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CUANDO LA ADUANA CUESTIONE EL VALOR DECLARADO Y EL IMPORTADOR SE OPONE, DEBERÁ PRESENTAR TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA SUSTENTAR DICHO VALOR

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TRIBUNAL FISCAL EMITE JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

El día 11 de febrero del año 2018, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Resolución del Tribunal Fiscal 00720-A-2018, mediante el cual la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal se pronunció respecto a los medios probatorios suficientes que el importador ofrecerá a la Aduana, para poder sustentar que el valor declarado de su mercancía corresponde al valor de transacción, es decir, al precio realmente pagado o por pagar, conforme a las normas de valoración aduanera.

En estos casos, ocurre que en durante el despacho de importación, la Aduana cuestiona el valor declarado de una mercancía por considerar que existen precios mayores de mercancías idénticas o similares a la declarada, por lo cual requiere al importador sustentar dicho valor o, en su defecto, pagar los tributos generados por el ajuste de valor.

Como señalamos en los comentarios acerca de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10750-A-2017 publicado en el blog, en caso que el importador se autoliquide para pagar dichos tributos y evitar demoras en el despacho aduanero de su mercancía, podrá dentro del plazo de 4 años posteriores solicitar la devolución de estos tributos mediante un escrito debidamente sustentado, conforme a las normas de valoración aduanera y al procedimiento de devolución por pagos indebidos o en exceso.
http://blog.pucp.edu.pe/blog/manuelsolis/2018/01/04/jurisprudencia-obligatoria-sobre-devolucion-de-tributos-aduaneros-generados-por-ajustes-de-valor/

Cuando el importador no decide autoliquidarse, la Aduana procede a formalizar su cuestionamiento a través del procedimiento de duda razonable. En dicho procedimiento, la Aduana otorga un plazo de 5 días (prorrogables por un mismo plazo) para que el importador pueda sustentar el valor declarado y deposite una garantía (emitiendo la “orden  de depósito en garantía”) por la diferencia de tributos que se hubieran generado (según criterio de la Aduana).

En caso que el importador no este conforme con la Aduana, independientemente que proceda a abonar el monto consignado en la “orden de depósito en garantía”, deberá sustentar el valor declarando presentando todos los medios probatorios que sean suficientes para acreditar que el valor declarado corresponde al valor de transacción, es decir, los documentos comerciales, financieros y contables en los cuales puedan verificarse la existencia de la transacción comercial vinculada a la mercancía importada.

Al respecto, comentamos acerca de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 7798-A-2016, que el Tribunal Fiscal ha señalado que la Aduana debe cumplir las disposiciones contempladas en el Acuerdo del Valor en Aduanas de la Organización Mundial de Comercio y en las normas de valoración establecidas por la Comunidad Andina, debiendo aceptar el valor declarado de las mercancías, en aplicación del primer método “valor de transacción”, si el importador cumple con sustentar dicho valor a través de los documentos comerciales, financieros y contables de su transacción comercial.
http://blog.pucp.edu.pe/blog/manuelsolis/2016/09/13/rtf-7798-a-2016-valoracion-aduanera-jurisprudencia-de-observancia-obligatoria/

Sin embargo, cabe resaltar que corresponde al importador presentar todos los medios probatorios que permitan sustentar el valor declarado, durante el plazo otorgado en el procedimiento de duda razonable, salvo que existan algunos generados posteriores por razones ajenas a su voluntad o que no se hubiera generado dicho procedimiento.

En el caso materia de la controversia sobre el cual se emitió la Resolución comentada, se entiende que los medios probatorios que presentó el importador correspondían no una, sino a varias facturas comerciales, por lo cual el Tribunal Fiscal señaló que resulta necesario presentar todas las facturas restantes en su oportunidad, lo cual no había ocurrido en este caso según los considerandos de la Resolución.

En consecuencia, el criterio de observancia obligatoria contenida en la Resolución del Tribunal Fiscal y que no podrán ser impugnadas judicialmente por la SUNAT, es el siguiente:

“Cuando se presentan como prueba del pago de la factura de la mercancía importada, transferencias bancarias con las que también se pagaron otras facturas, para que se puedan comprobar que dichas transferencias comprenden la cancelación de la factura comercial en controversia, es necesario que el administrado (o sea, el importador) presente o detalle, en calidad de medio probatorio, todas las facturas mencionadas en las referidas transferencias, así como todos los medios probatorios relacionados a estas.”

Se adjunta la RTF 00720-A-2018 en el siguiente enlace:

RTF 720 A 2018 Valor Factura Obligatoria

JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA SOBRE DEVOLUCION DE TRIBUTOS ADUANEROS GENERADOS POR AJUSTES DE VALOR

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NO PROCEDE QUE LA ADUANA EXIJA AL IMPORTADOR EN LA DEVOLUCION SOLICITADA QUE TRAMITE ANTES LA RECTIFICACION DEL VALOR LA DECLARACION ADUANERA

El último día del año 2017 en el diario oficial “El Peruano”, se publicó la Resolución del Tribunal Fiscal 10750-A-2017, mediante el cual la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal se pronunció respecto a las solicitudes de devolución de los tributos pagados y generados por los ajustes de valor en la declaración aduanera de mercancías, efectuados por la Administración Aduanera.

En estos casos, ocurre que en durante el despacho de importación, la Aduana cuestiona el valor declarado de una mercancía por considerar que existen precios mayores de mercancías idénticas o similares a la declarada, dando inicio al procedimiento de duda razonable.

En dicho procedimiento, la Aduana requiere al importador sustentar dicho valor o, en su defecto, pagar los tributos generados por el ajuste de valor. En caso que el importador se autoliquide para pagar dichos tributos y evitar demoras en el despacho aduanero de su mercancía, podrá dentro del plazo de 4 años posteriores solicitar la devolución de estos tributos mediante un escrito debidamente sustentado, conforme a las normas de valoración aduanera y al procedimiento de devolución por pagos indebidos o en exceso.

Sin embargo, la Aduana no admitía la devolución al importador porque señalaba que antes debía tramitar una solicitud para rectificar el valor en la declaración, es decir, le exigía seguir un procedimiento no previsto por las normas de valoración aduanera que amparan la devolución y que tiene una regulación particular, donde la Aduana debía evaluar y decidir si aceptaba la rectificación.

La Aduana justificaba la exigencia del procedimiento de rectificación en sus Informes N° 143-2015-SUNAT/5D1000 y N° 080-2017-SUNAT/5D1000. Sin embargo, este acto resulta insólito porque en un procedimiento donde el importador solicita la devolución, la Aduana también debía evaluar y decidir si aceptaba la existencia de un pago indebido o en exceso, generado en este caso por un ajuste de valor de la mercancía importada.

Por tal motivo, la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal ha emitido la RTF 10750-A-2017 mediante la cual declara nula la exigencia del procedimiento de rectificación cuando se solicita la devolución de los tributos autoliquidados con motivo de ajuste de valor. Cabe señalar que el artículo 154 del Código Tributario establece que las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de normas tributarias, las emitidas aplicando la jerarquía normativa, así como las emitidas en virtud a un criterio recurrente de las Salas Especializadas, constituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley. En este caso, en la resolución correspondiente el Tribunal Fiscal señalará que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial.

En tal sentido, el criterio de observancia obligatoria contenida en la Resolución del Tribunal Fiscal y que no podrán ser impugnadas judicialmente por la SUNAT, es el siguiente:

“La solicitud de devolución de tributos lleva implícita una solicitud de rectificación de la declaración aduanera, proceso en el cual se pondría en conocimiento del importador las observaciones que deberá absolver a fin de determinar el valor en aduana de la mercancía importada, por lo que no corresponde que se exija como requisito de admisibilidad de dicha solicitud, que previamente se haya solicitado y obtenido la rectificación de la declaración aduanera.”

 Se adjunta la RTF 10750-A-2017 en el siguiente enlace:

RTF 10750 A 2017 DEVOLUCION VALOR

NUEVA LEY DE EXPORTACION DE SERVICIOS

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NUEVA LEY DE EXPORTACION DE SERVICIOS

El día 17 de agosto del presente año, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Ley 30641, “Ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo”, mediante la cual se modificaron los artículos 33 y 76 del Texto Único Ordenado de la Ley de IGV e ISC, los cuales regulan el tratamiento tributario del IGV aplicable a las exportaciones de servicios, operaciones inafectas a dicho impuesto y por las cuales corresponde acogerse al “saldo a favor del exportador”, mecanismo que permite a los exportadores compensar los costos tributarios incurridos en las adquisiciones de bienes y servicios destinados al desarrollo de sus actividades exportadoras.

Dentro de las principales reformas contenidas en la Ley, podemos destacar la eliminación del Apéndice V del TUO de la Ley del IGV, el cual contenía listado de tan solo 20 operaciones de servicios que podían ser consideradas como exportación, limitación legal que colocaba al país en desventaja en comparación con otros países como Chile, México y Colombia, miembros de la Alianza del Pacífico que promueve el comercio exterior de servicios, especialmente cuando la Organización Mundial de Comercio permite la exportación de más de 150 operaciones de servicios tales como los comerciales, logísticos, financieros, profesionales, educativos, científicos y turísticos.

De esa manera, los servicios señalados podrán ser considerados exportaciones siempre que acrediten ser operaciones transfronterizas, es decir, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Se presten a título oneroso desde el país hacia el exterior, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el Registro de Ventas e Ingresos.

b) El exportador sea una persona domiciliada en el país.

c) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país.

d) El uso, la explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tengan lugar en el extranjero. Para tal efecto, se evaluará en cada contrato de servicios las cláusulas estipuladas respecto del lugar donde se lleva a cabo el primer acto de disposición del servicio, entendido como el beneficio económico inmediato que genera dicho servicio al usuario no domiciliado.

Adicionalmente, el exportador de servicios deberá estar inscrito en el Registro de Exportadores de Servicios a cargo de la SUNAT.

Otro cambio efectuado por la Ley, recae en el tiempo de permanencia mínimo del turista extranjero en nuestro país, de 5 a 2 días calendario, a fin de poder solicitar la devolución del IGV que éste pagó al comprar bienes o utilizar servicios en el país, devolución conocida como el “tax free”.

Esperamos que la SUNAT implemente el Registro de Exportadores antes del mes de setiembre, cuando haya entrado en vigencia la Ley de Exportación de Servicios. Caso contrario, se corre el riesgo de que las exportaciones de servicios dejen ser reconocidas tributariamente, impactando seriamente a las empresas dedicadas a estas actividades.

 

Se adjunta la Ley 30641 en el siguiente enlace:Ley de Exportación de Servicios

 

APRUEBAN LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL FRACCIONAMIENTO ESPECIAL – FRAES

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APRUEBAN LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL FRACCIONAMIENTO ESPECIAL – FRAES

El plazo para acogerse al FRAES vence el 31 de julio de 2017.

El día de hoy se ha publicado en el diario oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia N° 098-2017/SUNAT, mediante la cual se aprobaron las normas que regulan la forma y condiciones para la presentación de la Solicitud de acogimiento al Fraccionamiento Especial de Deudas Tributarias – FRAES.

Con esta norma, se complementa el marco normativo que regula la Ley del Fraccionamiento Especial de Deuda Tributarias FRAES, aprobada por Decreto Legislativo 1257, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 048-2017-EF, publicados el 8 de diciembre de 2016 y el 10 de marzo de 2017, respectivamente.

En el ámbito aduanero, pueden acogerse al FRAES las deudas pendientes de pago contenidas en las resoluciones de determinación y de multa, las liquidaciones de cobranza o liquidaciones referidas a las declaraciones aduaneras, emitidas por la SUNAT y que contengan deudas actualizadas hasta la fecha de aprobación de la solicitud de acogimiento. Todas estas son consideradas deuda materia del FRAES.

Los principales beneficios que contempla el FRAES son los siguientes:

  • La extinción de las deudas tributarias pendientes de pago, inclusive las multas y las deudas contenidas en liquidaciones de cobranza y liquidaciones referidas a las declaraciones aduaneras, siempre que la deuda tributaria actualizada al 30 de setiembre del año 2016 sea menor a S/ 3,950. Cuando la deuda se haya determinado en dólares americanos, como generalmente ocurre en el ámbito aduanero, se aplicará el tipo de cambio equivalente a S/. 3.403 a fin de establecer si el monto calculado sea menor a S/. 3,950.

 

  • El Bono de Descuento aplicable sobre los intereses y las multas contenidos en la deuda materia del FRAES, considerando la extinción prevista en el beneficio anterior. Este Bono de Descuento será determinado en función del rango de la totalidad de deudas tributarias y otros ingresos administrados por la SUNAT, actualizados al 30 de setiembre de 2016, aun cuando no todas las deudas sean materia de la solicitud de acogimiento. Los porcentajes establecidos para aplicar el Bono de Descuento son los siguientes:

 

Rango de deuda en UIT

Bono de descuento
De 0 hasta 100 90%
Más de 100 hasta 2,000 70%
Más de 2,000

50%

Para tal efecto, los contribuyentes deberán cumplir todas las condiciones y requisitos establecidos por las normas que regulan el FRAES.

Se adjuntan las normas que regulan el Fraccionamiento Especial FRAES.

Decreto Legislativo 1257 FRAES

Reglamento FRAES

Resolucion SUNAT FRAES

PUBLICAN EL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC

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PUBLICAN EL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC

El Acuerdo entró en vigor el 22 de febrero de 2017

El día de hoy se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, dentro del Protocolo de Enmienda Anexo 1 A del Acuerdo de Marrackech, por el cual se estableció la Organización Mundial de Comercio.

Las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, agrupadas en 3 secciones, contemplan una serie de medidas destinadas a simplificar los procedimientos aduaneros, así como a establecer trato especial entre los países miembros de la OMC más y menos desarrollados, conteniendo además disposiciones institucionales y finales.

ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO OMC

SECCIÓN I

Artículo 1: Publicación y disponibilidad de la información

Artículo 2: Oportunidad de formular observaciones e información antes de la entrada en vigor

Artículo 3: Resoluciones Anticipadas

Artículo 4: Procedimientos de Recurso o de Revisión

Artículo 5: Otras medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia.

Artículo 6: Disciplinas en materia de derechos y cargas establecidos sobre la importación y la exportación o en conexión con ellas y de sanciones.

Artículo 7: Levante y despacho de las mercancías

Artículo 8: Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera

Artículo 9: Traslado de mercancías destinadas a la importación bajo control aduanero

Artículo 10: Formalidades en relación con la importación, la exportación y el tránsito

Artículo 11: Libertad de tránsito

Artículo 12: Cooperación Aduanera

SECCIÓN II
DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO PARA LOS
PAÍSES EN DESARROLLO MIEMBROS Y LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS MIEMBROS

Artículo 13: Principios generales

Artículo 14: Categorías de disposiciones

Artículo 15: Notificación y aplicación de la categoría A

Artículo 16: Notificación de las fechas definitivas para la aplicación de la categoría B y la categoría C

Artículo 17: Mecanismo de alerta temprana: prórroga de las fechas para la aplicación de las disposiciones de las categorías B y C

Artículo 18: Aplicación de la categoría B y la categoría C

Artículo 19: Cambios entre las categorías B y C

Artículo 20: Período de gracia para la aplicación del entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias

Artículo 21: Prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad

Artículo 22: Información sobre asistencia y apoyo para la creación de capacidad que se debe presentar al Comité

SECCIÓN III
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y DISPOSICIONES FINALES

Artículo 23: Disposiciones institucionales

Artículo 24: Disposiciones finales

Cabe precisar que algunas de las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 y 12 de la Sección I, están incorporadas en los Acuerdos de Promoción Comercial o Tratados de Libre Comercio suscritos por el Perú con países como Estados Unidos, Canadá, China, Unión Europea, Japón, Alianza del Pacífico, entre otros. Por tal motivo, estas disposiciones ya se encuentran reguladas en nuestra legislación aduanera.

Finalmente, debemos señalar que el “Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio”, fue adoptado el 27 de noviembre de 2014 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza; y fue ratificado mediante Decreto Supremo Nº 044-2016-RE, del 06 de julio de 2016, puesto en ejecución mediante el Decreto Supremo No. 002-2017-MINCETUR, publicado el 23 de febrero de 2017, entrando en vigor el 22 de febrero de 2017.

Adjuntamos texto del Acuerdo

Enmienda Acuerdo OMC texto

 

MODIFICAN EL MÉTODO PARA DETERMINAR EL VALOR DE MERCADO EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

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MODIFICAN EL MÉTODO PARA DETERMINAR EL VALOR DE MERCADO EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

El 31 de diciembre de 2016, se publicó el Decreto Legislativo 1312 mediante el cual se modifica en la Ley del Impuesto a la Renta, Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF y normas modificatorias, el método utilizado para determinar el valor de mercado y aplicar dicho Impuesto.

Según lo establecido por la Ley del Impuesto a la Renta, se considera valor de mercado, para las transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, los precios y monto de las contraprestaciones que hubieran sido acordados con o entre partes independientes en transacciones comparables, en condiciones iguales o similares, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32-A de dicha Ley.

En ese sentido, la norma comentada modifica en el artículo 32-A, inciso e), numeral 1) de la Ley del Impuesto a la Renta, la definición del método del precio comparable no controlado, considerado uno de los métodos internacionales utilizados para considerar el valor de mercado. La modificación es la siguiente:


“1) El método del precio comparable no controlado
Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios entre partes vinculadas considerando el precio o el monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables.
En las operaciones de exportación o importación de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, mercado local o mercado de destino, incluyendo los de instrumentos financieros derivados, o con precios que se fijan tomando como referencia las cotizaciones de dichos mercados, el valor de mercado se determina sobre la base de dichos valores de cotización.
Para determinar el valor de mercado, se debe considerar como fecha del valor de cotización la del término del embarque de bienes exportados o del desembarque de bienes importados.
En el reglamento se señala la relación de bienes comprendidos en el segundo párrafo, el mercado o las características de éste del que se obtiene la cotización, la cotización a considerar de dicho mercado, y los ajustes que se aceptan para reflejar las características del bien y la modalidad de la operación.
Lo dispuesto en el segundo párrafo y siguientes de este numeral, será el método de valoración más apropiado respecto de los bienes que señale el reglamento”

Se adjunta la norma comentada DLeg 1312 Impuesto Renta

 

 

NUEVA LEY DEL ETIQUETADO Y DE REGLAMENTOS TÉCNICOS EN PRODUCTOS INDUSTRIALES ¿EXCLUYE EL CONTROL ADUANERO?

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NUEVA LEY DEL ETIQUETADO Y DE REGLAMENTOS TÉCNICOS EN PRODUCTOS INDUSTRIALES ¿EXCLUYE EL CONTROL ADUANERO?

El día de hoy se ha publicado en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 1304, mediante el cual se regula la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los productos industriales manufacturados, que sean comercializados en el país a fin de salvaguardar el derecho a la información de los usuarios y consumidores.

La Ley comentada entrará en vigencia en la fecha de publicación de su reglamento, lo que deberá ocurrir a más tardar el día 28 de abril de 2017. Los principales aspectos regulados son los siguientes:

DEFINICIONES:
La Ley establece las siguientes definiciones:

Reglamento Técnico: Etiquetado:
Documento en el que se establece las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolo, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas. Marbete, marca u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o en bajo relieve o adherido al producto, su envase o empaque.

 

 

INFORMACIÓN DEL ETIQUETADO:
El etiquetado deberá contener los siguientes datos:

a) Nombre o denominación del producto.
b) País de fabricación.
c) Si el producto es perecible debe indicar: la fecha de vencimiento, las condiciones de conservación (en idioma español) y las observaciones que corresponda (en idioma español).
d) Condición del producto, en caso se trate de un producto defectuoso, usado, reconstruido o remanufacturado (en idioma español).
e) Contenido neto del producto, expresado en unidades de masa o volumen, según corresponda, (en idioma español)
f) En caso de que el producto, contenga algún insumo o materia prima que represente algún riesgo para el consumidor o usuario, debe ser declarado (en idioma español).
g) Nombre y domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o distribuidor responsable, según corresponda, así como su número de RUC (en idioma español).
h) Advertencia del riesgo o peligro que pudiera derivarse de la naturaleza del producto, así como de su empleo, cuando éstos sean previsibles (en idioma español).
i) El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea aplicable (en idioma español).

Los datos que indican el país de fabricación y la fecha de vencimiento, deben consignarse con caracteres indelebles, en el producto, envase o empaque, dependiendo de la naturaleza del producto.

ORGANISMOS COMPETENTES:

El Ministerio de la Producción es la autoridad competente para supervisar, fiscalizar y sancionar, en todo el país, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos técnicos referidos a productos industriales manufacturados.

Por su parte, el INDECOPI es la autoridad competente para controlar el contenido del etiquetado establecidos por esta la Ley, así como los establecidos por las disposiciones que en materia de etiquetado se regulan en todo reglamento técnico.

Asimismo, la Ley menciona a los productos controlados por sus respectivos reglamentos técnicos, los cuales son los siguientes:

a) Cosméticos,
b) Productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal,
c) Alimentos y bebidas,
d) Farmacéuticos y dispositivos médicos,
e) Agroquímicos,
f) Explosivos,
g) Otros que mediante Decreto Supremo debidamente sustentado se disponga.

 

COMENTARIO: LA NUEVA LEY ¿EXCLUYE EL CONTROL ADUANERO EN EL ETIQUETADO Y REGLAMENTOS TÉCNICOS?

Uno de los aspectos que debemos destacar de esta Ley, que va a sustituir a la Ley 28405, es no que contempla disposiciones que regulen el control aduanero en el etiquetado y/o reglamentación técnica que deben tener los productos industriales, control realizado por la Administración Aduanera de la SUNAT a los importadores.

Con respecto al etiquetado, la Ley señala que en ningún caso se condiciona o limita el ingreso al territorio nacional o la nacionalización de los productos industriales manufacturados. No obstante ello, ¿podemos afirmar que la Ley ha excluido los controles aduaneros en el cumplimiento de los reglamentos técnicos?

Al respecto, debemos considerar lo siguiente:

  1. La Ley comentada no excluye la potestad aduanera que tiene la SUNAT, especialmente si la Ley General de Aduanas permite subsanar a los importadores que trajeron productos incumpliendo los requisitos legales correspondientes, como es en la práctica el caso de los reglamentos técnicos.
  2. La Administración Aduanera de la SUNAT efectúa el control de los productos provenientes del exterior, generalmente cuando están ubicados en la zona primaria del territorio aduanero.
  3. El Ministerio de la Producción, a diferencia de otras entidades, no cuenta con inspectores designados para controlar en dicho lugar por lo que no podrán observar si los productos cumplen los reglamentos técnicos cuando salgan de dicha zona. Por lo tanto, sin el control aduanero existirá el riesgo de ingresen al país productos no que cumplan sus respectivos reglamentos, generándose así una modalidad de contrabando o tráfico ilegal de mercancías.
  4. En el caso de INDECOPI, los inspectores son designados para controlar que los productos importados a afecten a las marcas notorias y a los demás derechos de propiedad intelectual. Aunque la Ley comentada proscribe el impedimento del ingreso al país o nacionalización de los productos por observaciones sobre etiquetado, cabe precisar que la nacionalización concluye con el levante aduanero, Si luego de este acto, el importador desea comercializar o redistribuir el producto, se activarán los controles de INDECOPI y por eso deberá cumplir con el etiquetado.
  5. En ese sentido, observamos que ambas Entidades requerirán la colaboración o advertencia de los funcionarios aduaneros, quienes solo podrán detectarlo al momento de efectuar el aforo correspondiente.
  6. Uno de los problemas suscitados sobre el control del rotulado en las importaciones ha sido el caso de los calzados, sobre el cual en el año 2015 fue necesario incorporar en la Ley General de Aduanas una disposición que permita subsanar las importaciones por defectos de rotulado. Inclusive, la Administración Aduanera de la SUNAT ha emitido un Informe con la finalidad de amparar bajo dicha subsanación a las importaciones de los calzados inmovilizados antes del año 2015. Para conocer los detalles de este Informe, pueden revisar la publicación en el siguiente enlace: http://blog.pucp.edu.pe/blog/manuelsolis/2015/12/07/sunat-emite-informe-sobre-rotulado-de-calzado-en-las-importaciones-pendientes/

En virtud de lo expuesto, consideramos necesaria la existencia del control aduanero al menos hasta que el Estado haya implementado mecanismos más eficaces para hacer cumplir lo dispuesto por la Ley comentada.

Lo que sin duda resulta claro, es que la nueva Ley excluye el reconocimiento físico obligatorio de los productos industriales para verificar el etiquetado, entendemos porque la Administración Aduanera cuenta con indicadores de gestión de riesgo que le permiten cumplir mejor sus funciones. Asimismo, se deroga la innecesaria presentación de una declaración jurada cuyo formalismo – a nuestro parecer- no aportaba en absoluto a lograr un control eficiente y que, por el contrario, obligaban a la SUNAT a formular denuncias que solo generan mayores recargas procesales en nuestro Poder Judicial.

Finalmente, debemos señalar que la Ley establece otras disposiciones importantes tales como el control posterior, las infracciones y sanciones. En estos últimos, tratándose del etiquetado, la Ley señala que el INDECOPI continuará aplicando el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Se adjunta la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los productos industriales manufacturados

Ley Etiquetado Productos DLeg 1304

MODIFICAN EL RÉGIMEN ADUANERO DE EQUIPAJE Y MENAJE DE CASA

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MODIFICAN EL RÉGIMEN DE EQUIPAJE Y MENAJE DE CASA

Modificaciones entrarán a regir dentro de los 90 días calendarios.

El día de hoy se ha publicado en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Supremo 367-2016-EF, mediante el cual se modifica el Régimen de Equipaje y Menaje de Casa, régimen aduanero especial aplicable al ingreso y salida del país de aquellos bienes considerados como Equipaje o Menaje de Casa pertenecientes a los viajeros.

  • Son Equipajes, todos los bienes nuevos o usados, que un viajero pueda razonablemente necesitar, siempre que se advierta que son para su uso o consumo, de acuerdo con el propósito y duración del viaje y que por su cantidad, naturaleza o variedad se presuma que no están destinados al comercio o industria.
  • Son Menaje de Casa, el conjunto de muebles y enseres del hogar, nuevos o usados, de propiedad del viajero y/o su familia, en caso de unidad familiar.

El Régimen de Equipaje y Menaje de Casa se encuentra regulado por la Ley General de Aduanas -(artículo 98, inciso k de la LGA) y por su propio Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 182-2013-EF.

La principal modificación efectuada por la norma comentada recae en la definición de la Declaración Jurada de Equipaje.

Declaración Jurada de Equipaje
(actual definición)

Declaración Jurada de Equipaje
(nueva definición)

Documento de uso obligatorio mediante el cual el viajero declara que en su equipaje acompañado: a) no porta bienes afectos al pago de tributos o b) porta bienes afectos al pago de tributos, en cuyo caso se utilizará para la destinación aduanera que corresponda, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT.

 

Acto mediante el cual el viajero declara por medios electrónicos o físicos que porta en su equipaje acompañado bienes afectos al pago de tributos; mercancía restringida o prohibida; o dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables por más de US$ 10 000,00 (Diez mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otra moneda. Esta declaración será utilizada para la destinación aduanera que corresponda, de acuerdo a lo establecido por la SUNAT.

Actualmente, los transportistas deben entregar a los viajeros el formulario de la declaración jurada, quienes deben llenar y presentarlo a la autoridad aduanera. Con el cambio normativo, los viajeros podrán formular dicha declaración, utilizando medios electrónicos. Asimismo, precisa que los viajeros deberán declarar el dinero o instrumentos financieros que representen montos superiores a US$ 10,000, lo que ya viene ocurriendo en la práctica como consta en el contenido de la Declaración Jurada de Equipaje (ver el formato anexo)

Bienes considerados Equipaje con inafectación tributaria

a)       Prendas de vestir y objetos de adorno personal del viajero.
b)       Objetos de tocador para uso del viajero.
c)        Medicamentos de uso personal del viajero.
d)       01 máquina rasuradora o depiladora eléctrica para uso del viajero.
e)       02 aparatos electrodoméstico portátiles para el cabello y para uso del viajero.
f)        01 unidad o 01 set de artículos deportivos de uso del viajero.
g)       01 calculadora electrónica portátil.
h)       Libros, revistas y documentos impresos en general que se adviertan de uso personal del viajero.
i)         Maletas, bolsas y otros envases de uso común que contengan los objetos que constituyen el equipaje del viajero.
j)         01 instrumento musical, siempre que sea portátil.
k)       01 receptor de radiodifusión, o 01 reproductor de sonido incluso con grabador, o 01 equipo que en su conjunto los contenga, siempre que sea portátil, con fuente de energía propia y no sea de tipo profesional.
l)         Hasta un máximo en conjunto de 20 discos compactos.
m)     02 cámaras fotográficas.
n)       Viajero mayor de 7 años: 01 videocámara, siempre que sea portátil, con fuente de energía propia y que no sea de tipo profesional.
o)       01 aparato reproductor portátil de discos digitales de video.
p)       01 aparato de vídeo juego electrónico doméstico portátil.
q)       02 discos duros externos para computadora, 04 memorias para cámara digital, videocámara y/o videojuego, sólo si porta estos aparatos, 04 memorias USB (pen drive) y 10 discos digitales de vídeo o para videojuego.
r)        01 agenda electrónica portátil o tableta electrónica.
s)        01 computadora portátil, con fuente de energía propia.
t)        02 teléfonos celulares. (Viajero mayor de 7 años: solo 01)
u)       Hasta 20 cajetillas de cigarrillos o 50 cigarros puros o 250 grs. de tabaco picado o en hebras para fumar. (Viajeros mayores de edad)
v)       Hasta 3 litros de licor. (Viajeros mayores de edad)
w)      Los medios auxiliares y equipos necesarios para su control médico y movilización (silla de ruedas, camilla, muletas, medidores de presión arterial, de temperatura y de glucosa, entre otros) que porten consigo los viajeros impedidos o enfermos.
x)       Un animal doméstico vivo como mascota, el cual debe ser sometido previamente al cumplimiento de las regulaciones sanitarias correspondientes.
y)       Objetos declarados que figuren en la Declaración de Salida Temporal que se acrediten ser nacionales o nacionalizados siempre que constituyan equipaje y se presuma que por su cantidad no están destinados al comercio.
z)        Bienes para uso o consumo del viajero y obsequios que por su cantidad, naturaleza o variedad se presuma que no están destinados al comercio, por un valor en conjunto de US$ 500. En caso de artefactos eléctricos, electrónicos, herramientas, y equipos propios de la actividad, profesión u oficio del viajero, no pueden exceder de 01 unidad por cada tipo.

Cabe precisar que las inafectaciones tributarias se otorgan por cada viaje y son individuales e intransferibles.

Finalmente, se modifican las disposiciones del Reglamento que regulan las obligaciones de los viajeros (artículo 5), así como los procedimientos de control aduanero y de regularización del ingreso temporal de bienes efectuados por los viajeros (artículos 7 y 22, respectivamente), con la finalidad de optimizar los controles aduaneros aplicables al Régimen de Equipaje y Menaje de Casa.

Se adjunta el Decreto Supremo que entrará a regir el 26 de marzo de 2017, fecha en que se cumple el plazo de 90 días calendarios dispuestos por la norma.

DS Modifica Rgto Equipaje

DDJJ Equipaje

 

SUNAT-ADUANAS PUBLICA CIRCULAR PARA APLICAR MULTA A LOS VEHÍCULOS CON FINES TURÍSTICOS

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SUNAT-ADUANAS PUBLICA CIRCULAR PARA APLICAR MULTA A LOS VEHÍCULOS CON FINES TURÍSTICOS

El día de hoy, en el diario oficial “El Peruano”, se publicó la Circular N° 03-2016-SUNAT/5F0000, mediante la cual la Administración Aduanera de la SUNAT establece las disposiciones para regular las sanciones aplicables a los vehículos que ingresaron temporalmente al país con fines turísticos y que no salieron dentro del plazo otorgado por la autoridad aduanera, infracción tipificada en el segundo párrafo del artículo 197 de la Ley General de Aduanas -LGA.

Cabe recordar que mediante el Decreto Supremo 295-2016-EF, se modificó la Tabla de Sanciones Aduaneras aprobada por Decreto Supremo 031-2009-EF, estableciendo las referidas sanciones y que ya comentamos en su oportunidad. A fin de conocer los alcances de esta medida, se recomienda revisar previamente el comentario publicado en el siguiente enlace:

http://blog.pucp.edu.pe/blog/manuelsolis/2016/10/28/nuevas-sanciones-aduaneras-aplicables-a-vehiculos-con-fines-turisticos/

La Circular, en sus consideraciones generales, establece lo siguiente:

  1. El turista que no retira su vehículo del país dentro del plazo de permanencia otorgado por la autoridad aduanera puede optar por pagar la multa dentro de los 30 días hábiles posteriores al vencimiento de dicho plazo.
  2. El turista en el plazo de 48 horas posteriores al pago de la multa debe retirar el vehículo del país o ingresarlo a un almacén de la circunscripción de la intendencia de aduana de salida si el vehículo va a ser retirado como carga.
  3. De no efectuarse el pago de la multa o el retiro del vehículo en los plazos previstos en el numeral precedente, este cae en comiso.

Con respecto al acogimiento al pago de la multa, la Circular señala que:

i) El turista, dentro de los 30 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de permanencia, se presenta al puesto de control, centro de atención fronteriza – CAF o área de regímenes temporales o especiales, o la que haga sus veces de la intendencia de aduana de cualquier parte del país, con su vehículo y su documento de identidad, y solicita acogerse al pago de la citada multa.

ii) El funcionario designado recibirá el documento de identidad del turista e ingresará al Sistema de Aduanas, módulo de Control Vehicular Web, a fin de verificar los datos en el Certificado de Internación Temporal – CIT y el plazo señalado en el numeral anterior; procediendo a liquidar el monto actualizado de la multa, considerando como fecha inicial el día calendario siguiente a la fecha de vencimiento del plazo. Acto seguido, el funcionario notificará al turista y le alcanzará la pre-liquidación de multa para su firma. Este trámite no requiere de resolución de determinación o de informe de la intendencia de aduana de ingreso.

iii) A fin de efectuar el pago, el turista solicitará a la Aduana la emisión de la Liquidación de Cobranza correspondiente y cuya cancelación sustenta la permanencia del vehículo en el país hasta que se efectúe su retiro o sea retirado como carga del país. Efectuado el pago de la multa, el turista deberá retirar el país el vehículo internado temporalmente dentro del plazo de 48 horas siguientes al pago de la liquidación de cobranza.

Alternativamente, el turista puede retirar el vehículo como una carga para lo cual lo ingresará a un almacén de la intendencia de aduana de salida con los documentos correspondientes al CIT. por su parte, la Aduana de salida autoriza el plazo para embarcar el vehículo, según los itinerarios de la empresa transportista puestos en conocimiento del turista con la documentación respectiva.

iv) Cuando el turista opte por retirar el vehículo manejándolo, el turista acudirá al puesto de control o CAF y entregará al funcionario aduanero designado copia de la liquidación de cobranza pagada, quien la verificará y registrará en su Sistema, culminando el trámite legal de salida del vehículo. Cuando haya optado por retirarlo como carga, deberá seguirse el procedimiento aduanero publicado en el siguiente enlace:

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/especiales/vehiculos/procGeneral/inta-pg.16.htm

 

COMENTARIO

Las normas comentadas permiten regularizar la salida de los vehículos internados al país por los turistas extranjeros, puesto que antes la Aduana simplemente aplicaba el comiso por permanecer más tiempo que el autorizado por dicha entidad. Sin embargo, con la finalidad de mejorar la atención al turista extranjero y promover el crecimiento sostenido de nuestro turismo receptivo, recomendamos al Estado establecer las siguientes medidas:

  • Es necesario ampliar el plazo máximo de 90 días para la permanencia de los vehículos de los turistas, tal y como lo tienen países como Bolivia con 180 días y los países del Mercosur, quienes incluso no existen plazos máximos entre ellos.
  • La Aduana debe contar con mecanismos de comunicación electrónica (por ejemplo, vía móvil) que le permitan avisar con antelación al turista extranjero cuando el plazo de permanencia esté por expirar.

Se adjunta la norma y formatos en los siguientes enlaces:

Circular Multa Aduana 197

Anexos Circular Multa Turista

 

¡¡¡Que pasen unas Felices Fiestas!!!

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ¿SE APLICARÁN EN LAS ACTIVIDADES ADUANERAS?

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PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ¿SE APLICARÁN EN LAS ACTIVIDADES ADUANERAS?

Recientes cambios a la Ley de Procedimiento Administrativo General, permitiría la aplicación del Derecho Administrativo Sancionador en las infracciones y sanciones aduaneras.

El día de hoy se ha publicado en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto Legislativo 1272 mediante el cual se modifican diversos artículos de la Ley del Procedimiento Administrativo General – LPAG, Ley 27444; y se deroga la Ley del Silencio Administrativo Positivo – Ley 29060. Dentro de los cambios normativos efectuados, nos referiremos a los Principios del Derecho Administrativo, los cuales se encuentran contemplados en los artículos IV y 230 de la LPAG.

Al respecto, y como veremos más adelante, si bien las recientes modificaciones pueden considerarse positivas en la medida que procura que dichos Principios sean respetados por toda Entidad Pública, también es cierto que en la práctica la Administración Aduanera de la SUNAT y el Tribunal Fiscal han interpretado que los Principios contemplados en la LPAG no se aplican cuando se tratan de infracciones y sanciones aduaneras con incidencia tributaria. En ese sentido, las modificaciones vigentes a partir del día 22 de diciembre de 2016 -la norma no indica un plazo de vigencia de los Principios Generales- nos lleva a tratar este tema.

 

Los Principios del Derecho Administrativo en la LPAG

Con respecto a los Principios Generales del Derecho, se han postulado una serie de teorías jurídicas acerca de su definición, no siendo nuestro propósito entrar a discutirlas. Únicamente decimos que los Principios Generales del Derecho son fuentes jurídicas, pudiendo tratarse de principios superiores de justicia o de parámetros que deben ser considerados en los ordenamientos legales de cada Estado y de cada Organismo Internacional.

Por su parte, el Artículo IV contiene ahora un total de 19 Principios, algunos de los cuales han sido redefinidos como es el caso de los Principios de Debido Procedimiento, Buena Fe Procedimental, Predictibilidad o Confianza Legítima. Asimismo, se han incorporado en la Ley los Principios de Responsabilidad, Ejercicio Legítimo del Poder, así como el Principio de Acceso Permanente. Las definiciones de cada uno de los Principios señalados son las siguientes:

  • Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.
    La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.
  • Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.
  • Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.
    Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.
  • Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.
  • Principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
  • Principio de acceso permanente.- La autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia.

Los Principios del Derecho Administrativo Sancionador

En el artículo 230 de la LPAG, se encuentran establecidos un total de 11 Principios aplicables al Derecho Administrativo Sancionador, incorporándose el Principio de Culpabilidad y redefiniéndose los Principios de Debido Procedimiento, Razonabilidad y Tipicidad. Los Principios contenidos en el artículo 230 son los siguientes:

Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 

Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
d) EI perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.
Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos:
a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa.
b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.
c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5.

Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.

Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario

Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.

Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.”

¿La Administración Aduanera deberá aplicar los Principios Generales del Derecho a las infracciones y sanciones de su competencia?

Con el propósito de formular la respuesta, es necesario considerar los siguientes argumentos:

  • Dentro de los considerandos que amparan las modificaciones efectuadas a través del Decreto Legislativo 1272, se señala resulta necesario modificar la LPAG, a efectos de optimizar la regulación de los principios del procedimiento administrativo con el fin de tutelar el derecho de los administrados.
  • La LPAG establece en su artículo II que los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo (numeral 2). Asimismo, establece que las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento administrativo (numeral 3).
  • Existe solo un caso en el cual resulta inaplicable los alcances de la LPAG en el ámbito aduanero: el artículo 34, numeral 3 de la LPAG, modificado por el Decreto Legislativo 1272, regula los procedimientos de evaluación previa con silencio administrativo, señalando expresamente que “En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se rige por sus leyes y normas especiales. Tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la obligación tributaria o aduanera, se aplica el Código Tributario”.
  • Cabe agregar que la Ley General de Aduanas y la Tabla de Sanciones Aduaneras regulan las infracciones y sanciones aduaneras, las cuales tienen un carácter administrativo. Y el hecho de que las sanciones sean aplicadas teniendo en cuenta si la infracción cometida ha incidido o no en la determinación de la obligación tributaria aduanera, no significa que se traten de infracciones tributarias excluidas de los alcances de la LPAG, como erróneamente vienen interpretando la Administración Aduanera de la SUNAT y la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal, máxime si sabemos que las infracciones tributarias están reguladas en una Tabla anexa al Código Tributario.

Considerando los argumentos expuestos, podemos concluir que la optimización de los Principios Generales de Derecho se evidenciará cuando sean observados por los órganos resolutores de controversias en las vías administrativa y judicial; pero lo más importante es que los funcionarios aduaneros de las Intendencias operativas cumplan la exigencia impuesta por las reformas de la LPAG, cuando efectúen los controles de ingreso y salida de mercancías. De ese modo, los agentes operadores y los usuarios del comercio exterior podrán verse beneficiados y sus derechos tutelados gracias a los cambios positivos contemplados por la citada Ley.

Se adjunta el Decreto Legislativo 1272DLeg 1272 Modifica Ley Procedimiento Administrativo General