Por: Gonzalo Ruiz Díaz, Director de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos

El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) constituye una herramienta desarrollada por los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que recoge las mejores experiencias de los países miembros de dicha organización vinculadas con la emisión de regulaciones.

La regulación, concebida como la intervención del Estado en el mercado con el objeto de alcanzar asignaciones de recursos más eficientes, constituye una actividad que requiere de un análisis riguroso tanto de los objetivos que se persiguen como de los medios de los que se dispone para alcanzarlos. Dado que el impacto potencial de adoptar políticas públicas equivocadas puede ser alto, es necesario que previamente las regulaciones tomen en consideración las mejores prácticas  internacionales y la participación de todas las partes interesadas, antes de ser emitidas. Precisamente, el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) constituye una herramienta desarrollada por los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que recoge las mejores experiencias de los países miembros de dicha organización vinculadas con la emisión de regulaciones. El AIR contiene un conjunto de lineamientos que buscan dar coherencia y legitimidad a los procesos regulatorios, mediante el establecimiento de requisitos de carácter sustantivo y procedimental. 

En relación a los aspectos sustantivos de la regulación, el AIR exige que previamente se defina y delimite claramente el problema que se busca resolver con la regulación y las causas que lo originan. Una vez definido el problema, el AIR plantea la necesidad de evaluar si se justifica alguna intervención del Estado y, de ser el caso, si la regulación constituye la mejor forma de intervención. En el caso del Perú, se puede apreciar en nuestras normas y legislación, múltiples ejemplos de “falsos problemas”, o problemas cuyas causas son muy distintas a las que la regulación busca atacar o corregir. Es por ello necesario, que el regulador o legislador haga un análisis claro del problema y con un enfoque crítico evalúe las alternativas posibles y los riesgos que ellas involucran. Resulta ideal poder establecer un ranking de alternativas de política pública o de propuestas de solución regulatoria, en función a los beneficios y costos que involucra cada una de ellas.

“El AIR exige que previamente se defina y delimite claramente el problema que se busca resolver con la regulación y las causas que lo originan. Una vez definido el problema, el AIR exige evaluar si se justifica alguna intervención del Estado y, de ser el caso, si la regulación constituye la mejor forma de intervención”

En el caso en que considere que persiste la necesidad de intervención, posteriormente debe evaluarse la legalidad de la misma y qué instancia del Estado se encuentra en mejor capacidad de emitirla así como aquella encargada de hacerla cumplir. Esto último resulta importante toda vez que las regulaciones a menudo pueden ser muy bien intencionadas, pero al no existir la institucionalidad necesaria para hacerlas cumplir éstas terminan siendo incumplidas o careciendo de la eficacia necesaria.

Con relación a los requisitos procedimentales, resulta fundamental que todas las partes interesadas participen activamente en el proceso regulatorio. Para ello no basta que las normas sean pre-publicadas, sino que sean discutidas en foros y audiencias públicas, con el fin de asegurar que los costos y beneficios de las medidas regulatorias sean evidentes para todos los potenciales interesados o quienes pudieran verse afectados por la medida. Asimismo, todas las opiniones sobre los proyectos de regulación deben ser respondidas en matrices de comentarios, consignando los argumentos por los cuales estas han sido recogidas o descartadas. Este proceso no sólo asegura un adecuado “control de calidad” externo y social de la regulación sino que dota de legitimidad al proceso regulatorio.

En la actualidad, solo organismos reguladores de servicios públicos (y algunos ministerios en casos puntuales) cumplen con buena parte de los requisitos formulados por el AIR. El reto es que el AIR se generalice en todas las instituciones que tienen potestades normativas o regulatorias. El Decreto Legislativo 1310 que crea un proceso para el control de la calidad regulatoria de los organismos del Estado constituye un paso en la dirección correcta.

Sobre el Autor: Gonzalo Ruiz Díaz

Doctor en Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. Master of Arts in Economics, Georgetown University / Ilades (Chile). Economista asociado de Macroconsult. Director de la Maestría en Regulación de los Servicios Públicos. Se desempeñó como Presidente del Consejo Directivo del OSIPTEL. Fue Gerente de Regulación en OSITRAN, Gerente de Estudios Económicos,
Presidente de la Comisión de Protección al Consumidor en el INDECOPI, y Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).