En la presente campaña presidencial y parlamentaria, a los candidatos que son líderes sindicales (por ejemplo de la poderosa CGTP o la campesina CCP) no se les conoce por televisión. Por el contrario, los candidatos Pardo Mesones, Vega Llona o Villegas, connotados empresarios que ahora, legítimamente, aspiran a curules parlamentarias, no escatiman ni un dólar en pagar los costosos avisos televisivos. La izquierda peruana ha obtenido entre el 18 y el 30% de los votos a nivel nacional en la última década y millones de peruanos optaron por las listas izquierdistas en la última década. Sin embargo, Carlos Ferrero Costa, Raúl Diez Canseco, o Enrique Chirinos Soto, de las listas fredemistas, tienen cada uno diez veces más propaganda que toda la lista de Izquierda Unida. Alfonso Barrantes, en una oportunidad alcalde de Lima, y reconocido político nacional, tiene la misma cantidad de propaganda televisiva que Enrique Ghersi y Pedro Cateriano del Movimiento Libertad.
Podríamos hacer variados contrastes y llegaremos a una conclusión válida: el sistema funciona para aquellos que tienen recursos económicos. Por lo tanto, injusto. Se puede argumentar que eso es parte de la libertad. Muy bien. Primera pregunta ¿se trata de libertad sin igualdad de oportunidades?, segunda ¿de dónde sale el dinero para financiar la campaña? ¿Cómo puede un parlamentario gastar 200 mil dólares cuando a lo largo de los cinco años sólo ingresarán a sus arcas personales 50 mil dólares? ¿Se trata del esfuerzo desintegrado de la familia y amigos? ¿Puede el lector creer esto? Normalmente, el favor se paga con favor. Es decir, es necesario retribuir a quienes en su momento aportaron decididamente en el triunfo. Parece ser lo más lógico. Si no es así, ¿porqué los candidatos o los partidos no señalan los gastos de propaganda electoral y quiénes son los que aportan?, o ¿es que detrás de las grandes campañas existen grupos de poder que cobrarán mañana más tarde por los servicios prestados? ¿Es o no legítimo plantearse estas interrogantes? Es claro que sí. En todos los países de desarrollada democracia representativa se lo plantearon. ¿Por qué en nuestro país despierta tanto alboroto regular la campaña electoral y se lo oscurece y denuncia?
El proyecto del senador Rolando Ames, es una de las formas de plantear el problema. Errado o no, enfrenta una realidad que cada vez es necesaria darle respuesta efectiva. Cuando algunos candidatos, particularmente del FREDEMO, sostienen que para una adecuada distribución, se encuentran los medios estatales de comunicación, realmente es intentar eludir el problema. Si fuera tan satisfactoria la solución ¿por qué no colocan preferentemente sus propagandas electorales en el Canal 7, diario La Crónica, Radio Pachacútec?. No es válido tampoco el argumento que señala que, se ha demostrado que la propaganda no es decisiva para los triunfos electorales. Manuel D’Ornellas (Expreso 22/2/90) ofrece ejemplos poco satisfactorios. Belaúnde tuvo tanta o más propaganda que Villanueva del Campo y ganó. Alan García gastó una millonada el 85 y ganó. Por supuesto, hay ejemplos en contrario: Barrantes tuvo menos campaña que Barnechea el 83 y lo derrotó. Bedoya más que Del Castillo, pero perdió. Inchaústegui más que Belmont y perdió.
Efectivamente, no siempre el que más invierte gana. Propaganda, especialmente televisiva, no es garantía de triunfo. Para ganar, no es condición suficiente, por sí necesaria. Si no fuera así, por qué tanto derroche de dinero y recursos. ¿Es posible pensar que el ingeniero Incháustegui, conocido sólo en los predios populistas hubiera llegado a un segundo lugar sin el apoyo de una campaña millonaria? ¿No hubiera resultado más competitiva la candidatura izquierdista en 1985, 1986 y 1989 si hubiera tenido los recursos equivalentes a los de Alan García, Del Castillo e Incháustegui, respectivamente? A estas alturas, ¿si no fuera por la campaña millonaria no quedarían en el anonimato Rafael Rey Rey, Luis Bustamente, Xavier Barrón, Alberto Massa? ¿Quién conocería a estas alturas al joven Del Solar o a la inteligencia en acción de Trelles? Es evidente que la millonaria campaña permite hacer a los candidatos competitivos. La regla número uno de una elección es primero que el candidato sea conocido, para luego ser votado. Nadie vota por quien no conoce. Si no ha tenido una trayectoria de liderazgo regional o nacional, menos.
Todos los países de democracia plantearon, en su momento, el problema desde la desigualdad económica de las campañas, porque contradice el principio de igualdad de oportunidades. Asimismo, legislaron sobre la materia para evitar, en lo posible, la dependencia de partidos y candidatos al poder económico. Las soluciones fueron diversas: gratuidad de todos en los medios de comunicación, límite de gastos de campaña, límite de aportes, etc. Por ejemplo, en el siglo XIX la legislación británica imponía a los candidatos límites de gastos electorales. Norma, posteriormente introducida, en los países anglosajones (Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelandia). En países como Inglaterra la propaganda televisiva fue usada, desde 1951, en forma gratuita. En los Estados Unidos, los límites de gastos se inician en 1911. Por eso, nadie fue acusado de totalitario, bolchevique o comunista. Fueron iniciativas de parlamentarios demócratas y más tarde republicanos. En 1971, se cambió la legislación “para limitar las cantidades totales -como bien señala la española Pilar del Castillo- que éstos podrían invertir en publicidad en los medios de comunicación. Publicidad que resultaba la más costosa y, por consiguiente, se convertiría en la principal fuente de desigualdad” . Este tipo de límites (el televisivo), fue el que también utilizó Canadá desde 1974, por ser el medio más efectivo para la contabilidad. Estos límites han provocado que la propaganda sea planificada cuidadosamente, rediciéndose los gastos frívolos. Los tiempos en televisión tienen un límite máximo de horas por día y son proporcionalmente vendidos de acuerdo a la votación obtenida en la última elección nacional. Igualmente, como se conoce a los contribuyentes de los candidatos y los partidos, se cobra impuestos progresivos para aquellos que superen los $5,000 anuales. Se imaginan ustedes si esta norma canadiense se aplica en el Perú. No pocos líderes, señalarían (seguramente creyéndosela) que se estaría delante de una norma anticonstitucional y confiscatoria. Si la derecha no tiene posición o alude legislar sobre el tema se demostraría, una vez más, que es liberal en lo económico, pero conservadora en lo social y antidemocrática en lo político.
(La República, 23 de Febrero de 1990)