El viernes pasado se conmemoraron 17 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Como en años anteriores, fue una oportunidad para que las organizaciones de víctimas de la violencia y las entidades con responsabilidades con ellas, expongan los avances y los aspectos pendientes del Plan Integral de Reparaciones.

Un aspecto central en esta ocasión fueron las atenciones a la salud mental, en general para todas las personas y en especial para las afectadas con las pérdidas de familiares o víctimas directas en el período de violencia de las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado.

Al respecto, hay avances: 76 sicólogos en establecimientos de salud de la región, 5 siquiatras (hace años sólo había uno) y 4 centros de salud mental comunitarios: 2 en Amarilis (uno de ellos en La Esperanza), otro en Tingo María y uno en Panao. Y están proyectados 3 más: en Ambo, Dos de Mayo y Puerto Inca. Y en todos hay servidores y servidoras con disposición a entender la especial situación de las personas que a las heridas no cerradas de torturas o a los duelos no concluidos por sus familiares desaparecidos, se les suman los duelos y las angustias de la Covid mal atendida.

 Como podremos concluir, la brecha por cerrar en atención de la salud mental, es enorme. Y hasta el año pasado, ni en el Gobierno Nacional ni en el Gobierno Regional los decisores eran conscientes de ello: de los 399 proyectos con presupuesto asignado para este año, en los tres niveles de gobierno, no se aprecia, en la página de consulta amigable del MEF, uno con énfasis en la salud mental, aunque podemos esperar que esté en algunos de los 52 proyectos presupuestados en el ámbito de la salud.

 Esto puede corregirse ahora. El Poder Ejecutivo acaba de enviar el proyecto de presupuesto 2021 al Congreso de la República, lo que inicia el debate correspondiente. El Gobierno Regional de Huánuco tiene la oportunidad de alinear a las congresistas de Huánuco y aliados para que la inversión pública en salud incorpore el componente de atención de la salud mental, que estará mucho más demandado el año siguiente. Asimismo, la de reforzar el rubro de personal en salud mental, para expandir la oferta de estos servicios.

Por lo demás, el debate presupuestal debe estar orientado al cierre de brechas sociales, y eso pasa por identificar donde están las mayores de esas brechas. Y no es muy difícil, basta con poner el ojo donde están las personas más vulnerables, con menor acceso a servicios de agua y saneamiento, con menores ingresos, con menor nivel educativo, con mayor afectación de hechos de violencia y con mayor morbilidad. En muchos sectores y en muchas entidades el presupuesto se reducirá. Para pelearlo, centrarnos en dichas personas les dará a nuestras congresistas, gobernantes y gestores públicos, argumentos sólidos. Estemos vigilantes.

  Pier Paolo Marzo Rodríguez