Y es que en las últimas dos décadas se ha podido observar un crecimiento significativa del volumen de electores, un aumento en la frecuencia de la realización de los procesos electorales, la creación de nuevas autoridades y cargos públicos sometidos al veredicto de las mayorías y nuevos mecanismos de iniciativa y control ciudadano, una legislación que permite un mayor y mejor control de parte de los candidatos y partidos sobre el proceso electoral, y una ciudadanía que exige que los resultados se entreguen de manera rápida y oportuna.
Es por ello que en la búsqueda por ofrecer transparencia, seguridad y disminuir los costos de los procesos electorales, se ha encontrado en la utilización de la tecnología un método que permite mejorar el servicio a la ciudadanía.
Plantearse el problema, discutir, probar y aplicar el sistema de voto electrónico ha sido el camino recorrido por una serie de países que respondieron a las exigencias de la complejidad de los sistemas electorales y a la necesidad de obtener resultados rápidos y confiables. Por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales de Paraguay, un porcentaje importante de la población utilizó el llamado voto electrónico para volcar su decisión política. Meses antes, el candidato por el PT, José Ignacio Lula, ganaba unas elecciones en donde la casi la totalidad de los brasileños usaban oficialmente una urna electrónica patentada por ellos y que se esmeran por exportar al resto de América Latina. En el otro lado del océano, el 18 de mayo, en Bélgica se realizaron elecciones legislativas, usando también las urnas electrónicas; y el primer día de este mes de junio, en el Reino Unido, en diferentes localidades, se usaron diferentes tipos de urnas electrónicas en elecciones municipales.
En este sentido, la propuesta de voto electrónico de la ONPE, busca aunarse a esta corriente internacional para optimizar los procesos de votación y constituye un paso más en el empeño por tecnificar los procesos electorales, iniciado desde diciembre del 2000. En realidad, en el Perú ya hemos iniciado hace un tiempo la automatización de varios servicios en el proceso electoral, tales como el sorteo de los miembros de mesa, la impresión del material electoral, el cómputo de los resultados, la digitalización de las actas de escrutinio y publicación en la página web, así como la captura de omisos a la votación, de tal manera que todos los involucrados en el acto electoral, es decir, electores, miembros de mesa, organizaciones políticas, demás organismos electorales y los observadores nacionales y extranjeros, reciban mejores servicios, además de reducir los costos y las posibilidades de fraude.
Esto es, se ha cubierto de manera adecuada el proceso pre y post electoral, de lo que se trata ahora es de incursionar en la base medular que es en el ejercicio propiamente del voto. En otra palabras, el voto electrónico, no es sino votar a través de mecanismos electrónicos, de manera asistida o directamente. La consecuencia es la reducción de mesas, locales de votación y de miembros de mesa, significa eliminar de los votos por error, agilizar la entrega de los resultados, así como un ahorro para erario nacional a mediano plazo. Lejos de suponer un gasto superfluo para el Estado y un ajedrez complicado para los electores menos familiarizados con la tecnología, el voto electrónico representa la alternativa más efectiva a una realidad que no debe descuidarse.
El voto electrónico constituye, en realidad, la forma en que se desarrollará el voto en el futuro, pero es necesario revisar el marco jurídico pertinente, pues el actual no permite su aplicación; se requerirá una capacitación y persuasión de acercamiento sin temor a la máquina de votación. Todo ello se basa, sustantivamente, en la muestra de empeño y voluntad política que ponga el legislador para llevar adelante este proyecto. Se trata pues de una apuesta progresiva por mejorar nuestras elecciones y seguramente irá perfeccionándose en el camino para asegurar la participación de todos.
(El Comercio, 4 de julio del 2003)