Históricamente, las personas con discapacidad mental han sido víctimas de discriminación y estigmatización. Lamentablemente, esta situación no ha variado hasta nuestros días en tanto la mayoría de legislaciones siguen considerando a las personas con discapacidad mental como incapaces de ejercer los mismos derechos que las demás. Debido a que son consideradas como personas enfermas o anormales, los estados han determinado que estas no tienen la capacidad necesaria para tomar adecuadas decisiones sobre sus vidas por lo que es necesaria la designación de un representante que lo haga por ellas.
No obstante, en la práctica, ello ha generado una grave afectación a sus derechos puesto que son numerosos los casos donde los representantes abusan de su posición de autoridad y no necesariamente deben mostrar que las decisiones adoptadas se realizan en función al mejor interés de las personas con discapacidad mental o de acuerdo con sus deseos.
