La corrupción es enemiga del desarrollo del Perú
El peruano común y corriente, –dígase de aquel que por poca formación académica en la mayoría de los casos o por desinterés en menor proporción– no tiene muy en claro cómo es el ordenamiento estatal, o el funcionamiento jurídico del país, pero que, sin embargo, observa y cuestiona el nivel de corrupción que invade a ambas instancias.
Siendo motivo de preocupación –por su incidencia en los campos económico y ético–, el hecho anotado precedentemente, expondré, lo que entiendo, es moneda de cambio libre.
La corrupción en el Gobierno Central del Perú, es un factor de inestabilidad en la inversión de capitales y lo que es más grave, el desánimo que esto genera en la comunidad, con la consiguiente pérdida de valores éticos a practicar.
Para explicar este fenómeno, utilizaré de apoyo un caso muy conocido por la opinión pública, además de la posición de los funcionarios públicos en general y en especial de los del Gobierno Central, la posición de los “lobbistas”, las empresas y los indicadores de Transparencia Internacional, en torno a la Percepción de la Corrupción.
Todos tenemos presentes escándalos de corrupción, en los que se ven inmersas personalidades políticas. Algunos de estos sucedieron dentro del actual núcleo de la administración del gobierno peruano. Uno de los más saltantes, sin duda, es el de la tristemente célebre Empresa Business Track (BT). Este caso, actualmente está atravesando el intrincado camino de la administración de justicia peruana, que aún no ha establecido responsabilidades oficialmente, pero debido a las investigaciones periodísticas, podemos saber que muchos de los “trabajitos” que realizaban giraban alrededor del espionaje a todo nivel, actividad que está prohibida en el Perú para empresas particulares. Y solo para resumir y refrescar la memoria, podríamos recordar que la nombrada Empresa estaba dirigida por ex oficiales de inteligencia de la Marina de Guerra del Perú, especializados en la área de Inteligencia, presuntamente vinculados al Primer Vice-Presidente de la República, Almirante Luis Giampietri, debiendo remarcarse la vinculación estrecha entre el Presidente de la República y el nombrado Vicepresidente. La “gestión” de BT saltó a la palestra cuando se conocieron grabaciones de audio de Rómulo León Alegría, –ex Ministro del primer Gobierno de Alan García Pérez, persona muy allegada a este, aunque oficialmente lo nieguen–, y Alberto Químper, –en aquel momento alto funcionario de Perupetro (empresa estatal) vinculada con el negocio de los hidrocarburos– y algunos otros personajes que coordinaban cómo favorecer de forma ilegal a una empresa noruega, –Discover Petroleum–, para beneficiarse con concesiones de extracción de petróleo en determinados lugares del Perú. En los muchos audios que salieron a luz pública, se conocieron conversaciones con el Primer Ministro de entonces, Jorge del Castillo, e inclusive con la secretaria (en Palacio de Gobierno) del Secretario Personal del Presidente de la República.
Sin ahondar más, todo esto nos da cuenta de una red al más alto nivel gubernamental, donde es muy difícil probar muchas acusaciones porque los que ostentan el poder lo utilizan para ocultar pruebas incriminatorias, si bien no se ha comprobado que el Presidente está vinculado con estos actos de corrupción, esta idea no puede descartarse, dados los vínculos partidarios y amicales entre este último y los protagonistas de los escándalos.
Lo relatado sintéticamente me sirve como ejemplo, porque a lo largo de nuestra historia republicana se sabe de muchos casos de corrupción de altos funcionarios de la Administración Pública. Inclusive, en el caso del gobierno actual, se conocen –tal como aparece del ejemplo aportado–, casos de corrupción de funcionarios.
La corrupción es negativa, pues atenta contra el desarrollo económico de la Nación y, al mismo tiempo, ataca al núcleo ético y moral de la ciudadanía. En el caso expuesto como hecho emblemático de corrupción estatal, podemos darnos cuenta, aunque no lo mencioné específicamente, que todos estos ilícitos se dan no solo por la pre-disposición de corrupción de los funcionarios públicos, sino por solicitud expresa de una parte interesada, que, en este caso era una Empresa petrolera extranjera. Es así –o más o menos así–, que se configura o se tejen muchos de los grandes negocios formales en el país. Sin temor a equívoco, puede establecerse que, la corrupción, es un factor grave de inestabilidad política y económica, hecho este último, que interrumpe el flujo de nuevos capitales o reinversiones.
En este tema, no puede dejar de mencionarse la intervención del elemento corruptor, compuesto por empresarios dispuestos a utilizar su poder económico con el fin de lograr las metas que apetecen, en base a otorgar ilegales estímulos pecuniarios, a quienes los favorecieran –previamente y durante su etapa operativa, fenómeno, desgraciadamente, en muchos casos “aceptado socialmente”–. Esta práctica, lamentablemente, la realizan, en especial, las grandes empresas que trabajan tanto en el Perú, como en naciones de la región (ejemplo de lo expresado, es el hecho en que se vio involucrada la muy conocida empresa IBM, en la para obtener que sus servicios y equipos, fueran utilizados por el Banco de la Nación de Argentina, otorgaron favores económicos a importantes funcionarios del país nombrado, acción probada y aceptada como “error de un alto funcionario”, por la compañía citada).
Los hechos brevemente reseñados, muestran –es fácil inferirlo–, que a los inversores empresariales inmersos en el accionar anotado, no les interesa generar programas de largo alcance y operan solo en la medida que (o los) gobiernos(s) de tránsito, permitan su obrar.
Y en lo referido a la nación que permite la situación citada, quedan en situación incómoda sus gobernantes y sin autoridad frente a la comunidad internacional y lo que es más grave, frente a su pueblo, con el riesgo enorme, en este último caso, que el desánimo se apodere de su población.
En síntesis, podemos decir que la corrupción como tema central en el Perú, ha estado en toda nuestra era republicana, –con gobiernos militares o elegidos por voto–. Lo más grave de esto es que mientras más se va hacia el núcleo del Gobierno, encontramos mayor corrupción, lo que golpea fuertemente, las estructuras morales y éticas de la Nación, y va en contra de los aspectos económico-políticos del país.
Como ciudadanos, nos favorece conocer la verdadera dimensión de la corrupción, porque sabiendo de donde viene y a quiénes beneficia, –confío en eso–, podremos elegir mejor a nuestros próximos gobernantes, porque son ellos los que finalmente, haciendo uso del poder político conferido por la ciudadanía mediante las elecciones, toman decisiones económico-políticas que nos afectarán en nuestra vida diaria.
Es de anotar, finalmente, que el Índice de Percepción de la Corrupción del presente año, realizado por la acreditada Transparency International, dentro del estudio efectuado en 178 naciones, coloca a Perú en el lugar 78° –muy lejos en el porcentual puntuable, en este tema, de naciones que, como Dinamarca, Nueva Zelanda o Singapur, encabezan los valores de manejo ético, e inclusive de Uruguay (que siendo la nación latinoamericana mejor ubicada en este ranking, figura en el puesto 24°)–, lo que hace que estimemos de suma importancia el superar los niveles de corrupción que hoy muestra nuestro país, pues se observa claramente que los países que han logrado eliminar de sus prácticas la corrupción, son los que han logrado los más altos niveles de desarrollo económico y social.
Y que, en última instancia, creo, determinará –por lo menos en el caso peruano– que, eliminar la corrupción, permitirá un desarrollo, no solo transparente, beneficioso en su aspecto ético, sino, sólidamente estructurado, con claro futuro económico y con adecuada imagen nacional, en que los valores éticos, jueguen como elemento substancial, en el desarrollo integral e integrador de nuestro país.
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