Ante los escandalosos audios que involucran a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entre las muchas voces que solicitan sanciones –pero también reformas del sistema de justicia– está la del propio presidente de la República.
Esperemos que remita pronto una propuesta al Congreso, especialmente en lo que se refiere al CNM, institución a la que la Constitución faculta para nombrar, ratificar y remover a jueces y fiscales, así como nombrar a los jefes de la ONPE y el Reniec. Tiene, pues, un gran poder, pero en la práctica lo que ha ocurrido es que se ha abusado del mismo, con resoluciones no bien fundamentadas, acuerdos de pleno reservados, votaciones secretas y nombramientos dudosos.
Sus decisiones inapelables, muchas de ellas basadas en la arbitrariedad y el secretismo, obligan a bajar la cabeza de magistrados en uno de los episodios más penosos. Se exige así pleitesía para seguir en la carrera judicial. En otros casos, nombrando o manteniendo en el cargo a jueces y fiscales de penosa formación, cuando no relacionarse con ellos para tejer redes de asociaciones ilícitas. No hay control para quienes la remoción está en manos del Congreso, que solo puede hacerlo con el voto favorable de más de las dos terceras partes de sus representantes pero, sobre todo, como está ocurriendo ahora, cuando no existe voluntad política de reformar una institución que a lo largo de su historia –salvo excepciones– no ha estado compuesta por destacados profesionales. En la práctica, nadie controla ni fiscaliza las decisiones de estos consejeros.
El otro problema es la forma y origen del cargo. El CNM fue pensado para una intervención decidida e importante de la sociedad civil. Esto se tradujo en colegios profesionales y universidades. Aparentemente aceptable, realmente frustrante. Salvo contadas excepciones, los miembros nacidos de este afán corporativo han estado lejos de cumplir un papel decoroso. Una reforma debe pasar por eliminar esta forma de origen que hace del CNM un espacio donde los abogados y profesionales más reputados y decentes están ausentes.
¿Quién debe elegirlos? Un colegio electoral formado por el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo, el presidente del Tribunal Constitucional y el contralor general de la República mediante un concurso público de méritos que se encargue de elegir, lejos de interferencias políticas, cada año a un consejero y cada cuatro años a los jefes de la ONPE y el Reniec. Sobre esto último, ha sido largamente probado que no están preocupados, interesados ni preparados para evaluar y menos procesar a estos funcionarios. Esta función está forzadamente incorporada en las funciones del CNM.
A la arbitrariedad y los vínculos nefastos que nacen de la actual composición corporativa se agrega el uso y abuso del poder con que algunos consejeros se pasean en nuestro precario edificio institucional, dañándolo severamente. La reforma es, pues, impostergable (Lima, El Comercio, jueves 12 de julio del 2018).