(Especial para Infolatam).- Cajamarca, departamento andino al norte del Perú es hoy el territorio de mayor conflicto social para el gobierno de Ollanta Humala, lo que Amazonas lo fue para Alan García. Coinciden también en que dichos conflictos han llegado –como esta semana en Cajamarca- ha cobrar lamentables víctimas derivadas de conflictos socio ambientales, alrededor de la inversión en industrias extractivas.
En ambos casos el costo político fue la caída de los gabinetes Simon, en el gobierno de García y Lerner, en el de Humala. Pero en este último caso, se agrava puesto que el actual gabinete Valdés, está muy desgastado, pese a que el gobierno recién está por cumplir un año de cinco de mandato.
Los conflictos sociales en Perú han crecido sostenidamente la última década, como consecuencia del también sostenido, crecimiento económico, cuyo motor es la exportación de los productos de las industrias extractivas. Los precios internacionales han sido tan altos, como las ganancias de las empresas, sobre todo mineras. Las facilidades que el marco normativo y estabilidad económica que ofrece el Perú han sido elementos atractivos para la inversión, pero que se ubica justamente, en los lugares más empobrecidos. Allí la relación que se establece entre empresa y comunidad campesina ha sido por lo general, conflictiva.
Las demandas por generación de un impacto social en la región, al lado de preservar recursos naturales, ha juntado a una población, que ve cifrar sus expectativas derivados de la explotación de los recursos, con grupos ambientalistas y radicales de izquierda.
Pero es el proyecto minero Conga, el de mayor visibilidad, por tratarse de una inversión de 3800 millones de dólares, el que ha sido detenido en medio de una paralización departamental que ya lleva varios días y acumula muertos y heridos.
El gobierno está en un impase de proporciones mayúsculas. El crecimiento económico permanece, pese a un contexto internacional adverso, constituyéndose en el mayor desde hace décadas. Por un lado las industrias extractivas y, sobre todo la minería, constituyen los mayores ingresos del país. Derivado de los impuestos, regalías, canon y otros ingresos, el gobierno cifraba sus esperanzas en ellos para financiar proyectos sociales que ofreció en la última campaña.
Sin embargo, al lado del crecimiento económico se tiene un país de baja institucionalidad y una carencia de partidos que no permiten la canalización de intereses y conflictos por los causes regulares. Ni siquiera el gobierno se apoya en un partido que pueda ser fuente de recursos humanos de dirección, como de apoyo ciudadano. El propio presidente de la república con un estilo distante y muchas veces silencioso ha dejado la política interna en manos de un primer ministro -ex militar como él-, que carece de la experiencia y los recursos políticos como para manejar una situación en donde líderes regionales radicalizados, han logrado aglutinar una oposición social anti gubernamental, que no quieren inversión minera, en general.
¿Puede un gobierno aceptar el retiro de la inversión minera que es el motor del crecimiento y de su propio proyecto gubernamental? ¿Puede, asimismo, someter a un departamento que se ha convertido en emblemático en su lucha antiminera, sólo con la represión bajo el llamado al orden y la seguridad? Parece que la respuesta está en medio de estas dos líneas, que son las más difíciles de conciliar pero que hasta ahora se ha convertido en el gran problema del gobierno, sin solución aparente, pero que le puede costar mucho más caro políticamente, que el solo recambio del gabinete (Infolatam, 5 de julio del 2012).