El Perú ha erupcionado luego de varios terremotos y la lava que produce arrasa con todo lo que está a su paso. No solo se ha hecho difícil gobernar, sino incluso convivir. Se han roto las bases mínimas de entendimiento democrático y la convivencia social, que siempre fue débil, a dado paso a la violencia en todas sus manifestaciones. La única salida política de esta crisis, que ha cobrado hasta ahora una terrible veintena de muertos, es la extendida demanda de adelanto de elecciones.
Pero el pedido de adelantar las elecciones lo más pronto posible choca con dos demandas legítimas. Por un lado, la de ampliar la oferta política y por otro la de aprobar las reformas, las cuales requieren más tiempo. El Congreso, una vez más de espaldas al país, no aprobó la reforma constitucional para el adelanto de elecciones en una primera votación. Si no hay acuerdo, esta decisión puede traer graves consecuencias.
Una posible salida es acordar los siguientes pasos: 1. Alcanzar los 66 votos, que no cambia la Constitución, pero sí permite convocar a un referéndum para que la ciudadanía decida. Así, el referéndum podría realizarse a más tardar en marzo y convocarse elecciones inmediatamente después.
2. La transmisión de mando podría realizarse a fin del 2023, para lo cual la segunda vuelta sería a inicios de noviembre y la primera a inicios de octubre. Esto es posible bajo algunas condiciones y sacrificios importantes, pero necesarios.
3. En vista que el cronograma electoral requiere 270 días para realizar elecciones, con lo que no se llegaría a esta meta, se tendrían que sacrificar las primarias que son tan importantes y a las que tanto temor tienen los partidos, pero no hay otra posibilidad. Esta nueva suspensión -la tercera- no puede ser sustituida por las llamadas “internas” que tanto para el 2021 como 2022 han resultado un fracaso, comprometiendo este cronograma y recursos del Estado. Que los partidos presenten y se responsabilicen de sus listas, pero con paridad, con alternancia de género.
4. Debe haber una elección con listas cerradas y bloqueadas, es decir sin voto preferencial, con una elección parlamentaria que se realice en la hipotética segunda vuelta presidencial.
5. Debe inmediatamente abrirse el registro de partidos para que se amplie la oferta electoral. Igual, no hay mucho tiempo y la mayor ventaja es la de los partidos con representación en el Congreso.
6. Se debe suspender también la norma que prohibe los cambios de las reglas de juego un año antes, así como también la de militar en un partidos en el mismo plazo.
7. En el caso de las reformas políticas, dado la dificultad de falta de acuerdos, no podrían realizarse las que tienen alcance de reforma constitucional. Esto quiere decir que la bicameralidad y permitir la reelección parlamentaria serían dejadas de lado. Solo se podrían hacer las que son modificaciones legislativas, sin que esto sea seguro, pues las leyes orgánicas igual requieren una doble votación calificada.
8. Como hemos anotado, el adelanto de las elecciones exige sacrificar aquello que era pensado para una mejora de la representación política que, si bien no la garantiza en sus efectos inmediatos, encamina, conduce a una mejor vida política en el correr del tiempo. En estas condiciones de disconformidad para casi todos, sería conveniente que esta elección permita solo completar el mandato hasta el 2026.
No hay salida perfecta. Esta no lo es, pero al menos estos ocho puntos hacen posible que el siguiente año un proceso electoral nos entregue una nueva oportunidad (El Comercio, lunes 19 de diciembre del 2022).