Si en la última campaña algunos candidatos al Congreso hubieran precisado y señalado, como lo hacen ahora, que la reforma política pasaba por modificar las normas ya aprobadas, en una clara dirección antirreforma, los resultados hubieran sido otros. Quizá estamos en el primer acto de incumplimiento de las promesas de campaña. Pero el tema de las elecciones primarias es el que ha suscitado el mayor interés y –también preocupación–.
La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP) propuso cuatro normas, posteriormente promulgadas, que tenían vínculos estrechos entre ellas: inscripción de partidos políticos, financiamiento, sistema electoral (forma de elección) y democracia interna. Dichas propuestas partían de la observación de que, en nuestro país, las organizaciones políticas débiles y frágiles se organizaban alrededor del fundador y dueño, que tenían pocos miembros activos (en contraste con su padrón de afiliados), que carecían de recursos, que exhibían una vida interna poco dinámica y, sobre todo, procesos internos y de selección de candidatos muy cuestionados. En consecuencia, los partidos eran personalistas, volátiles y vulnerables al dinero externo y a alojar candidatos insuficientemente legitimados. En estas circunstancias, la oferta política tendía a ser cada vez más pobre, con candidatos con vínculos débiles y alta autonomía de los partidos, que provienen abrumadoramente de espacios distintos de la política, lejos de una adecuada relación de representación y propensos a caer en prácticas clientelistas, demagógicas y oportunistas, cuando no en corrupción.
Es así que, de los 24 partidos políticos inscritos, solo cinco tienen más de 150 mil afiliados: Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso, Somos Perú, el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano (estos dos últimos, recordemos, no superaron el umbral de representación y, en consecuencia, no ingresaron al Parlamento). Los otros 19 partidos tienen desde 54 mil miembros –como UPP– hasta 4.400 –Contigo–. Para las elecciones congresales del 26 de enero, algunos de los 21 partidos participantes desarrollaron elecciones internas, la mayoría bajo la modalidad de delegados. Sin embargo, el partido que más concurrencia llevó fue AP, con 8.397 miembros (el 3,8% del total del padrón electoral). La gran mayoría convocó a menos de 80 miembros. No son, pues, procesos participativos.
Aprobada la ley, sin embargo, la disposición transitoria y complementaria señalaba que los partidos ya inscritos podían realizar, antes de las primarias, “elecciones internas”. Vale decir, aquella modalidad cuestionada y no participativa. Este artículo desnaturaliza la esencia de las “primarias” que consiste en elegir candidatos. De modo que, cuando estas se realicen, habrá una cédula para partidos que hicieron “elecciones internas” y otra para los que decidieron realizar “elecciones primarias”, a los que se les agregaría los nuevos (pocos) partidos inscritos, estos sí obligados a participar en estas últimas. Estamos, como se ve, delante de una situación de desigualdad en un proceso altamente confuso y que significará un desastre inevitable. Finalmente, los designados, mal llamados invitados, podrían ser ubicados en cualquier lugar de las listas, representando un 20% del total de candidatos, pues no pasarían por las “elecciones primarias”.
El Congreso debería eliminar este artículo nefasto y permitir que todos los partidos pasen por las primarias organizadas por la ONPE. Sin embargo, las voces que más suenan buscan modificar el propio texto de las elecciones primarias, lo que sería asentar un duro golpe a la reforma política y sin permitir que los partidos, candidatos y ciudadanía ingresen a un nuevo procedimiento que sí garantiza participación, imparcialidad y eficiencia para producir un nuevo tipo de representación. El otro camino es la contrarreforma política (El Comercio, jueves 5 de marzo del 2020).
*El autor presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.