Desde que el congresista Carlos Bruce colocó en la palestra social y política el año pasado el tema de la unión civil en nuestro país para personas del mismo sexo, se ha convertido un tema de discusión casi obligatorio de cualquier conversación social, académico, político y religioso.
Y no es para menos si se trata de un tema que involucra de manera directa los derechos de cada persona, los mismos que están protegidos en la Constitución Política del Perú (CPP). Es decir, al margen de la condición de cada persona (social, política, religiosa, de raza o de sexo), el Estado debe garantizar que los peruanos o peruanas y extranjeros que se sometan a las leyes peruanas tendrán un trato igualitario según su condición (nacional o extranjero).
Hasta setiembre del año pasado, esta igualdad nunca se había puesto a prueba ni mucho menos ha tenido cuestionamientos serios que pudieran ir en contra de los derechos de las personas, porque todavía no se había presentado el Proyecto de la Unión Civil no Matrimonial para Personas del Mismo Sexo (UCNM), presentado y liderado por el congresista Bruce.
El punto que ha causado más controversia en dicho proyecto es el Artículo 4 que corresponde a los deberes y derechos de los integrantes de la unión civil. En el proyecto se plantea que los que conforman la unión civil formarán en adelante una sociedad de gananciales (con bienes mancomunados), salvo que los integrantes digan lo contrario (con bienes separados).
Política y socialmente, este pedido no va en contra de lo estipulado en la CPP, ya que todos tenemos los mismos derechos como deberes, por tanto, no debería haber mayor inconvenientes para aprobar este proyecto que no tiene ningún beneficio extra en las personas homosexuales o bisexuales, como lo hizo notar, por ejemplo, Rafael Rey, quien ha dicho que las uniones entre personas del mismo sexo tendrán más beneficios que las uniones heterosexuales; lo único cierto es que el proyecto de UCNM sitúa a las parejas del mismo sexo en el mismo nivel que las parejas heterosexuales, en cuanto a derechos.
En la actualidad, ya no es un misterio ni mucho menos tabú, que muchas personas del mismo sexo quieran unirse con la finalidad de consagrar su amor y sentirse, a la vez, respaldados por su pareja en diversas situaciones, como lo harían las personas heterosexuales de llegar a formar pareja. Sin embargo, este deseo de unión homosexual pierde legitimidad ante el Estado peruano porque no existen leyes que protejan este tipo de uniones.
Es una realidad que las uniones civiles entre personas del mismo sexo existen en nuestro país pero de manera ilegal, es decir sin protección del Estado. Si dos personas homosexuales o bisexuales deciden formar una pareja formalmente, el Estado no los reconoce como tal. Por ejemplo, ninguno puede ser representado legamente ante la justicia como su pareja. Tampoco puede visitarlo en el hospital ni mucho menos tomar decisiones por ellos ante una emergencia médica. No está en la capacidad de exigir a su pareja los beneficios de ley, según lo amerite la ocasión (alimentos, salud, vivienda, etc). No tiene derecho a heredar los bienes de su pareja cuando fallezca o tener el derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita sobre la referida vivienda. No goza de los beneficios de la Seguridad Social de su pareja, es decir, si uno de los integrantes no tiene acceso a un seguro y su pareja sí, el primero no puede atenderse con el seguro del segundo. Asimismo, no tiene protección contra la violencia familiar. Entre otros servicios que el Estado está obligado a dar.
Los derechos que hemos mencionado figuran en la CPP y en el Código Civil, y solo tienen acceso a ellos únicamente las parejas heterosexuales. Este vacío que se ha creado principalmente por la costumbre, ya que se tiene como figura de familia la unión de un varón y una mujer, no debe ser un impedimento para sacar adelante el proyecto del congresista Bruce, de la UCNM, ya que por encima de las costumbres o apasionamientos enmascarados como “actos morales” están las libertades y los derechos de las personas en todas sus extensiones y magnitudes.
Como dijimos anteriormente, políticamente no existen impedimentos legales para que esta Ley se apruebe. Lamentablemente, los representantes de la Iglesia Católica de nuestro país y un sector de la sociedad civil han alzado su voz de protesta a tal punto de hacerlo un tema político, cuando en realidad, en el caso de la Iglesia, le toca debatirlo en todo caso y desde todo punto de vista desde una perspectiva moral.
En ese sentido, el cardenal Cipriani y los obispos de la Conferencia Episcopal del Perú se han manifestado para que el proyecto de la UCNM no se apruebe en el Congreso. El Cardenal, en un intento desesperado y saliéndose del entorno moral, de donde le corresponde opinar, ha dicho que la UCNM debe someterse a un referéndum; lo cual, la mayoría delos constitucionalistas consultados han dicho que este tema no puede ser sometido a un referéndum porque los derechos de las personas no están sujetos a consulta.
La Conferencia Episcopal, en cambio, se ha quedado entre los límites de la moral y lo político, y desde ese escenario ha dicho, haciendo referencia a la Biblia, Gn. 1,27, que Dios creó al hombre “varón y mujer”, en una clara alusión de decir que los que no están dentro de estas categorías son una abominación de la naturaleza inversa al orden natural, lo que va en contra de los valores de la familia. Además, aseguraron que más adelante este proyecto sería usado para que las parejas del mismo sexo adopten niños (el proyecto UCNM no contempla la adopción de niños). Finalmente, exhortó al Congreso de la República a “defender los inalienables valores de la familia, como lo pide la CPP y el sentir de la mayoría de los peruanos a quienes ustedes representan”. Es decir, en esta última parte, los obispos de la Conferencia Episcopal, le piden al Congreso que actúe arbitraria y discriminatoriamente a favor de la mayoría.
Lo dicho por el Cardenal y los obispos van en contra de lo propuesto por el líder de la Iglesia Católica, el papa Francisco, quien ha mostrado total apertura sobre estos temas con la finalidad de darle a la Iglesia la oportunidad de reivindicarse por las discriminaciones, arbitrariedades y rechazos hacia un grupo minoritario de la humanidad. Todo lo contrario propuestos por el Cardenal y la Conferencia Episcopal.
En ese sentido, el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), ha respondido, entre otras consideraciones, que “una familia, según una definición más amplia que la de un credo específico, es una unión de personas que se aman, se respetan y son solidarias entre sí, independientemente de si están o no casadas, tienen o no hijos, son de diferente o mismo sexo. Familia es amor”. Esta visión de familia no solo encaja en lo que difunde la Iglesia Católica, también lo hace como concepto más extenso en la sociedad misma.
En consecuencia, la aprobación del proyecto de UCNM debe tomarse con calma, teniendo en cuenta las necesidades de las minorías. La UCNM no es tema únicamente político ni mucho menos religioso porque nuestro país es un Estado laico, además. Este es un tema que se debe debatir desde una perspectiva sociopolítica, teniendo en cuenta que es un tema de derechos; por tanto, su debate está por encima de cualquier interés personal o colectivo. Sin embargo, hay que entender que somos todavía una sociedad muy conservadora y machista que mantenemos vigentes algunas taras medievales, que no hacen más que generar exclusiones y arbitrariedades, formando y deformando sociedades (superiores e inferiores), donde la mayoría tiene más derechos y las minorías luchan por igualdad.
Los derechos de las personas no solo están protegidos por la CPP o el Código Civil. El Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo han ratificado esto, emitiendo opinión a favor del proyecto presentado por Bruce. Del mismo modo, muchos documentos internacionales sobre derechos humanos estipulan que debe haber igualdad, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice en su artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. En ese sentido, se prueba una vez más que políticamente como socialmente la UCNM es un proyecto que debe ser aprobado en nuestro país.
Finalmente, de aprobarse este proyecto, no seremos el único país donde un grupo minoritario alcanza en derechos a la mayoría. Las experiencias a nivel mundial son muchas y con resultados favorables, solo por citar a Argentina, el sábado 5 de este mes, se bautizó en la Iglesia Católica, Umma, la hija de una pareja lesbiana que fue concebida por fertilización artificial. La madrina fue la presidenta Cristina Fernández, quien, por razones de trabajo, envió a una edecán naval como su reemplazo. Esto demostraría, que la Iglesia Católica como institución no es la culpable para que las sociedades civiles del mismo sexo, en este caso la unión civil, puedan tener la protección del Estado, porque los que se oponen son los representantes eclesiásticos de cada país.
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