El día lunes amaneció más gris que de costumbre en la ciudad de Lima. Al parecer el invierno húmedo y penetrante de esta ciudad ya se apoderó de este tiempo. Sin embargo, más allá del clima, la ciudad amaneció más gris que de costumbre porque a tempranas horas de la mañana se inició el desalojo a los comerciantes del mercado de Santa Anita.

Este tema que ha sido muy seguido durante las últimas semanas, ha causado mucha polémica y discusión en torno a la concepción de justicia que tenemos los peruanos y peruanas. Como se sabe, los comerciantes que tenían sus puestos en aquel recinto, se encontraban en un espacio de 80 hectáreas que pertenece al municipio de Lima. Es decir, el espacio era propiedad del Estado y la incursión de estos comerciantes se dio de manera ilegal.

El tema de la legalidad ha sido levantado por quienes estuvieron desde un inicio de acuerdo con el desalojo de estos comerciantes apelando al argumento de que la ley debe ser respetada si o si y que lo que habían cometido estas personas representaba un acto que violaba las normas peruanas. Y por cierto, este argumento no carecía de validez.

Por otro lado, se encontraba el argumento más emotivo, el cual consistía en que estas personas, en su mayoría inmigrantes de zonas del interior del país debían no ser desalojados dada su condición de pobreza y marginalidad en la que, como miles de peruanos y peruanas, se encuentran. El diagnóstico de este argumento tampoco era inválido, mas si sesgado, por cuanto que se puede utilizar el mismo argumento para justificar actos violatorios a las normas y la violación de diversos derechos de las personas.

Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención respecto a este caso es un tema que me parece poco ha sido abordado por quienes promueven la opinión pública en nuestro país, y tiene que ver con la colisión de derechos.

Por un lado, el Estado peruano ha hecho valer el derecho a la propiedad privada, enmarcado en los denominados derechos civiles, tal como debe suceder siempre que este derecho sea vulnerado. Pero otro lado, los comerciantes del mercado de Santa Anita han reclamado por el derecho que tiene toda persona a trabajar para poder alcanzar una vida digna, en la cual esté satisfecha el acceso a los bienes primarios para su desarrollo personal. Este segundo derecho, el cual se inserta en el marco de los llamados derechos económicos sociales y culturales (DESC), representa una condición necesaria para que las personas puedan alcanzar su desarrollo pleno, tal como ya he manifestado.

Si bien es cierto que la mayoría de comerciantes de este mercado fueron engañados por ladrones que al parecer están acostumbrados a la invasión de terrenos para traficar con ellos y tomar desprevenidas a muchas personas que necesitan un lugar de trabajo o de vivienda, ¿acaso la posibilidad del engaño no nos remite a las condiciones en las que muchas personas en nuestro país viven, por una precaria educación y por lo tanto una escasa formación del juicio para determinar la validez o invalidez de actos como este?

Comparto con aquellos que dicen que el principio de la ley debe ser el que impere en una sociedad que se quiere asumir democrática de manera plena. ¿Pero acaso no deberíamos tener la misma pasión y convicción para defender y promover el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país, como la mayoría de personas ha tenido en defender los principios de autoridad, la ley y el derecho a la propiedad privada? ¿No es hora que el Estado asuma de manera pronta y diligente como lo ha hecho en el desalojo, su responsabilidad para garantizar que estos derechos sean efectivos en la población, sobre todo en aquella que históricamente se encuentra marginada? Pienso que hoy, más que nunca, se hace necesaria nuestra atención en las causas que fomentan que existan mercados de Santa Anita, con todas las variables y complejidades que pueda tener este tema.

Hoy el cielo sigue muy gris en Lima. Ojalá que no tarde mucho la llegada del sol.