Sí, lo está!

Quizá esta frase quedará grabada como el eco histórico de un juicio y una sentencia sin precedentes en los anales de la historia judicial y política del Perú. La sentencia que condena a Alberto Fujimori como autor mediato de homicidio calificado y otros, ha remecido los cimientos de la sociedad peruana. Nunca, como ahora, un proceso judicial se había desarrollado con la visibilidad pública, mostrando a un Tribunal con Magistrados altamente calificados, que otorgó todas las garantías de un debido proceso.

La sentencia tiene, obviamente, impacto en varios aspectos. Sienta un precedente de indudable valor histórico y político. En una región donde ha habido frecuentemente gobiernos dictatoriales, sean estos militares o civiles, ha campeado la impunidad. La sentencia coloca un freno y envía un mensaje político claro en sentido contrario. Es decir, por más popular y éxitoso que sea un gobernante autoritario, no dejará de ser responsable de sus actos cuando estos vulneren las leyes.
 
El desarrollo de este proceso coloca a la Sala Penal Especial que lo juzgó con un grado de legitimidad muy alto. En otras palabras se prueba que incluso en una democracia frágil como la nuestra, las instituciones cumplen un rol y pueden llegar a tener un alto desempeño, si están articuladas por hombres probos que desarrollan sus funciones dentro del marco legal, ajustados a derecho. Este es un punto significativamente importante para a un Poder Judicial con baja aprobación de la opinión pública y que ha sido, normalmente, reacio a reformarse. El desempeño de la Sala, presidida por el Dr. César San Martín, ha sido impecable y ha dotado al conjunto de la magistratura de una imagen positiva, que no la ha tenido nunca.
 
En términos electorales, el fujimorismo ha sido golpeado duramente. La sentencia, con la pena máxima, descalifica a Fujimori, no sólo como gobernante sino como corriente política. En el alegato final, el ex presidente señaló que su legado político sería continuado por dos de sus cuatros hijos: Kenyi y Keiko. Esta última ya declarada candidata presidencial para el 2011. Ha sido, sin embargo, ella quien, dictada la sentencia, ha declarado que no la reconoce y sí al “tribunal del pueblo”, llamando a movilizar a sus seguidores contra la decisión del Tribunal. Ciertamente, ante una opinión pública que creía en un 94% que Fujimori iba a ser declarado culpable en parte o total por los cargos materia de la acusación, demostraciones como ésta no hacen sino desacreditar a una agrupación que es vista como intolerante e irrespetuosa de la decisión de un tribunal intachable.

Pero, quizá la más importante es cómo se ha configurado el nuevo liderazgo fujimorista. Su líder, por la Sentencia –y quizá ya antes de ella- no iba a ser más candidato presidencial y, por lo tanto, ostentar el poder. La popularidad que gozaba Alberto Fujimori, ha ido perdiendo peso político y electoral, en el tiempo. Y es que si bien existía una fascinación ante este liderazgo mesiánico, por lo éxitos en materia económica y antisubversiva, su gobierno fue corroído por la intolerancia y corrupción. Se desmoronó, mostrando la parte perversa del ejercicio del poder, a lo que se le agregó su fuga al Japón, el intento de eludir la justicia con un fracaso electoral por un escaño senatorial en el Japón, la posterior extradición para que sea juzgado en el Perú por casos de violación a los derechos humanos y corrupción, así como una defensa judicial basada, de manera insostenible, en el desconocimiento de lo que hacían los servicios de inteligencia. La suma de estos eventos y el desempeño de los fujimoristas en este año y medio, han terminado por configurar un difícil futuro del fujimorismo.

Keiko Sofía Fujimori es la candidata, por línea de sucesión sanguínea y no por un liderazgo propio. Allí su ventaja, tener el apellido del padre, pero también su límite. Alberto Fujimori no logró, ni en su gobierno, ganar elecciones allí donde no participó como candidato (municipales del 95 y 98), a través de un trasvase de votos. Tampoco logró mayorías parlamentarias en el 2000 -ciertamente luego compró a varios parlamentarios, dando inicio al transfugismno-  y menos en el 2001 y 2006.

Keiko Fujimori ha posicionado su campaña alrededor del juicio de su padre. Es más, como es público, ha declarado que si gana las elecciones lo indultará. Posición que puede ser entendida en términos familiares, pero que tiene un componente antijurídico, no es posible indultar a alguien que es condenado por delitos cometidos contra los derechos humanos, que puede tener mañana efectos contrarios. Si bien ahora puede movilizar a las huestes fujimoristas contra la sentencia, difícilmente el tema de la libertad de su padre puede convertirse en el issue de las elecciones presidenciales del 2011.

A dos años de dicho proceso, con municipales y regionales previas, los temas de agenda cambiarán. Más aun en una campaña electoral, en donde seguramente temas relativos a los aspectos económicos y sociales, serán el foco de atención electoral y no tanto la reivindicación histórica de un gobernante sentenciado. Es decir, la consigna vota por Keiko, para liberar a Fujimori, difícilmente concentrará la agenda electoral cada vez más recargada de temas que atañen a la vida diaria de los peruanos.

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