Una visión de conjunto de la cadena cronológica de causas y factores desencadenantes que condujeron a la declaratoria de guerra de Bolivia a Chile, y de éste último a los aliados, entre marzo y abril de 1879, explica por sí misma los orígenes reales de la Guerra del Pacífico.

Haciendo un esfuerzo de síntesis, los elementos cruciales de esta cadena fueron tres. En primer lugar, un factor decisivo fue la voluntad chilena de proteger, a nivel estatal, su expansión demográfica y económica privada hacia la Atacama boliviana, que era una auténtica válvula de escape para la estrechez económica de Chile en recursos naturales, y que reflejó también el empuje de los sectores empresariales de ese país, imbuidos de una mentalidad capitalista. Esta voluntad estatal se expresó en una clara conciencia de fortalecimiento naval (motivada también por las dificultades con la Argentina por la posesión de la Patagonia, y por el recelo naval frente al Perú) que condujo a la contratación en Inglaterra de la construcción de los blindados Cochrane y Valparaíso (luego Blanco Encalada) entre abril y junio de 1872.  Este fortalecimiento eliminó la supremacía naval que el Perú había tenido desde mediados del siglo XIX, en tiempos del auge del guano, que había sido el fundamento de un período de estabilidad interestatal en la región. Pese a que Chile tuvo el crónico problema de la “Pacificación de la Araucanía”, que entrañaba una lucha permanente con las indómitas poblaciones mapuches, las fuentes más confiables no hablan de un notable fortalecimiento de las fuerzas chilenas de tierra en todo el período anterior al estallido de la Guerra del Pacífico. Por el contrario, en el plano naval, el salto sí fue decisivo. La expansión demográfica y empresarial chilena a Atacama y Tarapacá vino acompañada, desde 1872 (precisamente  el  año en que Chile ordenó la construcción de sus blindados), de intentos del gobierno chileno de procurar el control de todo o parte del territorio costero de la Atacama boliviana. Las presiones chilenas sobre este territorio, que Bolivia percibía con claridad en 1872, movieron a las autoridades de ese país a proponer al Perú una alianza defensiva. La evidencia sobre el inminente fortalecimiento naval chileno, la preocupación frente a un posible entendimiento boliviano-chileno, y el interés que el Perú tenía en preservar el statu quo fronterizo entre los tres países involucrados, condujeron a al Presidente Manuel Pardo y a su Canciller Riva-Agüero a aceptar la propuesta boliviana y a suscribir el tratado secreto de febrero de 1873, pese a la entonces inminente debilidad naval peruana. De haber existido, el deseo de coordinar una política salitrera con Bolivia fue una motivación secundaria para dar este paso. Pese a que se negoció a espaldas del Perú, las autoridades de nuestro país acogieron el tratado que Bolivia y Chile firmaron en 1874, porque fijó  la frontera de esos países en el paralelo 24º, bastante lejos de la Tarapacá peruana.  Esto último era de particular importancia para las autoridades peruanas, que veían en la Atacama boliviana una barrera de protección para el rico territorio de Tarapacá y para el estratégico puerto de Arica, en el contexto de un continuo “desborde” chileno tanto hacia Bolivia como hacia el Perú, que no dejaba de generar preocupación.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la voluntad del presidente Manuel Pardo (1872–1876)  de utilizar los recursos del salitre peruano de Tarapacá  como una solución a la penosa situación económica del país, originada en la decadencia de la producción del guano, en la situación de despilfarro y en el irresponsable manejo de la deuda externa,  que este mandatario encontró al iniciarse su gobierno. Expresión tangible de esta política fueron el estanco (1873) y la expropiación (1875) del salitre de Tarapacá, y la búsqueda de una coordinación con Bolivia (desde 1876) para evitar que el salitre producido por chilenos e ingleses en Atacama hiciera competencia a la producción de Tarapacá. En estas operaciones salitreras, así como en el interés (no siempre llevado a la práctica) de algunos sectores peruanos  para controlar la competencia que el salitre de Atacama hacía al de Tarapacá, no fueron tomados en cuenta, por una lamentable falla de cálculo, los niveles de resentimiento que dichas medidas y actitudes habían de generar en el empresariado chileno dedicado a esta actividad. Por parte de los sectores privados y estatales peruanos, fue una percepción equivocada de lo que, en realidad, fue un embalse de animadversión y de antipatía que tendría consecuencias funestas en el futuro. (Viene al caso recordar aquí el célebre comentario contenido en El Príncipe de Maquiavelo: “…los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”).  A este negro panorama hay que añadir el estallido, a mediados de la década de 1870, de una grave crisis económica internacional, que afectó el frente externo peruano (así como chileno y boliviano), y que hizo mucho más pesada la carga del servicio de la deuda contraída en tiempos del presidente Balta que, hacia 1878, simplemente dejó de atenderse, con el consiguiente escándalo en los círculos financieros internacionales.

En tercer lugar, la chispa que desencadenó el conflicto fue la violación, por parte de Bolivia, en febrero de 1878, de su tratado con Chile de 1874, motivada por los estragos que la depresión internacional hacía en el país altiplánico. Esta fue la oportunidad que un grupo muy específico de la clase dirigente chilena, que había sido afectado por el estanco y (sobre todo) por la expropiación del salitre de Tarapacá de 1873-1875, utilizó para imponerse a los sectores pacifistas e incluso pro peruanos y pro bolivianos, que no eran escasos en Chile antes de la guerra. A este grupo se añadió el de los accionistas de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta  (que debió incluir miembros del anterior), que habían sido perjudicados directamente por el régimen boliviano de Hilarión Daza a comienzos de 1878. En la perspectiva de estos grupos, ya no sólo se trataba de obtener el territorio litoral boliviano (objetivo que ya existía en algunos círculos chilenos por lo menos desde 1872), sino también, ahora, en los meses cruciales de marzo y abril de 1879, de extender audazmente la conquista al territorio peruano de Tarapacá, con lo que se buscaba conseguir el monopolio mundial del salitre. Esta aventura expansionista, que se fundamentaba en la debilidad naval peruana, tenía la enorme ventaja de movilizar a la población de Chile  en un sentido distinto del conflicto interno y, sobre todo, de dotar al estado de ese país con enormes recursos que iban a permitir superar la crisis económica (y también social) originada en el deterioro de los precios de los productos tradicionales como el cobre y el trigo desde 1875, por efecto de la gran depresión internacional de ese tiempo, que ya ha sido citada anteriormente con relación a sus efectos sobre el Perú. Este sector tuvo que hacer un difícil proceso de convencimiento para la adopción de su posición belicista en el seno de la clase dirigente. En un desarrollo crucial, la prensa controlada por dicho sector manipuló, en el nivel de propaganda, un supuesto “descubrimiento” del tratado secreto entre el Perú y Bolivia de 1873 y, por otro lado, apeló al amor propio chileno, muy disminuido entonces por los fracasos ante la Argentina en la disputa por la Patagonia. Dos de los accionistas de la Compañía llegaron a ser, en los años posteriores, y en forma sucesiva, presidentes de Chile: Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda. No es forzado considerar que este encumbramiento puede haber sido un reconocimiento al éxito rotundo de la percepción inicial que tuvieron estos personajes en el seno del conjunto de la oligarquía chilena, así como de los buenos resultados tangibles obtenidos por el esfuerzo bélico. Los beneficios fueron el mejoramiento de la cohesión nacional basada en el orgullo por la victoria militar sobre el Perú, que se erigió desde entonces en símbolo permanente de la nacionalidad, el crecimiento económico basado en la riqueza salitrera de Atacama y de Tarapacá juntas, y la conclusión del proceso de ordenamiento y trazado de las fronteras de su territorio, que había sido una vieja aspiración de la clase gobernante chilena durante décadas.