Como hemos estado explorando en estas primeras conversaciones, el término ética evoca significados nada sencillos. Nada sencillos en tanto la ética tiene que ver expresamente con la acción humana y los criterios que guían, de cierta forma, aquellas acciones cotidianas de nuestra vida. En ese sentido, y dado que el mundo de la cotidianeidad está rebasado de situaciones, desde aquellas que consideramos a primera vista muy simples, hasta aquellas que tenemos por complejas o muy complejas, decíamos que la ética es la el criterio, el buen juicio en términos de Aristóteles, que nos impulsa a dar la mejor respuesta posible a cada una de esas situaciones de nuestra vida. Es decir, cada circunstancia, situación, relación, decisión, etc etc, demanda de nosotros un tipo de respuesta que sea la mejor, entre múltiples posibilidades.

Como pronto notarán, este proceso, si podemos llamarlo de alguna manera, representa por sí mismo algo sumamente complejo. Así es la vida. Esto es la vida. Vivir, existir en su sentido más amplio y fundamental, es situarse como protagonista de una historia que tiene múltiples retos y nos demanda de muchas maneras respuestas que si o si debemos dar. Estas respuestas, entendidas como decisiones, son las que de alguna manera marcarán el derrotero en aquel camino que nos hemos trazado hacia nuestra realización plena. Realizarnos plenamente como personas, entonces, exige de nosotros que decidamos, en la medida de lo posible, utilizando criterios éticos, entre los cuales, el principal, es el sentido de los límites y el no daño a otras personas.

Los límites se establecen colectivamente, son aquellas concepciones valorativas de la vida, tal como diría Miguel Giusti en su texto “El Sentido de la Ética”, pero entendidas fundamentalmente en su aspecto colectivo. Es decir, aquellas formas valorativas de la vida son los valores que cada sociedad se forja en su hacerse comunitario y que terminan por constituirse en el ethos en el que estamos insertos y que actualizamos con nuestras propias acciones en el espacio público.
En ese sentido, los límites representan las exigencias mínimas que acordamos para una vida en sociedad, para el trato con las demás personas y que nos lleva siempre a pensar que, cada decisión, cada acción o proyecto que yo desee emprender en la búsqueda de mi realización, siempre tendrá algún tipo de consecuencia en los demás. Por ello la responsabilidad siempre ha sido considerada una virtud ética porque demanda de nosotros evaluar hasta qué punto nuestras decisiones u acciones podrían dañar a otras personas.

Como vemos, la reflexión ética no es algo que se pueda formalizar en un decálogo de buenas acciones, o en un código de deberes y prohibiciones, aunque estos sean pertinentes en espacios formalizados como el trabajo o los sistemas de administración de justicia. La reflexión ética exige de nosotros mucho más de lo que conscientemente podríamos aceptar, y en lo que siempre, lo queramos o no, estamos comprometidos.

A menudo creemos que los temas éticos son temas de un orden distinto y lejano a nuestro sistema de relaciones cotidianas. Es decir, se piensa que la ética se ocupa de temas complicados y que son los teóricos los llamados a hablar de ella. Sin embargo esto no es así, por lo menos no del todo. La ética era definida por Aristóteles, filósofo griego del S. V a.c., como filosofía práctica. Filosofía, porque efectivamente, la ética se ocupa de un cierto saber, busca una determinada sabiduría o conocimiento, aunque su campo de estudio no sea exclusivamente el mundo teorético, sino más bien las acciones que llevan a cabo los sujetos y que a la postre devienen en la conformación de un conjunto de prácticas que identifican a un pueblo.

Precisamente porque ella -la ética- no puede ser exclusiva de la dimensión intelectual del ser humano, es decir, no pertenece sólo al orden del saber y de la ciencia, implica una reflexión de la vida práctica de los individuos y por tanto del sentido de sus acciones, por lo cual, una persona puede ser identificada como ética o no, sólo a partir de la comprensión de sus actos, y no por lo que sabe (teóricamente) sobre estos temas.

La pregunta es la siguiente ¿si la ética persigue un tipo de conocimiento, cuál será este?, ¿cuál es el objeto de conocimiento de la ética? La respuesta que se ensaya desde la filosofía Aristotélica es la siguiente: saber elegir lo oportuno y pertinente en cada situación, tanto para uno mismo, como para los demás. Y en este caso, la elección de lo más oportuno o pertinente tiene que ver con el fin de la vida humana: la felicidad. Todos queremos ser felices (de eso no cabe duda), la pregunta siempre será ¿qué tenemos que hacer para ser felices? Esta pregunta encuentra su paralelo en el discurso religioso, cuando en el nuevo testamento el joven rico le pregunta a Jesús ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta de Jesús es inmediata, “vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme”. Esta respuesta de Jesús, comprendida desde la Fe, no deja dudas de lo que se debe hacer para ser feliz, la claridad nace de la divinidad misma del Dios hecho hombre y compartida con los otros hombres. Pero aquí está el asunto, al fin y al cabo el que habla, dice e invoca, presentando el panorama con tal claridad es Dios, ser superior a la humanidad.

Volviendo a la pregunta ¿qué tenemos que hacer para ser felices?, a diferencia de la respuesta que encontramos en el ámbito de la fe, esta no se hallará fuera de la esfera de la vida humana. Es decir, que dicha pregunta no será respondida por la divinidad (como acabamos de ver en el pasaje de Jesús y el joven rico), ni por cualquier ente extraño a la humanidad. Son los propios hombres y mujeres que deberemos responder y actuar, de tal modo que nuestras acciones nos conduzcan a la felicidad que todos anhelamos. Entonces será necesario saber, para poder actuar bien, qué es lo más apropiado u oportuno en cada caso, tanto para nosotros mismos, como para los demás, de modo que así nos acerquemos a la felicidad que buscamos.

Hablar de la felicidad representa de por sí un tema bastante complejo. Siempre resulta pretencioso querer definirla de modo completo. Aun así, y dicho muy a grandes rasgos, la felicidad podemos definirla como la realización plena del ser humano. O como vida plena. Aun cuando para Aristóteles la felicidad podía hallarse mediante un ejercicio de contemplación, dicho ejercicio se daba sobre la base una vida vivida – valga la redundancia-, es decir, era contemplación de una historia, que en este caso, es la historia de un ser humano portador de diversas experiencias en un tiempo y espacios determinados.

Es así que el comportamiento ético apunta a la realización de dicha vida plena, la cual se da en la historia y nunca al margen de los otros, puesto que inevitablemente somos seres sociales, como diría Aristóteles, “zoom politikon”[1]. En tal sentido, la felicidad dependerá también de lo que los otros pongan en mí o de la manera como me relacione con los demás. Somos seres dialógicos, diría el filósofo canadiense Charles Taylor, nunca monológicos[2]. Esto quiere decir que nuestra manera de comprendernos a nosotros mismos y al mundo, y de este modo, la manera como vamos construyendo nuestras identidades (y con ellas nuestros ideales, planes de vida, opciones, etc), son en constante diálogo con los demás.

El diálogo no habría que entenderlo reduciéndolo al sólo hecho de la conversación. Cuando conversamos, en el más serio sentido de la palabra, puede que dialoguemos. En tal caso, la conversación se presenta como un medio para poder dialogar mas no como diálogo en sí mismo. El diálogo posee la característica de intercambio, mediante él, los seres humanos “depositamos” cosas en los otros y los otros hacen los mismos con nuestras identidades, de tal modo que mediante el diálogo nos expresamos, afirmando o negando elementos cualitativos de nuestras vidas y poniendo énfasis en lo que deseamos ser. Mediante el diálogo expresamos nuestro ser y nos exponemos al mundo de la vida en sociedad.

Esta exposición es en gran medida riesgosa. Nunca se sabe qué se desencadenará en la relación que se entabla con otro. Sin embargo es algo que no podemos evitar, nuestra vida se configura necesariamente en relación con los demás y es en esta exposición mutua de los seres humanos que se configura el comportamiento ético. En buena medida lo que yo haga con el otro es lo que ese otro experimentará como existencia, de la misma manera a la inversa. Y las existencias pueden ser así frustrantes o plenas, dependiendo de cómo me acerque a los demás y claro está, también como los demás se acerquen a mí.

Todo esto nos lleva a pensar en los diversos modos que construimos nuestras relaciones. No podemos afirmar que existe una sola manera de relacionarnos, toda vez que nuestros actos son de por sí diversos y expresan diversas dimensiones de nuestro ser, a través de gestos, actitudes y palabras (tomo la palabra, en este sentido, también como acto o acción, en el sentido que la filósofa Hanna Arendt lo hacía, al afirmar que la palabra expresada a través del discurso genera acción y ella misma es acción en cuanto los derroteros que genera)[3].

Habría que reflexionar en la relación tan cercana, que ya los griegos habían identificado con mucha lucidez, entre la ética y la política, porque. La acción buena, aquella que procura mi felicidad y que me lleva a no obstaculizar la del otro, se da en el espacio de convivencia que para los griegos era el espacio público, aquel donde se tomaban las decisiones relevantes para el bienestar de los ciudadanos.

En ese sentido no se puede pensar en la política sin la ética ni viceversa, puesto que la política busca la administración del poder para generar un bien colectivo, es decir, un bien común a todas y todos los ciudadanos, y dicha búsqueda -el bien común- entendido como la realización de los planes de vida de cada ciudadano a partir de los programas propuestos desde la administración del poder, así como la construcción de dichos programas desde la participación de la sociedad civil, tiene componentes éticos muy fuertes tal como lo hemos intentado mostrar cuando definíamos el concepto o la idea de ética.

De la misma forma cuando hablamos de ética, si ésta es fundamentalmente acción, la acción nunca puede darse en solitario, sino que necesita un interlocutor el cual será el depositario de dicha acción, sin el cual ésta pierde sentido. Y aunque los interlocutores de nuestras acciones los podamos hallar en los espacios privados como la familia, dicho sea de paso, espacios muy importantes y hasta fundamentales, en cuanto que en éstos se configuran las identidades en primera instancia, sin embargo no podemos dejar de lado el hecho de que vivimos en sociedad y que las relaciones sociales son el fondo relaciones políticas en tanto dichas relaciones se dan sobre la expectativa de bien común.

Si hacemos una evaluación ética ágil de lo que nos toca vivir como sociedad, nos daremos cuenta que las situaciones desfavorables que vivimos como país responden en mucho a una carencia de educación para el ejercicio del buen juicio, es decir, para el ejercicio ético.

Las relaciones políticas tan venidas a menos hoy en día, donde no sólo son protagonistas diversas figuras políticas públicas de distintos partidos y grupos en nuestro país, sino también los agentes de la sociedad civil que con su silencio o indiferencia frente a las cosas de interés público, revelan una conciencia ética débil. Asimismo en lo que respecta a la situación de violencia cotidiana que vivimos, pensando en el tejido social, tanto en la esfera privada como el maltrato familiar, o los lenguajes despectivos generados para relacionarnos con nuestros “próximos”, representa que el ejercicio del buen juicio, o la acción buena para con los demás se encuentra ausente de nuestros referentes de acción, lo cual genera identidades débiles, sesgadas y hasta podríamos decir mutiladas para acceder a la vida plena que todos buscamos.

Todo esto es lo que se ha venido a denominar ya desde hace un buen tiempo como cultura de violencia, es decir, la violencia arraigada en nuestros distintos espacios vitales, tanto privados como públicos, los cuales dominan nuestros modos de acercarnos a los otros.

Lo trágico de este asunto, es que la cultura de violencia aceptada pasivamente, produce, como una máquina industrial, situaciones de violencia sistemáticas e institucionalizadas, como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y en definitiva, diversos tipos de violación a los derechos humanos.

En tal sentido, por más que nos esforcemos en cambiar el aparato administrativo de poder político, o las reglamentaciones institucionales, o incluso las leyes, la situación de violencia y violación de nuestra dignidad y por lo tanto de nuestra identidad que busca una vida plena no desaparecerá. Hace falta que los cambios se den en los imaginarios colectivos, en las prácticas cotidianas y en el sistema de creencias de la población en su conjunto, desarrollando nuestra capacidad del buen juicio. La vida plena que todos y todas anhelamos podremos hallarla siempre que sepamos elegir lo mejor para nosotros y para los demás, doble dinámica de la cual no podemos desprendernos para este fin y la cual se transmite con acciones antes que con palabras. Actuar bien representa un reto ineludible en nuestros días.





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[1] Ética a Nicómaco. Aristóteles.
[2] El Multiculturalismo y las Políticas de Reconocimiento. Charles Taylor.
[3] La Condición Humana. Capítulo V: La acción. Hanna Arendt.

El título mismo de este post anuncia la idea central que quiero sugerir: Ninguno de nuestros principales "males" sociales, especialmente aquellos que atañen a lo que conocemos como ética pública, podrán encontrar una solución efectiva si primero no somos capaces de mirar nuestras propias prácticas y especialmente, aquellas que tienen que ver con el modo de relacionarnos con las demás personas.

Existe un consenso sobre cuáles son los principales problemas que nos aquejan como sociedad, entre ellos la corrupción, la inseguridad (es decir, las distintas formas de violencia urbana), la desconfianza; así como todas aquellas relativas a la falta de acceso a bienes primarios, tales como la educación, la salud y la justicia. Sin embargo no existe un acuerdo acerca de cómo lograr superar estas limitaciones que nos mantienen en una situación de precariedad colectiva desde hace mucho.

Sin lugar a dudas el Estado tiene una gran responsabilidad, en tanto debe asegurar a los ciudadanos, el acceso igualitario a los bienes primarios, sin embargo, las políticas y las normas formales no son suficientes si los propios ciudadanos hemos incorporado en nuestros modos de ser la idea de que trasgredir es más efectivo para alcanzar nuestros fines particulares, al margen de lo que establece la propia ley.

El ideal de realización individual es un horizonte necesario para todas las personas. Sin embargo, dicho ideal no es posible fuera de un marco normativo mínimo, capaz de otorgar garantías y establecer ciertas reglas de juego para que dicha realización se vea posibilitada, sin el riesgo de que se nos impida dicha, o obstaculicemos a otros la concreción de sus planes de vida y el sentido de autorealización individual, al que legítimamente aspiramos todos. En otras palabras, la ética de mínimos y de máximos resultan ser ambas caras de una misma moneda

Es en este sentido que el video de Baltazar Caravedo orienta su reflexión. "¿En qué momento se arregló el Perú?" es una breve reflexión de la manera tan torpe y cínica que tenemos los peruanos para trasladar en aquellos que ejercen el poder -exclusivamente- los males, transgresiones y formas de sacarle la vuelta que debilitan nuestra convivencia social. Al mismo tiempo, muestra como ciertas prácticas se han terminado por constituir en hábitos y han terminado por constituir un determinado carácter social.

La reinvención como experiencia moral, por lo tanto, resulta necesaria para convertinos en una mejor colectividad. Y con ello, quizas, en mejores individuos. O al revés. Dejo el link del video para los interesados.


http://www.youtube.com/watch?v=oJIhNHIC95Q&feature=email

Iniciativa y concepción del proyecto: Baltazar Caravedo Molinari - Guión y Dirección: Bacha Caravedo. - Producción General: Carolina Denegri.- Investigación: Carolina Denegri, Willy Ilizarbe y Bacha Caravedo.
Dirección de Fotografía y cámara: Beto Gutiérrez - Fergan Chávez - Gianmarco Ahón - Omar Quezada. Dibujos: Juan Carlos Semino. Caricaturas: Carlos Tovar "Carlín" - Alfredo Marcos. Archivos fotográficos: Eloy Neira, Verónica Pérez, Carolina Denegri. Archivo EPENSA, Archivo LA REPÚBLICA, Archivo E...

Si asumimos que la corrupción implica un tipo de relación entre ciudadanos y autoridades que desvirtúa la función pública, y con ello la correcta provisión de servicios básicos a la ciudadanía –es decir, la concreción misma de sus derechos fundamentales tales como educación, salud, seguridad, entre otros-; entonces la lucha contra la corrupción implica un tipo de acción donde intervengan todos los actores potencialmente implicados, es decir, una acción colectiva.

Esta dimensión colectiva de la lucha contra la corrupción no siempre representa algo obvio. Por el contrario, aun cuando se percibe como uno de los principales problemas para la consolidación de nuestro sistema institucional y en general, como algo que debilita la moral de nuestra sociedad, su erradicación es siempre sentida como un problema del cual se debe ocupar solo el Estado, ya sea a través de producción de normas, generación de sistemas de control institucionales más rigurosos y sanciones más drásticas contra quienes la cometen. Y aunque todo ello es cierto, es decir, el Estado debe jugar un rol protagónico en la lucha contra la corrupción, cabe preguntarnos ¿cuál es el rol que los ciudadanos y ciudadanas deben jugar en esta lucha? Y es precisamente a esto que nos referimos cuando hablamos de acción colectiva, como aquella capacidad de actuación conjunta entre la ciudadanía y el Estado, ya sea para establecer mecanismos de prevención o para realizar acciones que contribuyan a la erradicación de la corrupción, generando corriente de opinión pública y nuevas prácticas sociales.

La acción colectiva entre la ciudadanía y el Estado se funda en base a tres ejes clave: 1) la articulación de esfuerzos en la lucha contra la corrupción, lo cual facilita la coordinación de acciones e incrementa el impacto de las mismas, 2) la superación de la indiferencia que permita el ejercicio de la denuncia como un derecho clave tanto del ciudadano como del funcionario público que es testigo de un acto de corrupción y 3) tal vez lo más importante, la generación de una conciencia ética de interés público en la que la corrupción sea percibida como un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y no solo a particulares, por lo cual, cualquier ciudadano estará dispuesto a oponerse a su práctica tanto en la otra persona como en sí mismo.

Para ello será necesario promover una ética de interés público en los espacios primarios en los que las personas desarrollan los valores que dan sentido a su actuar cotidiano: la familia, la comunidad, la Escuela, etc. Espacios e instituciones que educan el carácter de las personas y que por lo tanto se constituyen en “marcos referenciales” para el desarrollo de actitudes basadas en el buen juicio en el espacio público, que motive el rechazo y la denuncia de actos de corrupción, como ejercicio de un derecho, y al mismo tiempo como un deber cívico.

La gestión pública representa un “actor” clave para el gran desafío de lograr el desarrollo de nuestro país. Ello implica que la gestión pública se oriente de acuerdo a los patrones de modernización y eficiencia que se vienen impulsando en las últimas décadas en nuestros países latinoamericanos, y específicamente en el Perú, desde la década del 90 con mayor impulso.

Los impulsos que se vienen dando para modernizar la gestión pública, lo cual no necesariamente implican aun un proceso de reforma estructural del aparato estatal, debe incorporar como un elemento fundamental el enfoque de derechos, lo cual le dará un sentido de mayor compromiso con el fin último de la función pública, que es el servicio a la comunidad.

Reforma del Estado en la década de los 90’s: procesos fallidos e inconclusos.

El proceso de modernización del Estado tiene sus antecedentes más cercanos en la década del 90, luego que Alberto Fujimori ganara las elecciones presidenciales.

“A partir de 1991 el gobierno impulsó la ejecución de tres políticas específicas, enmarcadas dentro de lo que el gobierno denominó de forma genérica como Reforma del Estado: a) la reducción del número de empleados públicos, mediante un Programa de renuncias voluntarias; b) la reorganización o creación de entidades cuyas funciones resultaban importantes para el éxito del Programa económico del gobierno (cual fue el caso de las administraciones tributaria y aduanera, por ejemplo) y c) la reorganización global de la administración pública, esto es, de las entidades que conformaban el Poder Ejecutivo y del sistema de servicio civil que las regía” .

Siguiendo a Cortazar, este proceso de reforma logró implementar solo los puntos a) y b). El tercer punto, tal vez el más importante para nuestros intereses, no se logró implementar a pesar que el Ejecutivo tenía facultades legislativas para llevar a cabo estas reformas. En el año 1995, luego de ganar por segunda vez consecutiva las elecciones presidenciales, Alberto Fujimori retoma el impulso por la reforma del Estado, nuevamente con facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República y con el apoyo de un organismo multilateral importante. Sin embargo, nuevamente el proceso abortó sin ningún resultado importante .

De reforma del Estado a procesos de modernización: los desafíos actuales.

Con el retorno a la institucionalidad democrática en el año 2000, se inicia un nuevo proceso de reforma del Estado, esta vez sin mayores pretensiones que la de modernizar el aparato público. Ya con Alejandro Toledo, en enero del 2002 se publica la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (ley Nº 27658) en la cual se establecen las principales líneas que debía tener este nuevo proceso de modernización.

La finalidad de la ley establece lo siguiente:

“Artículo 4.- Finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado.
El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo es alcanzar un Estado:

a) Al servicio de la ciudadanía.
b) Con canales efectivos de participación ciudadana.
c) Descentralizado y desconcentrado.
d) Transparente en su gestión.
e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados.
f) Fiscalmente equilibrado” .

En términos generales, las principales acciones que propone esta norma para lograr la modernización del Estado giran en torno a 3 temas: Participación ciudadana y reforzamiento de los programas sociales; descentralización del poder y reestructuración del aparato público para una mayor eficiencia.

El viernes 2 de marzo del presente año, el presidente de la República, el doctor Alan García Pérez, expuso frente a 200 funcionarios del Estado los lineamientos de reforma y modernización del Estado . En dicho discurso, el presidente de la República le dio impulso al proceso de modernización del Estado, conminando (como es su estilo) a los funcionarios públicos presentes, a que se comprometan de manera decisiva en este importante proceso. A continuación presento una cita en formato de imagen, puesto que es un texto escaneado, lo que para el presidente es el principal objetivo del proceso de modernización del Estado.


Como podemos percibir, el presidente de la República apuesta porque el proceso de modernización, nuevamente se inscriba en el marco del servicio a la ciudadanía como principal objetivo, tal como lo refiere la norma antes vista.

En lo que sigue de su discurso, el presidente describe el proceso de modernización en tres grandes ejes: 1) Reforma y simplificación de los trámites administrativos, 2) Reforma del funcionamiento del Estado y 3) Reforma de la estructura del Estado. La primera parte de las reformas, describe todo lo relativo a la atención burocrática hacia la ciudadanía, incorporando mecanismos de agilización de trámites como por ejemplo el uso del Internet para simplificar procesos y disminuir los costos (en términos de tiempo y de dinero). En cuanto a la segunda parte, se refiere a las medidas que se debe tomar en la administración pública para que su acción sea más eficiente, incorporando la utilización de nuevas tecnologías, la aplicación del presupuesto por resultados y aplicar procesos de evaluación a la función de los servidores públicos. Y en cuanto a la tercera parte de las reformas, éstas tienen que ver con el proceso de descentralización del poder público, la unificación de programas y oficinas públicas para no duplicar esfuerzos, entre otros aspectos de carácter organizativo.

El proceso de modernización del Estado incorpora la idea de servicio a la ciudadanía como tema prioritario. Sin embargo, la percepción ciudadana respecto a los servicios que provee el Estado no es alentadora. Existe aun mucho descontento por parte de la ciudadanía cuando se acerca a una entidad pública a realizar algún tipo de trámite y más aun cuando se trata de la superación de los niveles de pobreza y exclusión en la que muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país viven. ¿Qué es lo que falta entonces para que este proceso de modernización del Estado sea sentido por la población como algo efectivo, que colabora en la realización de sus planes de vida y la satisfacción de sus necesidades primarias, cosas que el Estado debe garantizar como su misión primera? Tal vez la respuesta a esta pregunta se pueda hallar en la relevancia que tiene el enfoque de derechos en la administración pública como un eje que le otorgue sentido a su acción y por ahora parece no estar presente.

Gestión, políticas públicas y gobernabilidad. Un primer acercamiento al enfoque de Derechos.

Un primer acercamiento al enfoque de derechos tiene que ver con el concepto de gobernabilidad. Aunque hablar de gobernabilidad demande un estudio a parte, voy a procurar sintetizar algunas ideas sustantivas de este concepto.

El término gobernabilidad ha tenido diversos significados de acuerdo a distintos procesos socio-políticos, entre los cuales, podemos resaltar: 1) gobernabilidad como capacidad institucional para responder a desafíos u oportunidades; 2) en procesos de transición democrática, como la capacidad de las instituciones para garantizar el Estado de derecho y el no retorno a procesos autoritarios; 3) gobernabilidad como governance que comprende tres aspectos: a) Reglas mediante las cuales los gobiernos son elegidos, mantenidos y reemplazados, b) capacidad de los gobiernos para diseñar e implementar políticas públicas y c) el respeto de los ciudadanos y del propio Estado a las instituciones que administran la vida socio-política del país. Y por último 4) gobernabilidad desde un enfoque europeo, donde lo que se persigue es la eficiencia gubernamental en la administración de políticas dirigidas a la población y la capacidad de ejercer dicha administración en clave de red, es decir, de manera articulada .

Si ponemos atención, vemos que las distintas formas de entender la gobernabilidad apuntan hacia aspectos de carácter técnico y procedimental, con un enfoque economicista de la política. En dichas formas de comprender la gobernabilidad se extraña el fin último del ejercicio de la gestión y de la implementación de políticas públicas: la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales de la persona.

Si en cambio, entendemos la gobernabilidad como una serie de interacciones institucionales que promueven el desarrollo pleno de la dignidad de las personas, la idea de los procesos institucionales, sean estos políticos, económicos, sociales o de cualquier otra índole, deben apuntar a la promoción y vigencia de los derechos de los ciudadanos.

“Por lo tanto, un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas tiene su razón principalmente en que a través de éste es posible reafirmar que el ser humano es fin de cualquier política o decisión estatal, y por ende, la eficiencia económica, el crecimiento o el aumento de la riqueza son medios pero no fines” .

De esta manera, el enfoque de los derechos humanos implica “un principio ético por el cual los Estados deben garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos a través de las políticas públicas” . Y podríamos añadir, a través del ejercicio de la gestión pública, dado que son los gestores los que diseñan e implementan dichas políticas.

Hasta aquí hemos señalado el papel de la gestión pública en la gobernabilidad y cómo ya, desde este momento, el enfoque de derechos resulta de vital importancia para tener un Estado democrático y eficiente. En esta última parte desarrollaré sucintamente lo que implica el enfoque de derechos y su relevancia en la administración pública.

Enfoque de derechos y gerencia pública. Los desafíos pendientes.

El enfoque de derechos en la gerencia pública, debe implicar una concepción de los derechos humanos entendidos de manera holística e integral en toda la administración pública, tanto en su sistema de relaciones institucionales e interinstitucionales, como en sus prácticas y proyectos de cara a la ciudadanía.

“En términos globales y en una situación ideal, los valores incorporados en los instrumentos internacionalmente reconocidos de los Derechos Humanos, junto con los distintos tipos de derechos consagrados, deben constituir el marco ético y normativo de cualquier concepción y práctica del desarrollo y, en general, de cualquier política pública y estrategia de intervención sobre la realidad en cualquiera de sus dimensiones y niveles” .

Si bien es cierto que el Perú ha firmado cuanto pacto, convención, convenio y declaración relativas a los derechos humanos, que permiten hacer de estos derechos obligaciones del Estado frente a la ciudadanía, lo cual incluye, por supuesto, que el diseño de cualquier política o acción estatal se enmarque en el respeto de estos derechos, lo cierto es que todo ello no basta, puesto que una cosa son las obligaciones jurídicas asumidas y otra muy distinta la valoración ética que existe por parte del Estado, y de toda la sociedad en su conjunto también, de estos derechos.

¿Qué puede significar esto de la valoración ética y qué relación tiene con el enfoque de derechos? Es muy simple, aunque muy complejo a la vez dada nuestra historia como país . Su simpleza versa sobre el sentido sobre el que se construye el aparato de derechos humanos: la dignidad de la persona humana. En ese sentido, la promoción y defensa de los derechos humanos se fundamenta en la valoración que hacemos de la dignidad de las personas y en la universalidad de dicha dignidad (en el sentido que es compartida por todas las personas). Todo gesto, toda acción y hablando de la gestión pública: todo proyecto y toda actuación estará determinada por el tipo de valoración que tenemos de la dignidad de las personas, y no tanto por los marcos jurídicos que hacen vinculantes estos derechos.

En este sentido, la valoración ética que abarca al enfoque de derechos y que lo constituye representa un modo de ver la realidad sobre la que actúa. Para el caso de la gestión pública, implica un modo de ver al público al que se dirige su acción, en este caso, a la ciudadanía en su conjunto. Asimismo, este modo de ver se sustenta, como ya hemos dicho, en marcos valorativos que, desde una óptica de derechos tiene directa relación con la dignidad humana, y se concreta en ciertos principios que realizan dicha valoración, como son los principios de igualdad con aceptación de las diferencias culturales, libertad y solidaridad, así como de participación y democracia .

Este modo de ver que propone el enfoque de derechos conlleva un modo de hacer las cosas donde se expresa de manera tangible dicho enfoque. Es decir, el enfoque de derechos no representa solo un marco valorativo y teórico, sino acciones concretas, procedimientos, tipo de atención, orientación de las políticas, etc.

Un ejemplo de lo dicho anteriormente tiene que ver, por ejemplo, con la manera como la administración pública incorpora el principio de igualdad y de no discriminación étnico-racial. ¿Hasta qué punto la modernización del Estado incorpora dicho principio con base en las diferencias étnicos-raciales en nuestro país, que es por definición multicultural? ¿Cómo acceden las poblaciones quechua-hablantes a los bienes y servicios que el Estado debe garantizar? Fui testigo no hace mucho de cómo una mujer mayor, quechua-hablante, en el Cusco, no podía realizar un trámite en el Banco del Estado porque los funcionarios no la comprendían, dejándola finalmente de lado. De la misma manera ocurre en muchas dependencias del Estado que aun no se han adecuado a las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo para establecer mecanismos que permitan a las personas con algún tipo de discapacidad física, acceder a la realización de algún trámite público.

Si la atención al público por parte de un funcionario estatal establece formas de discriminación cultural o de cualquier índole, sea por incapacidad (como en el caso que acabo de describir de la señora quechua-hablante) o por actitudes intolerantes, es evidente que el principio de igualdad (para acceder a los bienes y servicios del Estado en igualdad de condiciones) no se concretiza.

Podríamos detallar muchos otros aspectos que revelan que el enfoque de derechos no ha sido incorporado aun como parte sustantiva del proceso de modernización y reforma del Estado Peruano. Lo referido a los derechos humanos son aun vistos y sentidos como normas de carácter jurídicos para dar cumplimiento a la ley, pero solo de manera parcial, dado que el enfoque de derechos nos muestra que esto no es suficiente para decir que las normas relativas a derechos humanos son realizadas plenamente en nuestro país, y mucho menos su valoración ética.

Colofón.
Resulta significativo escribir este artículo, mientras se inicia el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori por casos de violación a derechos humanos. En la intervención que tuvo en la primera audiencia, el ex presidente dijo, básicamente esto: “El país que recibí a inicios de los 90’s estaba quebrado económica y socialmente por la crisis financiera y política alentada por el terrorismo. En ese contexto hubo que hacer reformas para que el Perú que tenemos ahora sea posible, respetando los derechos humanos de 25 millones de peruanos sin excepción alguna” . Nada más lejano de la realidad, como ya sabemos. Su discurso parecía más una justificación de que los procesos de reformas emprendidos durante sus gobiernos, fueron necesarios para garantizar un país viable a la mayor cantidad de población posible. Lógica utilitarista que aun nos gobierna. Lamentablemente

Carlo Mario Velarde Bazán.





BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Alza, Carlos y Vallenas, Kantuta Gobernabilidad, desarrollo y democracia Un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas.. En: Derecho y Sociedad vol.15 No 22. Lima: Asociación Civil Derecho y Sociedad; Estudiantes de la Fac. de Derecho PUCP, 2004
- Bernales, Enrique (2004) “Las políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos”, El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas. Lima: Comisión Andina de Juristas.
- Cortazar, Juan Carlos. Oportunidades y limitaciones para la reforma del Estado en el Perú de los años 90. Informe final. Pontificia Universidad Católica del Perú. Noviembre del 2002.
- Manrique, Jorge. Democracia y Nación. La promesa pendiente. En: La democracia en el Perú. Proceso histórico y agenda pendiente. PNUD, Lima, marzo del 2006.
- Tejada, David. Aspectos Operativos del enfoque de derechos. Documento no publicado. Conceptos Básicos del Enfoque de Derechos para su aplicación a las Políticas Públicas.
- Tejada, David Conceptos Básicos del Enfoque de Derechos para su Aplicación a las Políticas Públicas.


OTROS DOCUMENTOS

- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (ley Nº 27658)
- Lineamientos de reforma y modernización del Estado. Exposición del Presidente de la República, Alan García Pérez a 200 funcionarios del Estado. Vínculo: http://www.pmde.gob.pe/archivos/2007/Reforma_Modernizacion_Marzo2007.pdf

En su último artículo publicado en el Comercio el domingo 07 de octubre de este año, Mario Vargas Llosa reflexiona sobre las condiciones que deben promover los Estados liberales para que no se vulneren derechos individulaes a través de prácticas culturales establecidas por las tradiciones. Lo pueden leer en el siguiente enlace: http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2007-10-07/imecportada0795418.html

Quisiera referirme a algunos de los puntos en los que se detiene Vargas Llosa. La situación en la que basa su reflexión es la siguiente: "La Generalitat, o gobierno autónomo de Cataluña, ha obligado a un colegio público de Gerona a admitir a Shaima, una niña marroquí de 8 años, que desde hacía una semana faltaba a clases porque las autoridades del plantel le habían prohibido el ingreso mientras llevara el 'hiyab' o velo islámico. El director fundó la prohibición en el reglamento del colegio, que rechaza en el atuendo de los alumnos "cualquier elemento que pueda causar discriminación". Por su parte, la Generalitat considera que "el derecho a la escolarización" debe prevalecer sobre las normas internas de los centros educativos". Según su opinión, "Lo ocurrido con la niña marroquí establece un precedente que, de prevalecer y extenderse, abriría las puertas de la instrucción pública al llamado multiculturalismo o comunitarismo. A mi juicio, semejante perspectiva es sumamente riesgosa para el futuro de la cultura de la libertad en España"..

Lo que hace Mario no es otra cosa que juzgar esta acción desde una perspectiva enteramente liberal, es decir, bajo el dogma de que nadie, ningún sujeto en el mundo, puede ver restringido sus derechos individuales a causa de prácticas comunitarias o culturales arraigadas en la tradición, aun cuando éstas puedan ser aceptadas por los propios sujetos, como en el caso de la niña Shaima. Se podría objetar, no sin razón, que siendo niña puede ser inducida fácilmente por sus mayores, aunque esto también pueda resultar bastante discutible en un tiempo como el nuestro donde, cada vez más, los niños y niñas desarrollan con mayor precosidad su juicio.

Sin embargo no es el caso de muchos hombres y mujeres adultas quienes en ejercicio de su libertad optan por mantener sus tradiciones, las cuales muchas de ellas son vistas por nuestras miradas occidentales-liberales como primitivas, inhumanas y degradantes. No me inquieta el que algunas de las prácticas de culturas ajenas a la nuestra puedan causar este tipo de sentimientos: ¿quién podría determinar y en última instancia juzgar un hecho desde un punto de vista neutral, desarraigado y ajeno a un tipo de concepción, que de alguna u otra forma determina nuestras opciones cualtitativamente valisosas para uno mismo? Me parece que nadie, y ello está bien. Sin embargo, pretender intervenir en prácticas aceptadas y valoradas por los propios sujetos ¿No contraviene el principio liberal de la libertad que tienen todos los sujetos para elegir lo mejor para sí mismos? ¿Acaso la postura de Mario Vargas Llosa no se parece -en la forma, más no en el sentido- a lo hecho por Estados Unidos en su justificación de ocupación de Irak? En última instancia, siendo los liberales los principales promotores de las libertadades humanas, ¿quiénes pretender ser para juzgar el ejercicio de libertad de otros, manifestado en prácticas culturales distintas a las occidentales?

Sin lugar a dudas estoy en desacuerdo en toda forma de discriminación y de degradación humana, desde mi propia concepción cultural. Creo en la libertad, y por ello mismo creo también que el límite de toda acción y práctica cultural o comunitaria se encuentra representado en el consentimiento o rechazo de una persona, en el ejercicio mismo sus libertades.

Hace a penas un par de días que la dirigencia del Sutep ha decidido levantar la huelga que inició el cinco de julio. Esto, por supuesto, ha traído la satisfacción de todos aquellos que esperamos que la educación en el Perú pueda lograr niveles de calidad, muy, pero muy encima de lo que hoy por hoy tenemos como realidad. Sin embargo esta huelga pone de manifiesto nuevamente, aspectos de nuestra cultura societal y política que son lamentables y que influyen decisivamente en el tipo de país que somos: fragmentado, esquivo y con poca capacidad para dialogar y lograr consensos significativos.

Uno de los temas principales de la protesta iniciada por el Sutep tuvo que ver con la recientemente promulgada Ley de carrera pública magisterial, la cual incluye un sistema de evaluación y de ascensos con sus respectivos incentivos económicos, para aquellos docentes que sean capaces de lograr un nivel adecuado para el ejercicio de la docencia.

Lo lamentable de esta ley no ha sido su contenido, respecto al cual la mayoría parace estar de acuerdo, sino la forma y el tiempo en que fue aprobada y su, quizas, intencionalidad política de desacreditación al magisterio peruano por parte del actual gobierno, aunque más precisamente a la dirigencia del Sutep conformada por partidarios del partido comunista Patria Roja.

Como decía, el contenido de la ley, al parecer, representa una respuesta pertinente a una realidad que por muchos años se presenta como sumamente problemática en el sistema educativo peruano: la pobre calidad de la educación en el Perú, y la pobre capacitación que muchos docentes del sistema educativo público especialmente presentan. Sin embargo, quiero remitirme a la forma que en sí, nos coloca frente a un problema de fondo en nuestra sociedad: la ausencia de diálogo para lograr acuerdos significativos para el desarrollo de nuestro país.

Si bien este ha sido uno de los argumentos esgrimidos por la dirigencia del Sutep en los últimos días de su protesta (cuando ya se encontraban lo suficientemente debilitados frente a la opinión pública) la pregunta que nos podemos plantear es si esta dirigencia, tanto como los decisores del gobierno, tenían la predisposición honesta para dialogar.

Dialogar, tal como nos lo recuerda el gran filósofo de la hermenéutica, Hans George Gadamer, implica que las partes no argumenten de manera paralela. Esto quiere decir que las partes que buscan convenir en un punto de interés común, no se presenten con verdades preestablecidas, las cuales para hacerlas valer busquen la argumentación simultánea de sus puntos de vista sin escuchar la posición del otro. Dialogar se apoya en una lógica de pregunta-respuesta que busca penetrar de manera real y sincera en la posición del otro para, desde los argumentos vertidos por el interlocutor encontrar la validez de su posición sin aplastar su postura antes de que éste sea capaz de sostenerla en el diálogo.

Precisamente el entrar a una discusión con verdades preestablecidas y con argumentos que no admiten la pregunta como forma de interrogación para sopesar la validez de las ideas que subyacen a los argumentos que se presentan, representa no solo la anulación del diálogo antes de que éste se inicie, sino que además alienta pretenciones totalizadoras de lo que podemos considerar como verdad. El que no se deja interrogar por el otro por considerar que sus argumentos son verdaderos a priori, cree que su posición es la única y la mejor. Que es la única verdad.

Esto lo hemos podido constatar en el proceso de la huelga desarrollada, tanto por parte del Sutep, como por parte del Estado. Ambos han pretendido hacer valer una verdad, la suya, la de cada cual, sin antes haber iniciado un proceso de diálogo que permita interrogar la validez y pertinencia de sus posturas expresadas en sus argumentos. ¿Cuál es el fruto de una comunicación como esta? la pérdida de sentido, el debilitamiento de una de las partes y una supuesta victoria de la otra. En conclusión, uno gana y otro pierde.

Pero al final, sabemos que en el fondo ambos pierden: porque el vencedor, ensimismado y regodeado en su supuesta victoria, pensará que su posición será suficiente y que no habrá más que hacer. Todo para él estará consumado y la crítica frente a sus propias posturas estará ausente, por lo cual siempre quedará expuesto a la mediocridad e insuficiencia de sus argumentos. El que pierde, estará esperando pacientemente otra oportunidad para nuevamente ebullir en una nueva confrontación que le permita hacer valer su pocisión y colocarse en situación de vencedor.

Sin diálogo no hay comprensión. Y sin comprensión, tal como nos dice Gadamer, no hay fusión de horizontes: acuerdos significativos donde cada cual -los interlocutores- sean capaces de encontrarse y en ese encuentro dejar de ser los mismos para ser otros más completos.

Por el momento las aguas vuelven a la tranquilidad. Sin embargo sabemos que tal como ha sido manejado este proceso, este levantamiento de la huelga es, más que un acuerdo, una forma de tregua que en cualquier momento estallará, quien sabe, con mayores niveles de violencia que los que hemos visto hasta ahora. Porque la ausencia del diálogo siempre implica, necesariamente, el ejercicio de la violencia.