La peor consecuencia de no prestarles atención a los temas públicos es que la política se deja en manos solo de los políticos. Estos tendrán mayor autonomía de hacer y deshacer con mucha libertad sin rendir cuentas de sus actos. Hay políticos que hacen bien las cosas y son responsables, pero en nuestro país la cantidad de los que no lo son los superan. El desempeño de estos últimos desacredita a todos y si se tienen normas deficientes se crean desincentivos que hacen que muchos se retiren de la política y que otros tantos no quieran ingresar a ella. Se ha incrementado entonces el ingreso a la política de los aventureros, mercantilistas, canalizadores de intereses informales y -en vista de que está prohibida la reelección- de los inexpertos. Una ciudadanía desatenta, desinteresada, frustrada, por más entendible de su postura, es más vulnerable a la desinformación y a la manipulación. Autonomía de los políticos y una ciudadanía desinteresada reducen así el control social.
Esto es lo que está ocurriendo con las llamadas elecciones internas de los partidos. Para la opinión pública y los medios, estas son de importancia menor, como si fuera cosa privativa de los partidos. Pues no lo son. Lo que han elegido son los que competirán para ser las autoridades en los gobiernos regionales y locales (provinciales y distritales). Las autoridades actuales, en un número muy alto, tienen cuestionamientos. Veintidós de 25 gobernadores regionales se ven alcanzados por investigaciones y, según “ECData” de El Comercio, el 80% de los alcaldes de Lima tienen investigaciones fiscales o denuncias.
Las nuevas autoridades no serán muy distintas y mañana los números se amontonarán. Estas han salido de unas elecciones internas cuyo diseño ha sido aprobado por los partidos en el Congreso que suspendieron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), al igual que hicieron con las elecciones generales, que permitía un mayor involucramiento de la ciudadanía, exigían a los partidos a que fuesen más activos y responsables en la presentación de las candidaturas, se requería una mayor transparencia -en la medida en que competían de cara a todo el electorado- y ofrecían una alta participación. El problema es que este modelo sustraía a quienes controlan los partidos de la selección de candidatos, en favor de los ciudadanos.
Las elecciones internas contaron con la intervención directa de los organismos electorales y no hubo problemas para su organización. El problema fue que se decidió que las PASO no se realizaran y, con el modelo aprobado, cinco partidos eligieron de manera directa y diez lo hicieron a través de delegados. Sin embargo, alrededor del 95% lo hizo mediante listas únicas. No había nada que escoger. El resultado ha sido que solo uno de cada diez militantes participó, 20% de las mesas no se abrieron por ausencia de sus miembros y, en algunos casos, los ganadores tenían menos votos que los nulos y blancos. De la misma manera, varios partidos solo eligieron 25 delegados, que, a su vez, se encargaban de elegir a miles de pre-candidatos.
Este es el resultado de un modelo que ha costado al país más de 50 millones, simplemente para confirmar lo que ya estaba decidido de antemano. Este es un ejemplo más que, cuando el foco no está centrado en un asunto público de interés, por más molesto que sea, y la ciudadanía no se encuentre participando activamente, los políticos no sienten que deben rendir cuentas ni explicaciones y, por lo tanto, no sienten ningún control social. La consecuencia es que las cosas no van a cambiar y sí empeorar (El Comercio, martes 24 de mayo del 2022).