Si se ha cuestionado duramente -y con razón- al Congreso por la forma cómo ha decidido el destino de la caja fiscal, perpetrando un terrible forado, lo que tiene que aprobar en relación al financiamiento de los partidos puede marcar aún más lo que se espera de las elecciones del próximo año. A diferencia de otras reformas, la que está en juego es más compleja, por la cantidad de artículos de la ley que compromete y porque no es fácil dilucidar, a primera vista, qué es lo aconsejable. Es por eso que hemos insistido con que debe tener coherencia con lo que se propone como objetivo, regulando cómo y de dónde ingresa y egresa el dinero a los partidos políticos.
Si partimos que nuestras organizaciones políticas son poco institucionalizadas, con escasas raíces y extremadamente informales, la necesidad de contar con dinero para las campañas electorales, cada vez más caras, las somete a una relación de vulnerabilidad frente a los que tienen el dinero, estos pueden ser formales o informales, legales o ilegales. Desde una entidad financiera hasta el operador de una mafia de colectiveros. Esto es facilitado por la forma benigna en que se ha permitido la inscripción de partidos políticos en nuestro país -que hasta ahora suman 24-, siendo la gran mayoría incapaces de poder si quiera presentar listas completas en todas las circunscripciones, por lo que la mayoría de los candidatos no tienen vínculos con los partidos a los que representan. Claro está que, si se exige únicamente que postulen los miembros de los partidos, la calidad de las candidaturas baja notablemente, puesto que los partidos hace tiempo han dejado de ser atractivos para mucha gente que quiere hacer política. No es el mejor escenario, pero no hay que dejar de tenerlo en cuenta.
De otro lado, el voto preferencial es un problema mayúsculo para el tema del financiamiento de los partidos políticos. Estas organizaciones están incapacitadas de poder conocer y controlar las finanzas de los 130 candidatos que postulan por cada agrupación. De esta manera, los canales por donde discurre el dinero se hacen oscuro.
Así las cosas, es necesario cerrar la brecha entre los altos costos de las campañas y los magros ingresos que disponen los partidos. Por mucho tiempo, estos vivían de los aportes de sus miembros, contribuciones de personas y empresas, pero, paralelamente al incremento de la debilidad de los partidos, se fortaleció la capacidad negociadora de los aportantes, dibujando un escenario de subordinados en la búsqueda de recursos. A su vez, esto produjo relaciones indebidas, creando núcleos de corrupción que palanqueó el crecimiento del hueco oscuro de la política. Odebrecht fue la malformación más patética de esta relación entre política y dinero.
De esta manera, la norma a reformar debe establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de financiamiento político de manera permanente, incluso durante campaña. De forma, se debe reforzar la franja electoral como mecanismo para campaña eficiente (ante prohibición de contratación directa de propaganda electoral): una distribución más equitativa del tiempo disponible (70% para todas las organizaciones y 30% para las organizaciones con representación). En relación al financiamiento público directo, este también debe poder ser usado para la campaña electoral y no solo para actividades de formación y capacitación y de funcionamiento ordinario de la organización política. La distribución de fondos debe de cambiar de manera más equitativa debiendo ser el 60% en forma igualitaria, y 40% en proporción a los votos obtenidos, invirtiendo la proporción actual.
En relación al financiamiento privado, deben establecerse topes para las actividades proselitistas: en época no electoral (hasta 100 UIT), desde la convocatoria al proceso electoral (hasta 250 UIT) y, además, los aportes desde 10% de una UIT deben ser bancarizados.
Finalmente, la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas también debe ser aplicable a los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas. De esta manera, se mejoraría el marco regulatorio y en algo colaboraría en sincerar y transparentar esa relación difícil entre el dinero y la política (El Comercio, jueves 27 de agosto del 2020).