Lima, 5 de marzo (ANDINA).- Es necesario que los partidos políticos reciban financiamiento público, para evitar que su dependencia de recursos privados los lleve a incurrir en irregularidades como las denunciadas en los últimos días, dijo hoy Fernando Tuesta, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Se refirió a la denuncia respecto a que varias agrupaciones políticas, entre ellas Unión por el Perú, utilizaron a terceras personas para encubrir recursos provenientes de fuentes desconocidas para sus campañas electorales. Tuesta señaló que es demagógico oponerse al financiamiento estatal bajo el argumento de austeridad, y señaló que los partidos lo necesitan para consolidarse como instituciones sólidas y solventar las actividades que deben realizar para mantener vigencia.
Argumentó que este tipo de financiamiento permitirá, además, ejercer un control más estricto sobre el uso que le dan a ese dinero, pues, por tratarse de recursos públicos, los partidos estarán bajo la supervisión de los organismos competentes. Criticó que varios partidos, a pesar de saber que el financiamiento estatal es necesario, se pronuncien en contra "sólo para ganar el aplauso público".
"Los partidos tienen un doble juego: Por un lado saben que necesitan y por otro, como la opinión pública no ve esto con buenos ojos desisten, pero en el fondo saben que necesitan el financiamiento público", subrayó. Incluso, opinó que los dirigentes de algunos grandes partidos se pronuncian en contra deliberadamente, ya que saben que los partidos aún en proceso de formación se verán afectados si no reciben el apoyo del Estado.
De acuerdo a la Ley de Partidos Políticos, estas organizaciones deben recibir a partir de este año el 0.1 por ciento de una Unidad Impositiva Tributaria por cada voto que obtuvieron en las elecciones generales; pero una disposición transitoria establece que el Estado otorgará los recursos siempre y cuando haya disponibilidad de la caja fiscal.
El dinero deberá ser empleado por los partidos para solventar actividades de formación, capacitación, investigación así como para sus gastos de funcionamiento ordinario durante los cinco años posteriores a la elección. No obstante, algunos partidos políticos han desistido de hacer efectivo ese cobro, pues consideran que el Estado debe destinar el dinero a los sectores más necesitados.