El último discurso por 28 de julio dado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, tuvo nuevamente sorpresas al igual que el discurso del año pasado, con la única diferencia radical que en el último discurso planteó nuevas elecciones generales adelantadas para el 2020. Esto no solo abarca cerrar el Congreso, sino también “cerrar” Palacio de Gobierno. Pero, ¿qué significa llamar a nuevas elecciones generales adelantadas?

Muchos constitucionalistas y especialistas en la materia han dado sus posiciones respecto a adelantar las elecciones generales al 2020, según lo planteado por el presidente.

En primer lugar, los constitucionalistas están de acuerdo en que lo anunciado por el presidente está dentro de sus prerrogativas como jefe de Estado, al igual que disolver el Congreso; sin embargo, la disyuntiva está en que si la propuesta se ajusta al momento que atraviesa nuestra política como lo dejó entrever el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, que cuestionó la decisión del presidente.

La experiencia más reciente de adelanto de elecciones generales se produjo en el 2000 cuando el expresidente Alberto Fujimori se reeligió por tercera vez como presidente de la República (la Constitución Política del Perú (CPP) solo permitía una reelección y no dos veces). En ese año, debido a una crisis sistémica política donde la democracia estaba secuestrada y casi todas las principales instituciones del Estado en crisis, donde renunció el presidente de la República vía fax y los congresistas en un acto extremo acordaron rebajarse el cargo: de cuatro años a un año (que no está permitido en la CPP), es que se producen nuevas elecciones generales en el 2000.

Hay constitucionalistas como Samuel Abad que comparan lo planteado actualmente por el presidente Vizcarra con lo sucedido en el año 2000, debido a la situación política actual; sin embargo, otros constitucionalistas como Óscar Urviola señalan que no sería una salida prudente porque los escenarios son distintos.

En segundo lugar, otros aspectos a tomar en cuenta son los pasos a seguir y los tiempos que necesitan las instituciones involucradas como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para hacer un adelanto de elecciones generales con la idea de que estas se realicen en el 2020. Para el exjefe de la ONPE y ex presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta Soldevilla, los plazos serían muy cortos, los cuales tampoco se ajustarían a los procesos para adelantar las elecciones. Ahora bien, para que eso suceda, Tuesta plantea varios escenarios (en esta nota solo se tocará el escenario más real o posible).

Primero, la reforma constitucional de adelanto de elecciones debe pasar por la aprobación del Congreso (que inicia su trabajo el 15 de agosto). Si el Congreso no lo aprueba (lo que pasará), el presidente lo enviará para que la población lo apruebe a través de un referéndum  (lo que también pasará, aunque la reforma puede regresar al Congreso). El referéndum debe ser convocado por el Jurado Nacional de elecciones (JNE) y realizado por la ONPE en un plazo máximo de 120 días. Sí el resultado es a favor de que se realicen las elecciones generales, el presidente de la República convoca a elecciones que deben ser realizadas en el segundo domingo de abril. Si hay segunda vuelta, la nueva elección para presidente debe realizarse dentro de los 30 días luego de conocerse los resultados oficiales de la primera vuelta electoral.

Segundo, la logística para que la ONPE lleve a cabo este mega proceso también tiene su propia dinámica. Tuesta Soldevilla advierte que será muy complicado movilizar toda la logística a todos los distritos electorales, ya que para que la ONPE comience a realizar las convocatorias y la capacitación al personal, e inicie en sí todo el proceso electoral, tiene que cumplirse el primer punto de forma obligatoria y legal. Es decir, el segundo punto no se realiza si antes el presidente de la República no llama a elecciones generales.

Una salida a todo este dilema de tiempos (no de procesos) es que se realicen disposiciones transitorias para acortar algunos plazos. Muchos constitucionalistas se han pronunciado que, si bien la situación política está agitada, no es motivo para llegar al extremo de buscar atajos para que la decisión del presidente Vizcarra se cumpla. Sería un mal precedente que otros gobiernos pueden usar ante cualquier situación incómoda que les impida gobernar, inclusive de manera antojadiza o dictatorial.

En ese sentido, adelantar todo el proceso electoral podría no tener los resultados esperados. Un ejemplo de correr contra el reloj es el proceso para elegir a la nueva Junta Nacional de Justicia que hasta ahora, por un fallido proceso de selección, aun no se conforma.

Finalmente, creo que adelantar el proceso electoral con disposiciones transitorias sería así como hacer adendas en los proyectos con reglas poco o nada claras, que en tiempos no muy pasados se firmaban entre el gobierno y empresas corruptas como Odebrecht para la realización de obras. Y de esos atajos “legales” la población también está candada. Por otro lado, con el adelanto de elecciones generales quedan algunas preguntas en el vacío como ¿qué serán de las seis reformas planteadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo?; ¿qué pasará con las reformas y propuestas que el presidente Vizcarra dijo en su mensaje de 28 de julio?; ¿con qué reglas de juego se realizarán las nuevas elecciones generales adelantadas 2020?

Si desde hace rato el tema político no pinta bien, ahora el panorama electoral es otro problema…

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