Definitivamente en nuestro país cuando alguna norma o disposición va en contra de lo que creemos que es justo actuamos de manera violenta, atacando irresponsablemente a cuanta persona que se cruce por nuestro camino, destrozando y robando a la propiedad privada.

Este problema viene desde mayo del año pasado cuando fueron desalojados centenares de vendedores ambulantes del Mercado Central de Piura. Estos mismos ambulantes se iban reubicando en diferentes lugares, siendo el Mercado Modelo el más invadido convirtiéndose, poco a poco, en una bomba te tiempo que explotó el pasado miércoles 3 de marzo.

Muchos cuestionamientos se han tejido sobre este tema: si la alcaldesa de Piura, Mónica Zapata, llevó correctamente el desalojo de los ambulantes; si la policía actuó desmesuradamente agresiva o por encima de la Ley; por qué el gobierno regional no intercedió oportuna y efectivamente; por qué no se hizo caso las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo; hubo negligencia por parte de la Municipalidad en no querer dialogar con lo vendedores ambulantes… Todos estos cuestionamientos y otros son los que ahora ponen en tela de juicio el actuar de los que estuvieron involucrados en este desalojo, y que lamentablemente son las mismas preguntas que se hacen en todos los disturbios en cualquier lugar del país. Si todos sabemos, más aún las autoridades (municipales, congresistas, ministro de interior, policías, etcétera), que estas situaciones suceden y van a seguir sucediendo por qué no se hace nada al respecto; todo lo dejan para el final, en el momento de la tragedia recién se piensan estrategias experimentales y se toman en base a eso decisiones apresuradas que únicamente consiguen es agudizar el problema.

Ayer, en reunión de la Comisión de Defensa y Orden Interno, concluyeron, después de un acalorado debate, citar a la alcaldesa de Piura, Mónica Zapata, para rendir cuentas ante dicha Comisión de los acontecimientos producidos en su jurisdicción. Sin embargo, eso no fue lo más trascendental de dicha reunión. La pelea entre el fujimorista Carlos Raffo y la nacionalista Marisol Espinosa fue la parte que sobresalió; mientras Raffo comparaba estos hechos vandálicos-delincuenciales con hechos terroristas de Sendero Luminoso, con la única diferencia que estos últimos usan armas de guerra de aniquilamiento y destrucción general; agregando además, que hay que darle toda la potestad a la Policía Nacional para que actúe haciendo prevalecer la Ley; la respuesta de Espinoza no se hizo esperar y le respondió al fujimorista que él no tiene autoridad moral para hablar de esa manera de su pueblo (Piura), ya que el partido al cual representa es el más corrupto y terrorista que el país ha tenido.

Finalmente, en este río revuelto los más beneficiados son los delincuentes que se aprovechan de la ineficiencia e ineptitud de las autoridades para realizar robos al paso, saqueos y cualquier otro tipo de actos delincuenciales. La Policía Nacional tiene todo el deber de actuar conforme a Ley para salvaguardar el orden y la paz pública, para ello tiene que tener el respaldo del Estado, para que, de esa manera, se elimine este tipo de actos de vándalos, delincuentes y revoltosos que quieren hacer del pueblo un campo de guerra.