Todos los actos de la vida se han modificado drásticamente debido al peligro que representa el COVID-19. La política no está al margen de este proceso. Ya los parlamentos han tenido que adecuar, no sin dificultades, sus actividades, al igual que los gobiernos nacionales y locales. En consecuencia, los partidos políticos deben transitar por el mismo camino, tan complicado para organizaciones extremadamente débiles, como las peruanas, y, en algunas ocasiones, tan poco dispuestas al cambio. Es así que, al acercarse el proceso electoral del 2021, no deja de preocupar la forma en que se lo está enfrentando.
No se trata, como se está planteando, solo de suspender las elecciones primarias que los partidos temían y no querían. La única manera de enfrentar con responsabilidad y eficiencia el próximo proceso electoral es de manera integral. En este caso, eso quiere decir tomar en cuenta y decidir sobre los cuatro eventos que lo conforman: elecciones internas, elecciones primarias, primera y segunda vuelta. De ellas, no podemos prescindir de las internas y la elección presidencial y parlamentaria. Es decir, si debemos salvaguardar la salud e integridad de los ciudadanos, como medida de emergencia, se debe suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para el 2022 y, de las dos vueltas electorales, solo realizar una. Eso significaría, además, una disminución del presupuesto electoral de 800 a 350 millones de soles, que tanto necesita el Estado.
Si se tiene una sola vuelta –en una próxima columna sustentaremos esta alternativa–, esta podría realizarse el primer domingo de junio. De esta manera, las elecciones internas podrían efectuarse en el verano del 2021, con lo que se ganan valioso tiempo, necesario para ver el desarrollo de la pandemia. Pero, si se suspenden las elecciones primarias, porque así lo exige la seguridad de los electores, no es posible que las internas, que estaban antes en el calendario, se desarrollen de manera presencial. Sería contradictorio y se mostraría, de manera palmaria, que los partidos lo único que querían era deshacerse de las elecciones primarias.
Las elecciones internas que se han desarrollado en el Perú han sido, en su gran y aplastante mayoría, cuestionadas. Se trata de elecciones realizadas de manera artesanal, informal, de reglas cambiantes, poca participación, control de todas las etapas del proceso por parte del jefe o parte de la dirección del partido, así como instancias electorales partidarias carentes de independencia.
Solo 21 de los 24 partidos políticos inscritos, se presentaron en las elecciones parlamentarias de enero último. De ellos, siete optaron por elecciones internas con la participación de todos sus militantes y, en tanto el resto lo hizo bajo la modalidad de elección por delegados, que es la opción generalmente utilizada por los partidos.
Sin embargo, al acercarnos a la información encontramos que tan solo cinco solicitaron asistencia técnica de la ONPE. Pero, además, menos de la mitad lograron presentar listas en todo el Perú, debido a la escasez de candidatos o improcedencia de la inscripción de las listas. En la mayoría de casos, se presentaba una sola lista y tan solo dos partidos ofrecieron candidaturas individuales. Finalmente, en los casos de elecciones con el concurso de todos los militantes, el rango de asistencia ha sido por debajo del 18%.
No se puede insistir, pues, en una modalidad presencial, altamente peligrosa, pero además poco participativa y sin las garantías de equidad, transparencia y eficiencia. De esta manera, se debe aprobar y otorgar todos los recursos –ya se habrían ahorrado con las primarias y una sola vuelta– y exigir todos los protocolos de seguridad, para que la ONPE organice las elecciones internas implementando el voto electrónico no presencial (VENP), es decir, por Internet, de manera simultánea. De esta manera se garantiza una alta participación y seguridad sanitaria para los miembros de los partidos. Igualmente, debe incorporarse, lo que se encontraba en las elecciones primarias: un umbral de participación, que podría ser el 50%, para que un partido pueda finalmente inscribir las candidaturas para el 2021. Los partidos políticos no pueden seguir siendo el coto cerrado de algunos pocos dirigentes y menos, un lastre en el desarrollo democrático de nuestro país (El Comercio, jueves 30 de abril del 2020).