CUESTIONES GENERALES RESPECTO a la VIGENCIA del PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD.

noviembre 15, 2014

Existen críticas que se han hecho y se siguen haciendo contra la vigencia del Principio de Objetividad del Fiscal,  en el modelo acusatorio, en algunos sectores del panorama internacional.[1]    Siendo este un artículo de difusión, no podemos extendernos demasiado, respecto a tales objeciones.  Sin embargo, creemos importante –opinar- que correctamente  entendido, el Principio de Objetividad, no constituye un lastre del modelo inquisitivo en el nuevo modelo procesal penal, como algunos arguyen[2]. Consideramos esto, resumidamente, por lo siguiente:

1.- Por cuanto, conforme lo vienen señalando diversos estudiosos, no se puede pretender un modelo procesal absolutamente puro o inmaculado[3]; la realidad en que se dan los fenómenos y conflictos jurídicos es compleja y todo modelo procesal no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento, que debe estar adaptado a la realidad histórica, cultural e incluso a la idiosincrasia de una sociedad determinada; siendo que en el derecho procesal penal, no se puede pretender un modelo adversarial puro.  Desde esta perspectiva, la construcción de un modelo procesal adecuado, se dará dentro del desarrollo mismo de ese modelo en curso, en cuyo camino se irán decantando y deberán darse las necesarias correcciones, conforme la realidad lo exija.

2. Partiendo de este punto, creemos que siendo nuestro modelo procesal penal un modelo acusatorio con rasgos adversariales, pero igualmente garantista, debemos entender que: a partir de los principios establecidos en nuestra Constitución Política del Estado, que señalan entre otros a la defensa de la persona  como fin máximo de la sociedad, así como la vigencia de principios y macro garantías como el de Presunción de Inocencia, de Legalidad y Debido Proceso, el Ministerio Público como órgano autónomo encargado de la persecución del delito, pero también precisamente de la tutela de la legalidad y del debido proceso,  no puede ser un ente ajeno a las directrices establecidas por nuestra norma fundamental, que obligan a sujetarse en todo momento a esas grandes garantías;  lo cual tiene íntima y rotunda ligazón con el Principio de Proscripción o Interdicción de la Arbitrariedad, que debe guiar la labor fiscal, conforme ha sido recalcado por reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Es por ello, que, en ningún momento el accionar del Ministerio Público puede apartarse de  la objetividad,  ni ser intransigente con la realidad, sino completamente ceñido a lo que fluye de los actos de investigación. Desde esta perspectiva, cuando la norma dice: que el fiscal debe averiguar tanto los elementos de cargo como de descargo del imputado, ello se traduce  y se patentiza sobre todo, en  el  momento de la decisión que debe asumir el Ministerio Público, esto es al final de la etapa preliminar o de la investigación preparatoria, pues entonces la decisión del fiscal debe regirse absolutamente por un criterio objetivo  y razonable, de ver si se cumplen o no los requisitos para proceder con la imputación o la acusación en la etapa que sigue, lo cual sólo se puede hacer si objetivamente aparecen elementos de convicción y por ende  existe base suficiente para ello.

3. Asimismo, debe tenerse muy  presente la naturaleza necesariamente pública y social del derecho procesal penal[4]. Un derecho de esta naturaleza, requiere de un órgano acusatorio objetivo, en el sentido de que su accionar y sus decisiones deben encontrarse plenamente ceñidos a la legalidad, a la defensa de la sociedad y a los derechos fundamentales. El carácter público y el interés social que subsisten, por su propia naturaleza, en el derecho penal y procesal penal, le  imponen al Estado, al proceso y al Ministerio Público esas obligaciones. Y ello no significa, que la Fiscalía asuma el carácter de dueña de la verdad o  se pretenda alterar la igualdad de armas con relación a la defensa particular de cada imputado, puesto que la norma procesal no puede considerar ni establece en ninguna forma,  que los resultados de la investigación fiscal, tengan el carácter de verdad, ni absoluta ni relativa, ni material, ni legal; son sencillamente requerimientos que el Ministerio Público como  director de la investigación formula, con carácter postulatorio, pero debidamente fundamentado, para que el Juez en uso de sus atribuciones resuelva lo que corresponda, a partir de lo que es verdaderamente decisivo:  la actuación de la prueba, el debate probatorio y el uso de la sana crítica. Siendo que en la fase intermedia y en la de Juzgamiento,  el Ministerio Público es solo una parte más, en las audiencias que dirige el Juez,  como se verifica,  todos los días, en los fallos judiciales,  que se dictan en el nuevo modelo procesal.

4.- Por último, desde una perspectiva axiológica, relacionada a los fines y valores del proceso de investigación y del derecho[5]; no se puede renunciar a aspirar a llegar a la verdad como fin último del proceso; no se puede pretender entronizar el criterio, que nace de una visión  absolutista del modelo adversarial, de que existan tantas verdades como partes puedan haber en un proceso. La verdad al menos legal o procesal, por no aludir  a la verdad material de los hechos, solo es y puede ser una sola; el proceso debe tender a lograr el mayor grado de aproximación a dicha verdad, a través de la actuación de la prueba. De lo contrario, estaríamos renunciando a lo que es el fundamento máximo de toda la actividad procesal: alcanzar la  justicia; lograr que el Juez arribe a lo que es justo a través de un debido proceso, y como consecuencia de ello brindar a las partes y a la sociedad la debida tutela jurisdiccional; meta y valor, garantía y principio, asì como derecho subjetivo, plenamente consagrado por nuestra Constitución Política del Estado.  En esta perspectiva, encuentran igualmente con plenitud, su explicación, las tareas que la objetividad impone al Ministerio Público, como director de la investigación,  en los diversos artículos del Código Procesal Penal.


 NOTAS  BIBLIOGRAFICAS.

(1) Por ejemplo: MIRANDA MORALES, Lorenzo Ignacio: EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD en la INVESTIGACION FISCAL y EL PROCESO PENAL- UNA REFORMA URGENTE; en REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS PENALES Nº15, UNIVERSIDAD DE SAN SEBASTIAN, CHILE, 2010, pp. 35-53. Nos dice entre otros conceptos críticos: “al investir a la fiscalía como garante de la verdad y la objetividad, se altera la igualdad de armas respecto de la defensa, confiriendo a la prueba del Ministerio Público una calidad que en efecto no tiene.”(…) “al imponerse a los fiscales la obligación de investigar los hechos que determinen la existencia y participación en un delito, como asimismo los que establezcan la inocencia del imputado, (se) constituye una verdadera vulneración del principio de inocencia consagrado en Tratados Internacionales, en nuestra Constitución y en nuestras leyes, ya que la inocencia se presume de derecho, sin que sea necesaria prueba alguna ni aún indiciaria para ello.” (…) “le dan a las pruebas obtenidas durante la instrucción por el órgano persecutor, un ropaje de pureza, equidad y objetividad que la hacen en muchos casos, incontrarrestables por la defensa, particularmente cuando pueda existir alguna duda, caso en el cual ésta favorecería a la fiscalía, imbuida en tan altos principios de actuación. A contrario sensu, la prueba de las defensas carece de estas características, se trata –ante los ojos de la comunidad y de los jueces- simplemente de prueba exculpatoria, que no ha sido obtenida ni será producida a la luz de una pretendida objetividad, que obligaría al defensor a exponer con igual celo no sólo aquello que exculpe al acusado sino también, aquello que establezca o agrave su responsabilidad y cuyo fin último no es entendido como la protección de un bien jurídico de interés común, sino como la defensa del delincuente frente a la comunidad.”(…)”En la práctica, la existencia del ya tantas veces mencionado principio de objetividad, ha venido a significar el establecimiento de pruebas de primera y segunda categoría en el juicio penal, lo que provoca una notable desigualdad de armas que redunda en la afectación del principio de inocencia, aunque no se haya buscado tal efecto. Como no concluir aquello, si para el juez y para todos los actores, el Ministerio Público ha investigado con objetividad y por tanto si ha tomado la decisión de acusar al imputado y llevarlo a juicio oral, es porque la prueba reunida es de la máxima pureza  y ha sido sometida por el propio fiscal, apegado a la constitución y a la ley, a un pre-examen de verdad, todo lo cual redunda en que sea el imputado el encargado de probar su inocencia.”

(2) Igualmente: AHUMADA, Carolina: EL FIN DEL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD y LOS NUEVOS DESAFIOS DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL. Revista: PENSAMIENTO PENAL, Edición 158, 05 de agosto del 2013, pp. 1-15.

(3)  ASENCIO MELLADO, José María: Prólogo al libro: LA INVESTIGACION EN EL PROCESO PENAL, op cit,  pp.19, nos recuerda:  “Calificar hoy de inquisitivo un modelo o de acusatorio o adversarial, carece de sentido, en tanto, ni tales conceptos tienen más valor que el pedagógico, como se ha dicho, ni tales elementos pasan de ser otra cosa que referentes históricos con rasgos comunes en muchos aspectos y diferenciados en otros, pero cuya actualización y conjunción ha desembocado en un nuevo proceso que contiene criterios de cada uno de los sistemas que surgieron a lo largo de los siglos. En definitiva, ya es imposible hallar un modelo puro que responda a un determinado  sistema y todos ellos son fruto de la combinación, de los que a lo largo de la historia, han ido sucediéndose, madurando y evolucionando.”

(4)  ASENCIO MELLADO, José María: Prólogo al libro: LA INVESTIGACION EN EL PROCESO PENAL, de Cuadrado Salinas Carmen, op cit,  pp. 20, resalta la importancia de analizar correctamente los modelos procesales penales, y de modo especial el llamado modelo adversarial, ubicando éste último en su significación presente: “revelando que su significación original ha perdido aquél carácter que era propio de un proceso penal y un delito considerados privados y en el que la imparcialidad judicial se garantizaba mediante la abstención del tribunal, su mera presencia pasiva. El reconocimiento del carácter público del delito, del interés social en su persecución, ha puesto en tela de juicio el sentido original del proceso entre adversarios en pie de igualdad, clasista y propia de los poderosos, pues no en vano, como la autora destaca, hunde sus raíces en los enfrentamientos entre nobles, siendo así que la necesaria preservación de la igualdad ha obligado a otorgar al Estado amplios poderes en el marco del proceso penal y, al Juez, algunos en orden a la intervención en la prueba  o el control de la investigación  o la garantía de los derechos fundamentales.” (El subrayado es nuestro.)

(5) GONZALES ALVAREZ, Roberto: NEOPROCESALISMO- Teoría del Proceso Civil Eficaz; ARA Editores, Lima, 2013, pp. 1058 -1060; nos dice: “…el valor verdad existe en el derecho, que la eficacia, efectividad y eficiencia jurídicas no pueden entenderse sin verdad, en fin, significa elegir el derecho con verdad.”(…) “…si entiendo que el objeto del derecho es la interacción humana eficaz, mi elección, donde apunte, encontrará la verdad en el derecho.”

 

¿ES EL JUICIO ORAL UNA COMPETENCIA de ORADORES y VERSIONES?

noviembre 15, 2014

¿Debe entenderse el juicio oral, como un escenario donde gana quien mejor habla  y quien construye y cuenta la mejor historia?

No,  el juicio oral no puede ser entendido ni  se reduce en modo alguno, a ser una competencia de oradores y teorías del caso. El juicio oral significa mas bien: la actuación de la prueba, es decir la apreciación inmediata, oral, pública, sujeta a crítica y contradicción,  de los medios probatorios que se tiene, para resolver el caso y como consecuencia de ello: la emisión de la decisión judicial,  basada en tales pruebas, con el uso de la sana crítica.  Si bien, resulta cierto lo siguiente:

1.- LAS HABILIDADES ORATORIAS y mejor aún las técnicas de litigación oral, son herramientas imprescindibles, de las cuales hacen uso las partes, en el juicio oral, para defender sus intereses.

2.- LA TEORIA DEL CASO, es igualmente una herramienta metodológica, de la cual hacen uso las partes, para explicar los hechos,  la misma que debe estar sustentada en las pruebas y debe buscar convencer, a partir de su debida  ligazón, positiva o negativa,  con ellas.

LA JUSTICIA y la VERDAD COMO FINES  DEL PROCESO.

Sin embargo, con relación a estos asuntos, es menester, hacer mención a un punto para muchos polémico. Nos referimos, a que, no se puede divorciar al juicio oral y en general al PROCESO, de lo que constituye la esencia de su razón de ser:  la búsqueda de la justicia[i],  como valor cardinal, que conlleva igualmente a la búsqueda de la verdad, no solo formal sino material.   JUSTICIA y VERDAD, valores ambos, que se explican y se corresponden con la tarea de brindar la debida tutela jurisdiccional,  a que están obligados los órganos encargados de administrar justicia.


[i] PEREZ LUÑO, Antonio Enrique: TRAYECTORIAS CONTEMPORANEAS DE LA FILOSOFIA y LA TEORIA DEL DERECHO, Ed. PALESTRA, Lima, 2005, PP. 107 a 110, nos recuerda: “El retorno a una jurisprudencia de valores en la teoría del derecho, ha sido posible gracias al estímulo de las doctrinas  sobre la justicia que se han desarrollado en las última décadas del siglo XX.” (…) “Ronald Dworkin insistirá en la prioridad de los derechos fundamentales y en su carácter básico, innegociable e inviolable, lo que impide su sacrificio por parte de los poderes públicos, aunque sea por razones de utilidad colectiva. La justicia distributiva debe hacer compatibles la igualdad de oportunidades y reparto de las libertades, con la igualdad de consideración  y respeto de todos los ciudadanos. (…) “Está en lo cierto John Rawls cuando afirma que: La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría por muy atractiva y esclarecedora que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no  es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas.”

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de ESPECIAL RELEVANCIA PARA EL PROCESO PENAL.

noviembre 15, 2014

                                                        Parte I.

 A continuación, referimos un extracto de partes fundamentales, de algunas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, que tienen especial relevancia, con relación a nuestro nuevo Proceso Penal. Por razones de espacio y tiempo, solo transcribimos las partes atinentes a cada tema.

 SOBRE EL PRINCIPIO ACUSATORIO:

Resulta muy instructiva, la siguiente sentencia, que nos recuerda, que ningún principio ni derecho, ni siquiera el principio acusatorio  tiene el carácter de absoluto. Y en este caso el PRINCIPIO ACUSATORIO encuentra su límite en cuanto pueda colisionar con otros derechos como el de INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD fiscal; en cuya eventualidad se debe ejercer el correspondiente control judicial.

______________________________

EXP. Nº 4620-2009-PHC/TC – Lima.

Caso  Eber  Iparraguirre Trujillo.

(Sentencia del 10 de noviembre del 2011)

______________________________

(…)

“ 4.- La parte  demandante alega que el concesorio de la apelación y posterior anulación de la resolución que dispuso el sobreseimiento de la causa, vulnera el principio acusatorio. Como ya lo ha referido este Tribunal Constitucional, la vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento  determinadas características: a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si el Fiscal no formula acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente. b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; c) Que no pueden  atribuirse al juzgador  poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad (STC 2005-2006-HC/TC).

7. Sin embargo, como ya lo ha advertido este Tribunal Constitucional, ningún derecho fundamental  es  absoluto. Del mismo modo, esta regla derivada del principio acusatorio podría encontrar supuestos en los que resulta relativizado. Y es que, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el Constituyente al Ministerio Pùblico, en tanto se trata de un órgano constituido y por lo tanto sometido a la Constitución, esta facultad de decidir si se ejerce  o no la acción penal, no puede ser ejercida de modo arbitrario (Exp. 6204-2006-HC- Chávez Sibina. Fundamento 7).

8. De ahí que por más que nuestra Carta Magna encomiende al Ministerio Público la defensa  de la legalidad, ello no impide  que ante un proceder arbitrario, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional pueda corregir tales actuaciones.

10. Así, el caso materia de la presente sentencia difiere en cierta medida respecto del previsto en anteriores pronunciamientos de este Tribunal, en los que se dictaba un sobreseimiento después de que el Ministerio Público se había pronunciado  en doble grado en el sentido de no acusar, pues en el presente caso la Sala Penal emitió la cuestionada  anulación en virtud de que 1)el juez dictó sobreseimiento sin efectuar  un análisis de fondo y 2)el dictamen fiscal de sobreseimiento se habría emitido sin haber valorado determinados medios de prueba.

11. Al respecto, este tribunal considera que la referida irregularidad por parte del Ministerio Público merecía un control judicial, pues tales actuaciones fiscales resultan atentatorias  del derecho de la víctima, que se ve mediatizado en el marco  del proceso penal a través de la titularidad de la acción penal que dicho órgano constitucional ostenta. A mayor abundamiento, este Tribunal advierte que, una vez corregida la omisión por el órgano jurisdiccional, el Ministerio Público optó por sostener acusación penal contra el procesado (fojas 367).

12. Finalmente, no obstante la presente desestimatoria, cabe recordar que el criterio adoptado por este Tribunal Constitucional a partir de la sentencia recaída en el expediente Nº2005-2006-PHC mantiene su vigencia. Sin embargo, el  presente caso demuestra que el principio acusatorio (como ocurre con los demás derechos fundamentales) no es absoluto y en determinadas circunstancias entra en conflicto con otros  bienes constitucionales. Así, en esta ocasión, fue el principio de interdicción de la arbitrariedad-que también informa la labor del Ministerio Público- lo que motivó a la Sala Superior a anular el sobreseimiento por no haber hecho un control efectivo de la disposición fiscal y  no advertir que habían medios probatorios que no habían sido valorados en perjuicio del derecho de la parte civil.”

PRINCIPALES PRINCIPIOS del PROCESO PENAL.

febrero 08, 2014

20140208-dsc01040.jpg  

SU NATURALEZA.

El proceso penal contemporáneo se guía u orienta por PRINCIPIOS esenciales, que solo tienen  valor y significado si son entendidos y asumidos  como debe ser: como FUNDAMENTOS o marcos directrices, orientadores, de  una práctica de todos los días. En otras palabras, estos PRINCIPIOS no son una bella declaración de buenas intenciones a memorizar y recitar, sino una manera de actuar o proceder cotidianamente, en todas las etapas e instancias del proceso penal.

.

EL PRINCIPIO ACUSATORIO:

Que se resume en lo siguiente: no puede haber condena sin una debida acusación. Ello implica la existencia de una entidad autónoma, independiente de todo poder, encargada de la tarea de investigar jurídicamente el delito y de acusar, debidamente. Ese órgano público  es la Fiscalía, la misma que dirige jurídicamente  la debida investigación de los hechos, orientando  y sustanciando la labor de la policía que es responsable de la investigación técnica y material del delito.  De ese modo,  la labor del Ministerio Público termina para siempre con la aberración que existe en el modelo  inquisitivo, de que sea el mismo Juez que realiza la investigación quien  juzgue a los imputados. La fiscalía en el desarrollo de sus labores, se rige a su vez por otros principios ó directrices sustanciales, como son:  los  Principios de Legalidad, Objetividad, Jerarquía, Oportunidad.

CUADRADO SALINAS, nos dice: “el principio acusatorio representa la exigencia de que no exista  condena sin acusación previa y que la función acusadora y la decisora sean ejercidas por órganos distintos. De esta primera premisa se derivan, necesariamente, la vigencia de otros principios esenciales tales como el de imparcialidad judicial y los de contradicción, oralidad y publicidad del juicio oral.”[1]

El Principio Acusatorio contiene en sí mismo, la exigencia de que la ACUSACION sea realizada conforme al debido proceso, es decir: cumpliendo todas las exigencias, presupuestos y garantías procesales, que corresponden a  las partes.

.

EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.

Es un PRINCIPIO fundamental que orienta teleológicamente el proceso penal actual. La IMPARCIALIDAD, es la razón de ser y el fin màximo de la función del Juez. Por ello deviene en fundamento y sustento de todos los demás principios, los mismos que sólo pueden explicarse en función a la búsqueda de la imparcialidad. Porque la Oralidad, la Publicidad, la Inmediación, la Contradicción, la Igualdad de Armas, el Derecho a la Prueba y el principio de Presunción de Inocencia, sólo pueden ser entendidos si se tiene en cuenta que todos ellos, apuntan finalmente a lograr un debido proceso y dentro de éste como cúspide del mismo, como objetivo final deseable del Estado democrático social: lograr una decisión del Juez basada únicamente en el derecho y que no sea arbitraria.[2] Y la única forma de lograr tal cosa, es a través de una decisión imparcial, una decisión que se sujete estrictamente a lo que fluye de las pruebas actuadas en el juicio oral, tras la puesta en práctica de todos los principios que lo sustancian.

El ARTICULO I del Título Preliminar, del Código Procesal Penal peruano, establece en su  numeral 1, el Principio de Imparcialidad:

  • 1.- "La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este código. Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable."

 .

EL PRINCIPIO DE ORALIDAD.

El Principio de Oralidad establece que el discurso oral es la herramienta y el vehículo eficaz, por el cual se expresan las partes y las pruebas en el proceso penal, en forma directa ante el Juez.

La ORALIDAD fue una característica inicial histórica del proceso penal en casi todas las culturas. El nuevo modelo procesal significa un retorno mejorado a la oralidad plena y fecunda. Simple y llanamente significa que todos los recursos, peticiones, pruebas y alegatos del proceso, deben actuarse oralmente ante el Juez, quien debe resolver también en forma inmediata y oral frente a las partes. La ORALIDAD  en tal sentido es el vehículo con el cual se logra  la implementación de los otros principios vitales del proceso penal contemporáneo, tales como: el Principio de INMEDIACION, el de PUBLICIDAD, el de CONTRADICCION, el de IGUALDAD DE ARMAS y hasta el derecho de defensa.

.

EL PRINCIPIO  DE INMEDIACION.

Este principio  señala que las pruebas se actúan directamente ante el Juez, en el juicio oral, en forma inmediata y solo lo actuado en tal forma tiene carácter probatorio.

Con ello se termina para siempre la práctica de recabar kilométricas  declaraciones escritas, que abultaban el  expediente, antes del juicio oral,  para sustentar alguna versión de los hechos.  En el nuevo proceso penal, el Juez ya no leerá tales declaraciones, ni para tener una idea de los sucesos. Tal cosa queda absolutamente proscrita. Lo que propugna el proceso penal actual es la declaración de los testigos y de las partes en forma oral y directa  ante el Juez, sin intermediarios.

Solo en casos muy excepcionales, debidamente previstos por el CPP, de existir alguna contradicción con lo declarado previamente por alguien y previo requerimiento oral necesariamente fundamentado de la parte interesada, el Juez podría autorizar que se oralice alguna declaración escrita de la carpeta fiscal, como referencia subsidiaria. Igualmente en caso de que no concurriese algún testigo, pese haberse cursado debidamente las notificaciones, por razones de muerte, enfermedad o fuerza mayor.

.

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

Es un principio definitorio  del proceso penal. Como sabemos, se refiere a que los delitos y las penas deben estar debidamente establecidos por la ley. Solo la ley determina  las conductas delictivas y sus sanciones. “Nullum crimen, nulla poene sine lege" , no existe delito ni pena sin ley que lo haya establecido previamente. De ello deriva, que en nuestras sociedades,  la ley debe ser escrita (Lex scripta) no determinada por los usos ni la costumbre,  anterior a los hechos (Lex praevia),  estricta (lex stricta) no aplicable por analogía en modo alguno y cierta (lex certa) de aplicación taxativa y plenamente determinada.

El PRINCIPIO DE LEGALIDAD, en el derecho penal es a la par que el debido proceso un principio matriz (EL PRINCIPÌO DE LOS PRINCIPIOS) y a la vez una garantía y un derecho fundamental de cada uno.  En tal sentido, se encuentra expresamente establecido por nuestra Constitución Política del Estado en su Artículo 2 numeral 24 literal D, que dice: “Nadie  será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.”

En el Nuevo Código Procesal Penal, el Principio de Legalidad, se encuentra enunciado entre otros, en el Artículo I numeral 2 del Título Preliminar del CPP, que establece: “Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las normas de este código.” Ello nos recuerda que el proceso penal se encuentra plenamente determinado, en forma previa, estricta y cierta por la ley.

Seguidamente, el PRINCIPIO DE LEGALIDAD está presente en las diversas etapas del proceso consideradas por el CPP. Así y para citar solo unos ejemplos: el Artículo 61 del CPP si bien establece la independencia de criterio del Fiscal, señala que este criterio objetivo se rige por la Constitución y la Ley. El Artículo 155 referido a la PRUEBA, igualmente consagra que la actividad probatoria  se rige por la Constitución y la ley, que determinan la admisión, exclusión o reexamen de las pruebas; lo cual se encuentra concordado con el Artículo 157 del mismo. El Artículo  253 del CPP consagra la excepcionalidad de las medidas de coerción procesal al mandar que: los derechos fundamentales en el marco del proceso penal sólo podrán ser restringidos, si la ley lo permite  y con las garantías previstas en ella. El artículo 344 numeral 2 literal B establece que el sobreseimiento de la causa por el fiscal procede cuando el hecho  imputado no es típico, (esto es: no se adecúa al supuesto previsto por la ley o no existe como delito), facultad y obligación del fiscal que nacen del Principio de Legalidad.

.

EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.

Conforme a la definición general de este principio, el proceso y el juicio oral son públicos.  Toda la comunidad tiene derecho a saber y enterarse de él y sus pormenores. Ello es una garantía del procesado y de la sociedad. Luigi FERRAJOLI nos recuerda que la publicidad garantiza el control interno y externo del proceso, por la opinión pública y por el imputado  y su abogado defensor.[3]  Roxin, remarca,  que “es una de las bases del procedimiento penal , sobre todo una de las instituciones fundamentales del Estado del Derecho… su significado esencial reside en consolidar la confianza pública  en la administración de justicia, en fomentar la responsabilidad de los órganos de la administración de justicia y en evitar la posibilidad  de que circunstancias ajenas a la causa influyan en el tribunal y con ello en la sentencia.”[4]

La Constitución Política del Perú, en su Artículo 139 numeral 4, establece: “La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.” El  artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  consagra el derecho de la persona: “a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial  para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen  de cualquier  acusación contra ella en materia penal.”   El  artículo 11 de esta misma Declaración suscrita por el Perú, establece que toda persona tiene derecho a un juicio público en que se le aseguren todas las garantías para su defensa.

De allí que todos los actos del proceso deben de ser en principio públicos, sin embargo conforme lo prevé nuestra misma norma fundamental, la ley (en los Artículos 357 y 358 del CPP)  establece los casos  excepcionales en que las audiencias del juicio oral son reservadas por razones que tienen que ver con algún bien o interés superior, que puede provenir de la necesidad de proteger a la víctima si es menor de edad por ejemplo o  con la naturaleza íntima del tema,  en los casos de delitos contra la Indemnidad o la  Libertad Sexual, o por algún interés especial, relacionado al orden público o la seguridad nacional.

Finalmente, es necesario considerar  que la publicidad del proceso penal, proviene también del carácter público de la acción penal.  URTECHO BENITES nos recuerda: “La acción penal es pública, porque está dirigida a satisfacer un interés colectivo, general, de que el orden social perturbado por el delito sea debidamente restaurado. De este modo, la acción penal está por encima de los intereses individuales.”[5]

 

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS

El Principio de Igualdad de Armas, se  refiere  a que en el proceso, las partes deben tener las mismas posibilidades, derechos y garantías, para poder defenderse, accionar, impugnar, alegar o intervenir.  Ello tiene profunda relevancia en el desarrollo de todas las etapas procesales, pues implica que las  partes deben tener un permanente y debido conocimiento de la marcha del proceso, para poder hacer uso de su derecho de defensa y  del derecho a la prueba y poder accionar en permanente igualdad. El resultado que se espera es que el proceso sea imparcial y justo.

Nuestro Código Procesal Penal, en su  Artículo I numeral 3, establece  expresamente este principio, al disponer: “Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la constitución y en este Código. Los jueces preservaran el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia”.

Desde esa perspectiva y como se puede advertir, el Principio de Igualdad de Armas, se encuentra plenamente interrelacionado e intrínsecamente implicado  con todos los demás principios propios del modelo procesal acusatorio garantista y adversarial, tales como el principio de contradicción, oralidad, del derecho a la prueba, del derecho a la imparcialidad, etc..

En este orden de ideas, GOZAINI[6], nos recuerda: “En el trámite procesal ambas partes deben tener iguales derechos y posibilidades, lo que se conoce como igualdad de armas, es decir, el equilibrio prudente entre las razones de las partes dando igual oportunidad a ellas para demostrar sus convicciones. La idea está en quitar espacio a la inferioridad jurídica, sin conceder a unos lo que a otros se niega, en igualdad de circunstancias.”

 

El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia 90-1994, explicó este Principio en forma muy ilustrativa, al referirse al:

“llamado principio de "igualdad de armas y medios" en el proceso, corolario de los principios de contradicción y bilateralidad (SSTC 4/1982 y 186/1990), principio que exige que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, ya que para evitar el desequilibrio entre las partes es necesario que "ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación" (STC 66/1988, fundamento jurídico 12). Más concretamente, en lo que aquí importa, que en la aportación de los hechos al proceso se evite una situación de privilegio o supremacía de una de las partes y se garantice "la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio" (STC 227/1991, fundamento jurídico 5º).”

En la sentencia  66-1989, ya el mismo Tribunal Constitucional español había precisado:

“Por lo que se refiere al principio de igualdad de  armas – consecuencia ineludible del de   contradicción- exige que las partes cuenten con  los mismos medios de ataque y defensa e  idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efectos de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales. De este  modo, no son admisibles limitaciones a dicho principio,  fuera de las  modulaciones o excepciones que puedan establecerse en fase de instrucción -o sumarial-  por razón de la propia naturaleza de la actividad  investigadora que en ella se desarrolla,  encaminada a asegurar el éxito de la Indagación.”

(SSTC 66/1989, de 17.04; 186/1990, de 15.09).

 

 

NOTAS

[1] CUADRADO SALINAS, Carmen: LA INVESTIGACION EN EL PROCESO PENAL, Ediciones LA LEY, Madrid, 2010, pp. 120-121.

[2] AARNIO Aulis: LA TESIS DE LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA Y EL PRINCIPIO REGULATIVO DEL RAZONAMIENTO JURÍDICO. En: DOXA - CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO, Publicaciones Periódicas, Universidad de Alicante, Nº 08, 1990, pp. 25-26: “El sistema del estado de derecho garantiza, entre otras cosas, un máximo de certeza jurídica para las partes de un proceso. De acuerdo con su formulación clásica, certeza jurídica significa negación de la arbitrariedad. Los ciudadanos tienen que poder planificar su conducta y ello solo es posible sobre la base de una práctica judicial previsible. En otras palabras, la interpretación que presentan los jueces no puede ser meramente azarosa o estar basada en la irracionalidad, tiene que basarse siempre en el derecho y solo en él.”

[3] FERRAJOLI, Luigi: DERECHO y RAZON- TEORIA DEL GARANTISMO PENAL, Ed. TROTTA, Madrid, 1995,  pp. 616.

[4] ROXIN, Claus: DERECHO PROCESAL PENAL, Editores del Puerto, Buenos Aires,  2006, pp. 407.

[5] URTECHO BENITES, Santos Eugenio: LOS MEDIOS DE DEFENSA TECNICOS y EL NUEVO PROCESO PENAL PERUANO, Ed. IDEMSA, Lima, 2014, pp. 44.

[6] GOZAINI, Osvaldo A: TEORIA GENERAL DEL DERECHO PROCESAL,  Edit Ediar S.A, Buenos Aires, 1996, pp. 101. 

¿ES NECESARIA LA PRESENCIA DEL IMPUTADO en la AUDIENCIA DE PRISION PREVENTIVA?

febrero 02, 2014

.

¿ES NECESARIO QUE EL IMPUTADO SE ENCUENTRE DETENIDO PARA PODER SOLICITAR LA PRISION PREVENTIVA? 

No lo es, en modo alguno. La ley solo exige que se haya dictado la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria  y la concurrencia de los presupuestos establecidos por el Artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal. Sobre ello, ya se pronunció la SENTENCIA CASATORIA Nº 01-2007- HUAURA, la  cual en su Fundamento Cuarto nos recordó que: Los presupuestos materiales para la imposición de esta medida de coerción se encuentran expresamente establecidos por los artículos 268 a 271 del Código Procesal Penal y "no constituye presupuesto material de dicha medida personal, como claramente fluye del artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal, que el imputado se encuentre sujeto a la medida provisionalísima de detención, en cualquiera de sus modalidades." 

¿ES IMPRESCINDIBLE la PRESENCIA DEL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE PRISION PREVENTIVA?

No lo es, tampoco. Conforme lo resaltó la ya referida SENTENCIA CASATORIA Nº 01-2007-HUAURA, en su Fundamento Séptimo: La Audiencia de Prisión Preventiva se encuentra regulada por el Artículo 271 del Nuevo Código Procesal Penal, el cual señala las siguientes exigencias para la audiencia de Prisión Preventiva: a) Requerimiento o solicitud del Ministerio Público, b) Realización de la Audiencia dentro del plazo de las 48 horas siguientes a su requerimiento y c)Concurrencia a la Audiencia del Fiscal requirente, del imputado y de su defensor, si éste último no asiste o el imputado no lo tiene, se le reemplaza en el acto o interviene el defensor de oficio. Siendo, que el mismo Artículo 271 establece la siguiente salvedad: "Si el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia, será representado por su abogado o el defensor de oficio, según sea el caso."  Por lo cual dicha sentencia casatoria puntualiza: "No es pues, absoluta la necesidad de la presencia del imputado en la audiencia de prisión preventiva; es sí necesaria, su debida citación en su domicilio real o procesal, -si lo hubiera señalado-, o su conducción al Juzgado cuando esté efectivamente detenido...Si el imputado se niega a asistir, sea porque huyó, porque no es habido -lo que denota imposibilidad material del Juez para emplazarlo -o porque sencillamente no quiere hacerlo- en ejercicio de su derecho material de defensa, a su propia estrategia procesal o por simple ánimo de sustracción o entorpecimiento procesal-, la audiencia se lleva a cabo con la representación técnica del abogado defensor de confianza o de oficio."

// Conclusión:  En suma, se puede solicitar o requerir, la medida de Prisión Preventiva, respecto a un imputado que no se encuentra detenido, siempre y cuando concurran los presupuestos establecidos por el ARTICULO 268 del Código Procesal Penal. Siendo que a dicha audiencia puede o no concurrir el imputado, según convenga a sus intereses; debiendo en todo caso, ser representado por su abogado particular o público.

LA NOTIFICACION DE TESTIGOS y PERITOS en la ETAPA DE JUICIO ORAL.

enero 12, 2014

.

Acaban de ser publicados los últimos acuerdos plenarios a los que arribaron, en su oportunidad, las Salas Penales de nuestra Corte Suprema, durante el VIII PLENO JURISDICCIONAL - 2012.

Entre los variados y utilísimos tópicos que tocan dichos acuerdos, hay uno que consideramos muy  importante: el  Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116,  el cual correctamente interpreta y aclara que la tarea de citar a los testigos y peritos en la etapa del Juzgamiento o Juicio Oral,  corresponde al Poder Judicial, pues constituye una potestad y obligaciòn de èste último y el Ministerio Público solamente coadyuva, es decir apoya, contribuye,  en forma subsidiaria en eso.   Tal Acuerdo Plenario, que por otra parte nace de una interpretación, no solo  literal sino sistemática, teleologica  y razonable de lo que manda el Artículo 355  del CODIGO PROCESAL PENAL, al fin pone las cosas en su sitio. Nos permite recordar, que el Juzgamiento está a cargo del órgano jurisdiccional y no de las partes, que en tal sentido el  poder encargado de impartir justicia no puede eludir las obligaciones y atribuciones de las que está investido, para citar a los que resulte necesario, con el fin de dirimir la controversia y resolver. Por tal razón, este ACUERDO PLENARIO señala expresamente que:"la citación a juicio de testigos y peritos, no es una actuación procesal que competa a los fiscales."  Porque, "es el órgano jurisdiccional el que hace el Juicio, capta la información y expide resoluciones orales y/o escritas y es a su área administrativa a la que corresponde notificar", con la información que le brinden las partes.

A nuestro criterio, ello no hace sino recordarnos, que el proceso penal finalmente es uno de derecho público y su adecuada  tramitación y solución durante el Juicio Oral,  se encuentra a cargo y corresponde directamente al Poder Judicial, que está facultado para tal fin y por ello  mismo forma parte de las atribuciones que este tiene para citar a las personas a declarar e imponerles los apremios que sean necesarios en pos de culminar un debido proceso, brindar efectiva tutela jurisdiccional a las partes y poder ejercer el jus puniendi del Estado; sin perjuicio de las atribuciones propias del Ministerio Pùblico, en su rol de acusador,  el mismo que como tal solo puede coadyuvar en la tarea de citar a testigos y peritos, durante el Juicio Oral.

SOBRE ELLO ver: http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=000007433

EL SICARIATO

diciembre 24, 2013

 

Con estas palabras se viene denominando comúnmente, a un fenómeno criminal que viene acometiendo terriblemente  a nuestra sociedad: el asesinato  a cambio de la entrega de un dinero.

Históricamente, ya en ROMA, se conocía a los sicarios,  cuyo nombre significaba: asesino a sueldo y su apelativo provenía de la daga que portaban escondida bajo la toga, denominada sika,  con la cual generalmente los asesinos llevaban a cabo su cometido.

El  hoy  denominado sicariato es un fenómeno delictivo, sumamente  dañoso, cuyo enfoque  legal  debería  tener en cuenta, a nuestro juicio,  los siguientes aspectos:

.

1.-  BIENES JURIDICOS AFECTADOS:  LA VIDA y LA DIGNIDAD HUMANA

El homicida por encargo, lesiona un bien jurídico máximo en toda sociedad: la vida humana. Pero igualmente lesiona otros valores relacionados rotundamente con la vida del hombre:  como la dignidad humana, al poner un pretendido precio  a un bien jurídico invaluable, como es la existencia de cualquier persona,  con desprecio absoluto de todo lo que ello significa. Este tipo de homicidio, como debemos darnos cuenta, constituye un crimen nefando, ignominioso, radicalmente ofensivo de  la dignidad humana,  puesto que proviene de un pretendido trato o negocio que pretende comprar y vender la existencia de una determinada persona, como si se tratase de una mercadería; es por ello que le añade al  terrible desvalor del  homicidio, un factor más:  el ponerle precio a una vida humana, como si se tratase de la venta de un pavo o un lechón para sacrificar,  al  que se puede comprar y vender en el mercado.

El sicario y su coautor,  se atreven así  a disponer de la vida de alguien, a cambio de un dinero,  concertando un trato como si la vida humana fuera una mercancía.  El sicario  asigna un supuesto precio  a  la existencia de cualquier persona y con ello su accionar resulta profundamente dañoso  de la dignidad humana, del orden natural y del orden jurídico: pues en esa forma, la vida humana es asumida como una cosa, de la cual el autor directo y el mediato (el autor intelectual, el comprador de esa vida) disponen,  en una forma que solo podemos calificar como máximamente perversa, pues el homicida lucra, negocia, obtiene un beneficio económico ilícito, del homicidio. Un accionar criminal que trasluce un móvil de los más radicalmente innobles: el sicario asesina a cambio del precio que le ha puesto a una vida humana.

.

2.- DELITO DE LESA HUMANIDAD.

Desde esta perspectiva, el sicariato se convierte en un CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, es decir que vulnera y afecta el sentido y la definición de lo humano y que por ende agravia e injuria a toda la humanidad. Al cosificar a la vida, al disponer de ella como una mercancía, se reduce a la existencia humana y se la degrada, a extremos increíbles, de una simple cosa,  que puede ser comercializada en el mercado; por lo cual, desde la perspectiva de la dignidad humana,  el sicariato llega a igualar o incluso a superar a la tortura y al genocidio, en cuanto al desvalor de la acción que implican, pues por lo común el accionar del torturador o el genocida pretende ampararse o  alegar algún supuesto fin social, cultural o ideológico (que por cierto no los justifica en modo alguno);  pero en cambio el accionar del sicario  solo se explica  en razón a un vil contrato espureo por el cual se pretende comprar y  vender  la vida de una persona; siendo que el sicario procede simple y brutalmente porque su “negocio” criminal  y de lesa humanidad es segar la vida de alguien a cambio de un pretendido precio.

.

3.- PENA QUE SE DEBERIA CONSIDERAR

Ante tamaño desvalor,  de la acción y del resultado, que afectan la vida y a la dignidad humana, teniendo en cuenta  las finalidades preventivas de la norma penal, y apreciando la seguridad pública y el Principio de Proporcionalidad de la pena, y de igual modo la necesidad de restablecer la vigencia de la norma penal y de los bienes y valores jurídicos máximos que este género de delitos vulnera, así como el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales conexos;  considerando que este tipo de delito es tan o más grave que el robo con  muerte, el secuestro con muerte, la violación sexual o la sustracción de armas con muerte de la víctima; resultaría razonable  que se considere imponer al sicariato la pena máxima que corresponde, a  un crimen máximo o de lesa humanidad de esta dimensión: ello conlleva  la necesidad  de ponderar la aplicación de la pena de cadena perpetua para los autores (para el sicario o autor directo y en igual forma para el autor mediato que pagó al sicario); luego del  debido proceso correspondiente.

 

LA SENTENCIA PENAL y SU JUSTIFICACION INTERNA y EXTERNA.

diciembre 12, 2013

Mario Humberto Ortiz Nishihara. 

SUMARIO.

1.  Sobre las pretensiones de toda sentencia.

2.  Contexto de Descubrimiento y  Contexto de Justificación.

3.  Una decisión no arbitraria.

4.  La Justificación Interna de la Sentencia.

5.  La Justificación Externa de la Sentencia.

6. El rol de las partes: el Ministerio Público y el abogado defensor, respecto a la sentencia, en el nuevo proceso penal.

7. La Oralidad, la Debida Motivación de las Resoluciones y el Perfil del Juez en el nuevo proceso penal.

_______________________________________________________________

 1.   SOBRE LAS PRETENSIONES DE TODA SENTENCIA.

 

Una sentencia justa y bien fundamentada, es la culminación necesaria del Debido Proceso, pues significa la concreción de todos los principios sustantivos y de todas las garantías procesales, en una resolución final, plenamente motivada, que aspira resolver con justicia[1] el problema o conflicto jurídico a que se refiere y ser aceptada o por lo menos entendida,  por las partes y por la comunidad en general.

Autores como ZAVALETA RODRIGUEZ señalan: "una vez que el juez ha llegado al convencimiento respecto de una tesis determinada, le toca persuadir a las partes, a la comunidad jurídica y a la sociedad en general, de los fundamentos probatorios que avalan la versión de lo sucedido."[2].  Al respecto, si bien, el máximo objetivo deseable, de toda sentencia penal, es resolver con plena justicia en base a la prueba existente; también debe buscar que todos entiendan, la corrección lógico-formal y las razones del fallo emitido; aunque, con relación a esto último, es preciso reconocer: que muchas veces ello no será posible, debido a la fuerza de los intereses en conflicto, a la natural insatisfacción del ser humano o a la cultura imperante en vastos sectores de nuestra sociedad, de no saber asumir o aceptar sus responsabilidades. Pero sí se debe pretender que la sentencia se justifique racionalmente ante las partes y ante todo aquél que la escuche o la  lea; esto quiere decir, que sea: comprensible y explicable a partir de su propia estructura lógico formal y de sus fundamentos de hecho y derecho; lo que finalmente significa una adecuada y suficiente motivación de la sentencia, tal como lo exige el Debido Proceso y lo establecen nuestra norma constitucional y los stándares mínimos de derechos fundamentales reconocidos por la mayoría de declaraciones de derechos humanos y pactos internacionales. De allí, la importancia, de tener en claro algunos conceptos teóricos y técnicos esenciales, que nos ayuden a lograr tan preciado objetivo.

Primeramente, debemos recordar, que toda sentencia o resolución final que ponga fin a un proceso, o como dice Robert ALEXY: toda decisión jurídica, debe cumplir dos niveles mínimos de fundamentación o justificación: Uno, denominado Justificación Interna, que trata de ver si la decisión del Juez es lógica, es decir si se corresponde lógicamente con las premisas que se proponen como su sustento, y otro  segundo nivel denominado Justificación Externa, que tiene que ver con la  corrección o fundamentación racional del contenido de las premisas usadas en la justificación interna.[3]

 En otras palabras, toda sentencia debe tener:

a) Un nivel lógico formal, de validez, del razonamiento deductivo.

b) Un nivel argumentativo, respecto a los hechos y pruebas que corresponden a la controversia, en función a las normas, conceptos e instituciones con los cuales se interpretan y se califican jurídicamente tales hechos y pruebas.

En ese orden de ideas, en el presente artículo nos aproximaremos a dichos aspectos, a los que la doctrina entiende como: JUSTIFICACION INTERNA y JUSTIFICACION EXTERNA de la sentencia, respectivamente.

 

 

2.-  CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO y CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN.

Siguiendo a ATIENZA, podemos entender, que en el plano de la argumentación jurídica, se denomina CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO: al procedimiento por medio del cual se llega a establecer una determinada premisa, conclusión o decisión[4], y CONTEXTO DE JUSTIFICACION al procedimiento para justificar esa conclusión o decisión a la que se ha arribado[5]. Sobre ello, es obvio, que el contexto de descubrimiento no puede derivar de intereses personales, prejuicios y/o tendencias del juez; puesto que para ser conforme a derecho y al debido proceso, el CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO de la decisión del Juez, solo puede partir de lo que se desprende objetivamente de la prueba actuada y nunca de personales puntos de vista o preferencias.


 3.-  LA DECISION NO PUEDE SER ARBITRARIA.

Resulta innegable, que el Juez, como ser humano y social, tiene toda una concepción personal de la vida (una welstanchaung), una ideología, una cosmovisión, e  incluso particulares simpatías o afinidades culturales y humanas; pero con relación a ello: una de las fortalezas que la sociedad le exige al magistrado para poder confiarle la potestad y al mismo tiempo el servicio de hacer justicia, es precisamente el que pueda ser imparcial y capaz de resolver única y exclusivamente en función a lo que se ha probado o se ha desvirtuado en el proceso, conforme a la ley y a los principios del derecho aplicables al caso; por consiguiente su decisión no puede ser influida, ni prejuiciada ni predeterminada por ningún otro factor o elemento de juicio que no sean los que provengan de las pruebas y del análisis probatorio. En todo caso, los únicos compromisos que tiene el Juez, son con la justicia y con la persona humana, en el contexto de una sociedad que como la nuestra se orienta por los perfiles del Estado democrático social de derecho, como lo recuerda  AARNIO Aulis [6] y en consecuencia su decisión al resolver un litigio jamás puede ser arbitraria, sino que estará determinada por los hechos probados o no probados; su fallo se ajustará a lo verificado o no verificado en el juicio oral, conforme al debido proceso. Los límites, en los que puede reflejar su criterio, se dan para efectos prácticos, en tópicos como los concernientes, por ejemplo, al cuantum de la pena concreta a aplicar en un determinado caso dentro de los márgenes previstos por la norma, o los atenuantes que existieran y que se deban considerar en un caso concreto, o el monto de la reparación civil a pagarse; pero aún así, su decisión debe estar enmarcada no por lo que él desearía -particularmente- que fuera, sino por lo que mejor sirva, al interés de la sociedad y de la persona humana, en relación a los fines de prevención general y especial de la pena.

 Es por tal razón, que consideramos: que el CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO de la decisión del Juez, en realidad solo puede darse: nutriéndose y desarrollándose con los elementos del CONTEXTO DE JUSTIFICACION de su fallo. Y la justificación de toda sentencia, como ya hemos dicho, tiene dos niveles, que son conocidos como: justificación interna y justificación externa.

 

4. LA JUSTIFICACION INTERNA DE LA SENTENCIA.

 

La justificación interna de la sentencia se refiere a la validez formal de la decisión a que ha llegado el Juez. Alude a la coherencia lógica de una resolución judicial. En torno a este punto, debemos recordar, que desde una perspectiva lógico formal: una conclusión es necesariamente verdadera si deriva de la inferencia válida de dos premisas verdaderas, es decir lógicamente correctas, válidas.[7] La justificación interna, permite determinar pues, si el paso de las premisas a la conclusión tiene lugar de acuerdo con las reglas del razonamiento lógico; en suma, se refiere a la corrección o validez de la inferencia[8], expresada en la conclusión de la sentencia.

En esta tarea, el SILOGISMO es la estructura mínima de razonamiento lógico-formal, del que se hace uso, para lograr dicha JUSTIFICACION INTERNA o lógica de la decisión jurídica. ANIBAL TORRES, indica: “El silogismo subjuntivo es una operación lógica que consiste en que el Juez subsume los hechos –premisa menor- en la norma –premisa mayor- y la conclusión es la sentencia.”[9]

Una regla o modelo lógico, es un instrumento que nos permite verificar que el razonamiento es formalmente correcto, impecable en el orden de sus premisas y su resultante; de esta manera nos proporciona la validez deductiva de la sentencia. Como un ejemplo de estructura lógica, muy simple, pero reconocible en la práctica legal diaria, para representar inicialmente una decisión judicial y controlarla formalmente, se utiliza la regla modus ponendo ponens[10], base del silogismo hipotético:

------------------------------------------------------------------

P entonces Q

P

Luego Q

-------------------------------------------------------------------

PREMISA MAYOR (norma aplicable al caso)

PREMISA MENOR (hecho probado)

CONCLUSION (fallo)

--------------------------------------------------------------------

El que mata a otro, será condenado a una pena.

José mató a Iván.

José será condenado a una pena.

----------------------------------------------------------------------

Empero, este ejemplo, es solo una muestra o ejercicio muy sencillo, digamos un esquema lógico-deductivo primario o básico, para poder validar la decisión judicial; y sirve para sugerirnos cómo se verifica –inicialmente- si un hecho probado en la investigación judicial se subsume dentro del supuesto previsto y sancionado por la norma; pero el resolver un caso penal exige en la realidad recurrir a otras formas de silogismo más  complejos, derivados de este modelo clásico, que se utilizan en función a las características de cada caso, a los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad del delito, a los distintos partícipes, autores o cómplices que intervinieron, a la pena que deberá imponerse, etc. De allí que la doctrina, considere formas más desarrolladas del silogismo, a usar en la sentencia penal; como el propuesto por SANTA CRUZ, quien formula un modelo más detallado, al que denomina SILOGISMO DECISIONAL[11]; en base al cual citamos el siguiente ejemplo, sobre homicidio simple:

-----------------------------------------------------------------------------

PREMISA MAYOR ó NORMATIVA: Si alguien mata, mediante una conducta típica y antijurídica que le sea imputable personalmente, entonces ha cometido delito de homicidio y se le aplicará una consecuencia penal, a ser determinada por el Juez.

PREMISA MENOR ó FACTICA: Está probado que Juan ha matado a Pedro mediante una conducta típica, antijurídica y que le es imputable personalmente.

CONCLUSION: Juan ha cometido delito de homicidio y se le aplicará una pena.

------------------------------------------------------------------------------

El esquema de silogismo arriba expuesto, es resultado de sucesivos silogismos previos, a los que se denomina SILOGISMOS COMPLEMENTARIOS; así por ejemplo: revisando la premisa menor o fáctica del modelo precedente, vemos que en ella se afirma que está probada la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad de la conducta de Juan; tal cosa significa que previamente, respecto a cada una de dichas cuestiones se ha tenido que dilucidar, mediante otros tantos silogismos previos, si los hechos incriminados a Juan, se subsumen en los criterios que determinan: 1)La tipicidad, 2) La antijuricidad, y 3) La responsabilidad y punibilidad penal.

Es pertinente, citar a continuación, el ejemplo de silogismo complementario, sobre la Tipicidad, que SANTA CRUZ  nos propone:

PREMISA NORMATIVA: Si una muerte es imputable objetivamente a una persona (ha creado un riesgo jurídicamente relevante para la vida, que se ha realizado en el resultado muerte) y además ha actuado con dolo (conciencia y voluntad de matar) o culpa, entonces, esta persona ha matado mediante una conducta típica.

PREMISA FACTICA: La muerte de Pedro es imputable objetivamente a Juan (por haberle disparado con arma de fuego) quien además ha actuado con dolo.

CONCLUSION: Juan ha matado mediante una conducta típica.

----------------------------------------------------------------------------------

Como lo estamos viendo, la lógica nos puede ayudar a ordenar y verificar formalmente, mediante inferencias válidas, las conclusiones parciales de la investigación judicial, hasta llegar al silogismo mayor o decisional, que sustenta la validez deductiva de toda la sentencia.

Sin embargo, habría que ser conscientes, de algunas atingencias necesarias:

a) En primer lugar, todos sabemos que en la realidad cotidiana de los tribunales, en la práctica y el ejercicio forense: es inusual e incluso tal vez poco práctico, que las sentencias judiciales se eslabonen y expresen como una serie de silogismos, cada cual más complejo y detallado; ello no ocurre así, por muchas razones, entre otras, por la carga procesal que impide tal ejercicio lógico; pero sin embargo, es innegable, que en el cuerpo de los diversos fundamentos que contiene una sentencia judicial, en forma implícita subyacen, se utilizan y en forma muy amplia, todos los silogismos que un caso exige para ser resuelto, como parte de las necesarias subsunciones y argumentaciones que se tienen que llevar a cabo, para poder crear y dictar una sentencia. Tomar conciencia de este hecho resulta imprescindible y más aún el poder corroborar la validez formal de tales silogismos, en los casos que fuere necesario.

b) En segundo lugar, es menester asumir lo que muy bien señalan COPI y COHEN: la lógica puede apoyar, pero nunca puede garantizar la obtención de conclusiones correctas, porque la verdad de cada premisa está abierta a discusión, pues los métodos de la lógica solo resultan exitosos y adecuados para resolver problemas de todo tipo, si los fundamentos sobre los que se construye el razonamiento de tales premisas, son sólidos, consistentes y adecuados (12).

¿Qué debemos entender como fundamentos sobre los que se construye el razonamiento de las premisas?  Esta cita de Irving COPI, nos permite introducirnos, en el tema de la llamada JUSTIFICACION EXTERNA, de una decisión judicial.

 

5. LA JUSTIFICACION EXTERNA DE LA SENTENCIA.

 

La lógica y sus reglas nos proporcionan la estructura formal de la decisión judicial; pero no es en modo alguno suficiente para fundamentar el porqué de las proposiciones (afirmaciones o negaciones) que cada premisa incluye, es decir las razones que las sustentan. Porque, llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿cuáles son los fundamentos que sostienen el contenido de las premisas de las que deriva el fallo? Por ejemplo, y para proponer solo unas pocas preguntas de las muchas que resultan ineludibles al momento de resolver: ¿cómo fundamentamos qué normas penales resultan pertinentes para el caso? ¿cómo interpretamos sus alcances?; ¿cómo analizamos los hechos y las pruebas?, ¿cómo determinamos y sustentamos que algunos hechos están probados y otros no?, ¿cómo fundamentamos la condena o absolución? Para ser más precisos, en la premisa mayor o normativa, del ejemplo de silogismo decisional líneas arriba citado: ¿qué entendemos por una conducta típica de homicidio? ¿cuáles son los elementos objetivos y subjetivos del tipo que deben tenerse en cuenta para calificar la acción de José como tal delito? ¿cuáles son los criterios para determinar si el autor procedió o  no con ferocidad o alevosía?. Para atender estos aspectos, no nos basta el esquema lógico formal  ó justificación interna de la sentencia; para poder fundamentar estos aspectos: debemos adentramos en un terreno de definiciones y argumentaciones que corresponden a la dogmática y a la teoría del delito; en suma, a lo que la doctrina denomina: JUSTIFICACION EXTERNA de la sentencia; que es la que se ocupa del sustento o racionalidad de los aspectos normativos, interpretativos, dogmáticos y fáctico valorativos de la decisión judicial.

Por JUSTIFICACION EXTERNA de la sentencia, se entiende pues: a la fundamentación, razonable, adecuada, suficiente y conforme al debido proceso, del contenido de las PREMISAS que integran el silogismo planteado en la justificación interna ó estructura logica - formal, del razonamiento judicial. Como tal, se refiere a la justificación de la decisión del Juez, desde el punto de vista de sus argumentos y comprende la justificación del contenido de la premisa normativa (premisa mayor) y la justificación del contenido de la premisa fáctica (premisa menor). Autores como SANTA CRUZ la denominan: justificación desde el punto de vista material [13] (ojo: no lógico formal).  Robert ALEXY por su parte, nos resume ello señalando que: el juicio sobre la racionalidad de la decisión, pertenece al campo de la justificación externa.[14]

Esta delimitación de los términos, conceptos, definiciones y argumentos incluidos en las premisas de la decisión judicial, requiere de una amplia gama de aportes o nociones teóricas y doctrinarias. Para justificar la premisa mayor normativa, que tiene que ver con la parte general y especial del Derecho Penal, se recurre a la Dogmática jurídica, la Teoría del Delito y la Teoría de Interpretación de la Norma Penal, y otras disciplinas como la Ciencia Política o la Criminalística, todas con su vasta gama de posiciones y concepciones. Para justificar la premisa menor que se refiere a la revisión y estudio de los hechos y las pruebas, se emplea la Teoría del análisis y valoración de la prueba[15]; en concordancia con los principios y garantías constitucionales. Todo ello, haciendo uso –además- de los aportes de las teorías de la argumentación jurídica y de la motivación y estructuración de resoluciones judiciales.

.

6. EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO y LA DEFENSA RESPECTO A LA SENTENCIA.

Respecto a la sentencia que dictará el Juzgador conforme a sus atribuciones, el papel del Ministerio Público, como defensor de la legalidad y titular de la acción penal, consagrado por el Artículo 159 de la Constitución Política del Perú, resulta muy importante; pues, a lo largo de todo el proceso debe dirigir la investigación y aportar la carga de la prueba; tarea que se explicita más en el nuevo Código Procesal Penal. Esto significa: A) Que, el Ministerio Público conforme a la distribución de roles, propia del modelo acusatorio, en su momento, al término de la Investigación Preparatoria, postulará la acusación que corresponda contra el imputado o de ser el caso solicitará el sobreseimiento del proceso. En esta forma, deberá aportar al Juez todos los elementos probatorios que se deben  actuar  en el Juicio Oral con la finalidad de que el Juez tome una decisión y pueda dictar sentencia, para ello alcanzará pruebas y evidencias suficientes para dilucidar los hechos, aportando el material que ha de servir para los fundamentos fácticos de la sentencia, a enfocarse en la justificación externa del razonamiento judicial. Por otra parte, conforme a su papel de defensor de la legalidad y del debido proceso, el Ministerio Público velará por la correctitud de la sentencia y debida fundamentación jurídico-legal de la misma, por lo cual a su turno y de ser el caso formulará el recurso impugnatorio que sea pertinente.  B) La defensa del acusado, también puede aportar pruebas de descargo, pero lo más importante: puede contradecir  y desvirtuar la acusación contra el imputado, a través del uso  o ejercicio del derecho de defensa y con la estrategia que corresponda a su propia teoría del caso, en forma  consustancial a sus obligaciones deontológicas, a su Código de Etica profesional y a los deberes y derechos que le confieren la Constitución y las leyes; al ejercer la defensa de sus patrocinados con veracidad, conocimiento, lealtad y honradez, como colaborador de la justicia.

En suma, el papel de ambas partes Ministerio Público y defensa legal, a lo largo del proceso, es sumamente esencial, en relación a lo que será la justificación de la sentencia a cargo del Juez, ya que plantearán recursos, aclarando, aportando, recordando: lineamientos doctrinarios, jurisprudencia, casuística, propiciando la reflexión y el correcto razonamiento jurídico, que el Juez debe tener en cuenta en la justificación externa de su premisa mayor, y proponiendo la debida valoración de la prueba actuada, y de ser el caso, los eximentes o atenuantes que hubieren. Todo lo cual, tiene profunda vinculación con los argumentos que deberá usar o refutar el Juez, en la fundamentación de su decisión, en la justificación externa de la sentencia. Finalmente; ambos, Ministerio Público y abogado, pueden hacer uso de la apelación, si existiere una deficiente o errada fundamentación.

.

7.LA ORALIDAD, LA DEBIDA MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES  y EL PERFIL DEL JUEZ EN EL NUEVO PROCESO PENAL.

Por mandato constitucional, toda resolución judicial debe ser debidamente motivada, explicando y justificando las razones de la decisión tomada por el Juez, resolviendo cada una de las razones planteadas por las partes y detallando el porqué se valora o no se valora determinadas pruebas o elementos indiciarios actuados en el juicio y de ser el caso porqué se aparta el Juez de determinado criterio jurisprudencial que hubiera sido ofrecido o citado por las partes en la audiencia oral, como guía para resolver el caso.

En el nuevo modelo procesal penal, el Juez debe proceder a hacer tal cosa, en forma oral e inmediata,   dictando sentencia una vez  hayan concluido la actuación probatoria, los alegatos de las partes y las deliberaciones;  e igualmente  en el caso de cualquier resolución o decreto de mero trámite.  Con ello se propugna, no solo la vigencia de la oralidad del proceso, sino  también  el cumplimiento de los Principios de Inmediación, de Imparcialidad, de Publicidad y hasta de Contradicción y control de las decisiones judiciales. Sin embargo, tal requerimiento,  como se puede ver, significa, que para que se cumpla  plenamente  la ORALIDAD del proceso y demás principios rectores del mismo, en consonancia con el mandato constitucional de la debida motivación de las resoluciones, el perfil del Juez Penal en el nuevo proceso oral, debe incluir entre otras, determinadas  competencias y aptitudes, que podrían resumirse en la forma siguiente:

a) Un adecuado uso del raciocinio lógico, de la ciencia y de las máximas de la experiencia, que le permitan al Juez explicar sus decisiones desde el punto de vista interno ó formal; y hacerlo saber oralmente, en la misma audiencia. Al menos en sus aspectos más importantes o esenciales.

b) Un conocimiento y dominio suficiente de la doctrina y de la jurisprudencia penal, con énfasis en la más reciente, que le permitan al Juez: justificar sus decisiones desde el punto de vista externo, en forma oral e inmediata, en la misma audiencia. Al menos en sus puntos más importantes o esenciales.

c) Un uso eficaz de la memoria, para poder retener, detallar y analizar las razones vertidas por cada una de las partes, que se acaban de oir y apreciar en la misma audiencia, para luego explicar porqué se asume una de las versiones o teorías del caso que han sido escuchadas y porqué se desestima la otra.

.

 COLOFON:

El contexto de JUSTIFICACION, en la argumentación jurídica; responde a la pregunta: “¿bajo que argumentos la decisión del Juez es legítima?”[16]. Ello, significa pues: exponer las razones y condiciones que justifican o sustentan cada argumento de la decisión judicial y que la hacen no solamente plenamente aceptable ante la sociedad, sino también justa y/o legítima; para lo cual es necesario hacer uso de los medios y disciplinas adecuadas que sirven a este fin; en la perspectiva de brindar el mejor servicio a la comunidad. Este ha sido un artículo introductorio al conocimiento de algunas herramientas imprescindibles para tal cometido; respecto a lo cual cabe finalmente hacer extensivo algo expresado por ATIENZA[17]: en el estado democrático de derecho ello no puede verse simplemente como una cuestión de identificación y seguimiento de las pautas que rigen una práctica, sino en lo posible y fundamentalmente como una cuestión de mejora de esa práctica.

NOTAS.

[1] CHOCANO NUÑEZ, Percy: DERECHO PROBATORIO y DERECHOS HUMANOS, IDEMSA Editores, Segunda Edición, Lima, julio 2008, pp. 689; nos recuerda: que el proceso es el único camino legítimo para hacer efectivo un derecho o para afectarlo, pero para que esta función tutelar sea efectiva, la sentencia debe ser justa, es decir, debe realmente dar lo suyo a quien corresponda.

[2] ZAVALETA RODRIGUEZ, Roger y OTROS: RAZONAMIENTO JUDICIAL: INTERPRETACIÓN, ARGUMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. ARA EDITORES EIRL, Segunda Edición, Lima, Septiembre del 2006, pp. 419.

[3] ALEXY, Robert: TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA, Palestra Editores, Lima, 2010, pp. 306.

(4] ATIENZA, Manuel: LAS RAZONES DEL DERECHO- TEORÍAS DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO-UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Segunda Reimpresión, 2005, pp. 4.

(5) Ibid, pp.4

(6) Con relación a ello, cabe citar a AARNIO Aulis: LA TESIS DE LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA Y EL PRINCIPIO REGULATIVO DEL RAZONAMIENTO JURÍDICO. En: DOXA - CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO, Publicaciones Periódicas, Universidad de Alicante, Nº 08, 1990, pp. 25-26: “El sistema del estado de derecho garantiza, entre otras cosas, un máximo de certeza jurídica para las partes de un proceso. De acuerdo con su formulación clásica, certeza jurídica significa negación de la arbitrariedad. Los ciudadanos tienen que poder planificar su conducta y ello solo es posible sobre la base de una práctica judicial previsible. En otras palabras, la interpretación que presentan los jueces no puede ser meramente azarosa o estar basada en la irracionalidad, tiene que basarse siempre en el derecho y solo en él. En una sociedad moderna la certeza jurídica cubre dos elementos diferentes: a) en el razonamiento jurídico ha de evitarse la arbitrariedad (principio del Estado de Derecho) y b) la decisión misma, el resultado final, debe ser apropiado. De acuerdo con el punto b, las decisiones jurídicas deben estar de acuerdo no solo con el Derecho (formal), sino que también tienen que satisfacer criterios de certeza axiológica (moral).(…) En la sociedad, la decisión jurídica solo puede ser aceptable, a condición de que ambos conjuntos de criterios: a y b sean satisfechos. El proceso de razonamiento debe ser racional y sus resultados deben satisfacer las demandas de justicia. Además si una decisión no es aceptable tampoco puede ser legítima – en el sentido amplio de la palabra.(…) Así, los tribunales tienen una responsabilidad social especial en maximizar la certeza jurídica. Solamente entonces es aceptable su función. Sin embargo, ¿cómo conseguirla?(…) La única respuesta a aquella cuestión es usar argumentos apropiados (razones). Por eso, en todas las sociedades modernas se ha incrementado la importancia del razonamiento jurídico.”

(7) ATIENZA, Manuel; op. cit. pp.12 y 16.

(8) ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA- AMAG- Dirección Académica – Programa de Actualización y Perfeccionamiento- Separata del Curso de Especialización en RAZONAMIENTO JURIDICO PENAL, Lima, 2007, pp. 19-20.

(9) TORRES VASQUEZ, Aníbal: INTRODUCCION AL DERECHO, IDEMSA, Tercera Edición, Primera Reimpresión, Lima-Perú, marzo 2008, pp.173.

(10) ITURRALDE, Victoria: SOBRE EL SILOGISMO JUDICIAL; Anuario de Filosofía del Derecho, VIII, 1991. En: Separata de RAZONAMIENTO JURIDICO- Módulo I- Tercer PROFA- Academia de la Magistratura- AMAG, Lima, 2000, pp. 71 y 75.

(11) SANTA CRUZ, César: JUSTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES JUDICIALES Y LÓGICA FORMAL EN SEDE PENAL; Academia de la Magistratura- AMAG, III PROFA, Parte 2 - Prácticas- Lima, pp. 23-24

(12) COPI, Irving M. y COHEN Carl: INTRODUCCION A LA LOGICA - La Lógica y el Derecho; LIMUSA, México, 1995, pp. 619-620.

(13) SANTA CRUZ, Julio César: Justificación de las Decisiones Judiciales y Lógica Formal en Sede Penal; Academia de la Magistratura- AMAG, III PROFA, Parte 2- Prácticas, Lima, pp. 9.

(14) Sobre este punto nos basamos en: SANTA CRUZ, Julio César, ibid, pp. 9; con agregados nuestros.

[15] ALEXY, Robert, op.cit. pp. 318.

(16) Academia de la Magistratura – AMAG, Separata del Curso de Especialización en RAZONAMIENTO JURIDICO PENAL, Lima, 2007, pp. 10

(17) ATIENZA, Manuel: ESTADO DE DERECHO, INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN; Academia de la Magistratura- AMAG, Tercer Profa, Módulo I. Razonamiento Jurídico, Lima, 2000, pp. 275.

 

BIBLIOGRAFIA.

 ALEXY, Robert: TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA, Palestra Editores, Lima, 2010.

AARNIO Aulis: LA TESIS DE LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA Y EL PRINCIPIO REGULATIVO DEL RAZONAMIENTO JURÍDICO. En: DOXA - CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO, Publicaciones Periódicas, Universidad de Alicante, Nº 08, 1990, pp. 25-26

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA- AMAG- Dirección Académica – Programa de Actualización y Perfeccionamiento- Separata del Curso de Especialización en RAZONAMIENTO JURIDICO PENAL, Lima, 2007

ATIENZA, Manuel: LAS RAZONES DEL DERECHO- TEORÍAS DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO-UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Segunda Reimpresión, 2005.

ATIENZA, Manuel: ESTADO DE DERECHO, INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN; Academia de la Magistratura- AMAG, Tercer Profa, Módulo I. Razonamiento Jurídico, Lima, 2000.

COPI, Irving M. y COHEN Carl: INTRODUCCIÓN A LA LOGICA, La Lógica y el Derecho, LIMUSA, Mexico, 1995.

CHOCANO NUÑEZ, Percy: DERECHO PROBATORIO y DERECHOS HUMANOS, IDEMSA Editores, Segunda Edición, Lima, julio 2008.

ITURRALDE, Victoria: SOBRE EL SILOGISMO JUDICIAL; Anuario de Filosofía del Derecho, VIII, 1991. 77

SANTA CRUZ, César: JUSTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES JUDICIALES Y LÓGICA FORMAL EN SEDE PENAL; Academia de la Magistratura- AMAG, III PROFA, Parte 2 - Prácticas- Lima.

TORRES VASQUEZ, Aníbal: INTRODUCCION AL DERECHO, IDEMSA, Tercera Edición, Primera Reimpresión, Lima, marzo, 2008.

ZAVALETA RODRIGUEZ, Roger y OTROS: RAZONAMIENTO JUDICIAL: INTERPRETACIÓN, ARGUMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. ARA EDITORES EIRL, Segunda Edición, Lima, Septiembre del 2006

___________________________________________________________________________________________

AUTOR: Mario H. Ortiz Nishihara; abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú; estudios concluidos de Maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Egresado de la Academia de la Magistratura- III PROFA; Diplomado en Administración y Gestión Pública por el Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN; Ex Juez Penal Suplente del 2ª Juzgado Especializado en lo Penal del Cono Este- Chosica y del 4ª Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho- Corte Superior de Justicia de Lima. Ha sido Presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Tumbes.  Fiscal Provincial Titular.

 

EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD.

diciembre 07, 2013

El Principio de Objetividad, es uno de los que rige rige la labor del Ministerio Público en el nuevo Código Procesal Penal. Al lado de otros principios, de estricta observancia por el Fiscal.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LABOR DEL MINISTERIO PUBLICO.

La labor del Ministerio Público se encuentra sujeta al cumplimiento de determinados PRINCIPIOS, que sus miembros deben aplicar en el desarrollo de sus funciones.  Estos Principios son, entre otros:

Principio de LEGALIDAD

Principio de AUTONOMIA.

Principio de OBJETIVIDAD.

Principio de INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD.

Principio de OPORTUNIDAD

Principio de JERARQUIA. 

---  En esta ocasión comentaremos el Principio de OBJETIVIDAD.

.

I)  UNA APROXIMACION AL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD.

Desde una perspectiva general,  por el Principio de Objetividad,  el Fiscal tiene que sujetarse  a lo que fluya del resultado de las investigaciones que ha realizado, o de ser el caso: haya encomendado realizar a la autoridad policial.  En otras palabras, la decisión que tome el Fiscal al término de las investigaciones preliminares  o de la Investigación Preparatoria, tiene que corresponder objetivamente  a los elementos probatorios, indicios y evidencias, que sustenten o enerven los cargos imputados. El Fiscal no puede tomar una decisión arbitraria, su criterio discrecional debe reflejar el resultado de las investigaciones, ya sea que estos abonen a favor de la hipótesis incriminatoria del imputado o en  contra de la misma.  El Principio de Objetividad, en tal sentido, se encuentra profundamente ligado y se explica en razón a su relación y correspondencia, con los otros Principios que rigen la labor fiscal, tales como el Principio de Legalidad, de Razonabilidad, de interdicción de la arbitrariedad  y del Debido Proceso.

Sin embargo, ello, también obliga, a que para cumplir con la función que le ha sido conferida, como titular de la acción penal y director del proceso de investigación,  el Fiscal deba  realizar todas las diligencias necesarias para determinar plenamente los hechos y  la responsabilidad o no del imputado. Como señala ROXIN: “debe investigar también las circunstancias que sirvan de descargo.(..) “La Fiscalía  tiene que averiguar los hechos; para ello, tiene que reunir con el mismo empeño, tanto los elementos de cargo como los de descargo.” [1]

Sobre el tema,  ORE GUARDIA, anota:

“Por el Principio de Objetividad los fiscales tienen la obligación de investigar y agotar el examen de todas las hipótesis penales, tanto para la persecución como para la defensa.  Es decir sin perjudicar ni favorecer a ninguno de los que intervienen en el proceso, dado que su actuación debe ser desinteresada o desapasionada, debiendo atenerse únicamente a la realidad objetiva, que les permita, en ciertos casos, incluso no acusar.”

En tal sentido, “el acusador público tiene el deber  de ser objetivo, lo que significa que sus requerimientos y conclusiones deben ajustarse a las pruebas y al derecho vigente, resulte ello contrario o favorable al imputado. No es un acusador a ultranza, sus requerimientos estarán  orientados por lo que en derecho corresponda, pues sólo así cumplirá  con el imperativo de ejercer sus funciones en defensa de la legalidad.”[2]

Desarrollando  este punto,  NEYRA FLORES,  siguiendo a DUCE  Mauricio,  considera que este principio tendría 3 alcances concretos:

1.- El Ministerio Público debe corroborar las hipótesis fácticas de exclusión o atenuación de responsabilidad pausibles y serias,  argumentadas por la defensa.

2.- Significa un deber de lealtad del Ministerio Público para con la defensa.

3.- Significa un deber de actuar de buena fe, por parte del MP, no solo al inicio de la investigación, sino durante todo el procedimiento; lo cual implica también disponer las diligencias concretas que deben llevarse a cabo en atención al principio de Objetividad.

Y finalmente recalca: “El Fiscal debe indagar no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado.” [3]

Por su parte, CERDA SAN MARTIN resume:

“En el ámbito penal el Ministerio Pùblico  asume la conducción de la investigación desde su inicio y está obligado a hacerlo con OBJETIVIDAD, esto es,  indagando los hechos constitutivos  de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado.”[4]

.

II) EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD EN EL PANORAMA PROCESAL PENAL CONTEMPORANEO.

Un comentario de Carmen  CUADRADO SALINAS, con relación al código que instruye la labor del Ministerio Público en el proceso penal inglés, nos permite apreciar la casi universalidad del Principio de Objetividad, en el panorama procesal penal contemporaneo,  cuando nos señala que conforme al Artículo 2.2 del citado código: "la decisión de plantear una pretensión acusatoria contra un determinado sujeto es una cuestión de indudable trascendencia que deberá estar guiada por los principios de objetividad, independencia y equidad. En este sentido, se exige al Ministerio Público que evalúe el asunto, en concreto, aplicando a su decisión, sobre la persecución penal del autor del delito, el doble criterio de la suficiencia de indicios racionales de criminalidad y el interés público recogido en el citado código."(5)

En este orden de ideas, siguiendo las directrices y recomendaciones de las NACIONES UNIDAS,dictadas en el 8vo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delicuente, realizado en la Habana-Cuba en 1990,  en su Artículo 13 B, el Fiscal debe proteger el interés público, actuando con objetividad y teniendo en consideración: "tanto la situación del acusado como la de la víctima y todas las circunstancias del acusado ya sean éstas exoneradoras o incriminatorias."(6).

.

 III)  EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD en el CODIGO PROCESAL PENAL PERUANO.

El Principio de Objetividad se encuentra presente, tanto en el Título Preliminar de nuestro CPP, como en los capítulos referidos a las diferentes etapas del proceso, conjuntamente con los otros Principios mencionados.

El Título Preliminar,  Artículo IV, numeral 2, alude directamente a este principio, en el sentido en que lo  acabamos de apreciar, en los autores arriba mencionados, cuando establece directamente lo siguiente: "El Ministerio Público está obligado  a actuar con objetividad, indagando  los  hechos constitutivos  de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado." Siendo importante apreciar que esta norma, al igual que todas las otras del Título Preliminar, tiene prevalencia sobre cualquier otra norma del CPP y constituye además fundamento de interpretación del mismo, para los casos que fuere necesario.

Ello se reitera en el Artículo 61 de nuestra norma adjetiva, en donde el numeral 1 establece  expresamente que el Fiscal desarrolla su labor con autonomía, rigiéndose por un criterio objetivo, el cual únicamente se encuentra sujeto a la Constitución y la Ley; ello quiere decir que la discrecionalidad del Fiscal, debe en todo caso ceñirse a la objetividad (a lo que fluye de los actos de investigación realizados) y al marco establecido por nuestra norma fundamental y los códigos y normas correspondientes , no puede ser arbitrario. Sin embargo, es el numeral 2 de este mismo artículo, el que precisa  en qué consiste la objetividad de la labor fiscal, cuando dice que el Ministerio Público: "Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará  u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado."

.

EN EL TITULO PRELIMINAR del CPP.

- ARTICULO IV- Titular de la acción penal.

1.-  El Ministerio Público es titular  del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio.

2.-  El Ministerio Público está obligado  a actuar con objetividad, indagando  los  hechos constitutivos  de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y  controla jurídicamente los actos de investigación  que realiza la Policía Nacional.

- ARTICULO X.- Prevalencia de las normas de este Título.

Las  normas que integran el presente Título  prevalecen  sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas com fundamentos de interpretación.

.

EN EL PROCESO y LAS DISTINTAS ETAPAS que señala el CPP.

SECCION IV

CAPITULO I.  El Ministerio Público.

Artículo 61.-

1.- El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecúa  sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose  únicamente por la  Constitución y la Ley, sin perjuoicio de las directivas o instrucciones de caracter general  que emita la Fiscalía de la Nación.

2.- Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará  u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez, las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo.

Artículo 321.-

1.- La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y,  en su caso, al imputado preparar su defensa.

Artículo 334.-

1.- Si el Fiscal al calificar la denuncia o despues de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera  que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable  penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notificará al denunciante y al denunciado.

 

En la FORMALIZACION de la INVESTIGACION PREPARATORIA-

Artículo 336.-

1.- Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha indidualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria.

 

En la ETAPA INTERMEDIA

Artículo 344.- Decisión del Ministerio Público.

 1. Dispuesta  la conclusión de la Investigación Preparatoria, de conformidad con el numeral 1 del artículo 343, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa.

.

En el JUZGAMIENTO.

Si bien el Fiscal, una vez que formalizó INVESTIGACION PREPARATORIA y más aún cuando dictó ACUSACION contra el procesado, ya tomó una decisión que lo convierte en acusador, con una teoría del caso en contra del imputado; aún así, en la etapa intermedia y en el mismo Juzgamiento,  su actuación no puede ignorar los Principios de Legalidad, del Debido Proceso y de Objetividad; lo cual se corresponde con sus obligaciones como defensor de aquellos mismos valores y garantías en el estado democrático de derecho, los cuales no admiten la arbitrariedad.   (Que es lo arbitrario?  Es lo no legítimo, lo no legal, lo contrario a la realidad, conforme lo han señalado entre otros el mismo TC).

 Por ello, se explica, que aún en la etapa del Juzgamiento, el Código Procesal Penal, prevé posibilidades y otorga facultades al Ministerio Público, que sin duda alguna se explican, entre otros,  en razón a los Principios de Legalidad y de Objetividad, y más aún en razón al macro principio del Debido Proceso, cuando establece lo siguiente:

Artículo 387.- Alegato Oral del Fiscal.

1.- El Fiscal, cuando considere que en el juicio se han probado los cargos materia de la acusación escrita, la sustentará oralmente, expresando los hechos  probados y las pruebas en que se fundan, la calificación jurídica de los mismos, la responsabilidad penal y civil del acusado, y de ser el caso, la responsabilidad del tercero civil, y concluirá precisando la pena y reparación civil que solicita.

2.- Si el Fiscal considera que del juicio han surgido nuevas razones para  pedir aumento o disminución de la pena o la reparación civil solicitadas en la acusación  escrita, destacará  dichas razones y pedirá la adecuación de la pena  o reparación civil. De igual manera, en mérito a la prueba actuada en el juicio, puede solicitar  la imposición de una emdida de seguridad, siempre que sobre ese extremo se hubiera producido el debate contradictorio correspondiente.

3.- El Fiscal en ese acto, podrá efectuar la correción de simples errores materiales o incluir alguna circunstancia, siempre que no modifique esencialmente la imputación ni provoque indefensión y, sin que sea considerada una actuación complementaria.

4.-  Si el Fiscal considera, que los cargos formulados contra el acusado han sido enervados en el juicio, retirará la acusación.

.

IV)  CUESTIONES GENERALES RESPECTO al  CUESTIONAMIENTO del PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD.

Existen críticas que se han hecho y se siguen haciendo contra la vigencia del Principio de Objetividad del Fiscal,  en el modelo acusatorio, en algunos sectores del panorama internacional.[7]  Siendo este un artículo de difusión, no podemos extendernos demasiado, respecto a tales objeciones.  Sin embargo, creemos importante –opinar- que correctamente  entendido, el Principio de Objetividad, no constituye un lastre del modelo inquisitivo en el nuevo modelo procesal penal, como algunos arguyen[8]. Consideramos esto, resumidamente, por lo siguiente:

1.- Por cuanto, conforme lo vienen señalando diversos estudiosos, no se puede pretender un modelo procesal absolutamente puro o inmaculado[9]; la realidad en que se dan los fenómenos y conflictos jurídicos es compleja y todo modelo procesal no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento, que debe estar adaptado a la realidad histórica, cultural e incluso a la idiosincrasia de una sociedad determinada; siendo que en el derecho procesal penal, no se puede pretender un modelo adversarial puro.  Desde esta perspectiva, la construcción de un modelo procesal adecuado, se dará dentro del desarrollo mismo de ese modelo en curso, en cuyo camino se irán decantando y deberán darse las necesarias correcciones, conforme la realidad lo exija.

2. Partiendo de este punto, creemos que siendo nuestro modelo procesal penal un modelo no solo adversarial sino garantista, debemos entender que a partir de los principios establecidos en nuestra Constitución Política del Estado que señalan entre otros a la defensa de la persona  como fin máximo de la sociedad, así como la vigencia de principios y macro garantías como el de Presunción de Inocencia, de Legalidad y Debido Proceso, el Ministerio Público como órgano autónomo encargado de la persecución del delito, pero también precisamente de la tutela de la legalidad y del debido proceso,  no puede ser un ente ajeno a las directrices establecidas por nuestra norma fundamental, que obligan a sujetarse en todo momento a esas grandes garantías, lo cual tiene íntima y rotunda ligazón con el Principio de proscripción o Interdicción de la Arbitrariedad, que debe guiar la labor fiscal, conforme ha sido recalcado por reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Es por ello, que, en ningún momento el accionar del Ministerio Público puede apartarse de  la objetividad,  ni ser intransigente con la realidad, sino completamente ceñido a lo que fluye de los actos de investigación. Desde esta perspectiva, cuando la norma dice: que el fiscal debe averiguar tanto los elementos de cargo como de descargo del imputado, ello se traduce  y se patentiza sobre todo, en  el  momento de la decisión que debe asumir el Ministerio Público, esto es al final de la etapa preliminar o de la investigación preparatoria, pues entonces la decisión del fiscal debe regirse absolutamente por un criterio objetivo, racional y razonable, de ver si se cumplen o no los requisitos para proceder con la imputación o la acusación en la etapa que sigue, lo cual sólo se puede hacer si objetivamente aparecen elementos de convicción y por ende  existe base suficiente para ello.

3. Asimismo, debe tenerse muy  presente la naturaleza necesariamente pública y social del derecho procesal penal[10]. Un derecho de esta naturaleza, requiere de un órgano acusatorio objetivo, en el sentido de que su accionar y sus decisiones deben encontrarse plenamente ceñidos a la legalidad, a la defensa de la sociedad y a los derechos fundamentales. El carácter público y el interés social que subsisten, por su propia naturaleza, en el derecho penal y procesal penal, le  imponen al Estado, al proceso y al Ministerio Público tales obligaciones. Y ello no significa, que la Fiscalía asuma el carácter de ser dueña de la verdad o  se pretenda alterar la igualdad de armas con relación a la defensa particular de cada imputado, puesto que la norma procesal no puede considerar ni establece que los resultados de la investigación fiscal, tengan el carácter de verdad, ni absoluta ni relativa, ni material, ni legal; son sencillamente requerimientos que el Ministerio Público como  director de la investigación formula, con carácter postulatorio, pero debidamente fundamentado, para que el Juez en uso de sus atribuciones resuelva lo que corresponda, a partir de lo que si es verdaderamente decisivo:  la actuación de la prueba, el debate probatorio y el uso de la sana crítica. Siendo que en la fase del juicio oral,  el Ministerio Público es solo una parte más, en las audiencias que dirige el Juez,  como se verifica,  todos los días, en los fallos judiciales,  que se dictan en el nuevo modelo procesal.

4.- Por último, desde una perspectiva axiológica, relacionada a los fines y valores del proceso de investigación y del derecho[11]; no se puede renunciar a aspirar a llegar a la verdad como fin último del proceso; no se puede pretender entronizar el criterio, que nace de una visión  absolutista del modelo adversarial, de que existan tantas verdades como partes puedan haber en un proceso. La verdad al menos legal o procesal, por no aludir  a la verdad material de los hechos, solo es y puede ser una sola; el proceso debe tender a lograr el mayor grado de aproximación a dicha verdad, a través de la actuación de la prueba. De lo contrario, estaríamos renunciando a lo que es el fundamento máximo de toda la actividad procesal: alcanzar la  justicia; lograr que el Juez arribe a lo que es justo a través de un debido proceso, y como consecuencia de ello brindar a las partes y a la sociedad la debida tutela jurisdiccional; meta y valor, garantía y principio, asì como derecho subjetivo, plenamente consagrado por nuestra Constitución Política del Estado.  En esta perspectiva, encuentran igualmente su explicación, las tareas que la objetividad impone al Ministerio Público, como director de la investigación,  en los diversos artículos del Código Procesal Penal.


 NOTAS  BIBLIOGRAFICAS.

[1] ROXIN, Claus: DERECHO PROCESAL PENAL, Editores del Puerto SRL, Traducción de la 25ª  edición alemana de Gabriela Cordoba y Daniel Pastor, revisada por Julio Maier; Buenos Aires, Tercera Reimpresión, 2006, pp. 53 y 330.

[2] ORE GUARDIA, Arsenio: MANUAL de DERECHO PROCESAL PENAL, Tomo I,  Editorial REFORMA, Lima, diciembre 2011, pp.302-303.

[3] NEYRA FLORES, José:  MANUAL del NUEVO PROCESO PENAL, Idemsa, Lima, 2010, pp.229-235.

[4] CERDA SAN MARTIN, Rodrigo: EL NUEVO PROCESO PENAL, Editorial Grijley, Lima, 2011, pp. 210.

(5) CUADRADO SALINAS, Carmen: LA INVESTIGACION EN EL PROCESO PENAL, Ediciones LA LEY, Madrid, febrero 2010, pp. 303.

(6) CUADRADO SALINAS, Carmen:  ibid, pp. 308-309: "Tales directrices han sido formuladas, según establece el Documento de las Naciones Unidas, para asesorar a los Estados miembros en su deber  de garantizar y promover la efectividad, imparcialidad y objetividad del órgano de la acusación pública en los procedimientos penales, y deberán ser respetadas y consideradas por los Gobiernos dentro del marco de sus legislaciones nacionales. Vid.Report of the Eigth United Nation Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. U.N.doc. A/CONF.144/28Rev.1 at 189 de 1990."

(7) Por ejemplo: MIRANDA MORALES, Lorenzo Ignacio: EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD en la INVESTIGACION FISCAL y EL PROCESO PENAL- UNA REFORMA URGENTE; en REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS PENALES Nº15, UNIVERSIDAD DE SAN SEBASTIAN, CHILE, 2010, pp. 35-53. Nos dice entre otros conceptos críticos: “al investir a la fiscalía como garante de la verdad y la objetividad, se altera la igualdad de armas respecto de la defensa, confiriendo a la prueba del Ministerio Público una calidad que en efecto no tiene.”(…) “al imponerse a los fiscales la obligación de investigar los hechos que determinen la existencia y participación en un delito, como asimismo los que establezcan la inocencia del imputado, (se) constituye una verdadera vulneración del principio de inocencia consagrado en Tratados Internacionales, en nuestra Constitución y en nuestras leyes, ya que la inocencia se presume de derecho, sin que sea necesaria prueba alguna ni aún indiciaria para ello.” (…) “le dan a las pruebas obtenidas durante la instrucción por el órgano persecutor, un ropaje de pureza, equidad y objetividad que la hacen en muchos casos, incontrarrestables por la defensa, particularmente cuando pueda existir alguna duda, caso en el cual ésta favorecería a la fiscalía, imbuida en tan altos principios de actuación. A contrario sensu, la prueba de las defensas carece de estas características, se trata –ante los ojos de la comunidad y de los jueces- simplemente de prueba exculpatoria, que no ha sido obtenida ni será producida a la luz de una pretendida objetividad, que obligaría al defensor a exponer con igual celo no sólo aquello que exculpe al acusado sino también, aquello que establezca o agrave su responsabilidad y cuyo fin último no es entendido como la protección de un bien jurídico de interés común, sino como la defensa del delincuente frente a la comunidad.”(…)”En la práctica, la existencia del ya tantas veces mencionado principio de objetividad, ha venido a significar el establecimiento de pruebas de primera y segunda categoría en el juicio penal, lo que provoca una notable desigualdad de armas que redunda en la afectación del principio de inocencia, aunque no se haya buscado tal efecto. Como no concluir aquello, si para el juez y para todos los actores, el Ministerio Público ha investigado con objetividad y por tanto si ha tomado la decisión de acusar al imputado y llevarlo a juicio oral, es porque la prueba reunida es de la máxima pureza  y ha sido sometida por el propio fiscal, apegado a la constitución y a la ley, a un pre-examen de verdad, todo lo cual redunda en que sea el imputado el encargado de probar su inocencia.”

(8) Igualmente: AHUMADA, Carolina: EL FIN DEL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD y LOS NUEVOS DESAFIOS DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL. Revista: PENSAMIENTO PENAL, Edición 158, 05 de agosto del 2013, pp. 1-15.

(9)  ASENCIO MELLADO, José María: Prólogo al libro: LA INVESTIGACION EN EL PROCESO PENAL, op cit,  pp.19, nos recuerda:  “Calificar hoy de inquisitivo un modelo o de acusatorio o adversarial, carece de sentido, en tanto, ni tales conceptos tienen más valor que el pedagógico, como se ha dicho, ni tales elementos pasan de ser otra cosa que referentes históricos con rasgos comunes en muchos aspectos y diferenciados en otros, pero cuya actualización y conjunción ha desembocado en un nuevo proceso que contiene criterios de cada uno de los sistemas que surgieron a lo largo de los siglos. En definitiva, ya es imposible hallar un modelo puro que responda a un determinado  sistema y todos ellos son fruto de la combinación, de los que a lo largo de la historia, han ido sucediéndose, madurando y evolucionando.”

(10)  ASENCIO MELLADO, José María: Prólogo al libro: LA INVESTIGACION EN EL PROCESO PENAL, de Cuadrado Salinas Carmen, op cit,  pp. 20, resalta la importancia de analizar correctamente los modelos procesales penales, y de modo especial el llamado modelo adversarial, ubicando éste último en su significación presente: “revelando que su significación original ha perdido aquél carácter que era propio de un proceso penal y un delito considerados privados y en el que la imparcialidad judicial se garantizaba mediante la abstención del tribunal, su mera presencia pasiva. El reconocimiento del carácter público del delito, del interés social en su persecución, ha puesto en tela de juicio el sentido original del proceso entre adversarios en pie de igualdad, clasista y propia de los poderosos, pues no en vano, como la autora destaca, hunde sus raíces en los enfrentamientos entre nobles, siendo así que la necesaria preservación de la igualdad ha obligado a otorgar al Estado amplios poderes en el marco del proceso penal y, al Juez, algunos en orden a la intervención en la prueba  o el control de la investigación  o la garantía de los derechos fundamentales.” (El subrayado es nuestro.)

(11) GONZALES ALVAREZ, Roberto: NEOPROCESALISMO- Teoría del Proceso Civil Eficaz; ARA Editores, Lima, 2013, pp. 1058 -1060; nos dice: “…el valor verdad existe en el derecho, que la eficacia, efectividad y eficiencia jurídicas no pueden entenderse sin verdad, en fin, significa elegir el derecho con verdad.”(…) “…si entiendo que el objeto del derecho es la interacción humana eficaz, mi elección, donde apunte, encontrará la verdad en el derecho.”

LA ORALIDAD, la DEBIDA MOTIVACIÓN de las RESOLUCIONES y EL JUEZ PENAL.

noviembre 23, 2013

Por mandato constitucional, toda resolución judicial debe ser debidamente motivada, explicando y justificando las razones de la decisión tomada por el Juez, resolviendo cada una de las razones planteadas por las partes y detallando el porqué se valora o no se valora determinadas pruebas o elementos indiciarios actuados en el juicio y de ser el caso porqué se aparta el Juez de determinado criterio jurisprudencial que hubiera sido ofrecido o citado por las partes en la audiencia oral, como guía para resolver el caso.

 

En el nuevo modelo procesal penal, el Juez debe proceder a hacer tal cosa, en forma oral e inmediata,   dictando sentencia una vez  hayan concluido la actuación probatoria, los alegatos de las partes y las deliberaciones.  Con ello se propugna, no solo la vigencia de la oralidad del proceso, sino  también  el cumplimiento de los Principios de Inmediación, de Imparcialidad, de Publicidad y hasta de Contradicción y control de las decisiones judiciales. Sin embargo, tal requerimiento,  como se puede ver, significa, que para que se cumpla  plenamente  la ORALIDAD del proceso y demás principios rectores del mismo, en consonancia con el mandato constitucional de la debida motivación de las resoluciones, el perfil del Juez Penal en el nuevo proceso oral, debe incluir entre otras, determinadas  competencias y aptitudes, que podrían resumirse en la forma siguiente:

 

a) Un adecuado uso del raciocinio lógico,  que le permitan al Juez explicar sus decisiones desde el punto de vista interno ó formal; y hacerlo saber oralmente, en la misma audiencia. Al menos en sus aspectos más importantes o esenciales.

b) Un uso pleno de la ciencia y de las máximas de la experiencia, aparte de un dominio suficiente de la doctrina y de la jurisprudencia penal, con énfasis en la más reciente, que le permitan al Juez: justificar sus decisiones desde el punto de vista externo, en forma oral e inmediata, en la misma audiencia. Al menos en sus puntos más importantes o esenciales.

c) Un uso eficaz de la memoria, para poder retener, detallar y analizar las razones vertidas por cada una de las partes, que se acaban de oir y apreciar en la misma audiencia, para luego explicar porqué se asume una de las versiones o teorías del caso que han sido escuchadas y porqué se desestima la otra.

d) Un trato adecuado a las partes, para poder llevar a cabo la dirección de la audiencia en forma equilibrada, respetuosa de los derechos de cada quien, sin incurrir en maltratos, intolerancias, arbitrariedades, pero al mismo tiempo ejerciendo la dirección y el señorío de la audiencia; con orden y autoridad en la sala.

BONDADES y RAZONES DE LA ORALIDAD: EL JUEZ ESCUCHA y RESUELVE en AUDIENCIA.

noviembre 23, 2013

Uno de los rasgos mas saltantes del nuevo proceso penal y que a nuestro criterio define en forma radical a la oralidad, es que la mayor parte de los actos procesales esenciales, se realizan y se resuelven en forma oral; esto es: a través de la palabra hablada, ante el Juez; en forma inmediata y directa; siendo que el Juez decide luego de escuchar a las partes.

Esto quiere decir que para resolver los requerimientos, excepciones, defensas técnicas, prisiones preventivas, controles de Acusación, Tutelas de Derecho, Terminaciones Anticipadas, constituciones de actor civil, etc; en suma, para que las partes puedan expresar sus peticiones, puntos de vista, fundamentos de hecho y derecho, alegatos y defensas: lo tienen que hacer en forma ORAL ante el Juez, quien igualmente en forma oral debe resolver - como regla general- en la misma audiencia, dictando los decretos y resoluciones que correspondan, incluída la sentencia, en el mismo acto, en forma ORAL.

En esta forma, se termina para siempre, con las resoluciones judiciales de los procesos sumarios, dictadas sin inmediación y sin haber oído a las partes, que resolvían los actos del proceso, en primera instancia (en los llamados Juzgados de Instrucción, luego conocidos como Juzgados Especializados en lo Penal), sin escuchar a nadie y se dictaban cuando el Juez se daba tiempo o terminaba de tipearlas el señor asistente, según las posibilidades de la carga procesal; a veces muchos meses después de que las partes hubieran presentado un pedido o recurso escrito.

En tal sentido, LA ORALIDAD del proceso, aparece profundamente vinculada y correspondida por los principios de INMEDIACION, de CONTRADICCION y de PUBLICIDAD del proceso.

– Al de inmediación, porque a través de la comunicación oral, el Juez se entera, conoce, valora, evalua, pondera, y resuelve directamente, sobre lo que acaba de escuchar. La comunicación oral es inmediata, sin intermediarios, entre el Juez y las partes. La comunicación oral es el vehículo de la inmediación.

– Al de publicidad, porque todo juicio público (salvo las audiencias privadas o restringidas conforme a ley), se realiza a través de la oralidad y en esa forma todos pueden tomar conocimiento de los actos del proceso y del desarrollo del mismo.

– Al de contradicción, porque es a través de la oralidad, que las partes hacen saber al Juez sus puntos de vista y contradicen conforme a su derecho, a los de la otra parte.

Igualmente, la oralidad acompaña o sirve de vehículo a los principios de DERECHO DE DEFENSA e IGUALDAD DE ARMAS. Porque es en la audiencia oral y por medio de la voz, que dichos principios y derechos de las partes, se hacen valer en su forma más plena y en esa forma se van a poder concretizar.

LA ORALIDAD SUPONE LA DESAPARICIÓN DEL SOPORTE ESCRITO, DEL REGISTRO ESCRITO o DE LAS RESOLUCIONES ESCRITAS?

En modo alguno, si bien la oralidad es el principio que rige el desarrollo de las audiencias y del mismo proceso; sin embargo, ello no quiere decir que luego de la audiencia no se tenga que hacer la transcripción de la misma y de las resoluciones, al soporte escrito. Ello debe cumplirse, pero con la diferencia de que la escritura cumple aquí sólo un papel de registro y/o garantía de conservación, de lo que ya ha sido actuado previamente en forma oral.

LA PRISION PREVENTIVA

noviembre 17, 2013

20131117-epensa-46843.jpg

LA LIBERTAD  y  SU  RESTRICCION  EXCEPCIONAL.

- El ser humano tiene ciertos derechos fundamentales, esenciales, que son inherentes a la naturaleza humana. Tales derechos constituyen por ello mismo, igualmente: BIENES y valores jurídicos, que son protegidos por el ordenamiento jurídico penal, por ser los más necesarios e importantes para la existencia humana.

- Uno de dichos bienes y valores es  la LIBERTAD; derecho fundamental del ser humano; solo superado por la VIDA como bien máximo; sin olvidar que la libertad se encuentra hondamente ligada y se corresponde con todo lo que significa una existencia plena y digna.

- Pero, ese derecho, valor y bien jurídico máximo, que es la LIBERTAD, no es absoluto ni omnipotente, puesto que puede ser restringido válida y proporcionalmente, en forma excepcional, cuando colisiona o es incompatible radicalmente, con otros derechos e intereses públicos fundamentales; en los casos que así lo determine o lo mande la ley, expresamente.

- En tal sentido, el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en repetidas sentencias, como las dictadas en el EXP. N.° 05975-2008-PHC/TC de fecha 12 de mayo del 2010 o en el EXP. 0265-2011-PHC/TC de fecha 11 de abril del 2011,  ha recordado ello, señalando que el derecho a la libertad puede ser restringido en determinados casos excepcionales:

EXP. N° 05975-2008-PHC/TC  Sentencia de fecha 12 de mayo del 2010.

(Fundamento) 7.-  Al respecto, este Tribunal Constitucional debe reiterar que ningún derecho fundamental tiene carácter absoluto, sino que por el contrario, se encuentran limitados, no sólo por su propio contenido, sino por su relación con otros bienes constitucionales (Cfr. Exp. N.º 1091-2002-HC/TC). Es así que en ciertas situaciones de conflicto y, de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, un derecho fundamental puede ceder ante otro bien de relevancia constitucional. En tales casos, el conflicto deberá resolverse a través de una ponderación.

EXP Nº  0265-2011-PHC/TC  Sentencia de fecha 11 de abril del 2011,

(Fundamento) 2.- El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado que el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto. Ello quiere decir que es susceptible de ser limitado en su ejercicio. No obstante, es claro que las eventuales restricciones que se puedan imponer no están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad que pretende limitar su ejercicio. En ese sentido, la legitimidad de tales restricciones radica en que ellas deben ser dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y proporcionalidad, a través de una resolución judicial motivada.

.

LA PRISION PREVENTIVA: MEDIDA COERCITIVA CAUTELAR PERSONAL.

La PRISION PREVENTIVA es una medida coercitiva cautelar personal, prevista  por nuestro nuevo Código Procesal Penal, que eventualmente se puede imponer a una persona sujeta a una Investigación Preparatoria, en los casos en que así lo requiera el proceso, para los fines de asegurar el desarrollo de la investigación, la vinculación del imputado a la misma y al Juzgamiento, que de ser el caso constituirá la culminación del proceso. En tal sentido, es: Una medida coercitiva, es decir  que restriñe, limita, coerciona la libertad. Una medida cautelar: cuyos fines son previsionales, garantistas del proceso penal y de sus fines. Personal: que se dicta respecto a una persona específica, determinada, es decir debidamente individualizada. Sólo se podrá aplicar, siempre y cuando se cumplan concurrentemente los requisitos establecidos por la ley, por la norma procesal penal para su imposición. La PRISION PREVENTIVA no es pues en modo alguno una condena adelantada, sino una medida cautelar procesal, excepcional y provisional. Es en esencia la medida coercitiva personal más intensa que puede sufrir una persona. Castañeda Otsu siguiendo a tratadistas como Sanguine, señala: que es una medida de coacción que representa la injerencia más grave  que puede ejercer el poder estatal en la libertad individual.

“En efecto, la imposición, por ejemplo,  de la prisión  preventiva,  no implica  adelantar un juicio  en torno al fondo del asunto, esto es considerar culpable al imputado, sino que la medida coercitiva es la respuesta que da el sistema de justicia  penal ante los riesgos o peligros procesales que la conducta del imputado puede generar.”  (BENAVENTE  CHORRES, Hesbert: LA PRESUNCION DE INOCENCIA, en: EL DEBIDO PROCESO- Estudios sobre derechos y garantías procesales;. GACETA CONSTITUCIONAL,  Edit. GACETA JURIDICA, Lima, diciembre del 2010, pp. 137.)

No olvidemos, el marco general, establecido en nuestro nuevo proceso penal, con relación a las medidas cautelares que restringen derechos fundamentales, por el Artículo  253 numeral 3 del CPP; que a la letra dice:

“La restricción de un derecho fundamental  sólo tendrá lugar  cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento  de bienes o de insolvencia  sobrevenida, así como para impedir la obstaculización  de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.”

.

PRINCIPIOS QUE DEMARCAN LA APLICACIÓN DE LA PRISION PREVENTIVA.

-El Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias,  siguiendo la doctrina vigente internacionalmente en nuestros tiempos,  como la dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha señalado, que una medida como esta, se encuentra sujeta a diversos principios de observancia estricta, como son entre otros,  los siguientes:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD:  La privación de la libertad solo se puede dar en los casos expresa y taxativamente previstos por la Ley y siempre y cuando se cumplan los presupuestos, los requisitos y/o las condiciones expresamente establecidos por la misma. Y con las garantías que la ley concede a toda persona detenida.

PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD:  La privación de la libertad necesariamente debe ser dispuesta por un Juez competente. Solo la autoridad judicial, en un debido proceso y por resolución suficientemente motivada, puede disponer una medida así.   Ver:  SENTENCIA  EXP. Nª 2050-2002-HC/TC. Esta sentencia también distingue la privación de la libertad, de la restricción de la libertad, señalando  que el arresto es una restricción de la libertad pero no una privación de la libertad.

PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD:  Se aplica solo en casos  excepcionales, extremos, en que se hace necesaria para poder llevar a cabo y asegurar los fines del proceso de investigación. Este principio va ligado al PRINCIPIO DE NECESIDAD que señala que solo se podrá aplicar cuando no baste aplicar otra medida menos gravosa, para conseguir los mismos fines,  como podría ser una comparecencia restringida.

PRINCIPIO  de PROPORCIONALIDAD:  Se aplica en forma proporcional a la concurrencia de los requisitos que la ley prevé, solo en los casos que la ley prescribe y en forma proporcional a la presunta responsabilidad del autor del hecho, así como al desvalor del suceso y teniendo en cuenta los fines de la medida que no son otros que  garantizar la investigación, pero más aùn el proceso en su integridad. La prisión preventiva debe encontrarse proporcionalmente justificada en relación al fin que se pretende obtener.

ORE GUARDIA, grafica intensamente el Principio de Proporcionalidad, en la forma siguiente:

“Consideramos que resulta desproporcionado que ante delitos de menor gravedad o poca dañosidad  social se restrinja la libertad ambulatoria de los procesados, por cuanto ello implica desconocer los efectos criminógenos  de las privaciones de la libertad de corta duración, la desnaturalización de una medida  excepcional de naturaleza procesal, asì como la  entronización  de la detención como verdadero anticipo de la pena.” (Oré Guardia, ARSENIO: LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES en el PROCESO PENAL PERUANO; Edit. Reforma, Lima, Primera Edición, 2011, pp. 34)

Al respecto, asumimos que lo expuesto en el párrafo precedente, resultaría absolutamente válido para el caso de imputados noveles, primerizos, sin ningún tipo de antecedentes; pero no resulta igual, en el caso de imputados que sean habituales o reincidentes en tales delitos relativamente menores, es decir que tuvieran diversos antecedentes penales por iguales delitos, considerados menos dañosos, como podría ser: sucesivos hurtos o comisión de lesiones leves en el tiempo; pues en tales casos operarían los incrementos de penalidad previstos por nuestra ley procesal penal. En este último supuesto: ¿cuál sería el criterio a tomar, razonablemente? Indudablemente, que sería el de considerar, si se diera la existencia copulativa  de los presupuestos previstos por el Artículo 268 del CPP, la imposición de la medida de coerción procesal de prisión preventiva que corresponde.

Del mismo modo ocurriría, en el supuesto, en que a un imputado se le incriminen varios delitos, todos de relativamente menor gravedad o dañosidad, con suficientes elementos de convicción que lo vinculen con la presunta autoría de todos ellos; cuyos grados de penalidad sumados o incrementados, en un eventual concurso real o ideal de delitos, superasen largamente los cuatro años de privación.

PRINCIPIO DE PROVISIONALIDADEs una medida provisional, no significa una prisión definitiva ni un adelanto de la condena.  Por ley es una medida provisional,  temporal, que solo se dicta para asegurar los actos de investigación y el proceso penal.

______________________

----El TC ha reiterado  que la PRISION PREVENTIVA para que sea reconocida como constitucional debe cumplir tales principios, precisando que las causas que justifican esta medida son: a) La presunción (sólida) de que el imputado habría cometido un delito,  b) El peligro de fuga y  la posibilidad de perturbación de la actividad probatoria. (EXP. Nº 1091-2002-HC/TC, criterio reiterado en el EXP. Nº2915-2004-HC-/TC)

----La Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias, como el Caso Bayarri contra Argentina, párrafo 69, o el Caso Acosta Calderón contra Ecuador, párrafo 74, igualmente ha señalado que la PRISION PREVENTIVA es la medida más severa que se puede aplicar a una persona a la cual se le imputa un delito,  por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el Principio de Legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática, agregando  que: “es una medida cautelar, no punitiva”.

.

LA PRISION PREVENTIVA en el CODIGO PROCESAL PENAL ACTUAL

El ARTICULO 268 del nuevo CPP ha establecido los presupuestos materiales para poder solicitar la medida coercitiva personal de PRISION PREVENTIVA, la cual solo la puede dictar el JUEZ a pedido del Ministerio Público; cuando se den en forma conjunta las siguientes condiciones o requisitos:

1)      Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado  como autor o partícipe del mismo. (Lo que la doctrina denomina FUMUS BONUS JURIS)

2)      Que la sanción o pena probable de privación de la libertad a imponerse, eventualmente, al imputado,  sea superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad. Ello implica, un análisis preliminar de la pena concreta que habría de imponerse al procesado si fuere el caso, no solo a partir de la pena básica o conminada por la ley penal, sino  la que podría aplicársele realmente, teniendo en cuenta los eventuales atenuantes y/o agravantes que hubieren, así como los elementos personales señalados por los artículos 45 y 46 del Código Penal.

3)      Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga)  o de  obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). Lo que se conoce también como la existencia de PELIGRO PROCESAL o PERICULUM IN MORA.

PELIGRO DE FUGA:

El peligro de fuga, implica la existencia de elementos concretos que llevan a presumir el riesgo muy probable de que el imputado pretenderá sustraerse al proceso penal,  a la acción de la justicia y a su responsabilidad. Para poder tener indicadores objetivos de ello: el Artículo 269 del CPP, señala tener en cuenta aspectos muy puntuales, como son: nuevamente  la gravedad de la pena establecida por ley, pero esta vez en relación a que una pena mayor significa un más alto riesgo de fuga o sustracción del imputado al proceso, la existencia o no de arraigo de parte del imputado, (entendida como asentamiento familiar, laboral, existencial), el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro proceso anterior, la gravedad del hecho cometido (elemento nuevo, introducido por modificatoria reciente del CPP que viene a reemplazar en forma mucho más clara y objetiva al anteriormente denominado:  daño resarcible)

PELIGRO DE OBSTACULIZACION.

El peligro de obstaculización, se entiende como la posibilidad real y objetiva de que el imputado interfiera, dificulte, entorpezca, ponga trabas, imposibilite o trate de imposibilitar el desarrollo de las diligencias o actos de investigación. De tal modo, que su permanencia en libertad constituya un peligro para la investigación, pues existen indicadores de riesgo razonable de ello. La conjunción de palabras RIESGO RAZONABLE nos remite no a cualquier tipo de supuesto, sino a una probabilidad sustentable en hechos, o antecedentes concretos, de conductas verificables que hubiera realizado el imputado en otros procesos o en la misma investigación en curso. Por ello, este tipo de riesgo es relativamente, más difícil de evidenciar o sustentar, según cada caso particular.

.

PLAZO MAXIMO DE LA PRISION PREVENTIVA

 Hasta  9 MESES – Artículo 272 del CPP.

Procesos complejos: No más de 18 meses.

.

¿DESDE CUANDO SE COMPUTA LA PRIVACION DE LA LIBERTAD?

Conforme al Tribunal Constitucional, el plazo se computa desde el primer momento en que el procesado es intervenido policialmente, a partir de la fecha en que fue privado materialmente de su libertad. Sobre ello: EXP. Nº00915-2009-PHC/TC sentencia del 24 de junio del 2009- Caso Córdova Aguirre y EXP. Nº 03631-2009-PHC/TC sentencia del 24 de noviembre del 2009, Caso Guillermo Villar Egúsquiza.

.

¿EL MINISTERIO PUBLICO CONVALIDA UNA DETENCION POLICIAL?

Es importante saber, para los casos en que se produce una detención policial, que:

“El hecho de que haya participado en la investigación policial un representante del Ministerio Pùblico  no convierte en legítima la detención producida, pues dicha autoridad no está facultada para convalidar actos de detención fuera de las hipótesis previstas por la norma fundamental”- EXP. Nº01107-99-HC/TC CA - Caso Silvestre Uscamayta  Estafonero- FF.JJ. Nª 4 y 5 publicada el 26 de julio del 2000.

Mas bien, el Fiscal, en su calidad de defensor de la legalidad, en los casos que así corresponda,  no puede seguir permitiendo una detención policial arbitraria, sino evitar que ésta se siga prolongando y proceder conforme a sus atribuciones respecto a la persona arbitrariamente detenida (es decir detenida al margen de los casos que ampara la ley) y asimismo respecto a los responsables de una eventual arbitrariedad.

.

LA SOLICITUD DE PRISION PREVENTIVA: UNA ATRIBUCION-OBLIGACION DEL MINISTERIO PUBLICO.

Teniendo  el Ministerio Público la calidad de defensor de la legalidad, del debido proceso y de la sociedad; tiene la obligación de verificar en cada caso, como parte de sus funciones establecidas,  si se hace necesaria o no,  la medida de PRISION PREVENTIVA. Es obvio, que en los casos que no confluyan o no se perciban los tres prerrequisitos demarcados por la ley: esto es, que no existan suficientes elementos de convicción respecto a la presunta responsabilidad del imputado (fumus bonus comissi), que la pena probable no sea superior a 4 años y que no haya peligro procesal: peligro de fuga o de entorpecimiento a la investigación (periculum in mora); el Ministerio Público no podrá ni deberá solicitar la imposición de una medida cautelar tan gravosa y extrema.  Por el contrario, en los casos en que sí se aprecie  la existencia de las tres condiciones mencionadas: el Ministerio Público tiene no solo la facultad, sino el deber, la obligación, de solicitar la imposición de la prisión preventiva en cumplimiento de sus funciones, con la finalidad de garantizar el desarrollo del proceso y la sujeción de los imputados al mismo, así como asegurar la debida tutela jurisdiccional. Al solicitar esta medida, el MINISTERIO PUBLICO se atiene no solo a cumplir lo que manda la ley procesal, sino también a los criterios vertidos por el supremo intérprete de nuestra Constitución y Legalidad, el TC, que entre otros, en la Sentencia Nº  1567-2002-HC - Fundamentos Jurídicos 3 a 6, ha reiterado respecto a este género de medidas cautelares, que: su “objetivo es resguardar la eficiencia plena de  la labor jurisdiccional.”

 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL sobre EL  PELIGRO PROCESAL.

El presupuesto más importante de la coerción personal es el peligro procesal. Así lo ha establecido el TC en la sentencia recaída en el EXP. Nº 1091-2002- HC/TC Caso: Silva Checa F.J. Nº 15, sentencia publicada el 16 de agosto del 2002.

.

LA IMPORTANCIA DE LOS ANTECEDENTES o de la HISTORIA PERSONAL del IMPUTADO.

EL Tribunal Constitucional, en la sentencia  Nº 010-2002 AI/TC, citando el Informe  02-97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  consideró como criterio válido para ponderar la  existencia de peligro procesal: “la historia personal…. Del acusado.” Ello, podría parecer a muchos polémico, pero sin embargo resulta plenamente objetivo y lógico, para los fines de la previsión procesal a la que propende la Prisión Preventiva;  debido a que una persona que ha tenido un historial de antecedentes penales, por no decir de reincidencia o habitualidad en el delito, será  mucho más proclive a fugar de la justicia o a entorpecer el proceso, por ello mismo la presunción de peligro procesal que genera dicha persona,  no solo es razonable sino objetiva. Lo cual debe ser apreciado también, en acatamiento y concordancia con los elementos de juicio previstos expresamente por los artículos 45 y 46 del Código Penal.

.

TRAMITE PROCESAL de la PRISION PREVENTIVA.

 1)      Si el Ministerio Público considera, conforme a sus atribuciones, que en un determinado caso se cumplen los presupuestos señalados por el Artículo 268 del CPP para tener que solicitar la medida de PRISION PREVENTIVA, así lo requerirá al señor Juez de Investigación Preparatoria o Juez de Garantías, mediante un escrito debidamente fundamentado, denominado REQUERIMIENTO de PRISION PREVENTIVA (Artículo 268 del CPP).  Ello, en la práctica, en los casos de detención policial por presunto delito flagrante,  debe cumplirse antes de las 24 horas de la detención policial de un imputado.

2)      El Requerimiento del Ministerio Pùblico, si bien es solo una acción postulatoria, sin embargo, debe justificarse en sí mismo; exponiendo los fundamentos de hecho y derecho que sustentan su pedido; para ello, debe cumplir con detallar en forma razonada y fundamentada, la forma en que concurren o confluyen los requisitos establecidos por la norma procesal y que obligan a solicitar la medida cautelar personal.

3)      El Juez de la Investigación  Preparatoria, recibido el requerimiento de Prisión Preventiva, llamará a una AUDIENCIA para determinar la procedencia de la prisión preventiva solicitada  (Artículo 270 del CPP). Esta audiencia debe realizarse dentro de las 48 horas siguientes a la presentación del requerimiento escrito del Fiscal. Es una audiencia de carácter obligatorio para el Juez, el Fiscal, el abogado defensor del imputado, bajo responsabilidad disciplinaria. El imputado podría no concurrir y es representado de todos modos por su defensor. La Audiencia de Prisión Preventiva, como todas las del modelo procesal, se rige y se lleva a cabo con sujeción a los Principios de Oralidad, Contradicción, Publicidad, Inmediación, Igualdad de Armas entre las partes, Derecho a la Prueba y Debido Proceso en general.

4)      El auto que resuelva el pedido de PRISION PREVENTIVA, debe ser  especialmente motivado, (Artículo  271 del CPP). Esto significa que la resolución del Juez debe estar a la altura de un tema tan trascendental, que atañe: no solo a la eventual limitación o restricción de un derecho fundamental como es la libertad personal del imputado, sino que alude a la  misma seguridad y al desarrollo del proceso; pero que igualmente concierne a la necesidad de garantizar la legítima potestad jurisdiccional y punitiva del Estado,  y la debida tutela jurisdiccional y el derecho de la víctima a obtener un justo amparo y resarcimiento.

5)      En caso de que el Juez no considerara fundado el pedido de Prisiòn Preventiva deberá optar por la medida de Comparecencia Restrictiva o Comparecencia Simple, según corresponda; motivando esta decisión debidamente, se entiende.

6)      DURACION: Conforme al Artículo 272 del Código Procesal Penal, la PRISION PREVENTIVA que se establezca,  no durará más de 9 meses.  Ello ha llevado, a que se entienda que la ley establece un máximo pero no un mínimo de tiempo en meses, lo que ha generado no pocas controversias. Prevaleciendo en todo caso, el argumento del llamado PLAZO RAZONABLE, es decir que la prisión preventiva se debe extender solamente por el término necesario para poder realizar los actos de investigación y el juzgamiento del procesado, sin excederlo y con la debida actuación y cuidado de los órganos procesales en no propiciar o generar un alargamiento indebido del proceso que afecte el imputado privado de su libertad. Debiendo anotarse, que asegurar el proceso no solo puede significar asegurar la investigación, sino también la debida culminación del proceso, esto es: el desarrollo exitoso del juicio oral respectivo.// En los casos denominados COMPLEJOS, con pluralidad de delitos, diversidad de actos de investigación, múltiples agraviados, o procesos que importen la revisión de la gestión de entidades del Estado, etc, la ley señala un plazo de hasta 18 meses.

7)      APELACION: El auto que resuelve el Requerimiento de Prisión Preventiva, es apelable, dentro del término de 3 días de emitido en audiencia. (ARTS. 278 y  413 numeral 2, 414 numeral 1 literal C y 416 numeral 1 literal E del CPP).

8)      TRAMITE DE LA APELACION EN LA SALA: La Sala debe pronunciarse sobre la apelación formulada, previa vista de la causa, dentro del término de 72 horas de elevado el expediente respectivo. A la audiencia asisten: el Fiscal Superior y el Defensor del imputado. La decisión debidamente motivada se expide el mismo día de la audiencia o en el plazo de 48 horas, bajo responsabilidad. Si la Sala Superior  declara la nulidad del auto de prisión preventiva, ordenará que  el mismo Juez u otro, dicte la resolución que corresponda, conforme a lo previsto por el Artículo 271, es decir previa NUEVA AUDIENCIA.

.

¿ES REQUISITO PARA SOLICITAR LA PRISION PREVENTIVA:QUE EL IMPUTADO SE ENCUENTRE DETENIDO?

No lo es, en modo alguno. Sobre ello, ya se pronunció la  SENTENCIA CASATORIA Nº 01-2007- HUAURA, la  cual en su Fundamento Cuarto nos recordó que: Los presupuestos materiales para la imposición de esta medida de coerción se encuentran expresamente establecidos por los artículos 268 a 271 del Código Procesal Penal y "no constituye presupuesto material de dicha medida personal, como claramente fluye del artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal, que el imputado se encuentre sujeto a la medida provisionalísima de detención, en cualquiera de sus modalidades." La ley solo exige que se haya dictado la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria  y la concurrencia de los presupuestos establecidos por el Artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal.

¿ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENCIA DEL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE PRISION PREVENTIVA?

No lo es, tampoco. Conforme lo resaltó la ya referida SENTENCIA CASATORIA Nº 01-2007-HUAURA, en su Fundamento Séptimo: La Audiencia de Prisión Preventiva se encuentra regulada por el Artículo 271 del Nuevo Código Procesal Penal, el cual señala las siguientes exigencias para la audiencia de Prisión Preventiva: a) Requerimiento o solicitud del Ministerio Público, b) Realización de la Audiencia dentro del plazo de las 48 horas siguientes a su requerimiento y c)Concurrencia a la Audiencia del Fiscal requirente, del imputado y de su defensor, si éste último no asiste o el imputado no lo tiene, se le reemplaza en el acto o interviene el defensor de oficio. Siendo, que el mismo Artículo 271 establece la siguiente salvedad: "Si el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia, será representado por su abogado o el defensor de oficio, según sea el caso."  Por lo cual dicha sentencia casatoria puntualiza: "No es pues, absoluta la necesidad de la presencia del imputado en la audiencia de prisión preventiva; es sí necesaria, su debida citación en su domicilio real o procesal, -si lo hubiera señalado-, o su conducción al Juzgado cuando esté efectivamente detenido...Si el imputado se niega a asistir, sea porque huyó, porque no es habido -lo que denota imposibilidad material del Juez para emplazarlo -o porque sencillamente no quiere hacerlo- en ejercicio de su derecho material de defensa, a su propia estrategia procesal o por simple ánimo de sustracción o entorpecimiento procesal-, la audiencia se lleva a cabo con la representación técnica del abogado defensor de confianza o de oficio."

// Conclusión:  En suma, también es posible,  solicitar o requerir, la medida de Prisión Preventiva, respecto a un imputado que no se encuentra detenido, siempre y cuando concurran los presupuestos establecidos por el ARTICULO 268 del Código Procesal Penal. Siendo que a dicha audiencia puede o no concurrir el imputado, según convenga a sus intereses; debiendo en todo caso, ser representado por su abogado particular o público.

_____________________________________________________

AUTOR:  MARIO H. ORTIZ NISHIHARA, Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios concluidos de Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Diplomado en Administración y Gestión Pública en el CAEN- Centro de Altos Estudios Nacionales. Ha sido Secretario Judicial y Juez Penal (S).  Actualmente Fiscal Provincial  Penal (T).

_____________________________________________________

ESCRIBA SUS APORTES, COMENTARIOS y SUGERENCIAS AQUI:

 

LOS ANTECEDENTES MAS ANTIGUOS de LA PRUEBA

noviembre 15, 2013

Se puede asumir que la idea  de probar algo, de demostrar algo, de acreditar algo, de sustentar algo, es  casi tan antigua como el hombre civilizado (o sujeto a reglas sociales). En efecto, desde sus  primeros inicios como miembro de una sociedad organizada, el ser humano debió haberse visto en la necesidad de tener que demostrar algo, ya sea su  posesión sobre un  bien, sobre su morada,  sobre un territorio, respecto a la responsabilidad de un crimen, etc.

 Es por ello, que desde el surgimiento de las primeras formas o intentos de derecho positivo, por ejemplo: El denominado CODIGO DE HAMMURABI, que era un conjunto de reglas  escritas en una estela de piedra, del pueblo sumerio,  en el cual predominaban sanciones draconianas, como la llamada Ley del Talión; se aprecia, que ya se manifiesta aunque de manera muy embrionaria el derecho a probar.  En efecto,  en dicho conjunto de normas, tan antiguo,  denominado por muchos primitivo, se vislumbra ya la  necesidad de PROBAR, en un afán humano tan importante como la vida misma: determinar a los responsables de un crimen sin perjudicar a los inocentes. Allí igualmente, se vislumbran,  primitivos afanes, por defender lo que hoy en día conocemos como un PRINCIPIO sustancial, que se encuentra hondamente ligado al derecho penal y  a la PRUEBA: el Principio de Presunción de Inocencia.

Efectivamente, conforme lo proponen diversos estudios, ya en el Código de Hammurabi hay un embrionario PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA, que aparece ligado a la necesidad de que aquello que se imputa a alguien, tenga que ser debidamente probado. Al respecto, señala JULIO PEREZ GIL: “La prevención frente a falsas acusaciones estaba garantizada con el principio del Talión, previéndose que el que acusara a otro de un delito sin poder aportar prueba debería sufrir la misma pena que el acusado si ésta llegara a demostrarse”

(1 Ver: Art. 22 del Código de Lipit-Ishtar y 1 a 4 del Código de Hammurabi. Vid. KOROSEC, V.., “Le Code de Hammurabi et les droits antérieurs”, Revue Internationale des droits de l'Antiquité, T. VIII (1961), p. 26. Este principio lo encontramos reiterado también en Egipto. Vid. VALERIOLA, T., Idea general de la policía o tratado de policía, Valencia 1799, (reimpresión 1977), p. 35, para quien esta norma se fundamenta en el derecho natural “que priva hacer á otro lo que uno mismo no quisiera sufrir”.  PEREZ GIL, Julio: LA ACUSACION POPULAR, Memoria de Tesis para la obtención del grado de Doctor en Derecho- Universidad de Valladolid, 1997, pp.16.)

ALGUNAS NORMAS PRIMITIVAS SOBRE LA PRUEBA:

En el  denominado  CODIGO DE HAMMURABI:

 "Si un hombre acusa a otro hombre y le imputa un asesinato pero no puede probarlo, su acusador será ejecutado”.

"Si uno en un proceso ha dado testimonio de cargo y no ha probado la palabra que dijo, si este proceso es por un crimen que podría acarrear la muerte, este hombre es condenable a muerte."

"Si los testigos de tal señor no estuviesen a mano, los jueces le señalarán un plazo de seis meses. Y si al (término del) sexto mes, no presenta sus testigos, este señor es un falsario. Sufrirá en su totalidad la pena de este proceso."

"Si el dueño de la cosa perdida no ha llevado los testigos que conozcan la cosa perdida: Es culpable, ha levantado calumnia, será muerto."

En el libro bíblico DEUTEREMONIO:

Algo muy  semejante se ve,  en el Libro Bíblico DEUTEREMONIO, que recoge normas consuetudinarias de los antiguos pueblos semiticos y de sus vecinos:

Si surgiere contra uno un testigo malo acusándole de un delito, los dos interesados en la causa se presentarán ante Yavé, ante los sacerdotes y los jueces en funciones en ese tiempo; quienes si, después de una escrupulosa investigación, averiguasen que el testigo, mintiendo había dado falso testimonio contra su hermano, le castigarán haciéndole a él lo que él pretendía se hiciese con su hermano; así quitarás el mal de en medio de Israel. Los otros, al saberlo, temerán y no cometerán esa mala acción en medio de ti; no tendrá tu ojo piedad; vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”.

(Deuteronomio XIX, 16 y ss.)

El  cumplimiento de tal previsión,  lo vemos por ejemplo,  en la historia de la acusación que le hicieron calumniosamente al profeta Daniel, a causa de la cual éste fue arrojado al foso de los leones. Tras  constatar su error en dicha condena, el Rey Darío ordenó que se arroje al mismo  foso a aquellos que habían formulado esa acusación maliciosa, conjuntamente con sus hijos y sus mujeres. Vid. Daniel, 6, 24/25.)[1]


[1]    Ibid, PEREZ GIL, Julio: LA ACUSACION POPULAR, Memoria de Tesis para la obtención del grado de Doctor en Derecho- Universidad de Valladolid, 1997, pp.16.

LA INDIVIDUALIZACION del IMPUTADO en el NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

noviembre 09, 2013

20131204-doce-razas-de-las-caras-de-los-hombres-diversas-y-culturales-9977225.jpg

 

Por:   Mario H. Ortiz Nishihara.

 

Individualización y  Proceso Penal.

Todo proceso penal, para poder llevarse a cabo, requiere de un imputado debidamente determinado, plenamente individualizado, como presunto autor de un hecho ilícito. Tal individualización es un presupuesto necesario, imprescindible,  para poder dar curso al proceso en sede judicial: el imputado debe haber sido debidamente particularizado, es decir  identificado con sus nombres, apellidos y su documento de identidad si lo tiene,  e  individualizado con los  demás datos personales  que lo singularizan y lo hacen único, tales como su edad (para poder saber si es mayor de edad y pasible de responsabilidad), lugar de origen, nombres de sus padres ó filiación familiar, domicilio, grado de instrucción, ocupación  y sus caracteristicas físicas corporales.  Pero además el imputado, conforme lo ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, debe ser individualizado en la forma con que presuntamente habría participado en los hechos. Solo de ese modo se puede garantizar que la persecución penal y las potestades punitivas del Estado se dirijan contra una persona cierta, específica, respecto a la cual deben existir elementos válidos que permitan presumir su participación en la comisión de un delito.

La palabra INDIVIDUALIZACION, conforme el diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, significa: "individuar, particularizar." En tanto que la palabra IDENTIFICACION,  en sus dos acepciones más útiles para nuestros fines, significa: "Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca"  y "Dar los datos personales necesarios para ser reconocido."  (VER: http://rae.es/).  De ambas palabras, nuestro Código Procesal Penal utiliza  INDIVIDUALIZAR, esto quiere decir: que propugna que se debe singularizar, que se debe particularizar al imputado plenamente, esto es: con los datos que lo hacen una persona única e inconfundible.

La individualización del imputado,  permite asegurar: A) Que el proceso se centre contra una persona cierta y determinada y no contra personas ajenas a los hechos o eventuales homónimos B) Que, se puedan solicitar y dictar - si fuere el caso-las medidas de coerción procesal personal que correspondan conforme a ley. C) Y finalmente, la debida individualización del imputado permite garantizar el derecho fundamental de defensa, que ampara al incriminado, como a todo sujeto.

En este orden de ideas, para los fines de formalizar una Investigación Preparatoria, nuestro nuevo Código Procesal Penal, en su Artículo 336 numeral 1, no solo exige: que aparezcan elementos reveladores de la existencia del delito imputado, sino que los imputados se encuentren debidamente individualizados;  condición fundamental, imprescindible, para poder establecer una hipótesis incriminatoria y formalizar investigación preparatoria y tener así un caso judicialmente probable, en cualquier modelo procesal y más aún en el modelo acusatorio.

.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL y la INDIVIDUALIZACION del IMPUTADO.

Con relación a la individualización del imputado, el Tribunal Constitucional (si bien es cierto, respecto al mandato de detención  normado por los Artículos 135 y  136 del Código Procesal Penal de 1991 y normas afines), en sentencias como la dictada en el EXP. Nº 07395-2006-PHC/TC de fecha 27 de junio del 2007- Caso Luis Freddy Padilla Rivera, ha hecho suyo que: "el mandato de detención dictado por el órgano jurisdiccional deberá contener, bajo responsabilidad, a efectos de la individualización del presunto autor...los datos contemplados en los incisos: a) Nombres y Apellidos completos, b) Edad, c)Sexo y h) Características fìsicas, talla y contextura". Por tal razón, en el referido caso, siendo que se había dictado una orden de captura sin haber quedado plenamente individualizado el imputado, el TC concluye que se afectó el derecho del homónimo recurrente, vulnerándose injustificadamente  la libertad personal del mismo; por lo cual se declaró fundada la demanda.

.

INDIVIDUALIZACION e IMPUTACION.

Del mismo modo, el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL del Perú, en sucesivas sentencias, ha reiterado, que: "no basta la plena individualización de los autores o partícipes, si es que la misma no incluye la conducta concreta que se imputa" (1).  Por tal razón, en la Sentencia dictada en el EXP. Nº01707-2010-PHC/TC, declaró INFUNDADA la demanda, ya que la resolución cuestionada sí  había precisado los indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, habiéndose individualizado la conducta del imputado en la realización del hecho delictivo(2).   Ello, nos remite al Principio de Imputación que se encuentra recogido entre otros por el Artículo 8.2 B de la Convención Americana de Derechos Humanos,  que señala que el derecho del imputado a una debida acusación o imputación, comprende: la individualización del imputado, la descripción detallada, clara y precisa de los hechos atribuidos, la calificación legal de los mismos y la fundamentación de la acusación con inclusión de las pruebas existentes en su contra, pues para que una persona pueda defenderse debe estar claramente establecido de qué tiene que defenderse.(3)

Con relación a estos temas, quizás la sentencia más paradigmática que ha dictado el Tribunal Constitucional, sea la emitida en el EXP. 08125-2005-PHC/TC de fecha 14 de noviembre del 2005- Caso Jeffrey Immelt, en la cual el Tribunal Constitucional señala:

"nada más lejos de los objetivos de la ley procesal el conformarse en que la persona sea individualizada cumpliendo sólo con consignarse su identidad (nombres completos) en el auto de apertura de instrucción (menos aún como se hacía antes, "contra los que resulten responsables"...), sino que al momento de calificar la denuncia será necesario, por mandato directo e imperativo de la norma procesal citada, controlar la correción jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un delito debe partir de una consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los imputados."(4)

En consecuencia, de lo determinado en esta última sentencia, fluye:  que la imputación debe ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa; es decir debe tener: "una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan" (5), y no debe darse una imputación genérica e impersonalizada, que limite o impida a los procesados un pleno y adecuado ejercicio constitucional de su derecho de defensa. En otras palabras y como lo expusimos ya en la parte inicial de este artículo: los cargos contra el imputado deben estar también debidamente individualizados o particularizados.

 

CONSECUENCIAS DE LA NO INDIVIDUALIZACION.

Una consecuencia crucial en la Etapa de la Investigación Preliminar, que se produce a consecuencia de la no individualización del imputado, es la que proviene de lo mandado expresamente por el Artículo 336 del Código Procesal Penal del 2004, ya referido; el cual establece como un requisito o presupuesto para que el Fiscal pueda formalizar la Investigación Preparatoria: que se haya individualizado al imputado. Esto quiere decir, a contrario sensu, que si no se logra la debida  individualización del presunto autor, no se podrá continuar el trámite del proceso.

¿Qué significa esto en la práctica? Significa que muchas veces los casos tienen que ser archivados provisionalmente, si es que las pesquisas policiales realizadas no han logrado obtener la identificación e individualización del presunto autor del delito y se vence el plazo de la investigación preliminar, sin conseguir aquello.

Debe recordarse, que con relación a la individualización del imputado, el ACUERDO PLENARIO Nº 07-2006, entonces referido al  artículo 77º del Código de Procedimientos Penales, modificado por la Ley número 28117, del 16.12.2003, en su fundamento jurídico Nº 06, señaló que  la individualización del presunto autor o partícipe de un delito concreto, se trata, en estricto sentido procesal, de un requisito de admisibilidad de la promoción de la acción penal, cuyo incumplimiento constituye un motivo específico de inadmisión del procesamiento penal.

 

.

ACOTACIONES NECESARIAS.

Es menester agregar,  que el  ya mencionado ACUERDO PLENARIO Nº 07-2006, de fecha 13 de octubre del 2006,  de las Salas Penales de nuestra Corte Suprema de Justicia de la República, anotó algunas pautas a tener en cuenta, respecto a: “los problemas  que plantea la individualización del imputado”, entonces requerida por el Artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, en ese tiempo vigente en la mayor parte del territorio nacional.

Este Acuerdo Plenario en consonancia con los artículos 19 a 22 del Código Civil, así como con el Artículo 3 de la Ley 27411 modificado por la Ley 28121 del  16.12.2003, nos recuerda lo siguiente:  Que para los efectos de individualizar  a la persona a quien se le atribuye un determinado hecho delictuoso, se le debe identificar con sus nombres y apellidos, así como los de sus padres, su edad, sexo y características físicas, talla y contextura, recalcando que lo que persigue esta legislación es evitar los casos de homonimia en las eventuales requisitorias que se dicten judicialmente contra las personas. Por otra parte, del texto  del Fundamento 08 del referido Acuerdo Plenario, se desprende que identificación e individualización del imputado, si bien están relacionadas entre sí, “no guardan correspondencia absoluta, porque para abrir instrucción solo se requiere de una persona identificada con sus nombres y apellidos completos y para dictar una requisitoria se necesita que el imputado, además de sus nombres y apellidos  completos, registre en autos otros datos: edad, sexo y características físicas, talla y contextura”.

Consideramos, que estos criterios son relativamente aplicables, en cuanto a  la Formalización de la Investigación Preparatoria en el nuevo  modelo procesal penal;  en determinados casos,  en los que tras concluir las diligencias preliminares de investigación  se tenga  la identidad: nombres y apellidos,  DNI,  edad, domicilio y nombres de los padres del imputado, aunque no  sus características físicas, talla exacta, ocupación y  contextura;  siempre y cuando existan suficientes elementos de convicción que lleven a sustentar la presunta vinculación del imputado con la comisión  de los hechos, en una determinada forma o accionar debidamente particularizado. Siendo necesario considerar, de igual manera, el caso de los imputados no inscritos ante RENIEC y carentes de documento nacional de identidad.

.

NOTAS.

(1) Sentencia del Tribunal Constitucional. EXP.  Nº04539-2011-PHC/TC- Callao, del 25 de enero del 2012. Caso Ludwing Eduardo Soto Padilla. Fundamento número  07.

(2) Sentencia del Tribunal Constitucional. EXP. Nº01707-2010-PHC/TC-Lima, del 04 de junio del 2010. Caso Daniel Luis Jo Villalobos. Fundamentos 04 y 05.

(3)  Sobre ello: Sentencia 1957-2012 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica.

(4) Sentencia del Tribunal Constitucional. EXP. Nº 08125-2005 -PHC/TC - Lima,  del 14 de noviembre del 2005. Caso Jeffrey Immelt y Otros.

(5) Ibid.

 

 

UNA VISION OPERATIVA DEL ALEGATO ORAL en el NUEVO PROCESO PENAL

febrero 16, 2011
APROXIMACION al ALEGATO ORAL.
null
.

El alegato oral, en el NUEVO MODELO PROCESAL PENAL; desde un punto de vista práctico: es la herramienta esencial, el vehículo, el medio, el instrumento, fundamental, del cual deben hacer uso los abogados y el fiscal para hacer llegar los planteamientos de la parte que defienden, al Juez. En cuanto instrumento, el alegato oral, en cierta forma reemplaza al escrito o recurso, que se utilizaba en el antiguo modelo procesal penal, en el llamado proceso sumario. Pero cabe aclarar, que, en el nuevo proceso penal, el alegato ya NO es la última exposición, que hace cada parte, antes de que el Juez dicte sentencie. No, en el nuevo proceso penal, el ALEGATO es la primera exposición que hace cada parte sobre el tema de litis, antes que se actúen las pruebas en el juicio oral y posteriormente, también será: la última recapitulación que formule cada parte sobre los hechos probados.

Por medio del alegato oral, el abogado defensor y el Fiscal hacen saber al Juez:

1) Su versión de los hechos. ASPECTO FACTICO.

2) La fundamentación jurídica que sustenta su posición. FUNDAMENTOS JURIDICOS.

3) Los medios probatorios en que se basa.  SUSTENTO PROBATORIO.

4)  Las pretensiones de su parte. (La PENA y la REPARACION CIVIL, en el caso del Fiscal.)

El Nuevo Código Procesal Penal, habla de los ALEGATOS, en el JUICIO ORAL, ya sea como Alegato inicial o de Apertura (que es donde se incluye la exposición de la Teoría del Caso de cada parte), o como Alegato Final o de resumen(Exposición final de los hechos probados y Conclusiones de cada parte). Sin embargo, es pertinente señalar, que alegaciones orales, se dan también, en:

- En la Audiencia de Prisión Preventiva.
- En la Audiencia Preliminar de Control de Acusación.
- En las Audiencias  por alguna tutela de derechos u otros.
- En las Audiencias de apelaciones u otras impugnaciones.

Por ello, como resulta obvio, el abogado y el fiscal, deben dominar adecuadamente las bondades de la exposición y de la litigación oral. Ello, necesariamente, conlleva que se tiene que tener y dominar, un esquema del caso, que contemple los puntos fundamentales que todo alegato debe tener:

Exordio (Motivación Inicial).

Aspecto fáctico (Hechos).

Aspecto jurídico (Normas legales y principios pertinentes).

Aspecto probatorio (Pruebas). 

Pretensiones de mi parte.

Para ello, se tiene que desarrollar las habilidades de la oratoria, la coherencia y la persuasión; dentro de un todo integral que incluya la solidez de una buena argumentación fáctica, jurídica y probatoria.