Temas como el caso Odebrecht, escándalo de corrupción más grande que azotó a Latinoamérica; la fuga del expresidente Alejandro Toledo acusado de lavado de activos, tráfico de influencia y vínculos con Odebrecht durante su mandato; funcionarios del segundo gobierno aprista; el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ambos investigados por delitos de lavado de activos; y el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, relacionado por las asesorías a Odebrecht, entre otros, han hecho que el tema de la corrupción sea un tema recurrente en los medios de comunicación (El Comercio, 2018).

La corrupción se define como “la venta por parte de funcionarios o agentes oficiales de derecho, bienes o servicios de propiedad pública con el propósito de obtener una ganancia personal” (Gómez: 2008). La expansión de esta práctica en el Estado peruano, ha ocasionado la desconfianza de la sociedad civil en la administración pública, lo cual genera una crisis de representatividad e incertidumbre.

Por ejemplo, el Perú, según el Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional, se encuentra en el puesto 96 de un total de 180 países (Gestión, 2018). Si bien este índice indica que el país ha avanzado cinco puestos arriba de forma positiva en comparación al año 2017, el 47.4% de los ciudadanos considera aún la corrupción como uno de los principales problemas del país (INEI: 2017). Esto significa que los avances en disminuir la corrupción no han sido significativos ni percibidos, pues gran parte de los ciudadanos aún desconfían de las actividades que realizan los funcionarios públicos con los presupuestos del Estado.

En base a ello, ¿cuál podría ser una de las herramientas de la Gestión Pública que permita mitigar la corrupción en el gobierno peruano?

Durante los últimos años, “la administración pública está evolucionando en tres ámbitos dominantes: la administración pública tradicional, la nueva gestión pública (NGP) y las perspectivas de la gobernanza” (Pan, 2007, p. 530). Como parte de este último enfoque, se desarrolla el Gobierno Abierto “que busca lograr que el sector público o los gobiernos sean más honestos, eficientes, efectivos, responsivo, vigilantes, transparentes, participativos, confiables, dispuesto a rendir cuentas y justo” (Pan, 207, p.518).

El Gobierno Abierto (GA), es una herramienta de la Gestión Pública que permite “abrir las ventanas al sector público” (Ramírez, 2011).Es decir, proporcionar información sobre lo que hace la administración pública para obtener un gobierno transparente y limpio.

Álvaro Ramírez, magister en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), señala que, un Gobierno Abierto se manifiesta en tres ejes principales: “mejora el nivel de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos; facilita la participación de la ciudadanía en el diseño de implementación de las políticas públicas y favorecer la generación de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre la administración pública, la sociedad civil y el sector privado” (2012, p. 15). Todo esto con el fin de obtener valor público a través de un gobierno responsable, transparente y confiable.

Ahora bien, el Estado peruano decidió ingresar a la iniciativa de Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) en el año 2011 (El Peruano, 2018). Sin embargo, los intentos de crear un Plan de Acción que cuenten con todos los principios antes mencionados han sido nulos. Esto debido a que, el último Plan de Acción registrado para los años 2017- 2019 “no cuenta con la participación de la sociedad civil involucrada en el proceso y tampoco incluye el tan anhelado ente autónomo” (DAR: 2017).

En ese sentido, la información pública no es usada ni conocida por la sociedad civil, pues no hay una promoción por parte de organismos del Estado que ayuden la difusión de las posibles herramientas para el uso adecuado de un GA. Esta falta de participación civil genera que no exista una co-creación ni trabajos colaborativos entre ambos actores, lo cual genera una mayor inseguridad y  desconfianza en la administración pública. En este sentido, Oszlak al afirmar que “se requiere una firme decisión política, tanto de los gobiernos honestamente comprometidos con valores de transparencia, participación y colaboración de la ciudadanía, como de las propias organizaciones sociales, que deben imaginar e implementar mecanismos que promuevan el interés de los ciudadanos por un mayor involucramiento en la gestión pública”(2013).

Así mismo, este hecho incrementa las posibilidades de corrupción, ya que la información que se publica no es refutada ni asesorada, sino hasta después de su ejecución o activación. En cambio, si se considerara al ciudadano como protagonista, se tomaría en cuenta las opiniones y necesidades de este. Así, el Estado dejaría de centrarse en el quehacer político e iniciaría el análisis de lo que en realidad necesita nuestra sociedad.

En síntesis, el Gobierno peruano aún sigue cometiendo errores que impiden el desarrollo de la sociedad civil en la colaboración con el Estado. Implementar herramientas de la gestión que no están bien diseñadas aumenta el retraso en el avance de mitigar la corrupción y los problemas sociales. Si bien, combatir la corrupción tan extendida en nuestro país no basta con un Plan de Acción, este podría ser el comienzo para generar bases sólidas en la participación de los ciudadanos y en la búsqueda de un gobierno más transparente, responsable y colaborativo.

Autora:
Esmeralda Zea Rayme – Manager de Proyectos y Procesos
Gestión 360

Bibliografía:

Oszlak (2013) “Gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública”. Colección de documentos de trabajo sobre e-Gobierno.

García (2007) “La nueva gestión pública: evolución y tendencias”. Universidad de Salamanca.

El Comercio (2010) “La corrupción, el principal problema del Perú”

Recuperado de: https://elcomercio.pe/politica/corrupcion-principal-problema-peru-noticia-513999

La República (2018) “Perú continúa desaprobado en índice de corrupción, según Transparencia Internacional”

Recuperado de:https://larepublica.pe/politica/1200871-peru-continua-desaprobado-en-lucha-contra-la-corrupcion-segun-transparencia-internacional

Ramírez (2012) “Gobierno abierto es la respuesta: ¿Cuál es la pregunta?”. Redes Sociales y Gobernanza, págs. 14-22.

Gómez (2004) “Análisis económico de la corrupción”. Revista de pensamiento iberoamericano, ISSN 1575-4227. Número 10, págs.. 127-147

Oltra (2015) “El Gobierno Abierto en el Perú: Perspectivas y análisis de los resultados obtenidos en OCP”. Trabajo de fin de master. Universidad Politécnica de Valencia.

Gestión pública : balance y perspectivas. (2012). Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 212.

DAR (2017). “El proceso para un nuevo Plan de Gobierno Abierto en el Perú: Expectativas y realidad”Recuperado de: http://www.dar.org.pe/noticias/daropina_ogpperu/

INEI (2017). “Perú: percepción ciudadana sobre la gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones”. Lima. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-percepcion-diciembre-final.pdf

GESTIÓN (2018). “Perú entre lo países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional”.

Recuperado de: https://gestion.pe/mundo/peru-paises-mas-corruptos-del-mundo-segun-transparencia-internacional-227786

EL Peruano (2018). “Aprueban el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017-2019”. Resolución Ministerial.

Recuperado de : http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-2017-resolucion-ministerial-n-378-2017-pcm-1601372-1/

PAN (2018). “Desafíos a la capacidad pública en la era de una administración pública en evolución y reforma del gobierno”. Gestión y Política Pública. México