Voto electrónico y confianza en el proceso electoral

En estos días se discute mucho con relación a la demora en la entrega de resultados de la elección regional y municipal. Toda la crítica se dirige hacia el desempeño de los organismos electorales. Muchas de las preguntas y cuestionamientos se pueden responder y aclarar, pero difícilmente se entiende que organizar procesos electorales, con leyes reglamentaristas, presupuesto magros, elevado personal para trabajos temporales y numerosa cantidad de candidaturas y listas en competencias electorales simultáneos (cinco el último 3 de octubre), constituye una tarea casi titánica. Con mayor razón si se está al frente de partidos y una opinión pública muy desconfiada.

La demora de entrega de resultados está asociada a temas de actas observadas por contener votos impugnados, errores materiales, ilegibles, falta de firmas o huellas digitales, así como una falta de capacitación de miembros de mesa. Se ha señalado que una solución sería la implantación del voto electrónico. Entre otras razones porque la democracia moderna exige la organización de procesos electorales no solo periódicos, sino también limpios, transparentes y que sus resultados sean incuestionables.

Inmediatamente han salido al frente los que se oponen al voto electrónico expresando su desconfianza en su aplicación. No les falta razón, pues en un país con poca tradición democrática, es importante hacer todas las preguntas necesarias. Pero también es cierto que en la era de las tecnologías, cuando se transfieren en cada segundo datos, imágenes e incluso dinero, pensar que no se puede aplicar un sistema que cuente votos es insostenible. Lo que ocurre es que esta aplicación está asociada al acceso al poder, objetivo que legítimamente buscan los partidos políticos. En pocas palabras, un ámbito en el que medirán centralmente sus intereses.

Plantearse el problema, discutir, probar y aplicar cualquiera de las diversas posibilidades de voto electrónico ha sido el camino recorrido por una serie de países que respondieron a las exigencias de la complejidad de los sistemas electorales y a la necesidad de obtener resultados rápidos y confiables. Los casos donde se han suscitado problemas no restan validez a esta alternativa, de la misma manera que si falla el cajero automático de un banco no es razón para eliminarlo y retirar esta forma ya instalada de trámites de dinero con el banco.

Las consecuencias en la aplicación del voto electrónico son varias: eliminación de las cédulas de votación, del padrón y de las actas electorales y sus copias, en papel; eliminación del ánfora y la reducción de mesas de votación, de locales de votación y de miembros de mesa. Eliminación de los votos por error y del llamado error material, disminución en el tiempo de entrega de los resultados, reducción del personal contratado eventual para un proceso electoral y, en consecuencia, un ahorro para el erario nacional a mediano plazo.

El tema, sin embargo, no es tecnológico, administrativo ni presupuestal. El problema de fondo es el de la confianza.

Los organismos electorales tienen la tarea de crear la confianza sobre la base de la legitimidad lograda en el adecuado desempeño de sus funciones. Es posible decidir por el sistema más adecuado y auditable. El voto electrónico llegará tarde o temprano. El manual no ha mostrado nada especial que lo lleve a la vida eterna (El Comercio, 11 de octubre del 2010).