El poder no se guarda, se ejerce. Es lo que hace Fuerza Popular (FP) al plantear la censura a la ministra de Educación, Marilú Martens, gracias a sus 71 votos, suficientes como para que ella renuncie.
Sin embargo, un sector fuertemente conservador ha ejercido presión efectiva en el Congreso, donde varios parlamentarios son fieles portavoces y desean desterrar aquello que consideran la “ideología de género”. Lo de la huelga de maestros es tan solo un pretexto.
El Gobierno sorprendentemente ha solicitado, en apoyo a la ministra, un voto de confianza para el Gabinete que preside Fernando Zavala, dado que el Congreso no ha permitido el desarrollo de una política de Estado en educación. Lo hace además luego de un largo proceso en el que el Gobierno observó que con su apoyo dubitativo al anterior ministro Saavedra, la mayoría parlamentaria retrocedería, cosa que no ocurrió y, más cercanamente, cuando Alfredo Thorne solicitó una cuestión de confianza ministerial, que el Congreso se la negó por lo que tuvo que renunciar.
Pero Fuerza Popular ha sido sorprendido, pues el Gobierno ha cedido en casi todo y esperaba tan solo una suerte de protesta diplomática. Quiere evitar la cuestión de confianza y solo censurar a la ministra de Educación. Pero ante el sorpresivo anuncio del Gobierno, está viendo la manera de desestimar el pedido, con el argumento de que la cuestión de confianza es para todo el Gabinete y no para un ministro. Para ello el Congreso ha trasladado el caso a la Comisión de Constitución, que puede ver el tema pronto o posterior a la censura a la ministra, con lo que evitaría dar un voto de confianza con ella como integrante del Gabinete.
Esta situación provocaría una “interpretación auténtica” sumamente peligrosa para el ordenamiento jurídico y el futuro del proyecto de Keiko Fujimori. Pero si procede la votación, previa a la de la censura a la ministra, y se niega la cuestión de confianza al Gabinete Zavala, la dinámica puede trepar a un nivel mayor de enfrentamiento entre poderes del Estado. El Gobierno, por ejemplo, puede replicar haciendo un enroque al interior del Gabinete e incluso mantener a Martens. Si el Congreso niega el voto de confianza (de investidura), el presidente queda habilitado para disolver constitucionalmente el Parlamento y convocar elecciones para que los que salgan elegidos completen el mandato hasta el 2021. En pocas palabras, el Gobierno recién se ha percatado que tiene instrumentos constitucionales que le permiten frenar al Parlamento, aun cuando es poco claro hasta dónde piensa ser firme por este nuevo derrotero.
Muchas cosas pueden ocurrir en esas hipotéticas elecciones, pero lo que si resultaría altamente improbable es que Fuerza Popular pueda conseguir una mayoría absoluta como la que hoy ostenta. La pelota está ahora en la cancha de la agrupación de Keiko Fujimori, que había visto al frente a un Gobierno débil, al que había hecho retroceder. Negar un voto de confianza al Gabinete Zavala, para responder a los intereses de un sector conservador, podría ser una mala apuesta para FP, pero otorgárselo, dejaría a la ministraMartens en su cartera. Por el lado del Gobierno, ha activado un mecanismo que a estas alturas es también de sobrevivencia. FP puede frenar su ímpetu opositor y el Gobierno fortalecerse, pero todo esto, en medio de una opinión pública que rechaza a ambos. Exigir por ello responsabilidad, es ahora imperioso (El Comercio, jueves 14 de setiembre del 2017).