El Perú está transitando lo que se conoce como “bono demográfico”, es decir un periodo cuando la población en edad de trabajar se incrementa más rápido que la población dependiente, ello debido a varios factores como la disminución de la fecundidad y el proceso de envejecimiento. Con el cambio de la pirámide poblacional, hoy en día la generación de adolescentes es la más grande de nuestra historia, es más, en las próximas décadas la generación de adolescentes y jóvenes será crucial para el desarrollo nacional. Por ello, la forma en que las políticas públicas aborden sus necesidades es de suma importancia por cuanto tendrán efectos duraderos que moldearán el destino de nuestro país.
En esa línea, la investigación que desarrollamos con UNICEF sobre el derecho al aseguramiento y atención en salud sexual y reproductiva, así como en salud mental de los y las adolescentes en el Perú, nos parece un tema que debería ser abordado en todos los planes de gobierno que actualmente se debaten.
Más aún, podemos afirmar que las barreras identificadas en el derecho al aseguramiento de los y las adolescentes, reúnen los requisitos para que ello sea calificado como un problema que amerita una respuesta de política pública.
En efecto, de acuerdo a CEPLAN (2018), un problema público, es aquel en donde:
- Existe evidencia de carencias y necesidades en las personas o en su entorno, una oportunidad de mejora, o un riesgo que se desea evitar.
En la investigación se demuestra que las y los adolescentes, enfrentan una serie de limitaciones para el ejercicio de su derecho al aseguramiento en salud. Así, las barreras identificadas se han organizado en función: de su ingreso al sistema, en el tiempo, por razones de género, estado civil, condición de salud, capacidad civil, y otras. Un ejemplo de ello es que en ciertos seguros, las adolescentes al quedar embarazadas son expulsadas de los seguros de sus padres, quedándoles sólo la alternativa de la cobertura del SIS. Ello a pesar que la NT de Salud para la Atención Integral de salud de Adolescentes (2019), dispuso que todas las IAFAS deben garantizar el acceso a la atención de salud por embarazo, parto y puerperio, incluyendo la atención de su recién nacido (Sección 5.5).
- Los actores del ámbito público junto a la sociedad civil califican a esa situación como indeseable, en tanto que afecta de manera directa o indirecta el ejercicio de derechos o bienestar de la población.
En el caso propuesto, de embarazo en la adolescencia es claro que es un momento de mucha vulnerabilidad y de gran riesgo de su bienestar. En algunos casos, es consecuencia de una violación o práctica incestuosa, en otros es por falta de acceso a métodos anticonceptivos, en todos los casos son situaciones complejas que ponen a nuestras adolescentes en riesgo de deserción escolar y de un futuro incierto.
- La solución para atender el problema requiere de la intervención del sector público aun cuando también implique la intervención del sector privado o de actores sociales
Ciertamente, la urgente intervención del sector público, a través de SUSALUD (Superintendencia Nacional de Salud), o de otros actores sociales (IAFAS, aseguradoras, etc.) es lo que se reclama para que los derechos humanos de la población adolescente no sean vulnerados, y su futuro, que es el futuro de nuestro país tenga la respuesta esperada.
Aquí el link a la publicación para quienes quieren profundizar en esta problemática:
