El Congreso está por aprobar una ley que eleva de 30% a 40% el mínimo necesario para elegir al gobernador regional. De lo contrario se procederá a una segunda vuelta. El dictamen sostiene que el porcentaje o nivel de legitimidad de origen de las autoridades ha decrecido en las últimas elecciones, por lo que se hace necesario elevar el porcentaje mínimo para ganar la gobernación regional. Esta medida parte de un error y crea otros problemas.
Vale recordar que la legitimidad se origina en una elección que debe ser producto de una competencia libre y transparente. Esto quiere decir que la legitimidad de la autoridad que sale elegida no está en función del mayor o menor porcentajes de votación que obtenga, por lo que obtener un determinado porcentaje de votos no dice nada sobre lo que será el desempeño y la gestión de la autoridad elegida.
Desde el 2002, para la elección de las autoridades regionales, a la lista que ganaba se le otorgaba la mitad más uno del número de consejeros regionales, para que el presidente tenga mayor capacidad ejecutiva. Se votaba, como en la elección municipal, por lista.
Pero para las elecciones del 2010, se modificó la ley, separando la elección del presidente y vicepresidente regional, por un lado, y la de los consejeros, por otro. La elección de los consejeros, a su vez, se estableció por provincia. Si en la práctica no existen regiones, sino departamentos, la elección de los consejeros provincializó la representación. De regionalización, nada.
Pero, ¿cuáles fueron los efectos de esta modificación? En el 2010, quince candidatos lograron ganar en primera vuelta y diez fueron a la segunda vuelta. En el 2014, once superaron el umbral del 30% y en catorce se decidió en segunda vuelta. Asimismo, el número de listas creció y la dispersión de los votos también.
En el 2010, de los diez casos de elección en segunda vuelta, en cinco el que quedó segundo superó al primero. Entre ellos resultaron ganadores los cuestionados Kléver Meléndez, en Pasco; Wilfredo Oscorima, en Ayacucho, y el prófugo Gerardo Viñas, en Tumbes.
En el 2014, cuestionados candidatos como Gregorio Santos, en Cajamarca; César Acuña, en La Libertad, por solo citar dos, no necesitaron segunda vuelta para ganar y, por el contrario, triunfaron con altas votaciones. Algo parecido ocurrió con el procesado ex presidente regional de Áncash, César Álvarez.
Asimismo, en el 2010, gracias a haber separado la votación de consejeros regionales, la mayoría de los presidentes regionales carecieron de mayorías absolutas en los consejos regionales, como siempre ocurría antes con el sistema electoral anterior, lo que se repitió en el 2014.
Ante esto, los presidentes regionales han cooptado, presionado u ofrecido puestos a los consejeros que no son de su partido, cuando no, el reparto populista del presupuesto regional a nivel de las provincias.
En consecuencia, el sistema de segunda vuelta, contra la extendida creencia, no ha logrado otorgar mayor legitimidad ni evitar la elección de candidatos cuestionados; tampoco ha reducido el número de partidos ni los conflictos sociales han disminuido. Incrementar el porcentaje para elegir al gobernador no cambiará este escenario y sí provocará un incremento del gasto del erario nacional (El Comercio, 19 de octubre del 2017).