidrocarburos.

Vemos entonces que se emitieron un conjunto de normas legales para llevar a cabo el llamado “fujishock”, las cuales si bien eran necesarias para ejecutar el ajuste económico estructural, conllevó a que los aplicadores del mismo vieran sólo una parte del fenómeno, equiparando fomento como fomento de la inversión privada-por no decir la extranjera- demonizando la acción estatal, como inútil, ilógica, obstruccionista, llevando al extremo uno de los postulados del Consenso de Washington, el del Estado mínimo y de su mínima intervención, lo cual se concretizó en el Art. 60 de la Carta Magna, referido al rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial. Este pensamiento sesgado no sólo se solidificó a partir de los años noventa en adelante dentro de la clase política-principalmente dentro del espectro de derechas-sino que las futuras generaciones de profesionales de las más diversas carreras fueron formados con este dogmático pensamiento.

Por ello nos reafirmamos en que no se debe tener una visión estrictamente economicista de lo que es el Fomento, visión que muchos autores han venido a llamar “Fomento Jurídico”, es decir el que se materializa a través de normas, contratos, actos administrativos, los mismos que buscan sistematizar la iniciativa privada, ya sea de personas naturales o jurídicas; sin embargo esta versión no queda completa pues también, a través de normas principalmente, se puede ejercer el fomento mediante programas sociales. Tenemos así el mítico “Vaso de Leche”, ideado por el primer alcalde trotskista de Sudamérica, Alfonso Barrantes y positivado mediante Ley N° 24059 de 4 de enero de 1985:

“Artículo 1.- Créase al Programa del Vaso de Leche en todos los municipios provinciales de la República destinados a la población materno – infantil en sus niveles de niños de 0 a 6 años de edad, de madres gestantes y en período de lactancia con derecho a la provisión diaria por parte del Estado, a través de los municipios, sin costo alguno para ellas, de 250 cc. de leche o alimento equivalente”

Esta norma cuenta con Normas Complementarias para su ejecución, establecidas mediante las leyes N° 27470 (3 de junio de 2001) y N° 27712 (30 de abril de 2002).

Encontramos otro ejemplo de fomento en Programas como “Beca 18”, cuyos considerandos señalan:

“Que, la Ley N° 28044, Ley General de Educación establece que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos;

Que, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2010) sólo el 27.4% de la población mayor de 18 años ha logrado algún nivel de educación superior; y de acuerdo a la Primera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana 2011, elaborada por el INEI, la razón principal por la que los jóvenes no estudian una carrera o profesión es la falta de recursos económicos;

Que, el artículo 17° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma medidas en esta dirección. Dichas medidas deben garantizar iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad, con equidad e inclusiva. En esta dirección, la inclusión comprende a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. Por su parte la calidad, asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente;

Que, una de estas medidas que el Estado debe implementar de manera eficiente y eficaz es el establecimiento de Programas de Becas como una manifestación concreta de la inclusión social en beneficio de jóvenes que no obstante tener un buen rendimiento escolar carecen de recursos económicos para acceder y permanecer en las Instituciones de Educación Superior. Dichas becas deben estar orientadas a posibilitar la preparación de los profesionales que el país necesita para su desarrollo, generando así una movilización social a través de la educación;

Que, el Ministerio de Educación a través de la Oficina de Becas y Crédito Educativo (OBEC), viene otorgando becas amparadas en disposiciones legales diversas y con poco impacto e incidencia, por lo que es necesario ampliar de manera significativa la cobertura para el otorgamiento de becas para el acceso, mantenimiento y culminación de estudios superiores de los jóvenes de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico en carreras profesionales y/o técnicas que el país demanda para su desarrollo sostenible, en el marco del Proyecto Educativo Nacional”

Otro caso sería la exoneración del IGV de los productos de primera necesidad.

Una tercera clase de fomento es el honorifico, es decir cuando el Estado otorga reconocimiento a un ciudadano peruano (o a extranjeros en algunos casos) por servicios distinguidos a la Nación. Ejemplos de ello tenemos en “La Orden El Sol del Perú” para quienes destacan en diversas áreas del conocimiento como las letras, las artes, la política, etc, donde se llegó a distinguir al ex presidente peruano Valentín Paniagua, al ex beatle Paul Mc Cartney, al ex presidente argentino Juan Domingo Perón e increíblemente a Luis Bedoya Reyes y a Gianmarco Zignano

Otros ejemplo lo tenemos en las “Palmas Magisteriales”, otorgadas por el Estado a través del Ministerio de Educación como forma de distinguir a quienes hayan contribuido al progreso de la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura en el país, donde fueron distinguidos Julio C. Tello, Raúl Porras Barrenechea, María Reiche, Augusto Tamayo, etc. Un tercer ejemplo son “Los Laureles Deportivos” máxima distinción que puede recibir un deportista peruano tal como sucedió con el máximo ídolo del futbol peruano, Teodoro “Lolo” Fernández por su destacada trayectoria nacional e internacional.

En conclusión, debemos dejar de identificar al Fomento con un aspecto puramente económico, que si bien es una parte importante del mismo, no se reduce solamente a este ámbito, pues el Estado además de asegurar una eficiente economía de mercado, la libertad de empresa o la libre competencia, tiene que cumplir una serie de finalidades sociales, realizando una discriminación positiva para con población particularmente sensible, finalidades que deben ser transparente y sujetas a control posterior tanto en la forma de llevarse a cabo como en lo referente a sus destinatarios. El Fomento por tanto, no es un término que haya sido creado con el Consenso de Washington, ha existido desde la creación misma del Estado-Nación en la forma como el mismo promovía no sólo obras públicas-tal como sucedía en nuestro país en el siglo 19-  sino por la forma como interviene en la esfera de los particulares con menos recursos económicos, por lo que el fomento de la inversión es solamente un aspecto, reafirmando que debemos tener una visión amplia del mismo, dejando de lado pensamientos sesgados, poco analíticos y que intentan hacer encajar la realidad al dogmatismo.

Todo lo expuesto, lo sabe muy bien el tío Sebastián. Luego de aquella noche del debate presidencial nunca más lo volvería a ver, sin embargo pude enterarme, por lo que me contaron mis familiares, que vivió intensamente-¿y qué peruano no?-los profundos cambios acaecidos a todo nivel en el país. Fue una de las tantas víctimas del despido masivo de trabajadores de las empresas públicas en nombre de la reingeniería nacional, por lo que dejó Entel Perú para caer en la más absoluta miseria, sobreviviendo como uno de los tantos “mil oficios” que inundó, y sigue inundando, la gran ciudad. Conoció a una linda chica huantina que vino a Lima huyendo de la barbarie subversiva y juntos se mudaron a un arenal de Villa El Salvador donde pudieron acceder al Programa Nacional de Asistencia Alimentaria-PRONAA-  y luego de nacer sus hijos mellizos en 1995, se vieron beneficiados del “Vaso de Leche” .Transcurridos dieciocho años, ya fallecido, después de una larga e infructuosa lucha por la reposición en su puesto de trabajo, no pudo ver la cara de orgullo de su esposa cuando el mayor de sus hijos, fue beneficiado con “Beca 18”, ni solidarizarse con el temor del otro de salir sorteado con la nueva Ley de Servicio Militar, el mismo que actualmente está tratando de ingresar a trabajar en la construcción del nuevo local de un banco cuya mayoría de accionistas son de la tierra del sol naciente, empresa atraída por lo que muchos llaman el “milagro económico peruano” y que según rumores tendrá como lema: “Llegó la modernidad”.