Sin duda, el efecto Lava Jato en el Perú no iba quedar a nivel de exfuncionarios de alto rango como expresidentes de la República, presidentes de agrupaciones políticas e incluso a nivel de una exalcaldesa de Lima. Lamentablemente, Lava Jato llegó hasta el más nivel político. Es decir, hasta el Presidente de la República.
Luego de que se conociera un documento donde se reveló que Odebrecht tuvo relaciones económicas con Kuczynski, que se manifestaron en pagos por asesorías por la carretera interoceánica y por el proyecto H2Olmos. Por una parte, Odebrecht pagó US$782.207 a Westfield Capital, empresa del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, en los años 2004 y 2007. Por otra parte, Odebrecht, también pagó US$ 4’043.941, entre el 2005 y 2013, a la empresa First Capital, donde figuraba Pedro Pablo Kuczynski como uno de los socios. Todo esto cuando Kuczynski era ministro de Economía y Primer Ministro del entonces Presidente de la República Alejandro Toledo, también investigado por recibir US$ 20’000.000 de Odebrecht.
Lo cierto es que la situación de Presidente Kuczynski se fue complicando porque en repetidas ocasiones había dicho que no tuvo nada que ver con la empresa Odebrecht; que nunca había hecho ningún trabajo o asesorías para dicha empresa. Por tal razón, respondería a la Comisión Lavo Jato del Congreso por escrito, ya que la Ley le favorecía.
Sin embargo, en una entrevista en RPP, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski dio indicios que no había dicho la verdad de sus vínculos con Odebrecht. “Me han contratado para H2Olmos, un gran anhelo de los lambayecanos; para la empresa de Kallpa en Chilca. Yo no era ministro, era un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera profesional, que está entrando a su año número 57”.
Las declaraciones del Presidente Kuczynski, más el documento mostrado por la presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, hicieron que el pedido de vacancia presidencial, hecha por varias bancadas del Congreso, suene con más fuerza y tuviera más sentido; lo que obligó al Presidente de la República a dar un mensaje a la nación. El mismo (el mensaje) que dejó más dudas e incertidumbres, pues dijo, en otras palabras, que Westfield Capital fue su empresa, pero no sabía nada. Además, aclaró que no renunciará a la Presidencia de la República.
A estas alturas, hay indicios comprobables que el Presidente Pedro Pablo Kuczynski no ha dicho toda la verdad al país. Es decir, el Presidente mintió.
Ante este escenario, como afirman muchos constitucionalistas, al Presidente Kuczynski le quedan tres salidas: dos válidas y una arriesgada hasta inconstitucional. Las salidas válidas son, por un lado, la renuncia, que daría a entender que todo lo dicho por sus opositores y críticos es cierto; o esperar a que el Congreso lo cite para que dé sus explicaciones como parte del proceso de vacancia por incapacidad moral, descrito en el Art. 113 de la Constitución Política del Perú. Si vacan al Presidente Kuczynsk por esta razón, tendría una excusa política que utilizaría en su defensa: el fujimontesinismo lo vacó por odio político. Por otro lado, la alternativa arriesgada es que disuelva el Congreso, complicando aun más la situación del país. Si esto ocurriese, Kuczynsk quedaría al mismo nivel de Alberto Fujimori: un dictador.
Por todo lo dicho, creo que es importante escuchar al Presidente Pedro Pablo Kuczynski, pues al margen de las acusaciones, el Presidente le debe al Perú una explicación seria y real. Luego, el Congreso (y el país) determinará si procede la vacancia o no.
Más datos:
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PPK reconoció que asesoró al proyecto H2Olmos de Odebrecht
“No voy a abdicar a mis responsabilidades como presidente”
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