Los hechos de violencia y sicariato producidos en la Región Ancash, como el asesinato de Ezequiel Nolasco, potencial candidato y opositor del actual presidente regional de Ancash, César Álvarez, han puesto en evidencia los problemas que se pueden formar cuando se usa a la política con fines económicos. Y es que no es ninguna novedad que, de un tiempo a esta parte,  los puestos de alcalde o de presidente regional, principalmente, son vistos como un negocio muy rentable donde no solo corre dinero sino también sangre.

Lamentablemente, la alcaldía y la presidencia regional se han convertido en el ‘trabajo dorado’, donde los candidatos harán lo que sea para no dejar pasar la oportunidad de convertirse literalmente en dueños de su localidad o región y en futuros millonarios. En esta desleal competencia, los que llevan la delantera son las actuales autoridades que han optado por la reelección o re-reelección, ya que tienen el escenario perfecto para usar el dinero del Estado en su candidatura. En segundo lugar están los exalcaldes o ex presidentes regionales, quienes por incapacidad o vergüenza dejaron pasar un periodo ‘sabático’ (de ocio y viajes) para poder una vez más llegar al ansiado ‘trabajo dorado’, invirtiendo el dinero ganado ilegalmente como exautoridad para retomar el poder. Mientras que en tercer lugar están los nuevos candidatos o candidatos de oposición, quienes se abren camino entre balas, sicarios y asesinatos, como lo vivido en la Región Ancash.

Estos sucesos producidos en la Región Ancash y en otras regiones, como en la Región Amazonas, donde asesinaron al padre de la precandidata a la alcaldía del distrito de Cumba, Florinda Gonzáles, por ejemplo, han alarmado a la población en todo el país porque han puesto en riesgo la democracia, la gobernabilidad y sobre todo la seguridad del electorado y de los candidatos que participarán en las nuevas elecciones regionales y municipales programadas para el 5 de octubre de este año.

Por un lado, la ambición de algunas autoridades por quedarse en el poder casi a cualquier precio, ha ocasionado que la población se desinterese aun más por la política. Esto se refleja en las votaciones y en sus resultados, ya que el votante asiste al sufragio poco o nada informado sobre los candidatos a elegir; buscan cualquier otra cualidad menos lo profesional, lo ético o la experiencia; es decir, los electores escogen a sus autoridades al azar, lo que se refleja en el resultado final donde salen elegidos muchas veces autoridades que no tienen idea en lo que se han metido, siendo presas fáciles del narcotráfico, bandas criminales (sicariato), corrupción o terrorismo; que son una amenaza directa a la democracia.

Esta desconfianza y los malos resultados electorales ponen en riesgo la estabilidad política de nuestras localidades o regiones, porque dejamos la gobernabilidad en manos de gente mafiosa, comprometida con oscuros intereses. Mafias que no solo siembran el caos o miseria, también generan miedo e incertidumbre en la población con sus actos criminales de amenazas y asesinatos (sicariato).

Además de la falta de democracia y gobernabilidad, los candidatos opositores que quieren hacer frente a estas mafias organizadas no cuentan ni siquiera con las garantías mínimas de seguridad por parte del Estado. Lo ocurrido en Ancash es prueba de ello. Mientras que la prensa advertía la situación de violencia, sicariato, asesinatos y la existencia de una lista negra en esa región, el Estado (Ministerio del Interior, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, entre otros organismos) hizo caso omiso a dichas investigaciones y únicamente actuó cuando se avecinaba un desborde popular-político encabezado por la hija del asesinado Ezequiel Nolasco, Fiorella Nolasco, en dicha región del país.

Todos estos sucesos, sumado a la pasividad de los organismos del Estado que brindan seguridad y justicia, han hecho que instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), se manifiesten abiertamente en contra de los reiterados actos de violencia a través de un pronunciamiento de título “Ante los consecutivos hechos de violencia, amenaza y acoso político”.

En el pronunciamiento, el JNE y la ONPE ponen en evidencia que ha habido un descuido del Estado que ha permitido que la violencia y acoso político amenacen y afecten “la vida, la salud, la integridad física y las libertades y derechos de autoridades, dirigentes políticos y líderes de opinión”.

Asimismo, realzan la labor de la prensa por dar a conocer estos acontecimientos violentos, y alertan que esta violencia puede incrementarse y perjudicar el proceso en las nuevas elecciones municipales y regionales “alterando la tranquilidad y seguridad pública”. Pero a la vez muestran su preocupación por la “penetración del crimen organizado –narcotráfico, sicariato, extorsión– dentro del mencionado escenario político electoral”, ello perjudica la democracia porque no existen las condiciones para “la libre elección de autoridades, así como en las condiciones para que las organizaciones políticas compitan por el voto ciudadano”.

Ante este escenario, el JNE y la ONPE proponen una alianza entre el Estado y las organizaciones pro derechos humanos, políticas y de la sociedad civil, así como los medios de comunicación, para “hacer frente a esta nueva forma de violencia política que hoy amenaza nuestra democracia”.

En consecuencia, la figura de la reelección o re-reelección o continuismo fomenta este tipo de actos porque hay en juego mucho dinero y poder. Los problemas que se han suscitado en algunas regiones del país son el reflejo de esta ambición que está ligada a favores oscuros donde el narcotráfico, el sicariato, la corrupción o el terrorismo tienen mucha complicidad.

Por último, esperemos que el Estado, por medio de las instituciones a cargo de la seguridad y la justicia, en coordinación con organizaciones políticas, civiles y ONGs pro DD.HH., sume esfuerzos para poner fin a este tipo de violencia política que se genera desde las municipalidades, gobiernos regionales y de algunos sectores políticos y civiles, con el objetivo de silenciar a los candidatos de oposición, eliminándolos de la competencia electoral, y al mismo tiempo enviar una advertencia a los futuros o potenciales candidatos para que lo piensen más de una vez antes de dar a conocer públicamente su candidatura.

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