Diez años del Reglamento de la Ley N.° 30364: del diseño normativo a la garantía efectiva de derechos

El 27 de julio de 2016, pocos días antes de concluir mi gestión como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se aprobó el Reglamento de la Ley N.° 30364 mediante el Decreto Supremo N.° 009-2016-MIMP. Habían pasado apenas unos meses desde la promulgación de la ley y teníamos claro que, sin un reglamento que organizara la actuación del Estado, muchos de sus avances podían quedar solo en el papel.

El reglamento buscó precisamente eso: convertir los principios de la ley en responsabilidades concretas para las distintas entidades públicas. No se trataba únicamente de definir procedimientos, sino de construir un sistema capaz de articular la prevención, la protección, la atención, la sanción y la reparación desde una lógica de coordinación entre sectores y niveles de gobierno.

Diez años después, ese aniversario invita no solo a celebrar lo avanzado, sino también a preguntarnos con honestidad cuánto de ese diseño institucional ha logrado traducirse en una protección efectiva para las mujeres.

Con ese propósito escribí el artículo “Del reconocimiento normativo a las garantías efectivas de derechos: el Sistema Nacional contra la violencia basada en género en el Perú“, publicado en el libro Violencia contra la mujer: diez años de la Ley N.° 30364. En él propongo mirar el Sistema Nacional no desde una sola institución, sino como un verdadero sistema funcional del Estado.

El balance es, a mi juicio, mixto. Es innegable que el país ha avanzado. Hoy contamos con un marco normativo mucho más sólido, con servicios especializados que hace una década no existían o tenían un alcance muy limitado, con un sistema de justicia más especializado y con una comprensión mucho más clara de que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino una violación de derechos humanos que compromete la responsabilidad del Estado. Pero esos avances conviven con problemas estructurales que siguen limitando la eficacia del sistema.

El primero es la persistente fragmentación institucional. Con frecuencia, cada sector continúa actuando desde su propia lógica y con escasa articulación con los demás. Cuando eso ocurre, la coordinación termina recayendo en quien menos debería asumir esa carga: la propia víctima, obligada a recorrer múltiples instituciones y repetir una y otra vez su historia.

El segundo desafío son las profundas desigualdades territoriales. El acceso a la protección sigue dependiendo, en buena medida, del lugar donde vive una mujer. Las diferencias de capacidades institucionales, recursos y presencia estatal hacen que la respuesta frente a la violencia sea muy distinta entre regiones e incluso entre distritos de una misma región.

A ello se suman las limitaciones en la rectoría del sistema. Un sistema nacional solo funciona cuando existe una autoridad con capacidad real para coordinar, alinear y exigir el cumplimiento de las responsabilidades de todas las entidades involucradas. Esa sigue siendo una tarea pendiente. Quizá uno de los aprendizajes más importantes de esta década es que las leyes, por sí solas, no transforman la realidad. Son indispensables, pero insuficientes. La garantía efectiva de derechos depende de instituciones que trabajen de manera coordinada, cuenten con recursos suficientes y asuman que proteger a las mujeres es una responsabilidad compartida del Estado en su conjunto.

El Reglamento de la Ley N.° 30364 ha sido modificado en diversas oportunidades durante estos diez años. Ello refleja que los sistemas de protección no son estáticos y deben adaptarse a nuevos desafíos. Sin embargo, la necesidad de ajustes normativos no debe hacernos perder de vista el reto principal: lograr que el sistema funcione como un verdadero sistema y que la experiencia de las mujeres no esté marcada por la fragmentación, las demoras o la desprotección.

Diez años después, sigo convencida de que la Ley N.° 30364 representó un cambio de paradigma. El desafío ahora no es volver a empezar, sino hacer realidad la promesa que inspiró su creación: que ninguna mujer vea frustrado su derecho a vivir libre de violencia por las fallas del propio Estado.