Últimamente los medios de comunicación escrita y televisiva han dedicado sus titulares a cubrir el caso de los niños beneficiarios del Programa Nacional de Ayuda Alimentaria (PRONAA) fallecidos en Cajamarca por intoxicación. Se sabe que los alimentos fueron adquiridos por la administración anterior; pero habrá que indagar por el estado en que se encontraban, los lotes, las fechas de vencimiento y condiciones de su almacenaje.
La ministra de la Mujer Aída García Naranjo no puede eludir responsabilidad ya que asumió el pasivo de la institución en este rubro, sin realizar deslinde alguno. Urgen las explicaciones del caso del personal administrativo involucrado en las tareas mencionadas. Demás está entrar a contemplar los tecnicismos políticos si se debió invitar a la ministra a exponer ante el pleno del Congreso o si ésta llegó de propia iniciativa. Particularmente sostengo que no debe ser sujeto de censura, lo cual no signifique que carezca de responsabilidad.
Eso sí requiere recuperar la confianza planteando una investigación que en 30 días permita esclarecer lo sucedido, acompañada de la difusión de una campaña donde el Estado reconozca su responsabilidad ante los deudos, aclarando además la finalidad del gesto del señor Dante Mendoza Antonioli, entonces jefe del PRONAA, quien a título personal decidió proporcionar la suma de ciento cuenta nuevos soles a los familiares de uno de los fallecidos. Torpeza política o no, dicho gesto muestra que no somos indiferentes ni indolentes ante la desgracia ajena.
La destitución de Mendoza reveló la falta de tacto político como podría ser la de la propia ministra García Naranjo cuya permanencia, más que dejarse al arbitrio del ajedrez político de las fuerzas al interior del Congreso, debe corresponder a su idoneidad en afrontar los hechos y resolverlos, mostrando el verdadero sentido de los programas de inclusión, en todo momento.
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