Las encuestas permiten acercarse a las opiniones de la ciudadanía. Son útiles sobre todo para ubicarse en el contexto y tomar decisiones. Las publicaciones recientes nos dan luces sobre lo que ocurre en el país y cómo es percibido por la ciudadanía. Se trata de opiniones que no necesariamente se ajustan a la verdad, pero lo que está en la mente y percepciones de la gente -también- realidad. En base a ellas, la gente actúa. Además, hay que tener en cuenta que la elaboración de las opiniones es un proceso complejo y no puede ser acotado a lo que los medios entregan.
Por otro lado, la legitimidad en la política se debe entender como la capacidad de las autoridades para obtener la obediencia de la ciudadanía; es decir, su aceptación, sin hacer uso de la fuerza coercitiva. Esa capacidad está asociada al liderazgo, la confianza y la persuasión, fundamentales para gobernar. Y lo que muestra la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) es que la legitimidad de las autoridades está seriamente dañada. Se puede ver con claridad en el caso de la aprobación del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, donde tan solo el 15% la aprueba y el 77% la desaprueba. Aprobación que sube en Lima al 20%, pero que llega tan solo al 7% en el sur del país, espacio regional en dónde las protestas fueron mayores.
Si bien la asunción de Boluarte al poder fue legal y legítima de origen por cumplirse la sucesión presidencial en los marcos de la Constitución, su desempeño es evaluado negativamente. Según la encuesta de Ipsos, el 32% de los peruanos consideran que ella es la mayor responsable de la crisis; 17% opina que es Alberto Otárola; el 29% le atribuye la responsabilidad al fujimorismo y un 28% a las bancadas de extrema derecha, aliados del Gobierno.
No debe sorprender entonces que el 51% de los peruanos considere que lo que ocurrió el 7 de diciembre es que el Congreso dio un “golpe de Estado” contra Pedro Castillo para colocar a Dina Boluarte; y que -por debajo- sea solo un 43% el que considere que el golpe fue perpetrado por Pedro Castillo. El incuestionable origen legal de Dina Boluarte no es aceptado por la mayoría ciudadana, pues acarrea un alto costo negativo que, en parte, se explica con la política represiva -cerca de 60 muertos- de su desempeño como gobernante- que no ha producido apoyo. Esto tiene una relación directa entonces con que el 73% de los peruanos considere que Dina Boluarte debe renunciar, contra tan solo el 25% que se pronuncia para que permanezca en el cargo.
El cuadro de la baja legitimidad se completa con el Congreso. De un 36% de aprobación en el momento de su instalación en el 2021, ha caído a tan solo 6%. Y de una desaprobación del 61% se desbarrancó a 90%. Pocas veces se ha tenido porcentajes tan aplastantemente negativos. Estas opiniones tienen como correlato que el 63% quiere que haya adelanto de elecciones este año y el 19% el 2024. Es más, un 52% afirma que la situación mejoraría en el país, contra solo un 7% para quienes sería peor.
En pocas palabras, la baja legitimidad es la poca capacidad de las autoridades para convencer y producir obediencia convencida. Cuando se contrastan las opiniones de la gente con las percepciones del Gobierno hay una diferencia enorme que, justamente, provoca el mayor enfrentamiento. Y no se percibe que las élites busquen salidas políticas urgentes, pues el discurso gubernamental y el desempeño de los congresistas no hace sino recalentar el ambiente, resentir los ánimos y atizar más el conflicto. Podrán quedarse todos, pero los problemas también (El Comercio, lunes 27 de febrero del 2023).