En 1991 se desató un conflicto armado en la región de los Balcanes que se extendió hasta el 2001 y afectó a todo el territorio de la ex Yugoslavia. Durante ese período se llevaron a cabo diversos actos de genocidio por parte de las fuerzas armadas serbias, las cuales buscaron la predominancia de su etnia, mediante la eliminación, principalmente, de croatas y musulmanes. Dada la magnitud de esta guerra y la atrocidad de los crímenes cometidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió crear en 1993 un tribunal penal de carácter internacional competente para juzgar únicamente los crímenes cometidos por los principales responsables del conflicto. Este fue, sin duda, un gran hito en la historia de la lucha contra la impunidad en el ámbito internacional. De esta manera, mediante la Resolución 827 del Consejo de Seguridad, se estableció el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).