Lo primero, una aclaración, pues se está afirmando por desconocimiento o mala fe que lo que ha finalizado ayer como elección interna de los partidos es producto de la reforma política, que habría fracasado. Nada más lejos de la realidad y de la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP).
La CANRP propuso la modalidad de elecciones abiertas a la ciudadanía, simultáneas y obligatorias organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con precandidaturas individuales, cuyos resultados no sean modificables. Todo esto ofrecía una alta participación y legitimidad. Este modelo fue promulgado como ley el año pasado. Sin embargo, el presente Congreso de la República, bajo el argumento de la pandemia del coronavirus, decidió postergar su aplicación para las elecciones regionales y municipales del 2022. En su reemplazo, aprobó una doble modalidad: elecciones directas con la sola participación de los militantes y la elección indirecta, a través de delegados. Además, se permitió que cada partido eligiera que la presentación de las candidaturas fuera por lista (la gran mayoría) e individual. Lo único bueno que quedó de la ley fue la participación de los organismos electorales. Esto ha costado, solo para la ONPE, cerca de 16 millones de soles para un proceso sin cuestionamientos, pero que ha desnudado la realidad de los 24 partidos participantes.
Solo 10 de los 24 partidos superaron los 25 mil militantes que la ley exige para la inscripción de las nuevas organizaciones políticas, pero no para las ya inscritas. La desnudez se observa en la participación: de 1′669.491 militantes, que los partidos dicen tener inscritos, tan solo votaron alrededor del 5%. Este es el resultado de padrones inflados, muchos militantes inactivos y falta de incentivos para ellos, pues casi nada se decide en las elecciones internas. Más aún, no hubo umbral mínimo que la ley postergada sí contemplaba.
Del total de partidos, ocho eligieron a sus candidatos por la elección directa. De ellos, solo en tres casos hubo competencia con más de un candidato presidencial: Acción Popular, Partido Morado y Partido Aprista Peruano. Eso se puede entender, pues hay en la mayoría de partidos liderazgos fuertes, que no tienen competencia. Sin embargo, lo más importante, tan solo Acción Popular y el Partido Aprista Peruano permitieron la elección individual y directa de sus candidatos al Congreso de la República, permitiendo que sean los militantes los que ordenen la posición en las listas. En cambio, en los otros 22, los militantes solo ratificaban las listas presentadas. No seleccionaban nada. En el caso de los 17 partidos que eligieron a través de sus delegados, en la gran mayoría también se ratificaban las listas, confeccionadas por las dirigencias, jefe, dueño o fundador del partido.
El resultado no fue nada promisorio. Para las elecciones generales del 2021, participarán los 24 partidos inscritos, no importando cuántos votaron ni de qué manera se seleccionó a sus candidatos. Las elecciones internas participativas, competitivas, que separaban a los cascarones, objetivo de la ley suspendida, son por ahora una quimera (El Comercio, lunes 7 de diciembre del 2020).