Los partidos, por más que se quiera y se les exija, son incapaces de proveerse recursos, aquí y en todas partes. Nada nuevo: la política se financia con fuente privada y pública. En la primera existe una dependencia: nadie entrega dinero a cambio de nada. En la segunda, el mal uso de los recursos públicos.
El primer problema es la distribución. El quinquenio pasado se entregaron S/ 78 millones a diez partidos que ingresaron al Parlamento. Para el presente se triplicó a S/ 222 millones, porque se calcula según los votos: una elección para diputados y -cuestionablemente- 2 para senadores. Este modelo beneficia a seis partidos, tres de ellos ya beneficiados en el quinquenio anterior: Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú.
Se calcula 40% igual y 60% en proporción a los votos, pero las bancadas se erosionan. Perú Libre pasó de 37 a 11 congresistas; el Partido Morado, de 3 a 0, pero recibían según los votos del 2021. Un partido podía quedarse sin congresistas y seguir recibiendo dinero. Una salida es distribuirlo según los escaños y ajustarlo cada año. Se castiga a quienes pierden escaños, pero no se premia a quienes los incrementan, pues se presta a negociados.
Segundo, el Congreso anterior amplió el uso de fondos públicos para abogados de sus dirigentes y campaña electoral, mientras los nuevos partidos no reciben nada. Inequidad absoluta.
Finalmente, el uso indebido. La ley es genérica: publicar un poemario romántico (Perú Libre) o una oda al líder del partido, misionando inclusive (Renovación Popular), programas de posgrado o viajes al exterior (Fuerza Popular), y capacitaciones en locales caros o empresas ajenas al rubro. Son ajenos al objetivo de destinar al menos 50% a capacitación y formación partidaria.
Comprar bienes inmuebles e incluso muebles es un contrasentido. Al perder la inscripción, deben devolver todo al Estado, como deberán hacerlo el próximo año Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, entre otros. Solo deberían permitirse alquileres. ¿Qué hace el Estado con esos bienes?
Eliminar el financiamiento público daría paso a depender absolutamente de fondos privados o mafias organizadas y el desbalance sobre los que no tienen dinero sería mayor. La ley debe precisar los usos y sancionar con pérdida del financiamiento y devolución de los fondos mal usados.
Cambiar la ley no cambia por sí solo los malos usos de partidos poco institucionalizados, pero algo ayuda. Los sancionados llevan el tema a la vía judicial o los organismos electorales actúan con temor ante amenazas públicas.
Los partidos necesitan dinero, pues representan, gobiernan e inciden en nuestras vidas. El dinero recibido no es de ellos. Lo pueden usar, pero tienen que responder. Exigirles esto es lo mínimo. Denunciar cuando no sucede es lo obligatorio (Perú21, lunes 17 de agosto del 2026).