La desaprobación de Dina Boluarte de 96% es el reflejo inobjetable de su pésima gestión en todos los campos. En poco más de dos años y medio —la mitad de un mandato presidencial—, ha cambiado cuatro gabinetes, sumando un total de 66 ministros. Algunas carteras han sido particularmente inestables, con ocho titulares en Interior y cinco en Justicia o Educación. Este constante recambio no es obra de un Congreso obstruccionista, que solo ha censurado a tres ministros, sino de las decisiones erráticas de la propia presidenta. Su selección de ministros rivaliza en desatino con la de Pedro Castillo, gobierno en el que Boluarte fue vicepresidenta y ministra del Midis.
Al menos tres razones explican esta altísima rotación: gestión deficiente, escándalos políticos y desempeño insatisfactorio. A esto se suma el uso de los ministerios como moneda de cambio en un pacto tácito con el Congreso, que sostiene a Boluarte en el poder a cambio de leyes favorables, presupuestos, protecciones mutuas y cargos. La presidenta mantiene una pequeña pero leal guardia pretoriana, dispuesta a defender lo indefendible. Sin embargo, su entorno carece de políticos de peso y está poblado por figuras grises que han debilitado carteras cruciales como el MEF, Interior o Salud, en un contexto de urgencias nacionales como la alarmante inseguridad ciudadana.
En ese contexto, el retorno de Juan José Santiváñez al gabinete, en este caso como ministro de Justicia y Derechos Humanos, es una afrenta a la institucionalidad. Censurado en marzo de 2025 como ministro del Interior por su incapacidad para enfrentar el crimen organizado, Santiváñez arrastra cuestionamientos graves: presunto tráfico de influencias, abuso de autoridad y vínculos con casos de corrupción. Se le acusó de intentar influir en jueces, pagar sobornos y ordenar un reglaje contra un periodista. Tras su censura, fue recolocado en un cargo en Palacio de Gobierno, y su regreso al gabinete es un hecho sin precedentes. Salvo Betssy Chávez en el gobierno de Pedro Castillo, nunca un ministro censurado había retornado en el mismo gobierno, lo que evidencia la falta de pudor de esta administración.
Boluarte carece de liderazgo y necesita un operador político como lo fue Alberto Otárola, un rol que ni Gustavo Adrianzén ni el actual premier, Eduardo Arana, han podido cumplir. Morgan Quero, otro aliado, no alcanza, pero Santiváñez, con su lealtad a prueba de todo, es un “todoterreno” al servicio del Ejecutivo. La cartera de Justicia le permite seguir operando en favor de la presidenta, aunque su historial lo descalifica para el cargo. El Congreso, que lo conoce bien, no se jugará por él, más aún cuando se acercan las elecciones. Su designación en Justicia es una burla a la ciudadanía. Si la inestabilidad ha sido el sello del Gobierno, la falta de decoro es su compañera inseparable. Basta mirar la foto Boluarte-Santiváñez (Perú21, lunes, 25 de agosto del 2025).