Ayer 5 de mayo al mediodía el INEI publicó las estadísticas oficiales de pobreza monetaria estimadas a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 2021. Un resultado a destacar: reducción de la incidencia de pobreza monetaria a nivel nacional, la cual pasó de 30.1% en 2020 a 25.9% en 2021. Si bien no se ha regresado a los niveles de pobreza previos al inicio de la pandemia en 2019 (20.2%), es innegable que se trata de una buena noticia. También es una buena noticia que el INEI haya continuado el enorme esfuerzo de seguir recolectando esta información incluso en los momentos más duros de la pandemia.
La mirada nacional es útil y necesaria, pero no es suficiente. Si hacemos un “doble click” a las cifras el panorama se torna más complejo. Por ejemplo, se observa que la pobreza en las áreas urbanas se ha reducido al 22.3%, pero se encuentra lejos de volver a los niveles previos a la pandemia que eran de 14.6%. Las áreas rurales, en cambio, presentan una incidencia de pobreza de 39.7% muy similar al 40.8% de 2019. Esto último significa que 4 de cada 10 personas en el medio rural viven en hogares cuyo nivel de gasto per cápita no alcanza ni siquiera para cubrir el costo de una canasta básica de 279 soles.
En los siguientes días es muy probable que surjan otros tipos de análisis relacionados a, por ejemplo, la discusión sobre las estrategias para la reducción de pobreza urbana (muy probablemente vinculada a la reactivación del empleo urbano) y el reforzamiento de las políticas de reducción de pobreza rural que, insistimos, sigue afectando a 4 de cada 10 personas. De igual modo, sigue pendiente la discusión sobre cómo abordar la vulnerabilidad a la pobreza monetaria (que alcanzó el 34.6% en 2021).
En esta entrada, sin embargo, nos gustaría insistir en un tema a propósito de la declaración de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza del INEI que, como todos los años, acompaña la publicación de las cifras de pobreza monetaria. Específicamente, la declaración menciona la existencia de un consenso sobre “la pertinencia y uso de la medición de pobreza multidimensional en la política pública”. Si bien se trata de una labor que aún se encuentra en proceso, abre las puertas a la generación de métricas oficiales que, en línea con compromisos internacionales asumidos por el Perú en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), complementen las medidas de pobreza monetaria que ya tenemos. Esto con el fin de identificar a aquellas personas que experimentan un conjunto de privaciones no monetarias, pero que no son considerados en situación de pobreza de acuerdo al estándar oficial actualmente vigente.
Continuando con diversos esfuerzos que el IDHAL viene realizando desde su creación para avivar este debate, en esta entrada proponemos una primera aproximación a la pobreza multidimensional no monetaria en 2021 en base a una versión simplificada de una medida que ya hemos estimado en años anteriores usando datos de la ENAHO. Se trata de un índice de pobreza construido con el método de Sabina Alkire y James Foster (2011) y que incluye 12 indicadores agrupados en 6 dimensiones: (i) salud, (ii) educación, (iii) agua y saneamiento, (iv) energía, (v) vivienda, y (vi) empleo y previsión social. Todas las dimensiones han sido ponderadas equitativamente en esta medida y, al interior de cada dimensión, todos los indicadores tienen también la misma ponderación. De acuerdo con esta medida, identificamos que una persona vive en pobreza multidimensional si pertenece a un hogar que experimenta privaciones en, por lo menos, dos de las seis dimensiones mencionadas (lo que equivale a experimentar privaciones en al menos cuatro de los 12 indicadores).
En base a esta medida, estimamos que 47.2% de la población peruana se encontró en situación de pobreza multidimensional en 2021. Al desagregar esta información según áreas de residencia, encontramos que la incidencia de pobreza multidimensional fue de 86.4% en la población que vive en zonas rurales, mientras que esta cifra ascendió a 36.8% en la población que vive en zonas urbanas (ver Gráfico 1).
Adicionalmente, en tanto la información con la que estimamos estas cifras de pobreza multidimensional proviene de la ENAHO 2021, que también contiene la información con la que el INEI estima la pobreza monetaria, realizamos un análisis de traslape para identificar a la población que experimenta ambos tipos de pobreza, o únicamente uno de ellos. Encontramos que, a nivel nacional, 17.9% de la población padeció ambos tipos de pobreza simultáneamente (ver Gráfico 2). No obstante, 29.4% de la población experimentó pobreza multidimensional, pero no fue identificada como pobre por la medida de pobreza monetaria. Solo 7.9% experimentó pobreza monetaria, mas no pobreza multidimensional.
Si desagregamos estos datos según área de residencia, encontramos que, en el medio rural, la proporción de personas que experimentó ambos tipos de pobreza fue de 37.4% (ver Gráfico 3); mientras que quienes padecieron situaciones de pobreza multidimensional, pero no de pobreza monetaria, representaron el 49%; y 2.4% vivió en pobreza monetaria, pero no en pobreza multidimensional. Únicamente el 11.2% de la población rural vivió sin experimentar ninguno de estos tipos de pobreza en 2021. En áreas urbanas, 12.7% experimentó ambos tipos de pobreza; 24.2% vivió únicamente en pobreza multidimensional, pero no en pobreza monetaria; 9.3% vivió únicamente en pobreza monetaria, pero no en pobreza multidimensional.
El análisis de traslape muestra que proporciones considerables de la población viven en pobreza multidimensional, aunque no son identificadas como pobres por la medida de pobreza monetaria oficial. Esto revela que tener niveles de gasto suficientes para cubrir canastas mínimas de consumo en los hogares no necesariamente garantiza que las personas estén libres de padecer otros tipos de privaciones no monetarias en dimensiones fundamentales para su bienestar. No se trata de una “competencia”, ni de desmerecer una u otra medida de pobreza. Por el contrario, se trata de reconocer que las medidas de pobreza multidimensional (la que presentamos aquí, u otras que se propongan) pueden presentar información distinta y complementaria a las de pobreza monetaria, y su uso puede generar incentivos para el diseño, la focalización y el seguimiento de políticas públicas orientadas a la erradicación de privaciones en dimensiones del bienestar que van más allá de los ingresos y gastos de los hogares. Países como Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, y República Dominicana ya cuentan con este tipo de medidas oficiales para informar la toma de decisiones de política pública. Para el Perú, el momento es ahora.
Autores:
Jhonatan Clausen, profesor del Departamento de Economía de la PUCP, director (e) de investigación del IDHAL*.
Nicolás Barrantes, profesor del Departamento de Economía de la PUCP e investigador del IDHAL.
Micaela Salcedo, asistente de investigación del IDHAL.
Las opiniones presentadas en este artículo no necesariamente reflejan la posición institucional del IDHAL ni de la PUCP.
*Jhonatan Clausen forma parte de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza del INEI. No obstante, las opiniones presentadas en esta entrada son realizadas a título estrictamente personal.