A partir de todo lo que acontece actualmente en el ámbito nacional, empezando desde la crisis sanitaria, continuando con la fuerte crisis política, económica y observando, los últimos días, marchas multitudinarias descentralizadas, es importante y necesario difundir y aclarar temas que deben ser de conocimiento público, sin adoptar una posición política, sino guiándose de fuentes académicas, legales y neutrales.

En primer lugar, en septiembre del 2011 se fundó la Alianza para el Gobierno Abierto durante una Asamblea General de la ONU, de la cual Perú forma parte. Esta alianza tiene como compromisos promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, aprovechar tecnologías para fortalecer la gobernabilidad y luchar contra la corrupción. Entonces, el gobierno abierto es una cultura de gobernanza que tiene como base tres principios: transparencia, rendición de cuentas y participación que promueven la democracia (OCDE, 2016). Asimismo, otro autor como Calderón definió que un gobierno abierto debe entablar constante diálogo con los ciudadanos para escucharlos y recoger sus necesidades, y, a partir de eso, tomar las mejores decisiones colocando al centro al ciudadano y ciudadana (2012). No obstante, no se observa la aplicación de estos principios, principalmente de transparencia y participación. Por un lado, el ministro del interior, Rodríguez, manifestó en una entrevista que “el uso de perdigones es restringido”, mientras en las redes sociales se observa alto contenido de personas con impactos de perdigones. Asimismo, no hay intenciones por establecer canales de comunicación para canalizar el pedido y molestia de la población y existiendo masivas marchas en todo el país, lo único que atina a decir el presidente Merino fue: “Eso se va a tranquilizar pronto”.

Otro aspecto importante es un vacío y subjetividad a la que está sometida el artículo 113 de la Constitución Política del Perú. En esta se menciona cinco causales posibles de vacancia presidencial, donde el inciso dos declara como causa “su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. La subjetividad se sustenta debido a que no se define claramente lo que se debe comprender por “incapacidad moral” y el riesgo consiste en que se deja a cargo del congreso la interpretación de este, el cual puede verse sometido a una interpretación a favor de sus intereses personales. En adición, como señala la BBC, “en 200 años Perú no ha logrado resolver el escenario de un gobierno sin mayoría en el Congreso; y siempre que ha ocurrió se ha traducido en golpes de Estado o vacancias”. Entonces, además de la falta de objetividad de “incapacidad moral” presente en la constitución de 1993, se añade la figura constante de falta de apoyo con una bancada en el poder legislativo por parte del presidente.

A partir de lo mencionado, la división de poderes se encuentra en grave peligro, y con esto el control horizontal de los pesos y contrapesos (check and balances), colocando también en riesgo la libertad política que se pretende asegurar con este mecanismo. El Perú mantiene un régimen democrático, y para Oszlak “en regímenes auténticamente democráticos, la división de poderes, los frenos y contrapesos, y la rendición de cuentas constituyen garantías fundamentales del debido control de la gestión gubernamental” (2017). Es decir, al no existir mecanismos de frenos y contrapesos y suprimir la división de poderes, la democracia se encontraría seriamente vulnerada y eso es justamente lo que sucede ahora, ya que el que era presidente del Congreso, paso a ser presidente del ejecutivo, con lo que se observa una concentración de poder.

Por otro lado, a partir de lo que se observa en los últimos días, es necesario reforzar la idea de que todo ciudadano tiene el derecho de manifestarse de manera pacífica expresando su opinión. Frente a ello, la ONU respalda “la libertad de “reunión pacífica” [que] también cubre sentadas, salidas, vigilias, discusiones en grupo y representaciones teatrales” y enfatiza la función de los Estados de proteger las manifestaciones pacíficas y facilitarlas (2018). Asimismo, la OEA soporta los derechos a participar en protesta sin autorización previa por parte de las autoridades, a elegir el contenido y mensajes de la protesta, a escoger el tiempo y lugar de la protesta y a escoger el modo de protesta siempre que sea un ejercicio pacífico y sin armas (2019). Entonces, lo que se ve estos días en diversas ciudades del país es el ejercicio pleno de un derecho reconocido internacionalmente.

Finalmente, frente a recientes comentarios del premier Ántero Flores-Aráoz, donde manifiesta “quiero comprender que algo les fastidia, pero no sé qué”, se puede observar una falta de escucha a las necesidades e incomodidades de grandes masas de la población, una característica clave de gobierno abierto. Frente a ello, Saravia menciona que las razones por las que puede surgir grandes conmociones sociales consisten en regímenes despóticos o dictaduras, debilidad o falencia de la capacidad política del gobierno, desempleo, crisis económica, deficiencia crónica de los servicios públicos, violación sistemática de derechos cívicos o humanos o tentativas de golpes de estado (2013). Claramente se observa muchos de estos factores presentes en la situación peruana actual. El deber y obligación de cada autoridad que alcanza el poder es priorizar los intereses públicos sobre los intereses particulares y tener vocación de servicio a la ciudadanía. El pueblo peruano está abriendo los ojos y se está dando cuenta de problemas sistémicos que vienen desde muchos años atrás, es por ello que ahora levanta su voz en cada rincón del país por una defensa de la democracia y de sus necesidades. El siguiente paso es proponer soluciones viables y legítimas con el objetivo de instaurar cambios en favor únicamente del ciudadano y ciudadana, tal como otros países latinoamericanos han logrado.

Elaborado por:

Marycielo Rodriguez – Estudiante de la Facultad de Gestión y Alta Dirección