Se ha llegado a buscar el apoyo (o auxilio) del Gobierno Nacional, que aún no se compromete. Una idea fue que a través de COFIDE se agilice la adquisición de estas tierras no vendidas, y que sean destinadas a los medianos y pequeños productores.
¡Eureka! Parece que a nuestras autoridades se les apareció el fantasma del ex presidente Augusto B. Leguía, en cuyo gobierno, durante los años 20, se iniciaron los planes de este proyecto de irrigación. En ese tiempo se buscaba hacer propietarios a los cientos de pequeños agricultores ¿tanto ha cambiado Olmos?

Es gracioso ver cómo algunos que suelen espantarse cuando el Estado se acerca a la economía, ahora proponen su participación para resolver el pendiente de las tierras “varadas”. Han pensado en los pequeños agricultores pero a último minuto, prácticamente como la última opción. Es preferible que las adquieran ellos a que no se vendan ¿tan negativa es la visión que se tiene de los agricultores locales? ¿Por qué no pensaron en ellos al inicio del proyecto?
Ojalá puedan obtener esas 10 mil hectáreas, asociándose entre sí, y que, al mismo tiempo, reciban el soporte técnico y crediticio suficiente para hacerlas producir, demostrándoles a quienes les han ninguneado que sí son capaces de articularse al mercado productivo de modo exitoso.

Líneas aparte, hasta el Colegio de Ingenieros del Perú está buscando adjudicarse las tierras, con el apoyo del Estado. Lo curioso es que la propuesta la firma su Consejo Departamental de Lima ¿qué pasó con los ingenieros en Lambayeque?
Esperemos que haya justicia para estas 10 mil hectáreas y no tengamos luego 10 mil conflictos surgidos por la falta de una mayor visión del bien común.

* Publicado en Peru.21 Norte, el 18 de mayo del 2012.