EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA: ATRIBUCIÓN – OBLIGACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO.

EL REQUERIMIENTO de PRISION PREVENTIVA: ATRIBUCION y OBLIGACION DEL MINISTERIO PUBLICO.

Teniendo  el Ministerio Público la calidad de titular de la acción penal,  defensor de la legalidad, del debido proceso y de la sociedad; debe verificar en cada caso, como parte de sus funciones establecidas, si se hace necesario o no, requerir  la medida de PRISION PREVENTIVA.

Es obvio, que en los casos que no confluyan o no se perciban los tres prerrequisitos demarcados por la ley: esto es, que no existan suficientes elementos de convicción respecto a la presunta responsabilidad del imputado (fumus bonus comissi), que la pena probable no sea superior a 4 años y que no haya peligro procesal: peligro de fuga o de entorpecimiento a la investigación (periculum in mora); el Ministerio Público no podrá ni deberá solicitar la imposición de una medida cautelar tan gravosa y extrema.  Por el contrario, en los casos en que se advierta la existencia de las tres condiciones ò presupuestos mencionados: el Ministerio Público tiene no solo la facultad, sino que tiene la obligación, el deber, de solicitar la imposición de esta medida cautelar,  en cumplimiento de sus funciones.  Ello, con la única finalidad de garantizar el desarrollo del proceso y la sujeción de los imputados al mismo, así como asegurar la debida tutela jurisdiccional.

Al solicitar esta medida, el MINISTERIO PUBLICO se atiene no solo a cumplir lo que manda la ley procesal, sino también a los criterios vertidos por el supremo intérprete de nuestra Constitución y Legalidad, el TC, que entre otros, en la Sentencia Nº  1567-2002-HC – Fundamentos Jurídicos 3 a 6, ha reiterado respecto a este género de medidas cautelares, que: su “objetivo es resguardar la eficiencia plena de  la labor jurisdiccional.”

Es importante, tener en cuenta, que en la práctica, los casos de FLAGRANCIA DELICTIVA,  constituyen sucesos que imponen un cuidadoso anàlisis de sus circunstancias y elementos, para verificar si se cumplen o no los presupuestos de la prisiòn preventiva. Al respecto, conforme al desarrollo de  las tendencias jurisprudenciales y la casuística, se tiene que tener en cuenta que en dichos casos de flagrancia: por su inmediatez, por la existencia generalmente de elementos probatorios, tales como recuperación de especies ó hallazgo de instrumentos del delito en poder del detenido, testigos, etc, se ha impuesto el criterio de que ya no se hace necesaria la existencia de otros actos de investigación, tales como el reconocimiento  fìsico en rueda o el reconocimiento fotográfico.

Asimismo, debe recordarse, que el hecho de que un imputado tenga domicilio o trabajo conocido no implica necesariamente la inexistencia de peligro de fuga, puesto que debe apreciarse la existencia conjunta de otros factores, tales como: la gravedad de la pena probable a imponerse de ser el caso, la gravedad o desvalor del acto ilícito, o magnitud del daño causado al bien jurídico afectado y el comportamiento mismo del imputado en cuanto  a asumir o resarcir el agravio causado. Sólo a partir de una apreciación conjunta y razonada de estos factores, se puede concluir si existe o no peligro de fuga.

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CUESTIONES GENERALES RESPECTO a la VIGENCIA del PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD.

Existen críticas que se han hecho y se siguen haciendo contra la vigencia del Principio de Objetividad del Fiscal,  en el modelo acusatorio, en algunos sectores del panorama internacional.[1]    Siendo este un artículo de difusión, no podemos extendernos demasiado, respecto a tales objeciones.  Sin embargo, creemos importante –opinar- que correctamente  entendido, el Principio de Objetividad, no constituye un lastre del modelo inquisitivo en el nuevo modelo procesal penal, como algunos arguyen[2]. Consideramos esto, resumidamente, por lo siguiente:

1.- Por cuanto, conforme lo vienen señalando diversos estudiosos, no se puede pretender un modelo procesal absolutamente puro o inmaculado[3]; la realidad en que se dan los fenómenos y conflictos jurídicos es compleja y todo modelo procesal no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento, que debe estar adaptado a la realidad histórica, cultural e incluso a la idiosincrasia de una sociedad determinada; siendo que en el derecho procesal penal, no se puede pretender un modelo adversarial puro.  Desde esta perspectiva, la construcción de un modelo procesal adecuado, se dará dentro del desarrollo mismo de ese modelo en curso, en cuyo camino se irán decantando y deberán darse las necesarias correcciones, conforme la realidad lo exija.

2. Partiendo de este punto, creemos que siendo nuestro modelo procesal penal un modelo acusatorio con rasgos adversariales, pero igualmente garantista, debemos entender que: a partir de los principios establecidos en nuestra Constitución Política del Estado, que señalan entre otros a la defensa de la persona  como fin máximo de la sociedad, así como la vigencia de principios y macro garantías como el de Presunción de Inocencia, de Legalidad y Debido Proceso, el Ministerio Público como órgano autónomo encargado de la persecución del delito, pero también precisamente de la tutela de la legalidad y del debido proceso,  no puede ser un ente ajeno a las directrices establecidas por nuestra norma fundamental, que obligan a sujetarse en todo momento a esas grandes garantías;  lo cual tiene íntima y rotunda ligazón con el Principio de Proscripción o Interdicción de la Arbitrariedad, que debe guiar la labor fiscal, conforme ha sido recalcado por reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Es por ello, que, en ningún momento el accionar del Ministerio Público puede apartarse de  la objetividad,  ni ser intransigente con la realidad, sino completamente ceñido a lo que fluye de los actos de investigación. Desde esta perspectiva, cuando la norma dice: que el fiscal debe averiguar tanto los elementos de cargo como de descargo del imputado, ello implica como consecuencia, se traduce y se culmina, en  el  momento de la decisión que debe asumir el Ministerio Público,  al final de la etapa preliminar o de la investigación preparatoria, pues entonces la decisión del fiscal debe regirse por un criterio objetivo  y razonable, de ver si se cumplen o no los requisitos para proceder con la imputación o la acusación en la etapa que sigue, lo cual sólo se puede hacer si objetivamente aparecen elementos de convicción y por ende  existe base suficiente para ello.

3. Asimismo, debe tenerse muy  presente la naturaleza necesariamente pública y social del derecho procesal penal[4]. Un derecho de esta naturaleza, requiere de un órgano acusatorio objetivo, en el sentido de que su accionar y sus decisiones deben encontrarse plenamente ceñidos a la legalidad, a la defensa de la sociedad y a los derechos fundamentales. El carácter público y el interés social que subsisten, por su propia naturaleza, en el derecho penal y procesal penal, le  imponen al Estado, al proceso y al Ministerio Público esas obligaciones. Y ello no significa, que la Fiscalía asuma el carácter de dueña de la verdad o  se pretenda alterar la igualdad de armas con relación a la defensa particular de cada imputado, puesto que la norma procesal no puede considerar ni establece en ninguna forma,  que los resultados de la investigación fiscal, tengan el carácter de verdad, ni absoluta ni relativa, ni material, ni legal; son sencillamente requerimientos que el Ministerio Público como  director de la investigación formula, con carácter postulatorio, pero debidamente fundamentado, para que el Juez en uso de sus atribuciones resuelva lo que corresponda, a partir de lo que es verdaderamente decisivo:  la actuación de la prueba, el debate probatorio y el uso de la sana crítica. Siendo que en la fase intermedia y en la de Juzgamiento,  el Ministerio Público es solo una parte más, en las audiencias que dirige el Juez,  como se verifica,  todos los días, en los fallos judiciales,  que se dictan en el nuevo modelo procesal.

4.- Por último, desde una perspectiva axiológica, relacionada a los fines y valores del proceso de investigación y del derecho[5]; no se puede renunciar a aspirar a llegar a la verdad como fin último del proceso; no se puede pretender entronizar el criterio, que nace de una visión  absolutista del modelo adversarial, de que existan tantas verdades como partes puedan haber en un proceso. La verdad al menos legal o procesal, por no aludir  a la verdad material de los hechos, solo es y puede ser una sola; el proceso debe tender a lograr el mayor grado de aproximación a dicha verdad, a través de la actuación de la prueba. De lo contrario, estaríamos renunciando a lo que es el fundamento máximo de toda la actividad procesal: alcanzar la  justicia; lograr que el Juez arribe a lo que es justo a través de un debido proceso, y como consecuencia de ello brindar a las partes y a la sociedad la debida tutela jurisdiccional; meta y valor, garantía y principio, asì como derecho subjetivo, plenamente consagrado por nuestra Constitución Política del Estado.  En esta perspectiva, encuentran igualmente con plenitud, su explicación, las tareas que la objetividad impone al Ministerio Público, como director de la investigación,  en los diversos artículos del Código Procesal Penal.


 NOTAS  BIBLIOGRAFICAS.

(1) Por ejemplo: MIRANDA MORALES, Lorenzo Ignacio: EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD en la INVESTIGACION FISCAL y EL PROCESO PENAL- UNA REFORMA URGENTE; en REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS PENALES Nº15, UNIVERSIDAD DE SAN SEBASTIAN, CHILE, 2010, pp. 35-53. Nos dice entre otros conceptos críticos: “al investir a la fiscalía como garante de la verdad y la objetividad, se altera la igualdad de armas respecto de la defensa, confiriendo a la prueba del Ministerio Público una calidad que en efecto no tiene.”(…) “al imponerse a los fiscales la obligación de investigar los hechos que determinen la existencia y participación en un delito, como asimismo los que establezcan la inocencia del imputado, (se) constituye una verdadera vulneración del principio de inocencia consagrado en Tratados Internacionales, en nuestra Constitución y en nuestras leyes, ya que la inocencia se presume de derecho, sin que sea necesaria prueba alguna ni aún indiciaria para ello.” (…) “le dan a las pruebas obtenidas durante la instrucción por el órgano persecutor, un ropaje de pureza, equidad y objetividad que la hacen en muchos casos, incontrarrestables por la defensa, particularmente cuando pueda existir alguna duda, caso en el cual ésta favorecería a la fiscalía, imbuida en tan altos principios de actuación. A contrario sensu, la prueba de las defensas carece de estas características, se trata –ante los ojos de la comunidad y de los jueces- simplemente de prueba exculpatoria, que no ha sido obtenida ni será producida a la luz de una pretendida objetividad, que obligaría al defensor a exponer con igual celo no sólo aquello que exculpe al acusado sino también, aquello que establezca o agrave su responsabilidad y cuyo fin último no es entendido como la protección de un bien jurídico de interés común, sino como la defensa del delincuente frente a la comunidad.”(…)”En la práctica, la existencia del ya tantas veces mencionado principio de objetividad, ha venido a significar el establecimiento de pruebas de primera y segunda categoría en el juicio penal, lo que provoca una notable desigualdad de armas que redunda en la afectación del principio de inocencia, aunque no se haya buscado tal efecto. Como no concluir aquello, si para el juez y para todos los actores, el Ministerio Público ha investigado con objetividad y por tanto si ha tomado la decisión de acusar al imputado y llevarlo a juicio oral, es porque la prueba reunida es de la máxima pureza  y ha sido sometida por el propio fiscal, apegado a la constitución y a la ley, a un pre-examen de verdad, todo lo cual redunda en que sea el imputado el encargado de probar su inocencia.”

(2) Igualmente: AHUMADA, Carolina: EL FIN DEL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD y LOS NUEVOS DESAFIOS DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL. Revista: PENSAMIENTO PENAL, Edición 158, 05 de agosto del 2013, pp. 1-15.

(3)  ASENCIO MELLADO, José María: Prólogo al libro: LA INVESTIGACION EN EL PROCESO PENAL, op cit,  pp.19, nos recuerda:  “Calificar hoy de inquisitivo un modelo o de acusatorio o adversarial, carece de sentido, en tanto, ni tales conceptos tienen más valor que el pedagógico, como se ha dicho, ni tales elementos pasan de ser otra cosa que referentes históricos con rasgos comunes en muchos aspectos y diferenciados en otros, pero cuya actualización y conjunción ha desembocado en un nuevo proceso que contiene criterios de cada uno de los sistemas que surgieron a lo largo de los siglos. En definitiva, ya es imposible hallar un modelo puro que responda a un determinado  sistema y todos ellos son fruto de la combinación, de los que a lo largo de la historia, han ido sucediéndose, madurando y evolucionando.”

(4)  ASENCIO MELLADO, José María: Prólogo al libro: LA INVESTIGACION EN EL PROCESO PENAL, de Cuadrado Salinas Carmen, op cit,  pp. 20, resalta la importancia de analizar correctamente los modelos procesales penales, y de modo especial el llamado modelo adversarial, ubicando éste último en su significación presente: “revelando que su significación original ha perdido aquél carácter que era propio de un proceso penal y un delito considerados privados y en el que la imparcialidad judicial se garantizaba mediante la abstención del tribunal, su mera presencia pasiva. El reconocimiento del carácter público del delito, del interés social en su persecución, ha puesto en tela de juicio el sentido original del proceso entre adversarios en pie de igualdad, clasista y propia de los poderosos, pues no en vano, como la autora destaca, hunde sus raíces en los enfrentamientos entre nobles, siendo así que la necesaria preservación de la igualdad ha obligado a otorgar al Estado amplios poderes en el marco del proceso penal y, al Juez, algunos en orden a la intervención en la prueba  o el control de la investigación  o la garantía de los derechos fundamentales.” (El subrayado es nuestro.)

(5) GONZALES ALVAREZ, Roberto: NEOPROCESALISMO- Teoría del Proceso Civil Eficaz; ARA Editores, Lima, 2013, pp. 1058 -1060; nos dice: “…el valor verdad existe en el derecho, que la eficacia, efectividad y eficiencia jurídicas no pueden entenderse sin verdad, en fin, significa elegir el derecho con verdad.”(…) “…si entiendo que el objeto del derecho es la interacción humana eficaz, mi elección, donde apunte, encontrará la verdad en el derecho.”

 

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¿ES EL JUICIO ORAL UNA COMPETENCIA de ORADORES y VERSIONES?

¿Debe entenderse el juicio oral, como un escenario donde gana quien mejor habla  y quien construye y cuenta la mejor historia?

No,  el juicio oral no puede ser entendido ni  se reduce en modo alguno, a ser una competencia de oradores y teorías del caso. El juicio oral significa mas bien: la actuación de la prueba, es decir la apreciación inmediata, oral, pública, sujeta a crítica y contradicción,  de los medios probatorios que se tiene, para resolver el caso y como consecuencia de ello: la emisión de la decisión judicial,  basada en tales pruebas, con el uso de la sana crítica.  Si bien, resulta cierto lo siguiente:

1.- LAS HABILIDADES ORATORIAS y mejor aún las técnicas de litigación oral, son herramientas imprescindibles, de las cuales hacen uso las partes, en el juicio oral, para defender sus intereses.

2.- LA TEORIA DEL CASO, es igualmente una herramienta metodológica, de la cual hacen uso las partes, para explicar los hechos,  la misma que debe estar sustentada en las pruebas y debe buscar convencer, a partir de su debida  ligazón, positiva o negativa,  con ellas.

LA JUSTICIA y la VERDAD COMO FINES  DEL PROCESO.

Sin embargo, con relación a estos asuntos, es menester, hacer mención a un punto para muchos polémico. Nos referimos, a que, no se puede divorciar al juicio oral y en general al PROCESO, de lo que constituye la esencia de su razón de ser:  la búsqueda de la justicia[i],  como valor cardinal, que conlleva igualmente a la búsqueda de la verdad, no solo formal sino material.   JUSTICIA y VERDAD, valores ambos, que se explican y se corresponden con la tarea de brindar la debida tutela jurisdiccional,  a que están obligados los órganos encargados de administrar justicia.


[i] PEREZ LUÑO, Antonio Enrique: TRAYECTORIAS CONTEMPORANEAS DE LA FILOSOFIA y LA TEORIA DEL DERECHO, Ed. PALESTRA, Lima, 2005, PP. 107 a 110, nos recuerda: “El retorno a una jurisprudencia de valores en la teoría del derecho, ha sido posible gracias al estímulo de las doctrinas  sobre la justicia que se han desarrollado en las última décadas del siglo XX.” (…) “Ronald Dworkin insistirá en la prioridad de los derechos fundamentales y en su carácter básico, innegociable e inviolable, lo que impide su sacrificio por parte de los poderes públicos, aunque sea por razones de utilidad colectiva. La justicia distributiva debe hacer compatibles la igualdad de oportunidades y reparto de las libertades, con la igualdad de consideración  y respeto de todos los ciudadanos. (…) “Está en lo cierto John Rawls cuando afirma que: La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría por muy atractiva y esclarecedora que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no  es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas.”

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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de ESPECIAL RELEVANCIA PARA EL PROCESO PENAL.

                                                        Parte I.

 A continuación, referimos un extracto de partes fundamentales, de algunas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, que tienen especial relevancia, con relación a nuestro nuevo Proceso Penal. Por razones de espacio y tiempo, solo transcribimos las partes atinentes a cada tema.

 SOBRE EL PRINCIPIO ACUSATORIO:

Resulta muy instructiva, la siguiente sentencia, que nos recuerda, que ningún principio ni derecho, ni siquiera el principio acusatorio  tiene el carácter de absoluto. Y en este caso el PRINCIPIO ACUSATORIO encuentra su límite en cuanto pueda colisionar con otros derechos como el de INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD fiscal; en cuya eventualidad se debe ejercer el correspondiente control judicial.

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EXP. Nº 4620-2009-PHC/TC – Lima.

Caso  Eber  Iparraguirre Trujillo.

(Sentencia del 10 de noviembre del 2011)

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(…)

“ 4.- La parte  demandante alega que el concesorio de la apelación y posterior anulación de la resolución que dispuso el sobreseimiento de la causa, vulnera el principio acusatorio. Como ya lo ha referido este Tribunal Constitucional, la vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento  determinadas características: a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si el Fiscal no formula acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente. b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; c) Que no pueden  atribuirse al juzgador  poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad (STC 2005-2006-HC/TC).

7. Sin embargo, como ya lo ha advertido este Tribunal Constitucional, ningún derecho fundamental  es  absoluto. Del mismo modo, esta regla derivada del principio acusatorio podría encontrar supuestos en los que resulta relativizado. Y es que, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el Constituyente al Ministerio Pùblico, en tanto se trata de un órgano constituido y por lo tanto sometido a la Constitución, esta facultad de decidir si se ejerce  o no la acción penal, no puede ser ejercida de modo arbitrario (Exp. 6204-2006-HC- Chávez Sibina. Fundamento 7).

8. De ahí que por más que nuestra Carta Magna encomiende al Ministerio Público la defensa  de la legalidad, ello no impide  que ante un proceder arbitrario, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional pueda corregir tales actuaciones.

10. Así, el caso materia de la presente sentencia difiere en cierta medida respecto del previsto en anteriores pronunciamientos de este Tribunal, en los que se dictaba un sobreseimiento después de que el Ministerio Público se había pronunciado  en doble grado en el sentido de no acusar, pues en el presente caso la Sala Penal emitió la cuestionada  anulación en virtud de que 1)el juez dictó sobreseimiento sin efectuar  un análisis de fondo y 2)el dictamen fiscal de sobreseimiento se habría emitido sin haber valorado determinados medios de prueba.

11. Al respecto, este tribunal considera que la referida irregularidad por parte del Ministerio Público merecía un control judicial, pues tales actuaciones fiscales resultan atentatorias  del derecho de la víctima, que se ve mediatizado en el marco  del proceso penal a través de la titularidad de la acción penal que dicho órgano constitucional ostenta. A mayor abundamiento, este Tribunal advierte que, una vez corregida la omisión por el órgano jurisdiccional, el Ministerio Público optó por sostener acusación penal contra el procesado (fojas 367).

12. Finalmente, no obstante la presente desestimatoria, cabe recordar que el criterio adoptado por este Tribunal Constitucional a partir de la sentencia recaída en el expediente Nº2005-2006-PHC mantiene su vigencia. Sin embargo, el  presente caso demuestra que el principio acusatorio (como ocurre con los demás derechos fundamentales) no es absoluto y en determinadas circunstancias entra en conflicto con otros  bienes constitucionales. Así, en esta ocasión, fue el principio de interdicción de la arbitrariedad-que también informa la labor del Ministerio Público- lo que motivó a la Sala Superior a anular el sobreseimiento por no haber hecho un control efectivo de la disposición fiscal y  no advertir que habían medios probatorios que no habían sido valorados en perjuicio del derecho de la parte civil.”

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