Uno de los aspectos claves para el crecimiento sustentable de un país es la inversión en educación, desde la escolar hasta la superior. Desde hace varios gobiernos se han hecho esfuerzos importantes, y se han logrado ciertos consensos que parecían encaminados a dotarnos de políticas de Estado. Pero este no es un camino sin contratiempos. Muy por el contrario: a nivel escolar, el conservador grupo #ConMisHijosNoTeMetas tiene políticamente sitiado al Minedu; y a nivel superior, los intereses mercantilistas en educación quieren acabar con lo avanzado en la Ley Universitaria y tirarse abajo a la Sunedu, fuente de todas sus pesadillas.
Si bien hay poca inversión en educación, en el Perú abundan las universidades. Estas son 147, casi el doble que Colombia, un país más o menos con la misma población. Sin embargo, en los ránkings internacionales encontramos reiteradamente a la PUCP en primer lugar, acompañada por la UPCH y UP, entre las privadas, así como San Marcos, UNI, La Molina y San Agustín, entre las públicas. Todas ellas licenciadas, pero superadas en número por las colombianas. Estar en un ránking evidentemente no muestra todo, pero es lo más próximo para ver dónde estamos. Y no estamos bien. La Ley Universitaria creó justamente la Sunedu como el órgano encargado de la supervisión del sistema universitario, y su trabajo de licenciamiento ha sido el primer paso. Pero desde hace más de tres años, de las 145 universidades que han presentado sus expedientes, solo se han licenciado 44; es decir, la cuarta parte. En ese grupo se encuentran las universidades que aparecen en el ránking en nuestro país, así como en la región.
Las licenciadas están en mejores condiciones de ofrecer sus servicios educativos. Esto es un problema para autoridades y accionistas de universidades, agrupados en el gremio ASUP, que ven en la Sunedu un escollo para mantener universidades, muchas de ellas que no califican siquiera para ser llamadas como tales. No por gusto, varios congresistas –con claros conflictos de intereses– quieren, si no desaparecer la Sunedu, capturarla con la incursión de los supervisados, a través de modificaciones al actual marco legal. No por gusto celebraron la designación de la sucesora de Lorena Masías, que no duró sino semanas en el cargo.
El plazo para cumplir el licenciamiento se termina y pronto las que no puedan cumplir las mínimas condiciones para funcionar deberán cerrar. En realidad, nunca debieron abrirse. Las cosas han mejorado, pero una intervención, como la que desean el mercantilismo educativo y el populismo político, será un tremendo retroceso. Si el Minedu y, sobre todo, el propio presidente de la República no se comen el pleito de la educación, como prometió este en su discurso inaugural, tendremos un sistema universitario con una élite que forma bien a sus alumnos y un conjunto de universidades que los estafa (Lima, El Comercio, 5 de julio del 2018).