Una vez más las instituciones del Estado nos dejan el sin sabor de que no pueden concretar proyectos de gran envergadura con éxito. Es lamentable que haya 1,530 capitales de distritos del territorio nacional que no tienen acceso a Internet, y que no sea posible que 3.9 millones de compatriotas tengan al menos la oportunidad de acceder a servicios básicos en educación, salud y seguridad por Internet, habiendo una Red Dorsal con un tendido de 13,500 kilómetros de fibra óptica.
De acuerdo con el Diario Gestión, el Estado pagó por subsidios US$ 40 millones a Azteca por la Red Dorsal pese a su reducido uso (17% de su capacidad); por tanto, podríamos pensar qué interés podría tener una empresa en apoyar las actuales propuestas de solución por parte del Ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC) si está suficientemente subsudiada para mantener su negocio. Otro tema preocupante es la obsolescencia de los equipos de la red a medida que pasa el tiempo, me pregunto quién va pagar un futuro upgrade.
A continuación, el informe de Día 1 de El Comercio del 29 de octubre:
Desde el 2017, Azteca y el Estado coincidieron en que la Red Dorsal de fibra óptica no era rentable y estaba subutilizada. Este año, en vez de soluciones, se acentuaron los problemas.
La ley de banda ancha se diseñó en el 2012 con el objetivo de reducir la brecha digital y llevar Internet a los menos favorecidos del interior del país. Hoy, seis años después, dichos pueblos siguen desconectados.
La propuesta fue tender la fibra óptica en dos partes: una primera, la Red Dorsal, que conectaba las capitales de provincias, por un valor de US$323 millones, y quedó a cargo de Azteca. La segunda parte está compuesta por 21 redes regionales que se conectan a la dorsal y llegan a los distritos del interior. Se han ido concursando de a pocos y Gilat es el principal jugador, ya que ganó seis redes por US$548 millones.
La Red Dorsal estuvo lista a tiempo (2016), pero no logró el tráfico esperado. Hoy apenas se usa en un 17%, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En parte el problema es que no tiene el tráfico del sector público que debería venir por las regionales, pues estas, tras 83 adendas, se retrasaron y aún no operan.
La Red Dorsal se esperaba que atendiera a cientos de operadores privados interesados en contratarlos para el tráfico de datos. Eso no pasó, pues se sumaron al mercado hasta cinco jugadores y se volvió muy competitivo. Los precios hoy siguen descendiendo por la competencia, pero Azteca no puede bajarlos al tener tarifas reguladas.
Si solo cambiar la tarifa (o la forma de fijarla) fuera la solución a los problemas de Azteca, la adenda que diseñó este año el MTC, en base a la sugerencia de Osiptel, habría sido aceptada por el operador. Sin embargo, le envió una carta exponiendo la necesidad de reformular todo el proyecto. Además, redujo su oficina local y lleva un año diciéndole a sus inversionistas que está evaluando si continuará o no en el país.
CONFLICTOS AÑADIDOS
Azteca tiene varios problemas adicionales por resolver. Desde el MTC confirmaron que tiene con el operador de capitales mexicanos cuatro procesos de arbitraje.
Dos de ellos todavía no tienen un laudo o resolución. Uno es sobre si deben o no compartir sus nodos centrales con las redes regionales. La negativa de Azteca, según el MTC, ha impedido que las regionales del primer grupo puedan poner sus equipos donde se planeó, lo que originó retrasos. Azteca estima que solo debe compartir tres nodos y si pierde pedirá una indemnización por US$18 millones.
El otro laudo pendiente es porque Azteca suscribió diversos contratos de arrendamiento en los terrenos donde puso sus nodos, mientras que el MTC estima que estos debieron ser adquiridos.
El tercer arbitraje ya fue fallado a favor de Azteca, pero el MTC acaba de pedir la nulidad. En este caso, la discusión es sobre el nivel de latencia permitido, es decir el tiempo de demora aceptable en la trasmisión de datos.
Y en el cuarto lo ganó este año el MTC y Azteca deberá pagar S/4 millones, pues no cumplió con el plazo exacto de su cuarta entrega (2016). Azteca dice que fue por culpa de la empresa eléctrica ATN, que no le permitió acceso a sus torres.
Ese, sin embargo, no es el único problema legal con las empresas eléctricas. Como la fibra se monta sobre la red eléctrica, tienen contratos de interconexión con cada una de ellas. La complicación arrancó en agosto del 2017, cuando las eléctricas aseguran que Azteca les dejó de pagar. Posteriormente Osiptel ha emitido una serie de mandatos que les ordenan reducir sus tarifas. Protestaron, apelaron ante el Osiptel, pero el regulador no dio ha lugar. Las eléctricas estiman que el contrato no debió ser modificado unilateralmente y planean iniciar arbitrajes u otras medidas legales. Algunas, ante la falta de pago, ya le han cobrado las garantías.
Gracias a estas medidas la mexicana ha reducido sus pérdidas. En su último reporte trimestral se evidencia que mantiene ingresos (incluido el subsidio del MTC por unos US$4 millones) pero perdió solo US$1,14 millones, la mitad que en el mismo período del 2017. Eso quiere decir que las eléctricas han dejado de recibir al menos US$1,1 millones. Aun así, Azteca dice que no sabe si se quedará.
UNA BRECHA PROVINCIAL
En el Perú existen 3,9 millones de personas que, según lo planificado, debieron recibir la señal de Internet este año, pero lo harán entre el 2019 y el 2021 si no surgen más retrasos. De las 21 redes previstas para ello, 15 están en estado de ejecución y se espera que 6 se liciten en diciembre.
Las razones para los retrasos, resumidas en 83 adendas por ahora, radican en problemas para interconectarse a la Red Dorsal o a las redes eléctricas, además de serios problemas para titular los terrenos rurales, en donde se deben ubicar las centrales o nodos de la red.
En el caso de las regiones Amazonas e Ica hay un problema legal diferente que hace difícil determinar si las obras estarán listas a tiempo. La concesión fue ganada por el Consorcio GMC Conecta y debió firmarse el contrato el 15 de mayo, pero faltaba un documento y por eso Pro Inversión la otorgó al segundo lugar (Gilat), quien firmó en junio.
GMC y sus socios iniciaron un proceso de amparo por este tema y señalan que ya hay una medida cautelar que ordena dejar todo proceso como antes del 15 de mayo. Pro Inversión sostiene que la medida no implica declarar nula la firma con Gilat en junio. El tema tendrá que resolverse por la vía judicial.
SOLUCIONES
Este mes, el MTC ha pedido la asesoría del Banco Mundial sobre como rediseñar el manejo de la red y relanzarla. Las posibles soluciones serían:
- Vender toda la red a operadores dedicados al transporte de datos que están interesados en comprarla.
- Venderla de manera parcial las partes de la red en zonas de competencia.
- Rediseñarla mediante la fusión con las redes regionales y armar nuevos paquetes.
Fuentes: