La investigación sobre la interceptación de las comunicaciones por parte de la empresa Business Track –con archivos heredados del SIN de la época Fujimori-Montesinos-, muestran un amplio seguimiento a personas de diversos grupos políticos y ocupaciones profesionales. Tengo la desdicha de estar en esa lista. Ya me han llegado las primeras notificaciones para tomar conocimiento y probablemente más tarde, para prestar declaraciones. Caretas (17 de diciembre 2009), consigna lo siguiente:
"Son innumerables los correos electrónicos encontrados en las incautaciones de los procesados. La violación de la correspondencia, en este caso los e-mails, es penada con una pena privativa de la libertad no mayor de dos años y con 60 a 90 días – multa, que equivalen a no menos del 25% de ingresos del acusado. Son diversos los personajes y entidades que sufrieron la violación de sus mail, entre ellos: Alan García, Rómulo León, Alberto Borea, Francisco Soberón, Aníbal Quiroga, César Nakazaki, Fernando Tuesta, Fernando Rospigliosi, Hiroshi Aritomi, Javier Valle Riestra, José Antonio García Belaunde, Luciana León, Luis Alva Castro, Luis Delgado Aparicio, Mario Díaz Lugo, Raúl Ortecho, Rolando Souza, Rómulo León hijo, Javier Diez Canseco, Jorge del Castillo, María del Pilar Tello, Remigio Moralez Bermúdez, Ricardo Letts, Sally Bowen, Mariella Balbi, Eduardo Hochschild, Revista CARETAS, Estudio Quimper Abogados, Foro Democrático, Aprodeh, DEMUS, entre otros" (artículo completo).