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Agenda urgente para el próximo Congreso

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El reinicio de labores parlamentarias, luego del próximo 26 de enero del 2020, nos presenta la oportunidad para innovar las reglas electorales y constitucionales en la mira del proceso coincidente con el bicentenario.

Reglas electorales:

1. La población exige que los candidatos cuenten con un perfil de trayectoria proba, sin antecedentes penales no judiciales ni procesos pendientes. Tarea que corresponderá a la ciudadanía como a las redes sociales como a los medios.

2.Para esta tarea se requiere eliminar todo tipo de parentesco de los candidatos con los anteriores parlamentarios como sucede con quien postule para el cargo de Presidente de la República. Al respecto, la ley orgánica de elecciones establece que no pueden postular para presidente: (Artículo 107o, inciso e) El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección.

3.De esta manera, proponemos que esta prohibición se amplíe para todo cargo político sea a nivel nacional, regional y local, elegido o designado, pues el parentesco no es sinónimo de capacidad. Propuesta sustentada en el enunciado: A misma razón un mismo derecho.

4. Al modelo del sufragio vigente, se han incorporado en la Constitución de 1993 mecanismos de participación ciudadana (artículo 31 de la Carta)  mediante  referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas.

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil.

En mi opinión, el voto personal, igual, libre y secreto debería ser obligatorio hasta los cincuenta años y facultativo después de esa edad.

Reformas constitucionales:

El Congreso

Más que dar una Constitución, deberíamos fomentar las reformas parciales sea a través de los propios congresistas (aunque no tendrán mucho tiempo pues su año y 4 meses se reducen a dos legislaturas que consumen más tiempo en protocolos, organización de comisiones así como labores fuera del recinto parlamentario con lo cual quedarían 8 meses netos) o a través de la participación ciudadana vía referéndum con el uso de lenguaje indubitable pero al mismo tiempo con una estructura técnica del padrón para su rápido conteo.

Dicho referéndum ayudaría a los nuevos parlamentarios a considerar la opinión del electorado y dar viabilidad a las demandas, que suelen quedar postergadas en el Congreso por una interés privado.

En los últimos años se ha abusado en el ejercicio de las inmunidades parlamentarias que debieran proteger el desarrollo de las funciones estrictamente congresales, habiéndose manipulado en beneficio particular. Circunstancia que ha llevado  a investigar a algunos congresistas por inconducta funcional y con resultados cuestionables y lamentables. desperdiciando el valioso tiempo del recinto parlamentario y el dinero de los contribuyentes. Propongo la desaparición de las inmunidades parlamentarias y que en adelante las investigaciones y sanciones sean conducidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema del Poder Judicial; derivándose de inmediato los casos pendientes del Congreso disuelto.

Es capital que el Congreso de la República recupere su administración estable, evitando su manejo en beneficio del partido de turno. como lo han demostrado las presidencias congresales en el último quinquenio . De acuerdo con el número de plazas requeridas, el personal actual sería examinado de acuerdo al perfil y luego se iniciaría una nueva convocatoria. Una vez ganada la plaza y desde ese momento, el vínculo laboral del trabajador dependería estrictamente del Congreso. Excepcionalmente, el parlamentario podría contar hasta con tres trabajadores de su confianza, remunerados por el Legislativo, quienes lo acompañarán hasta la culminación de su mandato.

Todo aquel que usurpe funciones congresales y administrativas será denunciado por cualquier ciudadano ante las autoridades judiciales y policiales, quienes de comprobar el hecho procederán a su detención, denuncia respectiva, el inicio del proceso concluyendo con su correspondiente sanción.

Reformas Constitucionales

El sistema privado de pensiones

El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento, aspecto que el Estado ha descuidado produciéndose casos donde las AFP han obtenido réditos para su beneficio y no para sus afiliados, a quienes castigan pese a su mala gestión con el cobro de comisiones.

Ante ello, propongo que los afiliados del sector privado, al llegar a los 60 años, decidan si dejan a las AFP como sus administradores de fondos o retiren sus fondos por la inversión que ellos  escojan y les de más rentabilidad que la entidad prestadora les otorga; pudiendo retirar la totalidad del monto acumulado.

Del mismo modo, las AFP retienen los aportes de personas mayores de 50 años que ya no se encuentran en el sistema y que tampoco se hallan en posibilidad de reinsertarse, siendo sus montos tan bajos que no alcanzan a ser pensionables. Por lo cual, debiera permitirse el retiro inmediato para que las personas puedan solventar su calidad de vida.

Medio ambiente

Según la Constitución, el Estado supervisa el manejo de los  recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.

En la práctica, los medios han y siguen denunciando la desprotección en la explotación de recursos, demostrando sobre todo la ineficiencia del Estado en la etapa de ejecución de las entidades formales pero además frente al avance de los sectores informales que son depredadores. Reaccionamos cuando la presión internacional es contundente.

Respecto a la empresa formal, debe variarse el tenor de la ley orgánica que fija las condiciones de su utilización de los recursos y su otorgamiento a particulares. La concesión dejaría de ser un título real para convertir su titularidad en un derecho personal, fijándose el inicio y su culminación de la obra, pudiendo ser renovada. Caso contrario, previo acuerdo de partes, se podrá adelantar dicha culminación.

A dejar el particular la explotación, sólo el Estado volvería a ofrecer la explotación del recurso a un tercero, con ello se evitaría el actual dilema de empresas que estafan al Estado y encima ofrecen el proyecto a terceros.

Corresponde al Estado el  control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales.  Por lo cual, el incumplimiento de los términos de la concesión  daría lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento.

Para dicho control , el Estado haría uso de los sistemas de las fuerzas del orden (Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas conjuntamente) para diagnosticar e ideas estrategias conducentes al mejor aprovechamiento de recursos. Los científicos contribuirían planteando el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes.

La administración podría  establecer estímulos tributarios y de financiamiento para los diferentes sectores (empresas, universidades quienes realicen acciones ambientalmente sanas y eficientes.

Proponemos que el Estado continúe adoptando al desarrollo sostenible como parámetro para la Amazonía con una legislación adecuada con el apoyo de los propios comuneros. Las tierras de comunidades campesinas y nativas volverían a ser imprescriptibles y con el uso de la tecnología el Estado tendría un mejor manejo de su registro, evitándose gran parte de los conflictos sociales generados por la propia autoridad.

La informalidad requiere de estrategias más creativas que una vez concertadas entre el Estado y la sociedad deberán aplicarse la sanción por su incumplimiento de inmediato.

Estas propuestas sólo buscan plantear al nuevo Legislativo una agenda cuyo debate contribuirá a una mejor gobernanza y gobernabilidad que el país demanda.