Gobernadores, alcaldes y congresistas llevan meses en campaña, aunque la ley no lo permite. Este comportamiento, ya normalizado por la frecuencia con que ocurre, viola el principio de neutralidad electoral: una garantía clave para que las elecciones sean limpias, transparentes y en igualdad de condiciones. La norma es clara: ninguna autoridad puede usar su cargo, recursos públicos o presencia institucional para favorecerse políticamente.
En las últimas semanas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) han resuelto varias infracciones. El gobernador de La Libertad y líder de APP realizó actividades proselitistas en Piura y Huancayo. El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular difundió en sus redes publicidad elaborada por la propia comuna. La PCM publicó un pronunciamiento oficial que, en los hechos, favoreció a Fuerza Popular, algo nunca antes visto. A ello se suma que varios congresistas aparecen en informes de fiscalización por conductas similares.
En todos los casos, las resoluciones se remiten al Ministerio Público, la Contraloría General de la República, los consejos regionales y los concejos municipales y, por reincidencia, los JEE pueden imponer multas. Sin embargo, lo central no es el monto de las sanciones, sino el daño que estas conductas provocan a la confianza ciudadana en la limpieza del proceso.
Lo que está en juego es mucho más que un expediente administrativo: es la equidad de la competencia. Una autoridad que aprovecha su cargo no solo multiplica su exposición, sino que transmite un mensaje de poder y control que los demás aspirantes no pueden igualar. La cancha se inclina, la voz oficial se confunde con la voz partidaria y la ciudadanía recibe propaganda disfrazada de gestión. Esa ventaja, que dura meses, es imposible de revertir.
El problema es que las sanciones suelen llegar tarde y ser poco disuasivas. Los procesos se apelan, los jurados no siempre actúan con la misma firmeza y la cobertura es parcial: no todas las actividades son fiscalizadas ni todas las infracciones detectadas. En la práctica, para muchos políticos la multa resulta más barata que el beneficio obtenido. El cálculo es sencillo: conviene infringir la norma si eso asegura mayor presencia en la opinión pública.
De aquí a las elecciones de 2026 falta poco más de medio año. El 13 de octubre vence el plazo para que gobernadores y alcaldes que quieran postular renuncien a sus cargos. Pero el provecho que han obtenido hasta entonces no lo borra ninguna renuncia ni ninguna multa. La neutralidad rota no tiene reparación posible y así la viveza criolla se impone. Solo queda un correctivo: el voto ciudadano, que debe ser consciente que puede castigar a quienes usan el poder para jugar con ventaja (Perú21, lunes 29 de setiembre del 2026).