[1] La costa peruana es el territorio más árido del país; sin embargo, en ella se encuentra ubicada más del 58% de la población total, asentada mayormente en ciudades cercanas a ríos que traen bajos caudales de agua durante gran parte del año. Esta situación representa un problema para enfrentar la creciente demanda de alimentos, lo cual ha obligado a diseñar complejos sistemas de irrigación; y donde también están presentes organizaciones sociales de riego con base en la acción colectiva para la gestión y distribución del recurso hídrico entre los regantes.
El caso de estudio abarca los valles de los ríos Moche y Virú, ubicados en la región La Libertad, con el objetivo de analizar los factores de sostenibilidad de la acción colectiva en la gestión del agua de riego durante el periodo 2004-2011. En estos territorios se halla producción agrícola orientada principalmente a la exportación, tal es el caso de bienes como espárrago, alcachofa, pimiento, palto, piña, mango y arándanos. Pero también, en dichos lugares se cultivan productos para el mercado local como maíz amarillo duro, frejol castilla, tomate, marigold, leguminosas y variedad de frutales y menestras. La caña de azúcar es un producto tradicional de esta región, que se procesa industrialmente y se comercializa tanto en el mercado nacional como internacional. En estos valles, como en los demás valles del país, se han constituido organizaciones denominadas juntas de usuarios que se hacen cargo de la gestión del agua de riego.
La convergencia de dos acciones estatales, han sido fundamentales para el fortalecimiento de las juntas de usuarios; y, por tanto, han contribuido a la sostenibilidad de la acción colectiva de los grupos de regantes. En 1989, el Estado peruano transfirió la capacidad de cobrar la tarifa de agua a las juntas de usuarios de los ríos de los distintos valles del país; y en 1994 se amplió la disponibilidad del recurso hídrico en forma permanente para los valles de Moche, Virú y Chao, mediante la entrada en actividad del proyecto de irrigación Chavimochic.
Desde el Estado y conjuntamente con el poder de cobrar la tarifa de agua, las juntas de usuarios también recibieron la responsabilidad de la operación y administración de la infraestructura hidráulica. Esta transferencia de funciones por parte de la política pública sobre el agua en el país, ha sido un aspecto fundamental para el fortalecimiento de la acción colectiva de las juntas de usuarios, que tienen a su cargo la gestión del agua de riego.
Según el modelo econométrico utilizado, el tamaño de los grupos que establecen la tarifa de agua da un resultado significativo para hacer sostenible la acción colectiva en el caso de la Junta de Moche, pero no así en la Junta de Virú. Sin embargo, en ambos casos, es el movimiento positivo de los precios agrícolas el que resulta significativo para fortalecer la acción colectiva de los grupos de regantes.
La otra acción estatal que ha contribuido a la sostenibilidad de la acción colectiva ha sido la puesta en marcha del proyecto de irrigación Chavimochic; el cual consiste en la derivación de aguas del río Santa, uno de los ríos más importantes de la costa peruana, hacia los valles de Chao, Virú y Moche; y hacia las zonas desérticas de los inter-valles, mediante la construcción de un canal-madre de varios kilómetros de longitud. Ha permitido ampliar la frontera agrícola y tener un sistema de riego permanente en la zona.
Esto ha influido en el crecimiento del valor bruto de producción agrícola y en las posibilidades de mejora de los precios e ingresos por los bienes agrícolas, que son de demanda local e internacional. Se ha observado que, tanto el movimiento positivo de los precios agrícolas, en las juntas de Moche y Virú, como el aumento del valor de la producción agrícola, en la junta de Virú, han sido factores relevantes para la sostenibilidad de la acción colectiva en los grupos de regantes, haciendo posible que la tarifa recibida esté en relación con la tarifa esperada en las juntas de usuarios.
Por otro lado, el proyecto Chavimochic ha permitido la mejora de los servicios públicos en el ámbito rural y urbano, los cuales están a cargo de los gobiernos locales. Uno de los principales servicios públicos que ha sido ampliado es el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Trujillo, que cuenta con más de 900,000 habitantes, mediante la utilización de las aguas del proyecto, cuyo canal-madre llega hasta el valle de Moche.
Sin embargo, la sostenibilidad de la acción colectiva en la gestión del agua de riego se ve amenazada por problemas complejos y de dimensión internacional. Uno es el cambio climático que tiene como efecto la disminución de los glaciares de la Cordillera Blanca que alimentan al río Santa. Esto colocaría en riesgo la demanda hídrica de los valles del proyecto Chavimochic, puesto que la disponibilidad del agua derivada disminuiría y abriría conflictos por la escasez del recurso. Otro problema que agudiza al anterior es la creciente demanda hídrica por parte de productores que cultivan bienes de exportación con altos requerimientos de agua, como: espárrago, uva, palto y arándanos.
Dada la existencia de estas organizaciones de usuarios con experiencia en gestión del recurso hídrico, y de proyectos para mejorar el abastecimiento de agua potable de las poblaciones, la oportunidad está abierta para enfrentar el desafío de tener una gestión eficiente y equitativa del agua en la región, tanto para el uso productivo como doméstico.
[1] El texto completo en el que se basa este artículo ha sido publicado en la revista Problemas del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este se encuentra disponible en el formato de acceso abierto en el siguiente link: https://probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/issue/view/5207