Los políticos -particularmente los candidatos- han tenido una relación ambivalente con los sondeos de opinión. Los necesitan, pero hablan mal de ellos. Creen y hacen todo lo posible por manipular los resultados. Antes tratando de incidir en los medios, ahora creando seudo encuestadoras. Lamentablemente, esa parece haber sido la estrategia seguida por el partido aprista, en el último período.
Para el proceso electoral del 2006, la campaña aprista se dirigió claramente contra las empresas encuestadoras. Se publicaron en los diarios avisos pagados contra ellas. Seguidamente, a lo largo del proceso electoral, las cifras que mostraba IDICE eran totalmente distintas al de las demás empresas encuestadoras, favoreciendo desde el inicio de la campaña, la candidatura de Alan García.
Pese a que estas cifras -constantes a lo largo de los 4 mese de campaña- eran contrarias a la tesis aprista que señalaba que su candidato presidencial trepó en las últimas semanas, IDICE no tuvo vergüenza de pagar avisos en los periódicos para demostrar que había acertado. La manipulación consistía, entre otras razones, que se trata de resultados de sondeos con fechas distintas (el de la PUCP, 3 semanas antes de las elecciones).
IDICE sostenía que tenía con la Universidad Garcilaso de la Vega, de clara tendencia aprista, un convenio que nunca mostraron. Nadie supo, por lo demás, si dicha universidad pagó el costo de los sondeos, particularmente alto si es a nivel nacional. De lo contrario, vale la pena preguntarse ¿de dónde salió el financiamiento? otra alternativa es que nunca se hizo ningún sondeo y se fabricaron los resultados.
Paralelamente, el candidato Alan García denunció que “A diez días de las elecciones tengo elementos necesarios para decirle al país que las encuestadoras mienten y saben que lo hacen, el 10 de abril voy a mostrar las pruebas de cómo esas encuestas obedecen a cierto sector social que beneficia una candidatura” (La República 29 de marzo del 2006). Nunca mostró ninguna prueba e IDICE desapareció de la escena pública.
Pero parece que el favor, con favor se paga. El diario Correo ha denunciado que organismos públicos como SIS, Essalud, Ministerio de Salud, han contratad a IDICE para que le realice trabajos a través de la modalidad de adjudicación directa de menor cuantía. No es ilegal esta modalidad de contratación por parte del Estado. Lo que llama la atención es que se trata de una empresa cuestionada, a quien además se le ha denegado el ingreso a la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM).
Cualquier organismo del Estado para decidir adjudicar de manera directa tiene que tomar en cuenta la confiabilidad, solvencia y prestigio de una empresa. El caso de IDICE, no cumple con estos requisitos. Por el contrario el hecho que uno de sus accionistas, Oswaldo Neyra, habría adjudicado, en el SIS, un servicio precisamente a favor de IDICE, tiene todos los ribetes de corrupción. La Contraloría debe investigar, así como el Congreso y -si fuera el caso- sancionar drásticamente para quienes no tienen escrúpulos en su propósito de manipular la opinión pública.
Archivos adjuntos
20071009-IDICE y encuestadoras 2006.pdf
20071009-CPI el APRA e IDICE.pdf
20071009-Encuestas comparadas enero 2006.pdf